JALISCO
Tres sexenios de fraudes, corrupción y saqueos al Ipejal: Gabriel Torres Espinoza en foro sobre la reforma al sistema de pensiones

Por Mario Ávila //
El Instituto de Pensiones del Estado, es en opinión del analista político Gabriel Torres Espinoza, el caso más emblemático de la corrupción en Jalisco en los tres últimos sexenios, lo mismo con gobiernos del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, lo que hace necesario, que antes de cualquier reforma a la ley, deba ser intervenido por el Sistema Estatal Anticorrupción, para que desde ahí se revisen y en su caso se autoricen, todos los movimientos financieros.
En el marco de la inauguración del foro sobre las eventuales reformas al sistema de pensiones del Ipejal, el director del Sistema de Radio y Televisión de la UdeG, Gabriel Torres Espinoza, afirmó que en su opinión los factores que han propiciado el quebranto financiero del Ipejal, son: 1.- La insultante corrupción en el manejo de las finanzas del dinero de los trabajadores; 2.- Las inversiones hechas sin la más mínima justificación en materia de viabilidad financiera, a pesar de supuestamente tener asesores financieros de alcurnia y 3.- La pésima administración del Instituto.
Torres Espinoza habló de los antecedentes, que cambiaron drásticamente la razón de ser del Ipejal y se remontó al año 2009 con las reformas legales realizadas en el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador panista, Emilio González y las consecuencias que tuvo al quitarle candados de control de las inversiones que antes correspondían al Poder Legislativo y pasaron a un simple Comité de Inversiones.
Los mecanismos de vigilancia –dijo-, que había para la administración de un fondo, que dicho sea de paso, garantiza un derecho social, es decir el Ipejal no es una caja popular, no es un banco, no es un fondo dedicado al agiotismo, no tiene como propósito invertir en la Bolsa de Valores o arriesgarse en inversiones, en síntesis, el Ipejal no es de los empresarios que se “arriesgan” en proyectos de inversión de cualquier tipo, Ipejal es un fondo que se integra con el dinero que aportan los trabajadores al servicio del Estado y tiene como único propósito el garantizar un derecho social, el derecho a la pensión y a la jubilación”.
«Y voy a empezar esta reflexión de atrás para adelante –abundó-, por qué para construir las Villas Panamericanas en el periodo de Emilio González Márquez, por qué no le financió ningún banco nacional o internacional, por qué tuvieron que sacar dinero del Instituto de Promoción de la Vivienda y dinero del fondo de los pensionados para la obra».
«Bueno, básicamente porque ningún organismo nacional o internacional legalmente constituido presta dinero para desarrollar proyectos ilegales, que no tienen licencia de construcción, que violaban todos los reglamentos, los planes parciales de desarrollo y porque además cualquiera que preste dinero se asegura de la viabilidad del retorno de la inversión. Y vean ustedes ahí está, todo abandonado, aunque ya “legalizaron” lo ilegal a través de una decisión corrupta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pero los trabajadores no han recuperado y están muy lejos de poder recuperarlo».
«Y digo que los trabajadores como si ellos hubieran invertido, aunque claro que no, pero la reforma del 2009 es el inicio de una serie de abusos de los que hoy se habla nada más de los que ocurrieron en el anterior sexenio, que es cierto que ocurrieron, pero esto empezó en el 2009 y continúa, porque me parece increíble que lleguemos a la desvergüenza que le saquen dinero del dinero de los trabajadores para realizar obra pública, es decir para hacer la Ciudad Laboral, cuando esa es una responsabilidad del gobierno», precisó.
«Ahora resulta que la obra pública se va a hacer con el dinero que los trabajadores aportan para su pensión y su jubilación, por eso no hay dinero que alcance, por eso hoy están queriendo desviar la atención a discutir que el problema de la suficiencia financiera de ese fondo, son los beneficios de los trabajadores y no los más de 10 mil millones de pesos que le han sacado de forma corrupta, del dinero de los trabajadores para invertir en cosas que simple y sencillamente no tienen viabilidad financiera, ni retorno en el corto y mediano plazo, manejándose como si fuera una empresa privada, una caja popular, un banco que se dedica al préstamo y a la usura del dinero».
«En realidad es un fondo que debería de tener los mayores controles y mecanismos de vigilancia, porque ese dinero que no es público, es dinero de los trabajadores, es un dinero que exclusivamente aportan para garantizar un derecho social y ese derechos social el de la pensión y la jubilación después de haber trabajado toda una vida al servicio del estado, parecería estar en riesgo y ahora chantajean a los trabajadores y les dicen: la única manera de solucionar eso es haciendo una reforma modificando los beneficios y sacan del foco el tema central que es el por qué se generó un boquete ahí, un déficit», dijo Torres Espinoza.
EL DÉFICIT DEL IPEJAL
En el foro celebrado en las instalaciones de la Biblioteca Pública “Juan José Arreola” de la UdeG, el director de Canal 44, Gabriel Torres planteó que el Ipejal se ha convertido en un emblemático y trágico ejemplo de corrupción a través de la dilapidación de su fondo solidario y también de la impunidad, debido a la ineficiencia de las autoridades encargadas de procurar impartir justicia para resarcir el enorme daño patrimonial de que han sido objeto en los últimos tres sexenios, los trabajadores.
Y añadió: «Hoy día el Ipejal se ha convertido en el más paradigmático ejemplo de la irresponsabilidad gubernamental en los últimos 18 años, a pesar de registrase una alternancia político-partidaria entre el PAN, el PRI y MC. Sin embargo las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto, así como las inversiones fuera de la norma y la caótica administración de su fondo, persisten y estos no son calificativos sin sustento, ahí están todas las auditorías que registran compras de medicamentos a sobreprecio, medicamentos que no se surten pero que se reportan como salidas de las farmacias, inversiones millonarias en empresas a punto de la quiebra, funcionarios consignados y algunos ya purgando penas. Esto no lo estoy inventando, es la realidad de la que venimos hablando desde el 2009 y que finalmente hoy está haciendo explosión en Jalisco».
«Me permito citar dos datos que deben alertar a los burócratas del estado y a la sociedad jalisciense en general, y digo a la sociedad porque si estamos hablando de un derecho social de trabajadores que dieron ya lo mejor de su vida y que hoy, en el momento en el que tienen derecho a gozar de una pensión o una jubilación, porque se la han ganado y porque han cotizado para ella, resulta que sus fondos, los que ellos aportaron, ya no están porque alguien irresponsablemente los metió en un negocio que finalmente no resultó».
«Y como ya lo ha dicho el director de Pensiones del Estado, el fondo no da para más, el déficit actuarial reportado oficialmente al día de hoy asciende a 260 mil millones de pesos. Hace 10 años este déficit era de 50 mil millones de pesos, es decir en 10 años se incrementó el quebranto en un 500%. A manera de ejemplo, el déficit del Ipejal es hoy dos veces mayor a todo el presupuesto anual del Estado de Jalisco. El déficit actuarial es de tal magnitud que para 2029 podría desaparecer el Ipejal y con él todas las aportaciones pensiones y derechos de los afiliados, de ese tamaño es el problema que hoy finalmente reconocen ya las autoridades del estado» expuso.
“Habrá que recordar el primer negocio que se hizo con el dinero del Ipejal fue el del “Nuevo Cancún”, que decía Emilio que en seis años lo iba a terminar y que iba a ser un desarrollo turístico tan exitoso como el que existe en la Riviera Maya. Y vean en dónde está el Nuevo Cancún, en amparos, en litigios, en absolutamente nada y en ese tiempo le sacaron 600 millones de pesos en su traducción a dólares, que por supuesto no han recuperado y que no van a recuperar, yo pienso que por más que se aplicaran, ese desarrollo turístico no podrá comercializarse y generar un retorno a los trabajadores en los próximos 20 años, ese es el tipo de negocios que está haciendo el Comité de Inversiones que tiene hoy la discrecionalidad absoluta para disponer del dinero que los trabajadores aportan para su pensión», refirió Gabriel Torres.
«Por otro, lado la reserva técnica del Ipejal se encuentra en una evidente crisis por los malos manejos de sus últimos directivos, no porque los pensionados tengan muchos beneficios, que es cierto que hay pensiones doradas, pero eso es tan pequeño en términos del boquete financiero que tiene Ipejal, que no pinta. Aunque por supuesto yo creo que las pensiones deben de tener un límite, sobre todo si la propia Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, cómo es que te puedes pensionar con un salario de casi dos veces el sueldo del presidente de la República, eso a mí me parece que es obsceno y absolutamente irregular, pero que hoy la legislación actual del Ipejal lo permite».
«Y mientras que la reserva técnica del Ipejal registró un incremento anual del 10% en 2007, para el periodo comprendido entre el 2015 y 2021 el crecimiento anual se redujo apenas al 5.9%. Solo con este dato se demuestra la mala administrado de los fondos de los trabajadores. Todo ello es una fórmula explosiva que por supuesto colapsaría a cualquier institución pública y una reforma en principio impactaría en la expectativa de jubilación de casi 170 mil familias de jaliscienses, puesto que ello comprometería los derechos sociales y laborales de poco más de 125 mil trabajadores en activo y de 42 mil burócratas que ya están jubilados».
PARTICIPACIÓN DEL SEA
Para el académico Gabriel Torres Espinoza, la parte central de la discusión del sistema pensionario y jubilatorio del Ipejal, tiene que ver con las facultades de control que se quitaron en el 2009 al Congreso del Estado de Jalisco, sobre el portafolio de inversiones que en teoría y en ley, tienen objeto de robustecer y no de dilapidar su fondo solidario.
Ahora –expuso-, las inversiones están en manos de un Consejo Directivo y de un Comité de Inversiones, que además de que no rinde cuentas a nadie, acusa grupos de interés enquistados y redes de corrupción que no debe ser obviados en la discusión de esa reforma. Por ello, una reforma de gran calado al Ipejal, tendría que ver en principio con todo movimiento financiero, bursátil, mercantil o de cualquier otro tipo, respecto de las inversiones y reservas del Instituto y que estos movimientos sean aprobados por el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y si uno de los grandes problemas al interior del Ipejal es la corrupción –abundó-, lo que yo creo que tendrían que empezar a decirle a los trabajadores es cuáles son los mecanismos de control y de fiscalización que hoy sí vamos a poner, antes de empezar a hablar de empezar a reducir beneficios a los trabajadores, para asegurar que los que los trabajadores siga aportando, no se los sigan invirtiendo en proyectos fallidos y cómplices que no van para ningún lado. Hoy nos dicen desde la reduccionista y simplista óptica, que el problema es el creciente número de jubilados y que hay la necesidad de adherir a otros 50 mil servidores públicos más a Ipejal y eso dicen, es el motivo de la reforma; no todo el dinero que se ha perdido, no todo el daño que le han generado al patrimonio de los trabajadores, no hablan de los mecanismos de control, no hablan de cómo van a hacer rendir cuentas al Comité de Inversiones y al Comité Directivo, eso parece que no se discute en los foros.
Y finalizó diciendo: “Hacer algo, sería poner orden de inmediato, parar las inversiones corruptas, dejar de dilapidar el dinero de los trabajadores, dejar de robarse el dinero con medicamentos a sobre precio y con recetas no surtidas a los trabajadores del Ipejal. Yo creo que cuando se le den cuentas de esto a los trabajadores y a los jubilados del Ipejal, podría haber calidad moral y legitimidad para generar otro tipo de cambios en la legislación que rige las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Jalisco”.
JALISCO
Deja la lluvia caos, miedo y tragedias en La Martinica

–Por Mario Ávila
Las intensas lluvias que azotaron la tarde-noche de este martes 15 de julio, impactaron gravemente en la movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Los casos más graves se padecieron en las inmediaciones del extremo Sur de Zapopan, en particular en la zona de Tabachines y La Martinica.
Sin embargo, las consecuencias de la fuerte tormenta también se dejaron sentir en el canal de avenida Patria, por la zona del bosque de Los Colomos y en el túnel de Américas y Ávila Camacho.
JALISCO
Rechaza MC “tómbola” para elección en el Poder Judicial de Jalisco

-Por Francisco Junco
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado manifestó su rechazo a la posibilidad de aplicar un mecanismo de tómbola para la elección de jueces y magistrados en la reforma al Poder Judicial de Jalisco.
Mediante un comunicado de prensa, el coordinador parlamentario de dicha bancada, José Luis Tostado Bastidas, afirmó que los nombramientos deben recaer en perfiles con experiencia y capacidad, no en decisiones aleatorias.
“Con la firme propuesta de que al proceso de elección del Poder Judicial en Jalisco lleguen las personas más capacitadas y con experiencia, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado rechaza el mecanismo de tómbola”, señaló el legislador.
Aseguró que este punto representa una posición irrenunciable en las mesas de negociación que mantienen con otras fuerzas políticas para definir los términos de la reforma, que debe concretarse a más tardar en 2027, de acuerdo con lo establecido en la Reforma Constitucional.
Tostado Bastidas sostuvo que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a dejar al azar los nombramientos del Poder Judicial. “La posición no ha cambiado, no vamos a dejar a la suerte el nombramiento de quienes van a ser las o los jueces y magistrados”, reiteró.
El emecista recordó que en el Congreso del Estado se han presentado siete iniciativas sobre el tema, incluyendo la enviada por el Gobierno de Jalisco, construida con la participación de especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, y apuntó que todas las propuestas están siendo revisadas y analizadas con apertura.
“Se revisan, se analizan, se discuten las propuestas; eso es parte de dialogar; pero en ese sentido nosotros no vemos condiciones para renunciar a lo que nosotros creemos, es el mecanismo idóneo”, subrayó José Luis Tostado.
Resaltó, en su posicionamiento, que su bancada mantiene firme la postura de que el proceso debe centrarse en una evaluación rigurosa de capacidades y cualidades de los aspirantes, evitando criterios aleatorios.
Finalmente, Tostado Bastidas comparó la discusión en Jalisco con la elección federal del pasado 2 de junio, misma que consideró un ejercicio fallido, ya que los propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio.
“El ejercicio que vimos ha fracasado. Creo que la experiencia del primero de junio lo tenemos ahí, con los resultados de todos conocidos (…) El mecanismo como se planteó en la Reforma del Poder Judicial, incluso propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio, lo que conllevó el tema de los acordeones, ayudas o asistencias documentales para que se lleve a cabo el proceso”, puntualizó.
JALISCO
«Firme, gobernador» piden PT y colectivos para respaldar a las personas con discapacidad

-Por Francisco Junco
En Jalisco hay más de 380 mil personas con alguna discapacidad, las cuales no reciben la pensión universal del bienestar, por lo que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y diversos colectivos alzaron la voz, para exigirle al gobernador, Pablo Lemus Navarro, firme el convenio de colaboración con el Gobierno Federal para garantizar la pensión universal a las personas con discapacidad.
“Nosotros no vamos a dar paso para atrás desde el Grupo Parlamentario a las peticiones que hacemos, nosotros no vamos a negociar prebendas a cambio de que se le garanticen sus derechos al pueblo de Jalisco, y al día de hoy lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho de ustedes”, lanzó con voz firme Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
“Hace dos meses se hizo un exhorto y se aprobó por la mayoría de los diputados y al día de hoy, no ha habido ni siquiera contestación, pero están preocupados lo que va a significar la FIFA”, ironizó, en referencia a la atención desmedida que, según dijo, se da a la preparación del Mundial de Futbol antes que a los derechos sociales.
La exigencia no es nueva. Pero la indiferencia oficial, tampoco. El diputado, Sergio Martín Castellanos, lo dejó claro y se sumó a la exigencia de pedir que se firme el convenio con la federación.
“Si el gobernador dice tener buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí tiene una oportunidad de demostrarlo… es una obligación que debe cumplir. Y el porcentaje es mínimo”, apuntó.
Hoy, Jalisco es uno de los siete estados rezagados que no ha firmado el convenio con la federación. Y mientras el discurso se llena de “prioridades”, los derechos siguen esperando turno.
La activista Paula Andrade, del colectivo Equipo Fénix, habló por cientos de miles. Pero lo hizo con la dignidad de quien no se deja reducir a cifras ni discursos.
“Esta lucha no es de ayer ni de hoy, es de años… señor Pablo Lemus: por favor, firme este convenio, no somos personas que solo están para tomarse la foto. Somos personas con dignidad y derechos. ¿Por qué no colabora con el gobierno federal?», dijo en el patio central del Congreso, donde se realizó la rueda de prensa para manifestar la exigencia.
Antonio Ramírez, asesor del Grupo Parlamentario del PT, no dejó espacio para excusas y aseguró que sí se puede realizar esta firma, y comparó el estado de Jalisco con el Estado de México, con condiciones similares; allá, dijo, lo logró. “¿Cuánto se necesita? Mil 500 millones de pesos, que no representan ni el 1% del presupuesto total del estado”, explicó.
“¡Firme, gobernador!”, fue el eco de la conferencia de prensa, dijo el diputado Sergio Martín, porque esto va más allá de banderas, partidos o protagonismos; hay 380 mil vidas esperando no un discurso, sino un acto concreto de justicia.