JALISCO
Tres sexenios de fraudes, corrupción y saqueos al Ipejal: Gabriel Torres Espinoza en foro sobre la reforma al sistema de pensiones
Por Mario Ávila //
El Instituto de Pensiones del Estado, es en opinión del analista político Gabriel Torres Espinoza, el caso más emblemático de la corrupción en Jalisco en los tres últimos sexenios, lo mismo con gobiernos del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, lo que hace necesario, que antes de cualquier reforma a la ley, deba ser intervenido por el Sistema Estatal Anticorrupción, para que desde ahí se revisen y en su caso se autoricen, todos los movimientos financieros.
En el marco de la inauguración del foro sobre las eventuales reformas al sistema de pensiones del Ipejal, el director del Sistema de Radio y Televisión de la UdeG, Gabriel Torres Espinoza, afirmó que en su opinión los factores que han propiciado el quebranto financiero del Ipejal, son: 1.- La insultante corrupción en el manejo de las finanzas del dinero de los trabajadores; 2.- Las inversiones hechas sin la más mínima justificación en materia de viabilidad financiera, a pesar de supuestamente tener asesores financieros de alcurnia y 3.- La pésima administración del Instituto.
Torres Espinoza habló de los antecedentes, que cambiaron drásticamente la razón de ser del Ipejal y se remontó al año 2009 con las reformas legales realizadas en el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador panista, Emilio González y las consecuencias que tuvo al quitarle candados de control de las inversiones que antes correspondían al Poder Legislativo y pasaron a un simple Comité de Inversiones.
Los mecanismos de vigilancia –dijo-, que había para la administración de un fondo, que dicho sea de paso, garantiza un derecho social, es decir el Ipejal no es una caja popular, no es un banco, no es un fondo dedicado al agiotismo, no tiene como propósito invertir en la Bolsa de Valores o arriesgarse en inversiones, en síntesis, el Ipejal no es de los empresarios que se “arriesgan” en proyectos de inversión de cualquier tipo, Ipejal es un fondo que se integra con el dinero que aportan los trabajadores al servicio del Estado y tiene como único propósito el garantizar un derecho social, el derecho a la pensión y a la jubilación”.
«Y voy a empezar esta reflexión de atrás para adelante –abundó-, por qué para construir las Villas Panamericanas en el periodo de Emilio González Márquez, por qué no le financió ningún banco nacional o internacional, por qué tuvieron que sacar dinero del Instituto de Promoción de la Vivienda y dinero del fondo de los pensionados para la obra».
«Bueno, básicamente porque ningún organismo nacional o internacional legalmente constituido presta dinero para desarrollar proyectos ilegales, que no tienen licencia de construcción, que violaban todos los reglamentos, los planes parciales de desarrollo y porque además cualquiera que preste dinero se asegura de la viabilidad del retorno de la inversión. Y vean ustedes ahí está, todo abandonado, aunque ya “legalizaron” lo ilegal a través de una decisión corrupta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pero los trabajadores no han recuperado y están muy lejos de poder recuperarlo».
«Y digo que los trabajadores como si ellos hubieran invertido, aunque claro que no, pero la reforma del 2009 es el inicio de una serie de abusos de los que hoy se habla nada más de los que ocurrieron en el anterior sexenio, que es cierto que ocurrieron, pero esto empezó en el 2009 y continúa, porque me parece increíble que lleguemos a la desvergüenza que le saquen dinero del dinero de los trabajadores para realizar obra pública, es decir para hacer la Ciudad Laboral, cuando esa es una responsabilidad del gobierno», precisó.
«Ahora resulta que la obra pública se va a hacer con el dinero que los trabajadores aportan para su pensión y su jubilación, por eso no hay dinero que alcance, por eso hoy están queriendo desviar la atención a discutir que el problema de la suficiencia financiera de ese fondo, son los beneficios de los trabajadores y no los más de 10 mil millones de pesos que le han sacado de forma corrupta, del dinero de los trabajadores para invertir en cosas que simple y sencillamente no tienen viabilidad financiera, ni retorno en el corto y mediano plazo, manejándose como si fuera una empresa privada, una caja popular, un banco que se dedica al préstamo y a la usura del dinero».
«En realidad es un fondo que debería de tener los mayores controles y mecanismos de vigilancia, porque ese dinero que no es público, es dinero de los trabajadores, es un dinero que exclusivamente aportan para garantizar un derecho social y ese derechos social el de la pensión y la jubilación después de haber trabajado toda una vida al servicio del estado, parecería estar en riesgo y ahora chantajean a los trabajadores y les dicen: la única manera de solucionar eso es haciendo una reforma modificando los beneficios y sacan del foco el tema central que es el por qué se generó un boquete ahí, un déficit», dijo Torres Espinoza.
EL DÉFICIT DEL IPEJAL
En el foro celebrado en las instalaciones de la Biblioteca Pública “Juan José Arreola” de la UdeG, el director de Canal 44, Gabriel Torres planteó que el Ipejal se ha convertido en un emblemático y trágico ejemplo de corrupción a través de la dilapidación de su fondo solidario y también de la impunidad, debido a la ineficiencia de las autoridades encargadas de procurar impartir justicia para resarcir el enorme daño patrimonial de que han sido objeto en los últimos tres sexenios, los trabajadores.
Y añadió: «Hoy día el Ipejal se ha convertido en el más paradigmático ejemplo de la irresponsabilidad gubernamental en los últimos 18 años, a pesar de registrase una alternancia político-partidaria entre el PAN, el PRI y MC. Sin embargo las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto, así como las inversiones fuera de la norma y la caótica administración de su fondo, persisten y estos no son calificativos sin sustento, ahí están todas las auditorías que registran compras de medicamentos a sobreprecio, medicamentos que no se surten pero que se reportan como salidas de las farmacias, inversiones millonarias en empresas a punto de la quiebra, funcionarios consignados y algunos ya purgando penas. Esto no lo estoy inventando, es la realidad de la que venimos hablando desde el 2009 y que finalmente hoy está haciendo explosión en Jalisco».
«Me permito citar dos datos que deben alertar a los burócratas del estado y a la sociedad jalisciense en general, y digo a la sociedad porque si estamos hablando de un derecho social de trabajadores que dieron ya lo mejor de su vida y que hoy, en el momento en el que tienen derecho a gozar de una pensión o una jubilación, porque se la han ganado y porque han cotizado para ella, resulta que sus fondos, los que ellos aportaron, ya no están porque alguien irresponsablemente los metió en un negocio que finalmente no resultó».
«Y como ya lo ha dicho el director de Pensiones del Estado, el fondo no da para más, el déficit actuarial reportado oficialmente al día de hoy asciende a 260 mil millones de pesos. Hace 10 años este déficit era de 50 mil millones de pesos, es decir en 10 años se incrementó el quebranto en un 500%. A manera de ejemplo, el déficit del Ipejal es hoy dos veces mayor a todo el presupuesto anual del Estado de Jalisco. El déficit actuarial es de tal magnitud que para 2029 podría desaparecer el Ipejal y con él todas las aportaciones pensiones y derechos de los afiliados, de ese tamaño es el problema que hoy finalmente reconocen ya las autoridades del estado» expuso.
“Habrá que recordar el primer negocio que se hizo con el dinero del Ipejal fue el del “Nuevo Cancún”, que decía Emilio que en seis años lo iba a terminar y que iba a ser un desarrollo turístico tan exitoso como el que existe en la Riviera Maya. Y vean en dónde está el Nuevo Cancún, en amparos, en litigios, en absolutamente nada y en ese tiempo le sacaron 600 millones de pesos en su traducción a dólares, que por supuesto no han recuperado y que no van a recuperar, yo pienso que por más que se aplicaran, ese desarrollo turístico no podrá comercializarse y generar un retorno a los trabajadores en los próximos 20 años, ese es el tipo de negocios que está haciendo el Comité de Inversiones que tiene hoy la discrecionalidad absoluta para disponer del dinero que los trabajadores aportan para su pensión», refirió Gabriel Torres.
«Por otro, lado la reserva técnica del Ipejal se encuentra en una evidente crisis por los malos manejos de sus últimos directivos, no porque los pensionados tengan muchos beneficios, que es cierto que hay pensiones doradas, pero eso es tan pequeño en términos del boquete financiero que tiene Ipejal, que no pinta. Aunque por supuesto yo creo que las pensiones deben de tener un límite, sobre todo si la propia Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, cómo es que te puedes pensionar con un salario de casi dos veces el sueldo del presidente de la República, eso a mí me parece que es obsceno y absolutamente irregular, pero que hoy la legislación actual del Ipejal lo permite».
«Y mientras que la reserva técnica del Ipejal registró un incremento anual del 10% en 2007, para el periodo comprendido entre el 2015 y 2021 el crecimiento anual se redujo apenas al 5.9%. Solo con este dato se demuestra la mala administrado de los fondos de los trabajadores. Todo ello es una fórmula explosiva que por supuesto colapsaría a cualquier institución pública y una reforma en principio impactaría en la expectativa de jubilación de casi 170 mil familias de jaliscienses, puesto que ello comprometería los derechos sociales y laborales de poco más de 125 mil trabajadores en activo y de 42 mil burócratas que ya están jubilados».
PARTICIPACIÓN DEL SEA
Para el académico Gabriel Torres Espinoza, la parte central de la discusión del sistema pensionario y jubilatorio del Ipejal, tiene que ver con las facultades de control que se quitaron en el 2009 al Congreso del Estado de Jalisco, sobre el portafolio de inversiones que en teoría y en ley, tienen objeto de robustecer y no de dilapidar su fondo solidario.
Ahora –expuso-, las inversiones están en manos de un Consejo Directivo y de un Comité de Inversiones, que además de que no rinde cuentas a nadie, acusa grupos de interés enquistados y redes de corrupción que no debe ser obviados en la discusión de esa reforma. Por ello, una reforma de gran calado al Ipejal, tendría que ver en principio con todo movimiento financiero, bursátil, mercantil o de cualquier otro tipo, respecto de las inversiones y reservas del Instituto y que estos movimientos sean aprobados por el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción.
Y si uno de los grandes problemas al interior del Ipejal es la corrupción –abundó-, lo que yo creo que tendrían que empezar a decirle a los trabajadores es cuáles son los mecanismos de control y de fiscalización que hoy sí vamos a poner, antes de empezar a hablar de empezar a reducir beneficios a los trabajadores, para asegurar que los que los trabajadores siga aportando, no se los sigan invirtiendo en proyectos fallidos y cómplices que no van para ningún lado. Hoy nos dicen desde la reduccionista y simplista óptica, que el problema es el creciente número de jubilados y que hay la necesidad de adherir a otros 50 mil servidores públicos más a Ipejal y eso dicen, es el motivo de la reforma; no todo el dinero que se ha perdido, no todo el daño que le han generado al patrimonio de los trabajadores, no hablan de los mecanismos de control, no hablan de cómo van a hacer rendir cuentas al Comité de Inversiones y al Comité Directivo, eso parece que no se discute en los foros.
Y finalizó diciendo: “Hacer algo, sería poner orden de inmediato, parar las inversiones corruptas, dejar de dilapidar el dinero de los trabajadores, dejar de robarse el dinero con medicamentos a sobre precio y con recetas no surtidas a los trabajadores del Ipejal. Yo creo que cuando se le den cuentas de esto a los trabajadores y a los jubilados del Ipejal, podría haber calidad moral y legitimidad para generar otro tipo de cambios en la legislación que rige las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Jalisco”.
-A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la Argentina de los años 70 y 80, las Madres de Plaza de Mayo desafiaron el silencio de la dictadura, marchando con pañuelos blancos y fotos de sus hijos desaparecidos, exigiendo verdad y justicia en un país roto por el miedo.
En 2025, Jalisco vive un eco de esa lucha: más de 15,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, han dejado un vacío que atraviesa los hogares de Guadalajara, Zapopan y los rincones más remotos de Los Altos.
Como aquellas madres argentinas, las buscadoras de Jalisco caminan con retratos en el pecho, enfrentando burocracia, estigma y dolor, exigiendo que sus seres queridos regresen, vivos o al menos con un nombre.
Esta tragedia, lejos de ser solo una cifra, es un grito que resuena en un estado orgulloso de su historia y cultura, pero incapaz de sanar a sus familias, y que a su vez nos enfrenta con una verdad dolorosa: la búsqueda de los desaparecidos no es solo una tarea institucional, sino un reflejo de nuestra humanidad.
Jalisco enfrenta una crisis que desgarra el alma de sus comunidades; en materia de desaparecidos es el estado más golpeado de México. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco concentran la mayoría de los casos, pero lugares como Lagos de Moreno también sufren esta realidad.
La impunidad, con un 94% de casos sin resolver, según Data Cívica, agrava el dolor de las familias. Colectivos como Por Amor a Ellxs denuncian la lentitud de las fiscalías, la escasez de recursos para las búsquedas y el estigma que culpa a las víctimas, acusándolas de estar “en algo turbio”. En 2024, las fosas clandestinas halladas en El Salto y Tonalá, con más de 30 cuerpos, revelaron la magnitud de la tragedia.
La sociedad jalisciense, atrapada entre el miedo y la resignación, muestra signos de despertar: marchas y hashtags como #NiUnoMás reflejan un clamor creciente, aunque fragmentado. Esta crisis no es solo un problema de búsqueda; es un drama humano que exige una respuesta socialmente integral, desde encontrar a los ausentes hasta sanar a quienes los buscan.
El impacto de las desapariciones trasciende las cifras. Cada persona ausente deja una herida abierta en su familia y su comunidad, un recordatorio de la fragilidad de la vida en Jalisco. Las madres buscadoras, como las de Luz de Esperanza, recorren cerros y lotes baldíos con picos y palas, cargando no solo el peso de la incertidumbre, sino la indiferencia institucional y el juicio social.
Casos como el de los tres jóvenes desaparecidos en Santa Anita en 2023 han marcado barrios enteros, donde el silencio se impone por temor a ser señalados. Según el INEGI, el 71% de los jaliscienses se siente inseguro, y la percepción de abandono institucional profundiza esta fractura.
En colonias como Oblatos, hablar de desaparecidos es tabú; en zonas como Providencia, la clase media parece desconectada de esta realidad. Las familias enfrentan no solo la pérdida, sino la falta de apoyo psicológico para sobrellevar el trauma. Sin embargo, las redes sociales están rompiendo el silencio, con videos y publicaciones que dan voz al dolor colectivo. Esta tragedia nos pregunta cómo hemos permitido que la ausencia se normalice, dejando a las familias solas en su duelo.
Las causas de esta crisis son profundamente estructurales. La burocracia en las instituciones, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la escasez de recursos son obstáculos insalvables para muchas familias. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, creada en 2018, enfrenta críticas por su lentitud y falta de personal capacitado. Según México Evalúa (2024), Jalisco destina solo el 0.8% de su presupuesto a la búsqueda de desaparecidos, una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema.
La estigmatización social agrava la situación: las víctimas son frecuentemente juzgadas, lo que desincentiva las denuncias y aísla aún más a las familias. La ausencia de tecnología forense y una base de datos efectiva, como en el caso de las fosas no identificadas, perpetúa la incertidumbre.
A esto se suma una sociedad abrumada, donde la indiferencia se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Sin un enfoque integral que priorice no solo la búsqueda, sino el acompañamiento emocional y social de las familias, Jalisco seguirá atrapado en un ciclo de dolor y olvido.
La solución a esta tragedia exige una respuesta socialmente integral, donde el gobierno asuma su responsabilidad no solo en encontrar a los desaparecidos, sino en sanar a las familias y comunidades afectadas. Jalisco necesita fortalecer la Fiscalía Especializada con más recursos y personal capacitado, implementar tecnología forense avanzada y crear un sistema de alerta inmediata para casos recientes.
Pero más allá de la logística, urge un programa estatal de acompañamiento psicológico, con terapeutas especializados que apoyen a las familias en su duelo prolongado. Los colectivos, como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, deben ser aliados en la toma de decisiones, aportando su experiencia para diseñar políticas públicas efectivas. Una campaña estatal de sensibilización podría combatir el estigma, fomentar la denuncia y reconectar a la sociedad con esta causa.
El modelo de Coahuila, donde la colaboración con colectivos ha mejorado la identificación de restos, muestra un camino posible. La ciudadanía también tiene un rol: organizarse, participar en marchas, apoyar a los colectivos y exigir un gobierno que priorice la vida y la dignidad. Si Jalisco quiere sanar, nuestras autoridades tienen el reto de transformar el dolor en acción, devolviendo rostros a los nombres y esperanza a los corazones.
Jalisco no puede seguir siendo un estado donde los desaparecidos son solo estadísticas. Cada ausencia es una deuda con nuestra humanidad, un recordatorio de que hemos fallado como sociedad. Las Madres Buscadoras, como las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, nos enseñan que la esperanza persiste, pero necesitan nuestro apoyo. Es hora de que Jalisco escuche, actúe y devuelva la dignidad a quienes buscan, no solo con búsquedas, sino con un abrazo colectivo que sane. Porque mientras un solo rostro falte, todos estamos incompletos.
-Por Mario Ávila
Por la realización del trabajo periodístico “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos”, Miriam Ramirez, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), recibió el galardón Gabo 2025, en el marco del Festival en honor del escritor Gabriel García Márquez, en Bogotá, Colombia.
Se trata de un trabajo realizado entre la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de El Universal, donde ella labora, en colaboración con The Washington Post y Lighthouse Reports.
El trabajo ganador aborda, a través de un análisis forense, datos oficiales y testimonios sobre la migración en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos; revela cómo la militarización agrava los riesgos y criminaliza la movilidad humana.
Analiza también las políticas migratorias restrictivas que provocan hechos como el que entre 2017 y 2023, mil 107 personas murieron ahogadas al querer cruzar al lado estadounidense.
La integrante del consejo rector del Premio Gabo, Luz Mely Reyes, entregó el galardón a Miriam Ramírez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien pronunció un mensaje en la recepción junto al equipo mexicano del diario El Universal.
“Queremos dedicar este premio a las personas migrantes que han perdido la vida cruzando el Río Bravo: a quienes murieron sin nombre, sin despedida y sin justicia. Este trabajo nació de la urgencia de no dejarlos en el olvido, de no permitir que sus muertes sean una cifra más en una política de contención de una frontera cada vez más militarizada y militarizante”, dijo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.
-Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
En los tiempos actuales y sobre todo en las grandes ciudades, es sustancial el servicio de coches de alquiler. Estos son denominados por lo general como “taxis” y su sinónimo es “carro o coche de sitio”.
El uso común de llamarlos “taxis” es porque originalmente su nombre es el de “taxímetro”, palabra compuesta de las palabras griegas «taxis» (orden o tarifa) y «metron» (medida), es decir, ese es el aparato que mide o debería medir el precio del servicio de transporte prestado por el coche que maneja el taxista, también conocido como conductor de taxis, es decir, el chofer del vehículo de alquiler.
El vocablo «taxímetro» ya casi no se usa, solo la apócope taxi y en algunos lugares, el término “libre”. Aquel aparato es un dispositivo que calcula la tarifa de un viaje basándose en la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y si es nocturno o diurno. Por lo tanto, la palabra «taxi» se refiere al vehículo que utiliza ese dispositivo para determinar el costo del servicio.
La vida moderna exigió que las prestaciones de transporte particular se multiplicaran, y así surgieron las plataformas estilo Uber o DiDi. En estas, quien requiere ser trasladado a determinado lugar, llama a la central telefónica de la compañía que prefiere y luego se le informa el precio del traslado pedido, el nombre del conductor y los datos del auto que prestará el servicio.
El pago puede realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito. Ordinariamente, estos automóviles son de modelo reciente, con aire acondicionado y un conductor presentable en lo físico y su indumentaria. En los “libres” eso no suele ser igual, dejando bastante que desear.
Los centros de transporte son puntos donde es prioritario obtener el servicio de transporte particular, o en su caso el de tipo colectivo para las personas que no pueden o no quieren pagar más allá de lo que el transporte público cobra oficialmente. Uno de esos parajes son los aeropuertos.
En nuestro país, todo aeródromo cuenta con carros de sitio y, por lo general, no pueden prestar ese servicio las plataformas o taxis que se ubican en las ciudades. En pocas palabras, los que manejan la concesión del servicio aeroportuario de taxis gozan de un monopolio. Y esta clase de estructuras se caracteriza porque explotan un servicio o producto específico y es controlada por una sola empresa u organización.
El artículo 28 de nuestra máxima ley, precisa en su párrafo inicial: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…” y luego agrega en un parte del segundo párrafo, que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento… de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”. Más claro ni el agua.
Ahora pasemos a reseñar que el servicio desde el aeropuerto (en el caso nuestro, el de Guadalajara) está en manos de una empresa particular. Este organismo con la complacencia de autoridades de toda índole, impiden que una persona pueda solicitar un servicio de transporte particular, a una plataforma de taxis o a los mismos taxistas que operan en algún municipio de Jalisco. Pero de igual manera funciona este servicio en las terminales aéreas del país.
Estos consorcios controladores del transporte del aeropuerto no cumplen con los principios, no tan solo constitucionales que ya anotamos, sino con los que plantean los especializados en el ramo, para mejorar su prestación, pues al no tener competidores, poco les importa mejorar su actividad.
En cuanto al precio que se les debe pagar, no es libre (por lo tanto, lo del taxímetro es una ficción), ya que imponen severas tarifas que forzosamente debe cubrir todo derechohabiente. Luego viene lo peor: no existe la capacidad para brindar un pronto transporte cuyo coste ya fue pagado con anticipación.
Cuando se arriba a la terminal aérea tapatía, si no se tiene un pariente o amigo que acuda para llevarnos a nuestro destino, en vistas del pésimo servicio público que existe, hay que recurrir a los taxis “oficiales” del aeropuerto, y allí a veces nos indican: el tiempo de espera puede ser de una hora.
Durante el aguante correspondiente, consultados algunos viajeros, testimonian que a ellos les ha tocado esperar hasta más de dos horas, por lo que, si abordamos el respectivo coche en una hora o menos, ya es un ventajoso logro.
Consecuencia de lo anterior son los comentarios constantes: ¿por qué el gobierno federal permite que se perjudique a las personas de esa manera? Sobre todo, considerando que es totalmente anticonstitucional lo que hacen los operadores de ese servicio de transporte.
Preguntado alguno de los choferes de tales unidades sobre si los dueños de las unidades en que trabajan son políticos, contestan temerosos “que quizás sí”.
Tal como se estila en toda la república, no sería nada raro que picudos personajes que medran agraviando a la ley y al público estén metidos en este asunto, y claro está, con la condescendencia del gobierno.
La cuestión es que el espacio de los aeródromos es de competencia federal, y por lo tanto esta autoridad protege, contra el interés del pueblo, a los empresarios de los taxis aeroportuarios. Y las multas para el conductor que se atreva a desafiar tal medida son colosales, pues llegan hasta los 54 mil pesos. Por su parte, la Guardia Nacional, muy quisquillosa, está con los ojos abiertos para no permitir que se preste el servicio dentro del área que les corresponde vigilar.
En una reciente protesta frente a la Secretaría de Gobernación, en la capital de la nación, una persona allí presente manifestó: “Pedimos y exigimos que los usuarios tengan la libertad de elegir si toman un viaje por aplicación o un taxi; monopolizan todo”. (El Universal, 19/09/2024). Lo que fundamentalmente se exige es que haya piso parejo para todo taxista, y ello irá en beneficio de la población.
Ojalá que la máxima autoridad de la federación tome cartas en el asunto y acabe con este monopolio de los taxis aeroportuarios, con lo cual salvaguardará la Constitución que los prohíbe, protegiendo -como es su obligación- a los mexicanos y visitantes, que son millones en las terminales aéreas nacionales.
Jalisco sin rostro: La herida abierta de los desaparecidos
Gana Miriam Ramírez, egresada del CUCiénega, el premio Gabo 2025
Monopolio del volante: El calvario de los taxis aeroportuarios
Las clases medias globales, entre la estabilidad y el abismo
