Opinión, por Iván Arrazola //

El modelo de seguridad pública en México parece haber entrado en una etapa terminal. La reforma constitucional de 2019 —que dio origen a la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas— marcó un punto de inflexión al desplazar progresivamente el ideal de una seguridad civil, profesional y democrática. Aunque se prometió que esta sería una institución de carácter transitorio y civil, el rumbo que ha tomado contradice esas aspiraciones iniciales.

Uno de los momentos más polémicos fue la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Esta modificación requirió la negociación con fuerzas de oposición, pues el oficialismo no contaba con los votos para aprobar la medida en 2022.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también intervino. Declaró inconstitucional, por ejemplo, la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional realizaran operaciones encubiertas en tareas de prevención del delito, argumentando que ello podría derivar en la fabricación de culpables, la obtención de pruebas ilícitas y violaciones al derecho a la privacidad. También declaró inconstitucional que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de las fuerzas armadas.

La elección de 2024 modificó el escenario. Gracias a una nueva mayoría constitucional, el partido gobernante y sus aliados aprobaron reformas que en el pasado habían sido detenidas. Entre los principales cambios destacan la transferencia total del mando de la Guardia Nacional a la Sedena; la autorización para realizar geolocalización en tiempo real, interceptación de comunicaciones, uso de identidades simuladas y operaciones encubiertas, y la posibilidad de que sus integrantes soliciten licencias para contender por cargos de elección popular.

Estos cambios, sin embargo, se justifican desde el oficialismo con argumentos frágiles y, en ocasiones, de tono trivial. Se ha llegado a afirmar que no se trata de militarización porque el mando supremo recae en la Presidencia de la República —actualmente ocupada por una mujer— o porque el Ejército es «el pueblo uniformado».

Estas afirmaciones eluden una discusión seria sobre los riesgos que implica la concentración del poder coercitivo del Estado en instituciones militares, sobre todo cuando, como ocurre con la Guardia Nacional, más del 70% de sus integrantes no ha obtenido el Certificado Único Policial que exige una formación especializada en seguridad pública.

A esto se suman señalamientos documentados por organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entre los casos más alarmantes se encuentran las denuncias de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la represión a personas migrantes y el uso excesivo de la fuerza. Tales hechos han sido expuestos en informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CNDH.

Frente a las críticas, el discurso gubernamental se ha limitado a comparaciones simplistas y falaces. Se argumenta, por ejemplo, que la actual administración cuenta con un secretario de seguridad «más guapo” o que el Ejército es incorruptible, a diferencia de la extinta Policía Federal. No obstante, estos razonamientos no abordan el hecho de que, pese a todos los cambios y esfuerzos, México ha registrado cifras récord en homicidios dolosos y que la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alarmantemente alta.

La estrategia de seguridad parece haber entrado en un callejón sin salida. Se ha optado por fortalecer un modelo basado en la militarización, a pesar de que no ha ofrecido los resultados esperados. Hoy, se confiere a la Guardia Nacional un conjunto de atribuciones que, en cualquier democracia sólida, deberían ser sujetas a contrapesos institucionales, vigilancia ciudadana y control judicial riguroso.

La falta de garantías en un país con altos niveles de impunidad y con un sistema judicial debilitado eleva el riesgo de abusos, extorsión y represión. La memoria histórica remite a etapas oscuras del autoritarismo mexicano, como los excesos del temido «Negro» Durazo o los años de represión selectiva bajo gobiernos priistas. Paradójicamente, un régimen que se proclama heredero del movimiento del 68 parece hoy caminar hacia la legitimación de mecanismos de control autoritario.

En este contexto, es legítimo plantear que la seguridad pública, entendida como un bien público garantizado desde la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, está siendo sustituida por una lógica de imposición. Con una mayoría legislativa que elimina los contrapesos y con un Poder Judicial debilitado, el país se aproxima peligrosamente a un régimen que concentra el uso de la fuerza sin los debidos controles democráticos.

El panorama actual exige una reflexión profunda. La construcción de una seguridad genuinamente democrática no puede sustentarse en una militarización sin frenos, sino en la consolidación de cuerpos civiles capacitados, profesionales y sometidos a escrutinio público.

El réquiem no es solamente por la seguridad, sino por la oportunidad perdida de construir un modelo de seguridad pública justo, civil y democrático.

Opinión, por Gerardo Rico //

En cuanto concluyeron las hostilidades bélicas entre Israel e Irán, los misiles mediáticos de la Casa Blanca apuntaron directo al centro del poder en México y de un plumazo volvimos a la realidad en el trato de la administración de Donald Trump a nuestro país.

Sin duda y ante las circunstancias actuales, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo una de las más atacadas en la historia reciente por su contraparte estadounidense. Washington utiliza cualquier mínimo pretexto para señalar, especular, advertir, imponer. Siempre y de manera insistente en torno al narcotráfico y las investigaciones que realizan de presuntos nexos entre altos cargos gubernamentales y líderes de los diferentes cárteles de la droga.

Queda claro que las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Claudia Sheinbaum como el envío de 29 narcotraficantes a la Unión Americana, las acciones para reducir de manera drásticas el flujo de indocumentados en la frontera, los decomisos de fentanilo y otras drogas, así como la detención de más de 18 mil personas que han sido encarceladas por delitos de alto impacto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, no satisfacen las expectativas de la administración Trump.

Y para muestra está el misil mediático que soltó Washington a media semana: El Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras en México: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las autoridades estadounidenses los acusan de desempeñar colectivamente un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en facilitar pagos para la compra de precursores químicos para producir fentanilo.

En lo que se consideró un golpe inédito al sistema financiero mexicano, durante años estas instituciones realizaron decenas de transferencias financieras a cuentagotas a favor del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el cártel de Sinaloa; el cártel del Golfo o para el Cártel de los Beltrán Leyva, todas organizaciones que el Gobierno de Trump ha designado como entidades terroristas extranjeras, de acuerdo al Departamento del Tesoro.

Lo que más sorprendió a muchos es el caso de Vector Casa de Bolsa -que ofrece desde la administración de fondos mutuos, hasta banca de inversión y servicios fiduciarios- propiedad del empresario capitalino afincado en Monterrey, Alfonso Romo Garza, quien fue promotor, operador y financió parte de la campaña presidencial de Morena en 2018 para posteriormente ser jefe de la oficina de la Presidencia en los dos primeros años de la administración del expresidente López Obrador.

La institución de Nuevo León es señalada por Estados Unidos por, supuestamente, facilitar el negocio del narcotráfico a favor del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Según su información, Vector participó en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos pagados por el grupo delictivo de Sinaloa a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México y director de la Agencia Federal de Investigación de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Hacienda intervino tres bancos; un diario nacional reportó que multiplicaron ganancias bajo Morena: Intercam (10,400 MDP), CiBanco (3,000 MDP) y Vector (1,000 MDP) de García, Rangel y Romo

Otro misil mediático: Pam Bondi, fiscal general en el Senado de EEUU, incluyó a México en la lista de países adversarios, junto a Irán, Rusia y China. Acusó intentos de daño físico o por drogas, prometiendo seguridad bajo el liderazgo de Trump, sin intimidación.

«País adversario» tiene implicación legal en el Título 15 del Código de Regulaciones Federales de EE. UU., regulando comercio exterior. Define acciones contra gobiernos o personas extranjeras por conductas graves que amenacen la seguridad nacional.

Este calificativo para México se haría efectivo con la sola firma de la famosa orden ejecutiva del presidente Trump y originaria: restricción a exportaciones, congelamiento de activos, limitaciones a la inversión extranjera directa, prohibiciones de contratación pública con entidades estadounidenses y sanciones secundarias. Independientemente de los aranceles.

Continuaremos con las sorpresas de misiles mediáticos, sin descartar la detonación de una bomba con consecuencias inimaginables para la vida política en México, de persistir las amenazas y advertencias del Tío Sam.

Desde los Campos del Poder, por Benjamín Mora Gómez //

¡Qué triste y sombrío miro al futuro de mi amadísimo México!

Estamos enmudecidos por las censuras que nos aguardan con la nueva normatividad en materia de comunicaciones desde la presidente Claudia Sheinbaum y la 4T de Andrés Manuel López Obrador, pues nos miramos sometidos a los delirios persecutorios de ellos dos y sus huestes.

También, ofendidos por Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, al declararnos sus enemigos e igualarnos con sus tres verdaderos enemigos. Así como avergonzados por CIBanco, Intercam y Vector por sus posibles vínculos con terroristas.

A lo largo de nuestra historia, políticos, partidos, gobiernos y gobernantes se han sentido tentados a acallar voces que les incomoden, unas veces, venidas del pueblo y hoy, de voces venidas más allá del Rio Bravo.

Se habla de la generación de los «millenials» (personas nacidas entre 1980 y 1999) como aquella que, entre otras características que ha cultivado, se niega a admitir ideas que no compaginen con las suyas. Hoy propongo hablar de la generación de “políticos millenials” de piel muy sensible.

En Palacio Nacional se reacciona, no se reflexiona ni se guía desde la conciencia. El patriotismo se hunde y confunde en el patrioterismo. Se niega todo lo que les incomode y más si viene desde EEUU. Por ello se niega la existencia de la producción interna de fentanilo, el terror de los cárteles, el pleito de muchos hacia EEUU y la posibilidad de blanqueo de dinero en instituciones financieras nacionales.

La política ha dejado de ser ciencia, arte e intuición para suplantarse por “algo aún sin forma” y sí como mucha indignidad. El envejecimiento de los fundamentos de entendimiento diplomático -negociación y creación- no logra ser suplido por algo más inteligente y con mayor sentido humano.

En los años venideros, la base social e ideológica de los partidos políticos podría decaer hasta morir. Miles de “Andys” podrían surgir junto a Luisas Alcalde o Andreas Chávez, sin más valor que tener padres o padrinos de muy mala entraña.

Sobre la pretendida censura a la inteligencia nacional, Julio Patán escribió en El Heraldo de México, el pasado 25 de junio: “Perdura un cierto pudor, por eso dicen que es que te cuidan y, sobre todo, por eso, luego del golpe, muchas veces, viene la caricia”. A Sheinbaum y López Obrador les gana su naturaleza antidemócrata, aunque nos argumenten que todo es por nuestro bien frente a gigantes como X, Instagram, Facebook, TikTok.

La violencia política y la censura están naturalizadas en el mundo entero. Sus mitos y excusas son las mismas: “No somos malos; velamos por el bien del pueblo … Te reprendo porque velo por el orden que a ti y los tuyos conviene… Así como “la letra con sangre entra”, también la ley debe imponerse aún con tu sangre… Nadie, desde fuera, puede meterse en nuestra forma de asegurar el orden nacional interno… La censura del pensar y el decir no deja secuelas en el imaginario democrático de un pueblo… Si en mi partido yo ordeno y mando, no veo por qué no he de hacerlo hacia fuera”. A todos los escucho mentir con un único propósito: Robarnos la paz y la alegría de vivir.

Tenemos gobiernos que se proclaman liberales, pero que golpean la libertad de pensamiento, expresión y actuación. Gobiernos esquizofrénicos que, por ejemplo, detienen a un campesino que arrea a una vaca de su rancho a otro y la confiscan, pero dejan el paso libre de camiones con ganado robado con decenas de bestias.

Aunque ya se resolvió a favor de Trump, vale recordar el enfrentamiento entre el Poder Judicial federal norteamericano y el presidente Donald Trump. “A mí no me digas que NO, tienes que hacer lo que yo diga”, pareciera querer decir Trump a los 15 jueces de Maryland por emitir órdenes judiciales que bloqueaban las deportaciones inmediatas de migrantes y por ello los ha demandado.

La frustración presidencial crece cada vez que un juez le hace ver que en EEUU la ley pone orden y limita al poder presidencial ante el pueblo, aun si éste no es norteamericano y está en territorio gringo sin cumplir con las leyes de migración. Laurie Leverson, catedrática de la Universidad Loyola ha señalado como extraordinario a este pleito de Trump. Lo sabemos, la Universidad Loyola, jesuita, es una de las de mayor prestigio en EEUU y el mundo.

Hoy recuerdo a mi madre cuando, al escuchar a un expresidente de México decirnos una gran mentira, me dijo: “Cuando escuches a cualquiera de ellos, date la oportunidad de pensar en la verdad y repítela; no te abandones al engaño ni les permitas tanto. Tu lucha es por la verdad, es espiritual y es a favor de tu libertad”.

Hoy, por mandato constitucional, todo en política debe vestirse de paridad de y entre mujeres y hombres; sin embargo, durante esta semana que recién terminó, el miércoles, escuché a la presidente de un comité estatal de un partido político nacional, girar instrucciones a su secretario de Organización para que toda nueva estructura fuese presidida exclusivamente por mujeres… los hombres quedamos fuera de su proyecto a futuro. Cree, quizá, tener un partido político exclusivo para mujeres. En San Ignacio Cerro Gordo empezó este gravísimo atrevimiento.

Solo conozco un modo de entender mi vida, cuando la cubro de congruencia con lo que mis padres me enseñaron del bien y la trascendencia. Soy de esos a quienes gusta la política como ciencia y arte para hacer mejor la vida de los demás. Dignifiquemos el quehacer político para que la vida en sociedad nos sea más propicia.