ENTREVISTAS
Pedro Kumamoto y Susana de Rosa: En conferencia desde la CDMX exhiben indiferencia del Gobierno de Jalisco en tema de desaparecidos
Por Mario Ávila //
La grave crisis de homicidios y de personas desaparecidas en Jalisco, con más de diez mil asesinatos y seis mil hogares con un desaparecido en lo que va del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, fue llevar a la palestra nacional en la Ciudad de México por el regidor de Zapopan, Pedro Kumamoto y la presidenta de Futuro, Susana de la Rosa, para denunciar que el mandatario jalisciense ha respondido a esta situación solo con indiferencia, con revictimización y con represión.
El regidor zapopano, Pedro Kumamoto, reconoció que la intención de lanzar estas expresiones de alerta y de preocupación desde la CDMX, fue para poder poner sobre la mesa que estamos viviendo una grave crisis de seguridad. Dijo que “del 2012 al 2018, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública lamentablemente registramos 8 mil 575 homicidios, del 2018 al 2023, estamos registrando ya 10 mil 643 homicidios; esto lamentablemente va en concordancia también en aumento en la crisis de personas desaparecidas, estamos hablando que de 2018 a 2023 hay 6 mil 549 hogares que están buscando a una persona desaparecida. Esto significa que tenemos el 15% concentrados en Jalisco de personas desaparecidas de todo el país”.
“Plantear que estamos viviendo -expuso-, una crisis con estas cifras que estamos diciendo, creo que es completamente comprensible y nos debe llamar a movilizar, a denunciar que esta crisis no está siendo atendida de manera diligente y decidida como debe de serlo. Y lo planteamos porque de entrada el presupuesto que se asigna para poder hacer frente a la seguridad, cada año está disminuyendo, por lo menos en el gobierno de Enrique Alfaro”.
“Si bien es cierto que el Estado de Jalisco aumentó en 10% el presupuesto de recursos públicos para el 2023, en términos reales la seguridad recibió menos recursos que el año pasado para atender la crisis más grave que estamos viviendo. Y por otro lado el 2022, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad se le redujeron 511 millones de pesos y en el 2021, se le quitaron 600 millones de pesos. Es decir, no solamente es poco lo que le asignamos a la seguridad, sino los pocos recursos que le asignamos, también se los terminamos quitándoselos”.
“Un segundo punto -abundó-, fue para asegurar que no se está considerando realmente la crisis que estamos viviendo y por lo que estamos invitando a que se reconfigure la manera en la que se hace frente a la seguridad, es porque tenemos la crisis más grave del país, de personas desaparecidas. Y ante ello la manera en la que ha reaccionado el Gobierno del Estado, es con represión a la protesta, indiferencia con las personas y revictimización de las personas desaparecidas y de sus familias”.
LA REPRESIÓN
El edil zapopano y líder moral del partido político estatal, Futuro, Pedro Kumamoto, censuró la indiferencia del mandatario ante esta problemática y explicó: “Tuvieron que pasar 7 días para que el gobernador informara sobre el caso de los 8 jóvenes desaparecidos, empleados de un call center”.
Dijo también que hay una gran indiferencia del Gobierno del Estado al no participar el titular del Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador Estatal de Búsqueda, según lo dicen los propios miembros de esta comisión.
Además, abundó Pedro Kumamoto: “La revictimización como método de tratar de sembrar dudas sobre la actividad que cada persona realiza previo a ser víctima de una desaparición, de un homicidio o de cualquier otro delito. Eso lo podemos tener al alcance de un click y podremos ver como los ‘boots’ de Movimiento Ciudadano siembran desinformación, siembran mentiras y siembran versiones que solo revictimizan a las personas”.
“Pero no solamente eso, lo más grave quizá es la represión de la protesta. Recordemos que estamos a tres años de lo sucedido el 4, 5 y 6 de junio del 2020. Primero la muerte de un joven a manos de agentes municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos, así como la protesta y la rabia que desencadena esto, fue reprimida por miembros de la Fiscalía que ‘levantan’ jóvenes y los torturan, sin ningún tipo de consecuencia hasta la fecha, que haya cambiado realmente a la corporación.
“Así mismo, el 31 de marzo del 2023 madres de desaparecidos son golpeadas y sacadas de la Fiscalía y que habían ido ahí porque días antes, particularmente el 13 de febrero, el gobernador les dijo: ‘Qué hacen aquí en Casa Jalisco, aquí no se deben de venir a manifestar’. Y bueno, 15 de mayo, parque San Rafael; 30 de mayo, las manifestaciones y vimos como familiares de personas desaparecidas estaban sufriendo la misma represalia.
LAS PRIORIDADES DE ALFARO
P.- ¿Preocupa la escala de valores del gobernador, porque cuando se desata el tema de los muchachos del call center coincide con la final de Chivas?
R.- Yo creo que nos estamos encontrando en momentos claves en la historia de este sexenio para poder sintetizar cuáles son las prioridades de este gobierno. Un ejemplo es precisamente este que mencionas, volteemos a ver su agenda semanal, mientras no existía una información directa de parte del gobernador para hacer frente a una crisis de personas desaparecidas, mientras no tenían certidumbre los familiares y se tenían que manifestar para ser atendidos de manera revictimizante, qué fue lo que pasó, el gobernador decidió irse del estado a atender un evento que no tiene que ver necesariamente con su función de gobernador, en todo caso lo hace en su tiempo como persona. Pero llama la atención que para poder irse a Monterrey, al menos debió haber utilizado medio día laboral entre semana para disfrutar de una actividad recreativa. Esto lo pinta de cuerpo entero en donde en realidad no quería ser él quien atendiera esta crisis y esta emergencia, pero creo yo que tanto las víctimas, sus familiares y todas las personas de Jalisco lo que exigen es que haya una respuesta diligente al poder.
P.- ¿Qué hacer con los pendientes que tiene la ley en la materia, no hay Reglamento y tres de las cuatro leyes en la materia no han sido aprobadas en el Congreso?
R.- El motivo por el que ha hecho crisis este tema de los desaparecidos tiene muchas vertientes, tiene que ver con el avance del crimen organizado, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la falta de actuar diligente del Poder Judicial, tiene que ver con una reforma policiaca que no ha llegado, tiene que ver con cambiar el enfoque de seguridad ciudadana, tiene que ver con la reducción de recursos para poder enfrentar este terrible fenómeno y tiene que ver con que no es la prioridad política de parte del gobernador.
P.- ¿Es necesaria mayor intervención de las autoridades federales?
R.- Ese es uno de los temas que también me parece muy importante señalar, no el solamente el municipio o el estado quienes solos van a resolver este problema, pueden hacer muchísimo más, pero también otro actor que necesitamos que esté más presente en esta lucha, es la coordinación con la esfera federal, necesitamos más atención de parte de la Guardia Nacional, necesitamos más trabajo coordinado con las distintas corporaciones.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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