JALISCO
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: Ausencia de una cultura de planeación en el Poder Judicial

Por Luis Enrique Villanueva //
La impartición de justicia en el país y en cada una de las entidades federativas, debe ser expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, de acuerdo a los principios constitucionales que la sustentan.
En Jalisco, el artículo 52 de la Constitución textualmente señala: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales…”
La expedites se reconoce como una condición libre de obstáculos, dispuesta e inmediata para obrar sin retrasos ni demoras, lo que aplicado a la administración de justicia se interpreta que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía el número de juzgados tribunales suficientes, equipados y preparados para atender sus demandas de manera ágil y eficiente.
La prontitud se relaciona con el respeto irrestricto a los términos y plazos establecidos por las leyes sustantivas y adjetivas en las actuaciones no solo de los representantes de las partes en conflicto, sino especialmente del órgano de justicia.
Una justicia completa tiene que ver con la resolución de todos y cada uno de los puntos controvertidos, los efectos de ese fallo y la garantía de cumplimiento de lo ordenado en cada sentencia.
Mientras que la imparcialidad se vincula con la ausencia de injerencias internas o externas en las decisiones jurisdiccionales, esto es, que la justicia debe estar alejada de intereses de cualquier tipo y apegada exclusivamente a la interpretación de la norma o a su literalidad según sea el caso.
Y la gratuidad tiene el alcance no solo de no pagar por los servicios de justicia sino también dejar de erogar recursos por traslados a los tribunales, es decir, que los juzgadores deben ubicarse cerca de los domicilios de los justiciables.
Pero no podernos hablar de justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita cuando las capacidades físicas y los tiempos han sido rebasadas en la gran mayoría de los juzgados del Estado, al grado que el cúmulo de expedientes ha desbordado incluso la posibilidad de su resguardo y almacenamiento.
MUY POCOS JUECES
No se puede establecer el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia cuando, de acuerdo a los datos del informe de labores presentado por el Presidente del Poder Judicial respecto del año inmediato anterior, para atender los poco más de 25 mil asuntos que se presentaron en materia civil, se contó con 33 jueces a quienes en consecuencia les correspondió resolver un promedio de 759 casos, mientras que para los poco más de 29 mil expedientes generados en material familiar se tuvieron solo 16 jueces a quienes les tocó en promedio atender 1,823 a cada uno.
Es decir, no existe un protocolo lógico con criterios claros y congruentes en la designación de jueces según la carga de trabajo acumulada por materia, ni tampoco por el promedio de asuntos que deba resolver cada uno, ni por el incremento en el número de habitantes de cada partido o distrito judicial.
Tan disímbola es la situación que de los mismos datos oficiales presentados, se aprecia que un Juez Penal de Adolecentes le correspondió atender en promedio 7 asuntos al año, cuando en materia mercantil tradicional fueron más de 43 mil seiscientos expedientes recibidos para solo 11 jueces a quienes en promedio se les asignó para resolver un promedio de 3,964 asuntos a cada uno.
Desde luego que no es solo la falta de lineamientos y criterios para designar juzgadores por materia para atender y equilibrar las cargas emergentes, sino también que los jueces con los que se cuenta no resultan suficientes para atender las altas demanda de justicia, dado que los 122 jueces nombrados en el Estado debieron atender los 120,361 nuevos expedientes generados, esto es, que en promedio les correspondieron 986 juicios al año a cada uno, lo que humanamente es insostenible para otorgar una justicia expedita, pronta y completa en los términos de la Constitución.
En ese mismo sentido, acercar la función jurisdiccional a las regiones del Estado, es un asignatura que se ha cumplido muy pausada y parcialmente, hay municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al juzgado que les compete, retrasando y encareciendo la justicia.
Situación que es más grave aún cuando se habla de justicia de segunda instancia, puesto que las 11 salas colegiadas que integran el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital de la entidad, lo que hace que cualquier apelación del interior del Estado deba ser substanciada en Guadalajara, lo que obliga a que las partes, sus abogados e incluso los empleados judiciales del Juzgado deban trasladarse para cumplir con las citaciones, audiencias y desahogo en general del proceso.
CON GRANDES CARENCIAS
Por otra parte, los edificios que albergan las oficinas judiciales, especialmente los situados fuera del primer partido judicial, tienen serias carencias de mobiliario, equipo y servicios porque la administración y los órganos de gobierno no tienen la certeza de los recursos que recibirán y por lo tanto no pueden elaborar un programa de sustitución y adecuación física, sin dejar de lado que el compromiso con los salarios deja muy poco margen para destinar recursos a otras prioridades.
Además, las necesidades de justicia de la población tienen variaciones caprichosas en relación con la materia de que se trate, la dinámica económica nacional puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.
Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de vital importancia para el logro del objeto de su creación.
Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de atención oportuna de las necesidades de justicia de la población, la planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.
Sin embargo, la ausencia de una cultura de la planeación aunado a las disposiciones normativas carentes de una dinámica de actualización de la cantidad de tribunales proporcional al número de habitantes u otros criterios de homologación y la escasa ampliación presupuestal en los más recientes años, han dejado al Poder Judicial en condiciones muy limitadas que no le permiten planear adecuadamente su desarrollo.
Un elemento indispensable para el logro del objeto de ser del Poder Judicial, lo es sin duda la confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia, pero especialmente que la sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los programas y proyectos de mejora.
Porque en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.
CULTURA DE LEGALIDAD
En conjunto, una cultura de la legalidad aunada con la de planeación, facilitan enormemente al Estado y la sociedad para el diseño, con tranquilidad y confianza, del trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente aspira. El Poder Judicial debe apostar siempre por la consolidación del estado de derecho con la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, ese es el ánimo de la denominada Gobernanza Judicial.
La planeación del Poder Judicial debe considerar entonces la autonomía presupuestal para facilitar oportunamente la cobertura y atención de los tribunales en la totalidad de las regiones del Estado y especialmente para separar las dotaciones presupuestales de intervenciones electorales o partidistas que son ajenas a la aplicación de justicia.
Un presupuesto suficiente acompañado de los órganos que elaboren investigaciones estadísticas comparativas respecto de las necesidades reales de justicia en la entidad y su proyección al corto, mediano y largo plazo, así como promover la elaboración de estudios financieros y presupuestales que determinen los porcentajes históricos de la participación de los órganos judiciales en el presupuesto del Poder Judicial y en el global del Estado, proyectaría el escenario ideal para cubrir sus necesidades actuales y futuras.
La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento de la importancia de las instituciones judiciales.
Deben abrirse canales de comunicación permanente con la sociedad e implementarse los mecanismos de evaluación abierta del desempeño judicial, así como incorporar espacios de participación del Poder Judicial en organismos públicos y privados en los que se difunda la actividad que se realiza y se capte la opinión y propuestas de mejora, promoviendo proyectos de interacción académica con instituciones de educación de todos los niveles para incorporar la materia de administración de justicia en sus programas de estudio; abrir secciones en las redes sociales que permitan captar los comentarios, sugerencias, propuestas, quejas o posicionamientos de la población abierta, dándoles seguimiento y aplicación real.
La planeación judicial requiere además de una coordinación institucional para conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor administración de justicia en Jalisco aprovechando la infraestructuras, avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.
Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la profesionalización y actualización del personal judicial; promover la coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; establecer convenios de colaboración para labores de investigación, planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la participación del personal especializado en congresos, convenciones, reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de sus funciones.
REGIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Todo plan del Poder Judicial deberá contar con un ineludible apartado de regionalización de la justicia, para acercarla a los polos regionales de la entidad y avanzar en la oportunidad y gratuidad del servicio público de administración de justicia, promoviendo la creación de tribunales en cada uno de los municipios del estado; gestionando la desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia en tribunales regionales; elaborando iniciativas de reforma que habiliten el funcionamiento de salas unitarias y tribunales regionales de los órganos del Poder Judicial; motivando la preparación de estudios estadísticos y de factibilidad para la implementación de tribunales regionales.
Se requiere modernizar y eficientar la función administrativa judicial de los órganos del Poder Judicial para facilitar la participación de las partes y la sociedad en los procesos judiciales, elaborando de inmediato programas de sustitución gradual de las labores manuales en procedimientos administrativo-judiciales mediante el desarrollo de sistemas computacionales que les sustituyan; revisando y promoviendo la implementación y mejora de experiencias exitosas de reingeniería administrativa en otros tribunales del país que permitan alcanzar al menos el grado de avance que ellos tienen; promoviendo las reformas legales que resulten necesarias para habilitar los sistemas electrónicos en los procesos judiciales; diseñando proyectos de dotación y sustitución programada de mobiliario y equipo para completar su utilización en áreas donde aún no los tienen y evitar la obsolescencia de los existentes, así como motivando la participación de los órganos judiciales en programas internacionales y federales de financiamiento o desarrollo relacionados con su materia.
Es preciso debatir ordenada y ampliamente, con la participación de todas y todos, las mejores herramientas de planeación para el Poder Judicial, aportar propuestas de solución y diseñar su implementación, seguimiento y corrección en su caso, en un proceso de mejora continua.
JALISCO
El colapso de Guadalajara bajo el concreto de la simulación

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En una ciudad donde el concreto vale más que el agua, y donde los gobernantes sonríen para la cámara, pero le dan la espalda a las entrañas podridas de su territorio, un socavón terminó por tragarse la promesa de modernidad.
No fue en el Centro Histórico, donde se lanzan millones para que la piedra luzca como postal de Instagram; fue en El Bethel, allá donde viven los otros, los que no figuran en los planos de la ciudad boutique que dibuja el poder.
Una madre y sus dos hijos iban en su camioneta cuando el suelo —literalmente— desapareció bajo ellos. Cayó también un camión de pasajeros y uno de carga. Por milagro o mera estadística, no hubo muertos. Pero sí hubo una revelación que se repite cada temporal: Guadalajara no solo se está hundiendo, sino que sus autoridades le ayudan con entusiasmo.
“Muy probablemente fue la gota que derramó el vaso”, declaró con olímpico candor el titular del SIAPA, Antonio Juárez Trueba. Pero no fue una gota. Fueron años. Fueron décadas. Fue el abandono sistemático de un sistema hidrosanitario con más de medio siglo de atraso. Fue la omisión de diagnósticos, la simulación de mantenimientos, y la negligencia convertida en política pública.
El colector que colapsó tenía 20 años y había recibido —según el discurso oficial— atención preventiva. Pero ahí está el agujero: 20 metros de largo, 6 de ancho, 4 de profundidad. Una herida abierta que deja ver no solo las grietas del asfalto, sino la fractura entre los gobernantes y la realidad.
La verdad está debajo del concreto, y nadie se ha tomado la molestia de excavarla… hasta que ya es demasiado tarde.
Mientras tanto, los reflectores apuntan hacia otro lado. Hacia el centro, hacia la postal. Con la grandilocuencia de quien anuncia una revolución cultural, la alcaldesa Verónica Delgadillo presume una inversión de 450 millones de pesos —en conjunto con el gobierno estatal— para convertir el primer cuadro de la ciudad en “el corazón más bonito de México”.
Lo que no dice es que, mientras se cambian adoquines, se instalan luminarias artísticas y se dan charlas con los boleros del Teatro Degollado, hay colonias como Oblatos, Santa Cecilia y Balcones del Cuatro donde las calles se convierten en ríos negros cada vez que llueve, donde los vecinos viven entre aguas servidas, y donde el agua potable escasea con la misma frecuencia con la que se inauguran fuentes danzantes en la Plaza Tapatía.
No es casual: es modelo de ciudad. Una ciudad dividida no por el río Atemajac ni por la barranca de Huentitán, sino por el abismo entre quienes pueden pagar el relumbrón y quienes apenas sobreviven al derrumbe.
Dice El Informador – el pasado sábado- que, “Según datos del propio SIAPA, obtenidos vía transparencia, en 2024 se atendieron dos mil 832 socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ocho hoyos al día”. Ocho advertencias que no se escuchan. Y mientras tanto, el presupuesto para embellecer la ciudad —solo el que se ha anunciado públicamente— rebasa los 500 millones de pesos. Para prevención de inundaciones, apenas se destinan 20 millones.
“Es una simulación institucionalizada”, acusó con severidad el regidor Juan Alberto Salinas, de Morena. Y tiene razón. Porque la negligencia dejó de ser accidente y se convirtió en método. Porque hay un plan municipal de desarrollo que apenas menciona el riesgo hidrológico. Porque hay una partida de 560 millones en “contingencias” que se usa para patrullas, camiones y otros caprichos, mientras las verdaderas emergencias se entierran en la burocracia.
Y no es solo Guadalajara. Es el modelo metropolitano que se reproduce como virus entre colonias y municipios. El investigador José Arturo Gleason lo advirtió con datos duros: el colector San Juan de Dios tiene más de 100 años, y hay riesgo de colapso en varios puntos.
Pero ni el gobierno municipal ni el estatal han querido hacer el diagnóstico profundo que urge. Ni siquiera saben —o fingen no saber— cuán comprometida está la red que transporta los desechos y desagües de cinco millones de personas.
Eso sí, ya planearon pasos peatonales para no interrumpir el comercio en el centro, ya negociaron con el Poder Judicial y los artistas urbanos, ya eligieron el tono de las luces LED que decorarán las plazas fundacionales. Pero no hay un plan serio para evitar que más gente termine debajo del pavimento. No hay dinero para la prevención, porque el aplauso está en la fachada.
La ciudad se divide en dos: la de los reflectores y la de las fisuras. La de la Fuente de los Niños Miones, recién restaurada, y la de los menores que viajan en un vehículo familiar hasta que el asfalto los devora. Y en esa división, la política juega su peor papel: el de la coreografía. Todo es una puesta en escena, inauguración, promesa, hashtag.
“Estamos proyectando el Centro Histórico para los próximos 40 o 50 años”, dijo la alcaldesa. ¿Y quién proyecta los colectores, las bombas de desagüe, las líneas de conducción, las casas que se inundan, los carros que se hunden, las personas que sobreviven?
La oposición ha prometido presentar una reasignación presupuestal para blindar el fondo de contingencias y atender al menos a las 400 familias afectadas hasta ahora. Exigen intervención integral del sistema hidrosanitario, un verdadero plan urbano y no solo retoques de escaparate.
Pero el verdadero problema es estructural. Guadalajara es rehén de su propia narrativa: la de la ciudad de los eventos, la de la capital de la innovación, la que sueña con ser metrópoli europea mientras le falla el drenaje más básico. Y esa narrativa se alimenta con dinero público, con simulaciones y con olvido.
El poder, decía uno de los llamados “señores del agua” de los 80, no se demuestra con discursos, sino con drenajes que funcionan. Mientras la élite política decide cuántas jardineras habrá en la Plaza Fundadores, hay un subsuelo que grita, que colapsa, que hunde.
La ciudad bonita de día se vuelve trampa mortal cuando llueve. Y mientras tanto, el ciudadano sigue caminando sobre tierra quebradiza, sin saber cuándo será su turno de caer. Porque en Guadalajara, el verdadero socavón no está en la calle Malecón. Está en el gobierno.
Por cierto, la preocupación más patética de este temporal de lluvia es, ¿Qué pasará el año que entra si los visitantes al Mundial se dan cuenta de que nuestra ciudad cada día se inunda más?
En X @DEPACHECOS
JALISCO
Impunidad selectiva

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
La aprehensión de Julio César Chávez Jr., además de lamentable y de ocupar primeras planas, es la muestra de que los norteamericanos tienen mejor información sobre lo que sucede en nuestro país, incluso que la mismísima presidente Sheinbaum.
Al menos así quedó establecido cuando le preguntaron a la titular del Ejecutivo si sabía de la orden de aprehensión que desde varios años atrás se le había girado y contestó que no.
Aunque AMLO afirmó en varias ocasiones que son mentiras que un presidente ignore o no sepa o no tenga información sobre todo lo que ocurre en el país, seguramente es casi imposible que millones de acontecimientos sean conocidos por los titulares del Poder Ejecutivo, de cualquier país, pero los más importantes, los trascendentales…esos no deben ser motivo de ignorancia, porque se puede pensar mal sobre los verdaderos motivos para no darlos a conocer o fingir demencia.
Hay situaciones y hechos que o no se revelan, se esconden o incluso se encubren por los gobernantes, aludiendo que se ocultan, “por el bien de todos”. Sobre todo, si los involucrados en estos hechos o acontecimientos, negativos siempre, involucran a “personalidades” o miembros y protegidos del poder político y gubernamental.
¿Por qué los estadounidenses sí sabían de la citada orden de aprehensión en contra del boxeador? ¿Por qué no se le había capturado a pesar de que son varios años de la expedición de la orden?
Los delitos de que se le acusa no son menores: Tráfico de armas; golpeador del Cártel de Sinaloa y asociación delictuosa.
No es gratuito que personajes de la vida pública, deportistas, científicos e intelectuales gocen en no pocas ocasiones de favores o preferencias por parte de los gobernantes que, magnánimos que son, “ayudan” con sus palancas a llevar al cabo ilegalidades e ilícitos, que parece lo mismo, pero no es igual.
Ante la notoriedad de la captura de Julio César Chávez Jr., al gobierno mexicano no le quedará otra que traerlo al país y llevar al cabo un juicio donde se determine si es o no culpable de los delitos que se le imputan. Eso es harina de otro costal.
Ahora que la 4T desapareció por sus pistolas legislativas a los organismos de transparencia, menos se sabrán informaciones, datos, cuentas que las dependencias gubernamentales estaban obligadas a proporcionar, mediante un protocolo, a Juan Pueblo.
¿Cuántas cloacas más tendrán que destaparse vía norteamericana? ¿Cuánta información tienen las agencias de inteligencia gringas sobre la sombra delincuencial que oscurece a nuestra nación?
Ahí está el meollo del asunto: Los que manejan la información delincuencial de manera subterránea no lo hacen por un “interés público”. Atienden a instrucciones “de arriba” sean gubernamentales o de los “patrones”. La impunidad se genera en la desinformación, en la corrupción y en la complicidad.
Este caso en particular da visos de que: La presidente no es informada adecuadamente; hay impunidad selectiva; y seguimos en la etapa del emisario del pasado que impuso los “abrazos no carcelazos” a la delincuencia.
Mientras tanto, acá en Jalisco, no se cantan mal las vernáculas. Aunque no del mismo tipo, se descubrió que una señora que trabaja como conductora de programas en televisión, era “aviadora” en el SIAPA con un sueldo que ofende a los trabajadores del organismo, pues por no hacer materialmente nada cobraba nada más y nada menos que 73 mil pesos mensuales, aparte aguinaldos, bonos y etc.
Aquí opera aquello de que “no tiene la culpa la conductora, sino quien la hizo aviadora”.
Porque “Lady SIAPA”, así la nominaron en las redes sociales, no tenía un mes o un año sobrevolando la dependencia. No… tenía años. Y algo muy significativo es que presume una relación cercana con el actual gobernador, Pablo Lemus Navarro, a quien se le ve muy contento en reuniones con la susodicha.
Los malpensados podrían asumir que ese puestazo se lo obsequió “alguien” con gran influencia que le consiguió esa “aviaduría”.
¿Se comprende ahora por qué le urge dinero al SIAPA? Porque ese es un caso, pero los mismos “siapenses”, soto voce, indican que como ese hay no uno, sino decenas de “favorecidos” y que hay sueldazos para una élite.
Viene aquí un poco de historia: cuando el SIAPA se conformó comenzó como una solución al problema del abasto de agua potable y la instalación de redes de alcantarillado, principalmente.
Uno de sus administradores, don Arnulfo Villaseñor Saavedra, construyó bases sólidas de eficiencia y eficacia del organismo. Pero el SIAPA degeneró en lo que hoy es: una institución deplorable, ineficiente, lamentable y hasta patética, malversada, saqueada y con argumentos cínicos que sus directivos han esgrimido de unos 25 años a la fecha, “refinados” los últimos seis años, por las ineficiencias evidentes.
Jamás habíamos padecido un SIAPA tan desordenado, desorganizado, desfalcado, “burrocrático” y llenos de “aeropistas”.
Sabrá Dios qué se halle de nuevo respecto a la pésima administración en este organismo. Lo que sí urge es que los diputados, que son quienes tienen las facultades, ordenen auditorías hasta de los tornillos que compran y revisen la nómina minuciosamente. O pasarán a la historia como cómplices del desbarajuste del SIAPA.
JALISCO
Entre lluvias y socavones

Opinión, por Miguel Anaya //
El socavón que se abrió esta semana en la avenida Malecón, a la altura de la colonia El Bethel, dejó algo más que un vacío en el pavimento. Dejó al descubierto una serie de omisiones, tiempos postergados y una realidad que, aunque subterránea, tarde o temprano, emerge: la infraestructura de la ciudad requiere atención urgente.
El hundimiento, que afectó a varios vehículos y dejó personas lesionadas, entre ellas una recién nacida, no es un caso aislado ni un accidente fortuito. Según datos oficiales, el SIAPA detecta al menos 8 hoyancos al día en las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El patrón es claro: redes de drenaje envejecidas, fisuras no atendidas, fugas prolongadas que erosionan el terreno. El resultado: el suelo cede.
La autoridad ha reaccionado de forma inmediata, como debe ser, asegurando la zona, revisando el subsuelo con herramientas especializadas y activando protocolos de reparación. Sin embargo, vale la pena preguntarse y preocuparse por lo siguiente: ¿Cuánto de lo que hoy se repara pudo haberse evitado? ¿Qué tanto se ha dejado de hacer en términos de mantenimiento preventivo? ¿Qué hace el SIAPA contratando asesores inexpertos que cuestan decenas de miles mensuales antes de prevenir y mantener las redes hidráulicas?
No es la primera vez que ocurre algo así. El año pasado, el colapso de un colector en la avenida López Mateos, una de las arterias más importantes de la ciudad, provocó semanas de caos vial, afectó a miles de tapatíos y nos costó más de 100 millones de pesos. Aquella experiencia encendió las alertas. Se prometieron diagnósticos, monitoreo y acciones preventivas. Pero un año después, los eventos se repiten.
El problema va más allá del colector que se fractura. Es un reflejo de una lógica institucional en la que lo que no se ve, tiende a postergarse. Las obras subterráneas, aunque fundamentales, no generan titulares ni cortes de listón. Sin embargo, son las que sostienen la vida urbana: drenajes, redes de agua e infraestructura pluvial. Ignorarlas tiene consecuencias.
Los socavones afectan mucho más que la movilidad. Comprometen la seguridad de las personas, generan pérdidas económicas y alimentan una sensación creciente de vulnerabilidad. Para quienes viven cerca de zonas con infraestructura antigua, cada temporada de lluvias viene acompañada del temor legítimo a un colapso más, a la pérdida de su patrimonio. En el caso de las personas afectadas por el reciente socavón, el incidente puso en riesgo su vida.
Desde luego, no se trata de señalar culpables de manera ligera. Las ciudades crecen, envejecen y se transforman, y el mantenimiento urbano es un reto constante. Pero también es cierto que la prevención exige voluntad, recursos, continuidad en las políticas públicas y mucha, mucha responsabilidad, no solo respuesta ante la emergencia.
Es momento de mirar con seriedad lo que ocurre bajo nuestros pies. No se trata solo de reparar una calle dañada, sino de revisar, diagnosticar y renovar una red urbana que lleva años cargando con más de lo que puede sostener. El esfuerzo no debe ser únicamente técnico, sino también institucional. Invertir en lo que no se ve, puede parecer poco atractivo a corto plazo, pero es lo que realmente previene tragedias.
El socavón de Malecón debe ser una advertencia, no un episodio más en una lista creciente. Guadalajara necesita una agenda pública que atienda lo invisible con la misma urgencia con que se promociona lo evidente. Porque en temas de infraestructura, lo que se pospone, tarde o temprano se hunde.
-
Uncategorized6 años atrás
Precisa Arturo Zamora que no buscará dirigencia nacional del PRI
-
Beisbol5 años atrás
Taiwán marca camino al beisbol en tiempos del COVID-19: Reinicia partidos sin público
-
REPORTAJES6 años atrás
Pensiones VIP del Ipejal: Arnoldo Rubio Contreras, ejemplo del turbio, sucio e ilegal proceso de tabulación de pensiones
-
VIDEOS6 años atrás
Programas Integrales de Bienestar, desde Guadalajara, Jalisco
-
VIDEOS6 años atrás
Gira del presidente López Obrador por Jalisco: Apoyo a productores de leche en Encarnación de Díaz
-
OPINIÓN5 años atrás
¡Ciudado con los extremistas! De las necedades de FRENA y otros males peligrosos
-
VIDEOS6 años atrás
Video Columna «Metástasis»: Los escándalos del Ipejal
-
OPINIÓN4 años atrás
Amparo, la esperanza de las Escuelas de Tiempo Completo