JALISCO
Juan José Hernández Rodríguez: «La reforma a la Ley de Pensiones es un avance, pero, falta más»
Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El viernes pasado, el Congreso del Estado avaló la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En una sesión extraordinaria, presidida por el diputado Eduardo Sánchez Carrillo, y con todo el sello de la casa pues empezó con un retraso mayor a media hora, se dio visto bueno al dictamen en el que se establece que la base de cotización para el pago de las aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado, no deber ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes.
La reforma a la ley plantea fijar un monto máximo sobre el monto de las pensiones y ajustar las que se encuentren por encima de dicho tope, de acuerdo con la iniciativa enviada por el gobernador Enrique Alfaro, esto por una causa de utilidad pública debidamente respaldada en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, y también en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, puntualiza que todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto.
También, se plasma que los presidentes municipales, al incorporarse al Instituto de Pensiones, deberán firmar un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y con dicha institución, para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que deberá de cubrir al Instituto, en caso de incumplimiento a lo anterior será́ sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.
El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas a esta reforma.
Para Juan José Hernández Rodríguez secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal), quien es el representante mayoritario de los trabajadores al servicio del Estado en el Consejo de Administración del IPEJAL, esta modificación a la Ley de Pensiones es un avance, más no es lo único que se requiere para mejorar las finanzas del Instituto.
“Nosotros como trabajadores creemos que las llamadas pensiones VIP eran muy elevadas, un exceso el pago de esas pensiones, cuando el trabajador normal, el trabajador de base, los trabajadores que somos de a pie pues en la vida los vamos a ganar”.
«Es importante señalar que son muy pocos, solamente el 2% de los jubilados de pensiones tienen esa nómina, hay un dato muy interesante, el 75% de los pensionados gana menos de $19,000 pesos y el 97 % de los jubilados ganan menos de $50,000 pesos».
Para darnos una idea de lo que representa el 3% de quienes tiene pensiones privilegiadas, te voy a poner un ejemplo que dimensiona el gasto en pensiones VIP, yo represento a los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, ¿sabes cuántas enfermeras deben de trabajar al mes para pagar la pensión de todos los VIP, de todos? ¡8,000 enfermeras! ¡8000 enfermeras deben de trabajar para pagar la nómina sólo de los pensionados VIP!
ADIÓS A PENSIONES AMAÑADAS
Así es que nosotros vemos con buenos ojos el topar las pensiones elevadas, sin embargo, creemos que el monto de $100,000 pesos aún es elevado, nosotros sugeríamos en mesas de trabajo internas y que apenas el día de ayer lo comunicamos como una postura, nosotros creíamos que lo justo hubiera sido que la jubilación se toparán al sueldo del sindicalizado mejor pagado en el estado, estoy hablando solamente de los servidores públicos, sin embargo, vemos con buenos ojos, se aprobó la reforma ¡Adiós! que no regresen ese tipo de pagos, que no regresen ese tipo de pensiones, muchas de esas pensiones, creo yo, amañadas”, asegura el también secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Del Hospital Civil de Guadalajara, Juan José Hernández.
Pareciera que el limitar las pensiones es un logro que determina la continuidad del IPEJAL, sin embargo, para Juan José Hernández Rodríguez es solo un pequeño logro en contra de la descapitalización del instituto: “El ahorro para el IPEJAL al topar las pensiones será de $3’267.093.73 pesos mensuales, el ahorro al año será de $42’472,218.49 pesos, la nómina de pensionados al mes de julio fue de $677’879,932.86 pesos, quiere decir que con lo que se va a ahorrar se necesitan 15 años para cubrir una de las nóminas actuales de pensionados, aun así, es un avance el limitar las pensiones onerosas.
ESTUDIO INCOMPLETO SOBRE IPEJAL
Hay un estudio actuarial realizado en 2019, que da un determinado número de años de vida al Instituto, pero al nosotros, yo como consejero y nosotros como Federación estudiarlo, nos damos cuenta de que solamente tomaron como ingreso al Instituto aportaciones, pero el Instituto va más allá de las aportaciones.
El Instituto tiene tres maneras de capitalizarse, el primero su personal activo, todos los trabajadores en activo los 122 mil trabajadores que el día de hoy somos, nosotros abonamos una gran bolsa para poder cubrir el gasto de los jubilados. En 2020 cerramos, según la información que me dieron en la sesión de Consejo, de febrero, con 6673 millones cerró el año 2020 las aportaciones obrero-patronales, esa es una manera de que se capitalice el IPEJAL.
¿Qué es lo que tenemos que buscar ahorita? Crecer el número de servidores públicos, esta es la manera para darle vida al Instituto, que haya un mayor número de servidores públicos en el estado aportando a pensiones del Estado y te lo voy a decir porqué, te voy a dar el dato del 2010, en el año 2010 el número de activos de pensiones del Estado fue de 116,425 trabajadores, para julio del 2021, la cifra que tenemos nosotros de trabajadores en activo es de 122,383, qué quiere decir que ha habido un incremento del 2010 a julio del 2021 de 5958 nuevas aportaciones al Instituto.
CAPITALIZAR A PENSIONES DEL ESTADO
Hay un documento que nosotros recibimos como consejeros donde dice que, en los últimos 5 años, citando el año 2020 ya como cerrado, el incremento de la población activa fue de 0.49%, 0.49% ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que la población de afiliados crezca esa es la solución para pensiones del Estado crezca, ¿qué debemos de hacer? Que todos los municipios, que todos los ayuntamientos aporten a Pensiones del Estado, que se inscriban al modelo de Pensiones del Estado, hoy son menos de 20 los ayuntamientos que están en Pensiones del Estado.
En estos momentos hay una buena coyuntura, estamos a meses, a pocos días de que se integren los nuevos ayuntamientos en los 125 municipios, trabajemos para que todas las contrataciones a partir de este momento sean obligatorias.
INCREMENTAR AFILIACIONES
Esa es una manera de capitalizar Pensiones del Estado, que se incrementen las afiliaciones de los servidores públicos, eso sería una, ¿Cuál sería una segunda? y esa tendría que ser inmediata, hay en la Ley de Servidores Públicos en el artículo 7 que, hablan de 6 años es un día para obtener la base como trabajador, yo no estoy de acuerdo con esa cantidad de años, porque la Ley del Trabajo dice que con seis meses y un día generas el derecho a la plaza y el estado de Jalisco es el único estado que pide el mayor número de años para poder darle la definitividad a un trabajador.
Entonces, ahí está la Ley de Servidores Públicos, esa a criterio de la Federación se tiene que modificar, en tanto se hace tenemos que regularizar a todos los trabajadores, todos los trabajadores que tengan 6 años 6 meses un día, todos deben de basificarse ya, de inmediato. Eso también le va a dar un suspiro y un respiro a Pensiones del Estado”.
LA OPACIDAD DEL COMITÉ DE INVERSIONES
La segunda entrada de recursos que tiene IPEJAL, según el miembro del Consejo Directivo del Instituto Juan José Hernández Rodríguez son las ganancias vía inversiones que se realizan, pero, ahí también existe un urgente reclamo por parte de los trabajadores pues el famoso Comité de Inversiones se maneja con mucha opacidad, “Del Comité de Inversiones que maneja el dinero del IPEJAL, lo que te puedo decir es que los trabajadores no lo decidimos, al Consejo el Comité de Inversiones sólo nos informa, no nos toma en cuenta para las inversiones ¿Quién está en el Comité de Inversiones? Te puedo decir que está el director del Instituto en turno, que también está el responsable de planeación y que hay asesores externos, algunos de esos asesores externos han sido personas que ya tienen muchos años en el Comité.
La tercera forma en que el IPEJAL obtiene recursos es vía interese de los préstamos otorgados a sus afiliados, en 2020 el Instituto colocó 89 mil préstamos, que le representan ganancias sin riesgo de pérdida de capital.
Juan José Hernández Rodríguez reitera que, es necesario hacer valer la incorporación de los trabajadores de todos los ayuntamientos al IPEJAL, y entregar las plazas congeladas que algunos ayuntamientos, sobre todo del Área Metropolitana de Guadalajara, mantienen sin otorgar desde hace más de 10 años. Explica: “ En el año 2010 había 116,425 jubilados para julio del 2021 existen o existimos 122,383 el incremento de los servidores públicos del 2010 a julio de 2021 es de 5958, la prioridad ahorita es crecer la población de activos eso es lo primero que tenemos que hacer.
Los jubilados en el año 2010 era una cartera de 16,608 jubilados para julio de 2021 tenemos 40,705 el incremento fue de 24,907 jubilaciones en este periodo, si te fijas no hay una concordancia, no es de que se vaya a una plaza jubilada y se incorpore un trabajador, ¡Y sí sucede! ¡Pues administrativamente no! Financieramente para el Instituto no lo vemos, entonces es una prioridad que tenemos que trabajar, porque la nómina de jubilados nada más en el mes de julio fue de más de 677 millones quiere decir que en el año nosotros traemos un acumulado de más de 4,644 millones de pago de nómina jubilados, de dinero recibido al Instituto por aportaciones obrero-patronales es de 4,400 millones, quiere decir que hay un déficit de más de 170 millones de pesos, solamente haciendo ese versus”.
Ante el trabajo de proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias de la Ley del IPEJAL que presentará la Dirección del Instituto al gobernador del Estado, dentro de los próximos 30 días, el secretario general de la FESIJAL, Juan José Hernández Rodríguez asegura: «Algo que también como FESIJAL tenemos que dejar muy claro, son los temas que la Federación va a defender y que es impensable que los trabajadores podamos estar de acuerdo con algunos criterios y lo voy a dejar muy claro porque han sido temas de mucho debate».
«El 4to. transitorio de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, que fue firmada en el 2009, es impensable que se toque, es el transitorio que nos da a todos los que somos vieja ley, que somos más de 68,000, las condiciones y los derechos de ésta».
«Es impensable que se quiten los aguinaldos a los jubilados, en la propuesta también venía derogar la gratificación anual y eso generó molestia en todo aquel servidor público jubilado y no jubilado entonces es impensable que se toque eso», agregó.
«Algo que nosotros vamos a defender a capa y espada y que generó muchísimo escozor, revuelo, dudas y que oportunamente atendimos, es que ninguna pensión, ninguna pensión de un trabajador de base puede ser tocada, ninguna, de ningún trabajador de base. Todos los trabajadores que ya son jubilados y que somos los más, no va a ser tocada nuestra pensión, tú trabajador que te jubilaste por ser médico, por ser un trabajador en un ayuntamiento, por ser policía, por ser bombero, que tengas la certeza de que tu pensión no va a ser tocada, es impensable que nosotros lleguemos a una a un consenso de esa parte, estamos para defender al 98% de la población», sentencia el líder de los trabajadores al servicio del estado en Jalisco, Juan José Hernández Rodríguez.
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CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
JALISCO
Requisitos para darse de alta ante el IMSS: Los desempleados pueden pensionarse con 9,400 pesos
– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz
En México, una parte significativa de la población ocupada trabaja por cuenta propia, para ellos se creó la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Modalidad 10 y 40, para que puedan jubilarse aún sin empleo. Hablamos de casi 25 millones de personas que carecen de empleo formal, pero que si no actúan hoy, mañana se quedarán sin jubilación.
¿Con cuánto me puedo jubilar aún sin empleo?
Las Personas Trabajadoras Independientes (PTI), mediante las modalidades voluntarias permite que quienes no tienen un patrón puedan cotizar al Seguro Social y acceder a prestaciones, incluyendo una jubilación mínima garantizada en este año 2025, por 9 mil 400 pesos.
La Ley del Seguro Social (LSS) reconoce que el Instituto tiene la atribución de inscribir a los trabajadores independientes al régimen obligatorio a su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 251, fracción X, de la LSS.
Este esquema aparece ya en el portal del IMSS bajo “Personas Trabajadoras Independientes (PTI)” como una modalidad de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio; mediante ese mecanismo, el IMSS presta servicios médicos, prestaciones en dinero y cotización para pensión.
El mecanismo voluntario, puede ser estratégico para quienes fueron despedidos a los 50 años, ya cerca de una edad de jubilación, dado que permite mantener continuidad para efectos de pensión y completar en ley 73, al menos 500 semanas de cotización, que dan derecho a una pensión desde los 60 años de edad.
REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA ANTE EL IMSS
Para que una persona trabajadora independiente pueda incorporarse al IMSS bajo este régimen, debe cumplir ciertos requisitos y pasos:
1. Solicitud de incorporación voluntaria: la persona debe pedir su afiliación al Seguro Social bajo la modalidad de PTI o incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
2. Identificación oficial y CURP: presentar documento de identidad reconocido.
3. Determinación del salario base de cotización (SBC): seleccionar un salario base de cotización sobre el cual hará sus aportaciones.
4. Pago de las cuotas correspondientes: pagar todos los conceptos asegurados (enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro/cesantía/vejez) con cargo al asegurado, pues no hay patrón que haga aportaciones.
Además, para personas mexicanas en el extranjero, existe la posibilidad de afiliarse como trabajador independiente.
Una vez que la persona trabajadora independiente se encuentra afiliada bajo este esquema, puede acceder a muchos de los derechos del régimen obligatorio, similares a los de los trabajadores asalariados:
Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y atención obstétrica para el asegurado y sus beneficiarios.
Incapacidades y subsidios por enfermedad o maternidad.
Seguro de riesgos de trabajo (accidentes laborales) si aplica.
Pensión por invalidez y de vida para sus beneficiarios.
Cotización para el fondo de retiro (el seguro de retiro/cesantía/vejez).
Conservación de derechos para efectos de pensión.
Continuidad en la historia laboral formal, lo cual es relevante para acceso a créditos, prestaciones y financiamientos.
Uno de los propósitos centrales de afiliarse al IMSS, es que la persona pueda aspirar en el futuro a una pensión. En el régimen del IMSS, las pensiones conocidas como “Cesantía en Edad Avanzada” y “Vejez” aplican según la edad del solicitante al momento de la petición y las semanas cotizadas.
Acorde a la ley 73, si la persona está entre 60 y 64 años, y ya causó baja del régimen obligatorio, puede solicitar pensión por cesantía en edad avanzada. Si tiene 65 años o más, la pensión solicitada será por vejez.
El importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con un porcentaje que depende de la edad al momento de pensionarse:
– 60 años → 75 %
– 61 años → 80 %
– 62 años → 85 %
– 63 años → 90 %
– 64 años → 95 %
– Si la persona cumple los 65 años (o 64 años y 6 meses con un día) → 100 %.
MERCADO LABORAL: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Para dimensionar el segmento de personas que podrían beneficiarse de este esquema, revisemos datos del INEGI. Según los más recientes boletines de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras por cuenta propia representaron 41.9 % de la población ocupada en México, con una caída anual de 3.0 puntos porcentuales.
En el segundo trimestre de 2025, la población ocupada fue de 59.4 millones de personas. Si 41.9 % de esa población está en trabajo por cuenta propia, eso implicaría aproximadamente 24.9 millones de personas que laboran sin subordinación.
Estos números son consistentes con las estimaciones que vinculan el alto nivel de informalidad en México: el 54.8 % de la población ocupada se considera informal, muchas de ellas precisamente trabajadores por cuenta propia sin seguridad social.
Este universo es el mercado potencial para la afiliación voluntaria como PTI, pues son personas que hoy laboran sin cobertura formal.
En 2025 se reportaron pérdidas de empleo formal en varios meses; por ejemplo, en junio de 2025 se eliminaron 46,378 puestos formales en un solo mes, la mayor caída para un mes similar en más de una década (excluyendo pandemia).
Durante el segundo trimestre de 2025 también se reportó una pérdida neta de plazas formales. Eso aumenta la población sin seguridad social y en consecuencia sin futuro de jubilación.
Muchas personas que pierden su empleo alrededor de los 55 años enfrentan un dilema crítico: ya han acumulado tiempo de cotización, pero están demasiado cerca del final de su vida laboral para “empezar de cero”. Si no consiguen un empleo formal inmediato, corren el riesgo de no completar las semanas requeridas para pensión. En esos casos, afiliarse como PTI puede ser una estrategia de salvaguarda.
PENSIÓN SIN EMPLEO
Si eres parte de esos 25 millones de mexicanos que siguen siendo productivos, pero está sin IMSS, debes asesorarte y asegurarte por cuenta propia, no dejar tu pensión en la incertidumbre, cada vez más personas se acercan a preguntarme por esta opción, es una gran satisfacción que ya estén cotizando en modalidad voluntaria , asegurando su futuro.
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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.
E-mail: amper61@hotmail.com
– Por Francisco Junco
La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.
Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.
Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.
También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.
Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.
Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.
La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.
Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.
El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.
Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.
El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.
La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.
La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.
Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.
La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.
Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.
La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.
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