– Opinión, por Amaury Sánchez G.

La visita de Luisa María Alcalde a Guadalajara no fue un acto rutinario de partido. Fue, más bien, una demostración de músculo político en territorio donde Morena aún tiene que disputar cada esquina con los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y el escenario no fue casual: la colonia Cuauhtémoc, ubicada en el distrito 11, bastión que representa la diputada Mery Pozos, una de las voces más firmes y cercanas al trabajo de base en Jalisco.

Ahí, en el corazón popular de la ciudad, la presidenta nacional de Morena encabezó la entrega de credenciales y presumió cifras: 260 mil afiliados y 3,905 comités distritales en formación. Los números son importantes, sí, pero lo decisivo fue la narrativa: Morena no solo crece en afiliaciones, sino en la capacidad de organizarse barrio por barrio, manzana por manzana. Y esa tarea no es posible sin liderazgos locales como el de Pozos, quien ha sido clave para traducir el discurso nacional de la Cuarta Transformación en trabajo cotidiano con vecinos y comunidades.

Alcalde lo dijo con claridad: “Jalisco será clave para consolidar la Cuarta Transformación; los comités seccionales serán el primer frente de batalla”. Sin embargo, la frase habría sonado hueca sin la presencia de Mery Pozos, quien reafirmó algo más valioso: que Morena ya no se explica solo desde la dirigencia nacional, sino desde diputadas y liderazgos que conocen el pulso real de sus distritos.

El discurso de Alcalde también tuvo filo. Señaló al gobierno de Movimiento Ciudadano por encarecer servicios como el agua, un golpe directo al bolsillo ciudadano que se siente con más crudeza en colonias como Cuauhtémoc. Y, como era de esperarse, defendió a José Ramón López Beltrán de las acusaciones de la oposición, descalificándolas como parte de la guerra sucia que no cesa.

La coincidencia con la visita de Marcelo Ebrard a Lagos de Moreno añadió contraste al tablero político: mientras Alcalde fortalecía estructuras y territorio, Marcelo buscaba reflectores. Dos estilos, un mismo partido, y la inevitable pregunta de hacia dónde confluirán esas rutas rumbo a 2027.

Finalmente, Morena Jalisco aprovechó el momento para cuestionar las reglas de paridad de género impuestas por el IEPC, acusándolas de manipulación política. En un estado donde la paridad debería ser motor de inclusión, el debate se convirtió en trinchera.

En conclusión: la visita de Luisa María Alcalde dejó un mensaje claro, pero el eco más fuerte se escuchó en el distrito 11, donde la diputada Mery Pozos demostró que la Cuarta Transformación en Jalisco no se construye en oficinas nacionales, sino en el diálogo cercano con colonias como la Cuauhtémoc. Morena podrá presumir números, pero lo que hará la diferencia son liderazgos locales con raíces firmes.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Es una decisión ya tomada; la reforma electoral va, con todo el poder del gobierno, impulsándola a través de una comisión integrada por funcionarios públicos en su totalidad.

No es extraño que venga una revisión de las reglas y normas electorales después de procesos importantes como la elección presidencial y la del Poder Judicial, lo que llama la atención es que la iniciativa provenga de quien ganó, de quien utilizó y abusó del sistema electoral para llegar al poder y construir una artificial mayoría que hoy quieren hacer valer como legítima.

Por regla general, es la oposición la que busca generar condiciones más favorables en la competencia electoral para mejorar su posición en el tablero político, pero ahora, sorprendentemente, es el gobierno con sus estructuras quien la promueve, aduciendo que quiere hacer más justas y menos onerosas tanto las elecciones como la participación de los partidos, cuando a todas luces busca más ventajas para perpetuarse en el poder.

La iniciativa presidencial nace con la semilla de la sospecha y, si acatamos el dicho popular, piensa mal y acertarás; parece que la oposición y conocedores van por buen camino, si nos atenemos a los dichos y declaraciones del nombrado presidente de la comisión, Pablo Gómez, que a voz en cuello ha proclamado que harán valer su mayoría.

Esa aseveración suena a una abierta amenaza a las minorías y en la actitud de Gómez se percibe un tufo dogmático que suena más a consolidación de una hegemonía que a la configuración de un sistema democrático que permita la competencia equitativa y justa entre todos los participantes de las lides democráticas.

Oficialmente, la comisión ha señalado que la consulta tiene por objeto abordar 14 temas, como el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación incluyendo urnas electrónicas, la representación proporcional, la difusión de ideas y propaganda gubernamental, la revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.

El sospechosísimo, que es solo especulativo, pues aún no hay nada escrito ni formalizado, nos lleva a pensar que, en el primero de estos temas, el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, tratarán de hacer legales los carruseles de depósitos y retiros que tan bien operó el que fuera secretario particular de AMLO, al igual que los sobres amarillos, los descuentos laborales para la causa y las donaciones anónimas.

En el sistema de votación tendrán que hacer milagros para que votar sea un ejercicio accesible para millones de mexicanos pues la tendencia a hacer coincidentes elecciones federales con locales y encima la elección judicial llevándose a cabo en la misma fecha, hará de los centros de votación núcleos de confusión.

En el tema de la difusión de ideas y propaganda gubernamental y de partidos tal vez pretendan que en la plataforma informativa de presidencia sea legal incluir propaganda a favor del partido gobernante y que la presidente pueda denostar, descalificar, condenar a opositores y revelar cuentas y datos personales como lo hizo impunemente AMLO cada que pudo y quiso.

Un capítulo importante será el de los organismos electorales, en el que se ha dicho que pretenden que los consejeros del INE, a los cuales les cambiarían el nombre, sean elegidos por votación popular, es decir, por la mayoría que harán valer (Pablo Gómez dixit), terminando de cooptar al organismo antes independiente. Los tribunales electorales, sus magistrados, ya son por elección con lo cual la justicia electoral ahora estará en manos de la nueva mayoría.

Otra joya no menos reluciente, o más todavía, será la representación de las minorías que ahora, según ha trascendido, no serán electas por listas propuestas por los partidos, sino que las posiciones, sean 300 o menos como pretenden, se adjudiquen a la primera minoría resultante de cada elección.

Esto quiere decir que donde ganen por mayoría no tendrán problema, pero donde pierdan serán la primera opción para representación proporcional y así, entre ganadores y perdedores, ganar una sobrerrepresentación sin tener que recurrir a dictámenes amañados o malabares de leguleyo para obtener mayorías dominantes en el poder legislativo.

En fin, a la fecha todo es especulación, pero se le miran los dientes al lobo tras la piel de oveja de una reforma anunciada con buenas intenciones, pero repleta de manzanas envenenadas. La última palabra la tendrá el Congreso, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sabemos que a nuestros ilustres diputados les gusta el trámite rápido y no se distinguen por su capacidad de análisis o de lectura, de comprensión.

La reforma va y solo esperamos que dejen el voto libre y la participación ciudadana en el conteo como remota garantía de que el voto será respetado, y que tengan cuidado con sus criterios de austeridad, porque la futura elección puede convertirse en el más pavoroso desorden que se haya conocido.

– Opinión, por Iván Arrazola

El informe sobre pobreza multidimensional elaborado por el INEGI ha generado un intenso debate en la opinión pública. Este tipo de pobreza no se mide únicamente por el nivel de ingresos, sino que considera múltiples carencias que afectan la calidad de vida de las personas, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.

Desde esta perspectiva integral, que permite dimensionar la pobreza más allá de lo económico, los resultados muestran que alrededor de 13 millones de mexicanos dejaron atrás esta condición en los últimos seis años, una cifra que merece análisis detenido.

Este resultado se atribuye al aumento sostenido del salario mínimo, a las remesas y al fortalecimiento de programas sociales. Sin embargo, hay un factor menos mencionado y no menos decisivo: la dimensión política. Desde que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder, se tomaron decisiones estratégicas que modificaron el diseño y la operación de las políticas sociales en México.

Una de las más relevantes fue la incorporación de los programas sociales a la Constitución, lo que los blindó frente a posibles cambios de gobierno y aseguró su permanencia como derecho exigible. Este movimiento no solo implicó una apuesta de largo alcance, sino que también obligó a las fuerzas políticas opositoras a respaldar la reforma, otorgándole un consenso inusual en la historia reciente del país.

El impacto político de esta decisión se tradujo en programas de alto alcance y visibilidad, como Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender un oficio, o la duplicación de la pensión universal para adultos mayores, que se convirtió en el programa estrella del sexenio.

La masificación de estos apoyos, junto con el discurso que los acompañó, generó una narrativa de justicia social que caló en sectores históricamente desfavorecidos. No obstante, este despliegue requirió recortes significativos bajo el principio de austeridad republicana, el rediseño institucional que llevó a la desaparición de organismos y nuevas disposiciones como la limitación de los salarios de funcionarios públicos.

La política también explica por qué, a pesar de los avances estadísticos, persisten rezagos estructurales. El informe del INEGI revela que, aunque se redujo la pobreza extrema a siete millones de personas, el 48.2 % de la población sigue sin acceso a seguridad social, el 34.25 % carece de servicios de salud y el rezago educativo alcanza al 18.6 %.

Estos datos muestran que las transferencias directas son una herramienta eficaz para aliviar carencias inmediatas, pero no sustituyen la necesidad de fortalecer servicios públicos de calidad.

El factor político también se refleja en la facilidad con la que el gobierno ha operado cambios profundos sin enfrentar un costo elevado. Con mayorías legislativas que permitieron aprobar presupuestos y reformas sin necesidad de negociar con la oposición, el Ejecutivo logró avanzar en su proyecto prácticamente sin contrapesos. Esta ausencia de rendición de cuentas ha significado que incluso decisiones cuestionadas, como el cierre de estancias infantiles o los recortes a instituciones, no hayan representado un desgaste significativo para el oficialismo.

El caso de la educación resulta ilustrativo: mientras el rezago educativo a nivel nacional alcanza al 18 % de los niños en edad escolar, en comunidades indígenas la cifra es más dramática, con cuatro de cada diez menores fuera de la escuela. Pese a ello, la narrativa oficial ha centrado la atención en el número de personas que superaron la pobreza multidimensional, construyendo un relato que coloca al gobierno como el artífice de una hazaña histórica.

Sin embargo, este logro tiene matices. El informe advierte que los programas sociales no llegan con la misma intensidad a todas las regiones del país y que los estados del sur siguen registrando índices de pobreza superiores al 50 %. Ello sugiere que, si bien los apoyos generan un alivio inmediato, no siempre atacan de raíz las desigualdades estructurales ni garantizan la igualdad de oportunidades en el largo plazo.

La reducción de la pobreza multidimensional, celebrada como una de las mayores victorias del régimen, debe entenderse entonces como el resultado no solo de factores económicos y sociales, sino también, y de manera decisiva, de factores políticos.

No obstante, este avance también evidencia los riesgos de un modelo basado en transferencias económicas directas, sin un fortalecimiento paralelo de los servicios públicos y sin contrapesos institucionales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional muestran un logro significativo, pero también plantean preguntas de fondo: ¿es sostenible este modelo de política social en el tiempo?, ¿podrá el país reducir la pobreza sin comprometer la calidad institucional y los derechos ciudadanos? La respuesta dependerá de si México logra equilibrar la eficacia política de las transferencias con la construcción de un sistema robusto de servicios y garantías sociales que trasciendan coyunturas y administraciones.