Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //

Alguna vez mi papá me dijo que si me detuviera a pensar en alguna actividad que no estuviera vinculada al derecho, probablemente no encontraría alguna, ya que al final del día, toda actividad que desarrollamos de manera cotidiana, tanto profesional como social, desencadena un sinfín de escenarios que son contemplados por distintos ordenamientos.

De hecho, aunque existen un gran número de definiciones de derecho, es posible notar que todos los autores coinciden en entenderlo como un conjunto de normas o principios que tienen la finalidad de regular las relaciones humanas.

Por ello, si estudiamos al derecho como un medio para regular las relaciones humanas, es muy fácil entender que en realidad no debemos desgastarnos tanto pensando en actividades que no están vinculadas con el derecho, ya que al final del dia, nuestras acciones u omisiones tendrán repercusiones jurídicas tanto positivas, como negativas.

Hay un punto en el que tenemos que ser claros, el derecho y la justicia no son solo para los abogados, esto debería importarle en cierta medida a toda la sociedad, ya que la fuerza de las instituciones de jusitica, así como la ética y la capacidad de los abogados que ejercen la profesión, tienen un gran impacto en la vida cotidiana.

Aunque de lo anterior hay un gran número de ejemplos, el día de hoy quiero dedicar este espacio a tomar un caso en concreto: el derecho y la justicia laboral, áreas que a menudo son despreciadas y minimizadas por el mismo gremio jurídico.

Pero primero ¿qué es el derecho laboral? Bueno, el derecho laboral es una de las herramientas legales más importante que tenemos a nuestra disposición, ya que a través de las leyes en la materia y de los tribunales especializados, tenemos la posibilidad de alcanzar y garantizar justicia e igualdad social para la clase más importante de México: la trabajadora.

Por un lado, las leyes se encargan de regular las relaciones obrero-patronales estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes, mientras tanto, los tribunales se encargan de hacer cumplir lo establecido por el cuerpo normativo cuando este ha sido violado, y de esta manera se consolida (o se debería consolidar) un contrapeso entre sectores.

Lamentablemente, con el paso de los años, muchos han cometido el error de creer que cuando se habla de esta rama como un mecanismo de protección jurídica que busca garantizar y reivindicar la digindad de la clase trabajadora, nos referimos a que ésta es un medio para intimidar, hostigar e incluso, abusar de patrones, o en su defecto, para intimidar, hostigar y abusar de los trabajadores.

Debido a lo anterior, el derecho laboral se ha vuelto probablemente en una de las ramas del derecho más polarizadas que exiten, toda vez que ésta, se ha convertido en una verdadera guerra de clases fomentada y llevada al terreno jurídico por abogados que encontraron en la divisón y el miedo, una excelente herramienta para lucrar a costa de la certeza y la seguridad jurídica tanto de trabajadores como de patrones.

Asimismo, esta situación ha desencadenado un esquema de corrupción que ha alcanzado niveles rídiculos y del que todos, sin excepción alguna forman parte: abogados, patrones, trabajadores y funcionarios públicos. No importa que tan ridiculo sea, tristemente un laudo favorable siempre tendrá un precio, pero por más que esta situación se haya ‘’normalizado’’, nosotros ciertamente no podemos quitar el dedo del renglón, ya que hacerlo implica permitir que el ejercicio del derecho se continúe desvirtuando de tal manera que las leyes sigan siendo un mencanismo para someter.

Pero para evitar que este círculo de vicios continúe, lo primero que debemos hacer es ubicar la importancia que el derecho laboral tiene en la sociedad, y también, debemos entender que esta rama va más allá de contratos individuales y colectivos de trabajo, o huelgas e indemnizaciones.

En un sistema de mercado liberal y globalizado en el que el bienestar y el crecimiento económico dependen tanto del nivel de inversión extranjera como de la fortaleza de la industría nacional, la calidad, fortaleza e imparcialidad de los tribunales encargados de impartir justicia en la materia, así como la transparencia y la responsabilidad social de los sindicatos son elementos fundamentales para continuar impulsando un verdadero desarrollo económico.

Debido a lo anterior, el gobierno tiene el compromiso de generar condiciones favorables que permitan a los empresarios tanto nacionales como extranjeros mantener sus fuentes de trabajo en el territorio nacional garantizándoles certeza y seguridad jurídica en todos los aspectos, de tal manera que su crecimiento vaya de la mano del desarrollo y bienestar tanto personal como profesional de los trabajadores.

Es así, que en noviembre del año pasado se presentó, como parte de la reforma al Poder Judicial, una ambiciosa reforma laboral, que entre sus muchos aspectos plantea un nuevo sistema de justicia laboral al decretar una transición de la función jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales Laborales dependientes del PJF y de los poderes judiciales de las entidades federativas.

Por otro lado, esta reforma también apuesta por la democracia sindical, planteando que los trabajadores sean consultados mediante voto personal, libre, directo y secreto la elección de directiva sindicales, firma de contratos y ratificación de acuerdos negociados.

Por ultimo, otro de los aspectos relevantes de esta reforma es la creación de organismos de conciliación y registro, que deberán dar seguimiento al registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

Sin embargo, resulta preocupante que ante el gran número de problemas y deficencias que existen en el sistema de jusitica laboral actual, la aplicación de esta reforma no sea simultánea en todo el país, ya que hasta ahora, aproximadamente solo 8 estados han comenzado a operar con el nuevo sistema, mientras que nuestro estado, que cuenta con un rezago de 105 mil juicios y que recibe 25 mil demandas laborales anuales, la implementación de esta reforma continúa siendo una fantasía, de hecho, la última fecha estimada que se dio para la implementación de la reforma fue mayo del 2022 (esto antes de la pandemia)

Aunque la reforma laboral plantea cambios bastante importantes en la forma de impartir justicia en la materia, tanto ciudadanos como abogados no debemos quitar el dedo del renglón y necesitamos recibir esta reforma con cierto esceptisismo, ya que resulta fundamental que nos planteamos también si este nuevo sistema será capaz de eliminar de fondo los problemas que han llevado a esta rama del derecho a desvirtuarse.

En la medida en la que entendamos que la calidad de nuestra justicia laboral está completamente ligada tanto al nivel de inversión, como a la calidad de las condiciones laborales que se ofertan en México, lograremos dar pasos importantes en la transformación judicial, el desarrollo económico y en el proceso de reivindicación de las condiciones laborales de la clase trabajadora en nuestro país.