NACIONALES
Llevar a cinco expresidentes al banquillo: Consulta popular para llevar a juicio al modelo neoliberal
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Opinión, por Cayetano Frías //
El fondo en el debate sobre la consulta popular para aprobar o negar que se enjuicie a los cinco últimos expresidentes, es la impunidad y el abuso desde el poder que propiciaron el saqueo de la nación y los centenares de miles de muertFes y desapariciones de seres humanos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Presidente y al proyecto de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Luis María Aguilar.
Otro punto a resaltar, es la referencia que hacen ambos a la gravedad de que pudieran quedar sin castigo los delitos imprescriptibles. Aunque no los mencionan, entre los que cabrían son las desapariciones forzadas, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes masivos del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, el de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, los de San Fernando en Tamaulipas en 2011 y los de Ayotzinapa en 2014.
La interpretación de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta, no es de menor importancia. La que había propuesto el Presidente señalaba abiertamente a los expresidentes con sus nombres, por lo cual no era procedente que se aprobara con esa redacción, al incumplir los requisitos de no emitir juicios de valor y no ser neutro el planteamiento.
Hay quienes afirman que al excluir los nombres de los presidentes en anteriores sexenios, se desinfló la intención de la consulta. Sin embargo, la pregunta aprobada habla de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, que se amplía el espacio para investigar a cualquiera, ya no solo a los expresidentes.
Y en la exposición de motivos de la solicitud de consulta, quedan registrados de manera específica los nombres de los cinco expresidentes, documento que no puede ser alterado o modificado por ninguna autoridad, por lo que no aparecer en la pregunta, no los exime de responsabilidad y siguen siendo objetivo principal de la consulta.
Hay que recordar además, que de manera alterna, se entregaron dos millones 700 mil firmas de ciudadanos en el Senado, solicitando que se enjuicie a los expresidentes, que es un soporte más para legitimar la demanda y que se proceda a castigar los delitos en que hayan incurrido como titulares el Poder Ejecutivo.
Esta es la primera Consulta Popular que declara constitucional la SCJN. Las cuatro anteriores de las que tuvo conocimiento, todas en 2014, fueron declaradas inconstitucionales: dos por tener como tema el concepto de ingresos, otra referente a los salarios mínimos y una sobre disminución de diputaciones plurinominales por ser en materia electoral.
Este ejemplo de democracia participativa será histórico, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar de manera libre con el objetivo de que se castiguen delitos cometidos por quienes ocuparon las altas esferas del poder de 1988 a 2018. Para que sea vinculatorio procesar a los presuntos responsables, es necesario que sea aprobado por el 40 por ciento de los enlistados en el padrón electoral.
PLANTEAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y DEL MINISTRO
El Presidente afirma que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. Proceder contra los expresidentes, sentaría un precedente necesario para evitar la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.
En su proyecto el ministro Luis María Aguilar alerta sobre las consecuencias de conceder impunidad a los expresidentes señalados, si llegara a ganar el No, pues obligaría a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.
“Llevado a un extremo, ante tal hipótesis se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, abunda.
La coincidencia en la preocupación por la impunidad es lo único. Mientras López Obrador incluyó los nombres de los nombres de los expresidentes en la pregunta y denuncia violaciones de los derechos humanos contra millones de personas, el ministro Aguilar los defiende y asegura que el Estado no debe vulnerar los de las minorías.
Andrés Manuel López Obrador, precisa que de diciembre de 1988 a noviembre de 2018, los presidentes promovieron una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, posibles crímenes de naturaleza imprescriptible y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.
Precisa que esos actos no fueron fortuitos, sino producto de actos voluntarios y racionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los primeros seis años de ese lapso, gracias a la privatización de recursos públicos, se pasó de tener una familia en la lista Forbes a 26 multimillonarios mexicanos, superado solo por Estados Unidos, Japón y Alemania.
En contraste, se ha registrado según datos del Banco Mundial y de la OCDE, un exponencial crecimiento de la desigualdad, se sumaron millones de pobres, se deterioraron los sistemas de salud y educación y depredaron los derechos de ejidos y comunidades indígenas. Con Zedillo privatizaron los ferrocarriles y se socializó la deuda de los banqueros que en 1998 era de 552 mil millones de pesos –a la fecha se han pagado 700 mil millones y resta una deuda cercana a 2 billones de pesos-, con Fox se maquinó el fraude en las elecciones de 2006; Felipe Calderón embarcó al país en una guerra que solo logró multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas; y con Peña Nieto se dieron los tratos de Odebrecht y otros grandes fraudes al erario.
López Obrador expone que la consulta es una reafirmación de soberanía popular y la potestad para tener derecho a la justicia, además de hacer notar la falta de claridad en el Artículo 108 de la Carta Magna para enjuiciar al Ejecutivo Federal. En materia de convenios internacionales, alude a los contenidos del Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como al Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El país se encuentra en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de una cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en la que es ineludible que el Estado emprenda un procedimiento de esclarecimiento a este respecto”, señala sobre la pertinencia de la consulta.
AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: LUIS AGUILAR
En su proyecto el ministro Luis María Aguilar, fundamenta que la solicitud del Presidente debía ser declarada inconstitucional, porque en su diseño y contenido, “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”. Admite que la consulta es un derecho de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se refiere al Artículo 39 constitucional, pero excluye la última frase que establece “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Fundamenta su alegato en el Artículo Primero de la Constitución y en que los derechos humanos son de todas las personas y no pueden ser vulnerados ni reducidos por la mayoría, pues la mayoría no puede disponer de lo que no es suyo. “…si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, argumenta.
Añade que la consulta también puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general.
RECUADRO (Texto en negras)
LA CONSULTA POPULAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL
El Articulo 35 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece el derecho de los ciudadanos «a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional». Las solicitudes deberán presentarse ante el Senado, cuyos integrantes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se valide la constitucionalidad para precisar la certeza.
El Articulo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, faculta a la SCJN para «revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo».
Una vez que se tiene certeza de la legalidad de la consulta, deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas federales y enviarla al Instituto Nacional Electoral, que se encargará de promover y operar para su realización el día de la siguiente jornada electoral.
Las solicitudes de consulta popular pueden ser presentadas ante el Senado por los ciudadanos que respalden con las firmas de por lo menos el 2 por ciento del padrón electoral; por los legisladores de ambas cámaras federales que tengan el respaldo del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de esos cuerpos colegiados y; por el presidente de la república.
Si en la jornada de votación la consulta es aprobada por lo menos por el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será vinculatoria para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.
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LAS PREGUNTAS:
DESECHADA POR LA SCJN
¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?
APROBADA
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
