Gobernar no es publicar

Opinión, por Miguel Anaya:

Hay ironías que ningún equipo de comunicación puede corregir. En Guadalajara, mientras miles de ciudadanos protestaban por la mala calidad del agua, policías y bomberos terminaron lanzando chorros de agua contra los manifestantes. No sabemos si alguien consideró oportuna semejante escena, pero difícilmente habría podido diseñar una metáfora más precisa de la distancia entre el gobierno y sus gobernados.

La protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco dejó decenas de heridos y decenas de detenidos. La primera explicación oficial apuntó a un supuesto grupo de choque. Días después, Pablo Lemus reconoció excesos policiales y detenciones injustas; todos los detenidos recuperaron su libertad. Lo que merece una explicación adicional es por qué la versión inicial tuvo que ceder ante las imágenes y la indignación pública.

Algo muy preocupante del actual gobierno de Jalisco (y de varios de sus municipios) es que la comunicación parece llegar antes que el diagnóstico, y la rectificación, después del escándalo. Como si el problema principal no fuera lo sucedido, sino la dificultad para explicarlo sin que se descomponga (aún más) la imagen del gobierno.

El agua, sin embargo, no entiende de estrategias digitales. Puede grabarse un video impecable, redactarse un comunicado tranquilizador y prometerse una solución con la solemnidad necesaria. Pero si el ciudadano abre la llave y encuentra agua turbia, el mensaje pierde frente a la evidencia. Ningún algoritmo potabiliza el agua ni ningún asesor de imagen repara una tubería.

La crisis no nació con la manifestación. El deterioro del sistema hídrico y las quejas por la calidad del suministro se acumularon durante meses, incluso años. En ese contexto, el gobierno estatal presentó un proyecto para construir un acueducto sustituto entre Chapala y Guadalajara, con una inversión multimillonaria. La obra puede ser necesaria; lo que no puede pedirse es que la ciudadanía firme un cheque en blanco.

El esquema de contratación y los compromisos financieros de largo plazo merecen explicaciones públicas, estudios verificables y una discusión seria. Las denuncias sobre una posible privatización deben examinarse a partir de las condiciones reales del proyecto, no despacharse con comunicados que dejan más dudas que certezas. Cuando se comprometen recursos públicos durante décadas, la confianza solo se construye con información y hechos verificables.

Pero entonces ocurrió algo todavía más desconcertante. El 15 de octubre, el Congreso de Jalisco no pudo sesionar por falta de quórum. La totalidad de la bancada de Movimiento Ciudadano y algunos legisladores de otros partidos se ausentaron.

¿Por qué la bancada del partido gobernante decidió no acudir precisamente cuando debía comenzar el trámite legislativo de una obra impulsada por su propio gobernador? ¿Se buscaba evitar compartir información pública en medio de la crisis? ¿Había dudas técnicas o financieras que todavía no podían defenderse con información suficiente? ¿Fue una decisión coordinada para ganar tiempo mientras se negociaba una salida política?

No hay elementos suficientes para afirmar cuál fue el motivo real. La duda, sin embargo, queda en el aire, y eso daña aún más la imagen del gobierno local… Parece que las últimas semanas son una larga clase de cómo no manejar una crisis o de cómo perder credibilidad en diez días.

Cuando una decisión política impide discutir públicamente un asunto de semejante importancia, corresponde a sus protagonistas explicar por qué. Si el proyecto es sólido, el Congreso es el lugar para defenderlo, no un escenario del que conviene desaparecer.

La secuencia resulta difícil de ignorar: primero, una explicación oficial que no resiste el examen de las imágenes; después, disculpas y rectificaciones; finalmente, una iniciativa millonaria que encuentra obstáculos antes siquiera de comenzar su discusión legislativa. Mientras tanto, el ciudadano sigue esperando agua de calidad.

Pablo Lemus no necesita comunicar menos. Necesita que sus decisiones resistan el contraste con la realidad. Las redes sociales sirven para informar, pero no sustituyen la capacidad de prevenir abusos, construir acuerdos, transparentar contratos ni resolver problemas públicos.

Porque gobernar no es conseguir que una explicación parezca convincente. Es asumir la responsabilidad de que las cosas funcionen. Y en Guadalajara, al final, la gestión del agua (la seguridad y los servicios públicos también tienen sus propias fallas) será la que califique al gobierno. No los aplausos, no las encuestas ni los videos. El agua que sale de la llave o, incluso, la que no sale.