ENTREVISTAS
Hagamos Jalisco se pronuncia por ley de designaciones públicas: Ernesto Gutiérrez defiende al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción
Por Diego Morales //
Luego de que los diputados locales aprobaron en sesión un acuerdo para rechazar los señalamientos que les hizo el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción por la elección de los tres integrantes del Consejo de la Judicatura, la organización política Hagamos Jalisco levanta la voz: basta a la intención de intimidad y deslegitimar a sus integrantes.
Para Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos Jalisco, es inconcebible la postura que asumió el Poder Legislativo, pues lo que se hace desde el Comité de Participación Social es una demanda de la sociedad civil organizada con el afán de tener un combate más efectivo a la corrupción.
“Es un jalón de orejas y en Hagamos creemos que no es propio, el Congreso del Estado no tendría que hacer eso, es un intento de censurar a un organismo, en un tema que viene a partir de una demanda de la sociedad civil organizada en tener un combate más efectivo a la corrupción. En estos espacios, como el Consejo de la Judicatura, no puede haber intereses de manera oscura, imaginemos lo que pasaría después en términos de impartición de justicia”.
Desde Hagamos Jalisco más que preocuparse por el pasado, les importa lo que pasará en el futuro con las designaciones públicas, por ello, el joven dirigente político insistió en la importancia del tema.
“Creemos que es un intento de intimidad, de callar al Comité de Participación Social, no tanto por lo que ya pasó, sino por lo que va a pasar. Vienen nueve magistraturas para definirse, seguirá habiendo designaciones públicas, me parece que lo que quieren lograr es tener enfrente a un comité dócil, silencioso, pero eso no se puede permitir”.
POR UNA NUEVA LEY DE DESIGNACIONES PÚBLICAS
El eco del desplegado que lanzaron en la semana en sus redes sociales ha permeado en las sociedad civil organizada, en donde en conjunto, diversas agrupaciones ya trabajan en la búsqueda de una nueva ley de designaciones públicas en el estado.
“Hemos tenido una participación social interesante a partir de esto, formamos parte del diálogo en el tema. Junto con una iniciativa ciudadana que venimos impulsando desde hace un par de semanas, nos ha permitido entrar en comunicación con el propio Comité de Participación Social y algunos otros sectores relevantes de la sociedad civil, estamos en la construcción de un consenso en Jalisco sobre la necesidad que haya una ley clara de designaciones públicas”.
Agregó: “La iniciativa está representada por la Maestra Imelda Hernández, es de las personas que participaron en ese concurso de designaciones públicas para las vacantes del Consejo de la judicatura, es la persona que sacó mejor calificación y estuvo mejor evaluada en primera y segunda instancia, que quedó fuera por el reparto de cuotas con botín. Ella es la autora de una iniciativa que propone poner orden a las instituciones públicas para que entre otras cosas quien no cumpla los requisitos de ninguna manera pueda ser electo o electa, además de la armonización entre la constitución y las normas secundarias para que no haya lagunas que le permitan al congreso hacer lo que hizo la vez pasada”.
DIFERENCIAS… TAMBIÉN COINCIDENCIAS
Aunque con esta ya son diversas las diferencias que tienen como agrupación y los poderes ejecutivo y legislativo, Ernesto Gutiérrez precisó que en Hagamos señalarán todo aquello que crean incorrecto, ya sea como organización o desde la tribuna como lo ha venido haciendo Mara Robles y Enrique Velázquez en el Congreso de Jalisco.
“Me parece que nosotros como agrupación, tanto Mara como Enrique lo han hecho en tribuna, nos toca defender las cosas en las que creemos, los diferendos no tienen que ver ni con berrinches ni posturas de interés, sino con lo que es correcto. Hemos tenido desencuentros con el Congreso, porque sí creemos que recortar el tiempo de las campañas a 30 días sin mediar el diálogo, sin justificación suficientemente sólida, sin ejemplos de política comparada a nivel nacional o internacional, es una actitud antidemocrática. Definir a los consejeros de la Judicatura de madrugada, violar el procedimiento establecido en la convocatoria que ellos mismos hicieron, se lo pasaron por el arco y claro que había que denunciarlo”.
Sin embargo, también indicó que en aquellos temas que consideren que son correctos serán una organización que apoye a los temas que permitan a Jalisco ser una entidad más igualitaria en todos los sentidos.
“También habrá coincidencias, creo que hay causas comunes tanto con el gobierno como con muchas instancias políticas vamos a tener en común, nosotros no nos vamos a encasillar ni en la armonía siempre ni en el disenso siempre, vamos a ser una fuerza atípica, que se posiciona de manera inteligente sobre cada uno de los temas”.
A LA ESPERA DE SU REGISTRO
La pandemia ocasionada por el COVID-19 ocasionó que su registro como partido político local se haya retrasado, no obstante, Ernesto Gutiérrez está tranquilo, pues tienen todos los requisitos que la ley les ha marcado y espera que en el mes de septiembre ya tengan la constancia como partido, teniendo claro que Hagamos aparecerá en las boletas de la contienda electoral de 2021.
«Nosotros estamos esperando que el Instituto Electoral dictamine nuestra solicitud de registro como partido político local. Desde el 6 de diciembre del año pasado completamos todos los requisitos que la convocatoria marcaba, celebramos todas las asambleas, afiliamos a más de 28 mil personas, estábamos a la espera que en mayo el IEPCJ aprobara la solicitud y en junio el INE nos validara como partido, pero ambos institutos entraron en una suspensión de términos, afortunadamente hay fecha límite en septiembre donde se dictaminará, esperamos una respuesta que confiamos que será positiva pues estamos muy por encima por las metas mínimas establecidas por la ley».
En cuanto a los perfiles que buscarán para encabezar las candidaturas de Hagamos en el estado, adelantó que de entrada deberán ser aquellos que tengan la visión general del proyecto, enfocado a erradicar la desigualdad estructural que existe en Jalisco.
“Tienen que ser candidaturas encabezadas por personas que compartan la visión general de Hagamos, que tiene que ver con el combate a la desigualdad estructural, que sean personas que quieran imprimirle a la vida pública honestidad y la idea de que todos somos iguales ante la ley y que debemos tener un piso mínimo común parejo. En ese sentido, la composición de Hagamos desde ahora en adelante es variada, hay personas jóvenes, la dirigencia la comparto con Valeria Ávila, una joven de 27 años, yo tengo 29 años, pero también nos acompañan personas experimentadas y será un proceso democrático, largo y terminaremos con una composición paritaria pero diversa en términos de perfiles”.
UNA PLATAFORMA DEMOCRÁTICA
El mensaje de Hagamos a la sociedad jalisciense es uno, se están preparando para ofrecer una plataforma democrática en el estado, que equilibre las desigualdades que existen, tanto en materia social, de municipios así como de bienes públicos en la región.
“Nos estamos esforzando por presentar una plataforma profundamente democrática, las iniciativas que tendrán las personas que encabecen las candidaturas de Hagamos serán recogidas por personas de la sociedad civil, la agenda que vamos a empujar con mayor fuerza será en torno a romper los ciclos de desigualdad, Jalisco es un estado terriblemente desigual, entre las personas, en sus municipios, en la calidad de los bienes públicos. Tenemos la misión de convertir a Jalisco en la entidad del país con más bienes y servicios públicos de calidad”.
Añadió: “En nosotros encontrarán una opción fresca, honesta y tenemos muchas ganas de representar dignamente al estado, porque las fuerzas políticas que ya han tenido la oportunidad de gobernar, algunos con cinismo ya no ofrecen nada nuevo y otros construyeron una esperanza que han demostrado no estar a la altura de la misma”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
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