ENTREVISTAS
Robo de datos personales en Jalisco: Contralor ciudadano independiente presenta denuncias penales contra quien resulte responsable
Por Diego Morales Heredia //
El contexto es alarmante, a todas las personas en Jalisco que cuenten con un vehículo les robaron sus datos personales, pero además del padrón vehicular, también la información catastral de diversos municipios de la Zona Metropolitana está a la deriva y posiblemente en manos de la delincuencia organizada, es la grave denuncia que hace Jorge Carlos Ruiz Romero, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.
La investigación comenzó después de que unos servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado les hicieron llegar la información de que los datos se estaban filtrando en el mercado negro, el cual corroboraron con sus datos personales. Desde entonces, se han dado a la tarea de presentar las respectivas denuncias ante las instancias correspondientes.
“Llegaron a la contraloría ciudadanía independiente quienes se hicieron llamar servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, nos presentaron información que les preocupaba mucho porque se estaba filtrando esta información. Nos dieron un link para tener acceso a todos los vehículos con placas de Jalisco”.
“Hacemos la prueba con los vehículos propios y efectivamente tenemos toda la información, pones la placa y te da nombre, domicilio, teléfono y datos personales, datos del mismo vehículo. Al darnos cuenta que esta aplicación viola la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, nos dimos a la tarea de presentar la denuncia ante diversas instancias, además de una queja que ya nos rechazaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
Ruiz Romero lamenta que la información de los jaliscienses esté expuesta y denuncia que no fue hackeo, sino una filtración de empresas particulares que han venido trabajando con los gobiernos emecistas en el estado y en municipios como Guadalajara.
“Presentamos las denuncias ante la Fiscalía del Estado, vía internet a la Contraloría del Estado, que ya fue recibida, ya tenemos notificaciones que están enterados diversos sujetos obligados como la Secretaría de Hacienda Pública. Iniciando una investigación con más personas que tenemos en el gobierno de Jalisco y en el municipio de Guadalajara, esta aplicación tenía el escudo del gobierno de Guadalajara, nos informan que esta empresa está dada de alta en el gobierno del estado desde 2020, pero que también es proveedora en la misma página de cuatro municipios en la Zona Metropolitana”.
Agregó: “La preocupación mayor es que derivado de las denuncias y la aparición de la información en medios de comunicación, llegan más personas a darnos información, que no es la única base de datos que se robaron. Estaba conectada a la Secretaría de la Hacienda Pública, porque carros nuevos estaban en el registro, siguen teniendo ese acceso. Nosotros no somos Ministerio Público, pero en realidad nos previenen que estas aplicaciones también ya cuentan con la base de datos catastral de estos municipios, totalmente un problema muy grave para la seguridad de todos los jaliscienses, no únicamente tendrían acceso a quiénes tienen un vehículo, sino quiénes tienen casas y terrenos en estos municipios”.
PRESENTARON LAS DENUNCIAS
Otro de los puntos que Jorge Carlos Ruiz Romero resalta es que durante este proceso el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, no se ha manifestado al respecto y debería poner su renuncia sobre la mesa para que las investigaciones sigan su cauce sin conflictos de intereses, en donde ya presentaron denuncias administrativas y penales en contra de quienes resulten responsables de esta situación que deja en indefensión a los jaliscienses.
“Se presentaron las denuncias administrativas y penales en contra del titular del ejecutivo que es el gobernador del estado, en contra del titular del ayuntamiento de Guadalajara, Pablo Lemus, y quienes resulten responsables con la empresa que se ostentaba como distribuidora de la información denominada Perspective Global de México. Nosotros queremos que el gobernador de la cara, es más importante la pelea del Canelo que decirle a los ciudadanos dónde está la información, si esta información se filtró, esto no es un hackeo, es consensuado desde el interior, estamos ante un problema muy grave de seguridad”.
Subrayó: “No me ha mandado llamar la Fiscalía del Estado, no me aceptaron la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Contraloría del Estado ya me dio entrada a la denuncia, ya me contestó la Secretaría de Hacienda Pública por un ordenamiento que el órgano interno de control se ponga a trabajar, pero yo exigía hubiera una medida cautelar inmediata, lo cual ni siquiera el doctor encargado de la calificación de quejas la aceptó, cuando medios de comunicación ya han dado a conocer que es real la situación y ni siquiera por oficio inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja. Es lamentable lo que sucede en Jalisco”.
Dentro de las acciones que la Contraloría Ciudadana Independiente está por tomar es el acudir a la federación a presentar las denuncias correspondientes, pues consideran que en Jalisco no pasará nada en un tema que ya debería ser un escándalo y no se le ha puesto la atención que requiere por la gravedad que implica para los 4 millones de personas que tienen registrado un vehículo en el estado.
“Vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República con más pruebas de lo que se está diciendo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales estamos obligados a presentar la denuncia porque tenemos el conocimiento de posibles delitos, lo cual tenemos que hacerlo en el jurídico de nuestra asociación ciudadana, para que la Federación al haberse violentado una ley general de datos personales en Jalisco, con una responsabilidad directa con dos sujetos obligados como el gobernador de Jalisco y un alcalde, que se nos hace inexplicable cómo un municipio tiene este tipo de datos, hay una serie de posibles delitos que cometieron y que los ministerios públicos del estado y de la federación deben ver”.
LES INTERESAN OTRAS COSAS
Para hacer una síntesis de la situación, Jorge Carlos Ruiz Romero asevera que no descartan que cualquier situación relacionada a extorsión, robos, fraudes o secuestros donde se vea involucrada la delincuencia organizada esté relacionada a la filtración de esta información tan confidencial, sin embargo, lamenta que desde el ejecutivo estatal le den prioridad a otros asuntos, como la pelea de Saúl Álvarez, antes de explicarle a los jaliscienses: ¿quién tiene sus datos personales?
“A las personas que hayan vivido un robo, fraudes, secuestros, cualquier tipo de delito donde hayan perdido algún bien mueble o inmueble, es probable que la delincuencia organizada tenga ese tipo de información. Es sencillo, se robaron la base de datos del gobierno de Jalisco, donde aparece tu nombre, domicilio y teléfono, estás vulnerable para cualquier delincuente que tenga esta información, puede afectar tu patrimonio o tu propia vida. No sabemos si muchas de las desapariciones o delitos que se han cometido en los últimos años sea consecuencia de esta tan grave situación”.
Añadió: “Pocos medios de comunicación han tenido la responsabilidad de tomar en cuenta esta información y difundirla para que los ciudadanos jaliscienses, quienes tienen intereses y propiedades en Jalisco, estamos viviendo un gran peligro en el estado. Nosotros jurídicamente vivimos en una dictadura gubernamental ejercida por el gobernador que controla derechos humanos, transparencia, las fiscalías, hasta los mismos poderes legislativos y judicial. No creemos que vaya a pasar nada en Jalisco, les interesa más otro tipo de cosas o negocios que la seguridad, esto para mí es lo más grave que se ha vivido en el sexenio y tendrá repercusiones muy dañinas para todos”, puntualizó.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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