MUNDO
Abordando la desigualdad económica: El papel esencial del gobierno en las políticas de redistribución
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En la actualidad, la desigualdad económica es un tema candente que suscita debates y preocupaciones en todo el mundo. Esta disparidad en la distribución de la riqueza y los recursos económicos no solo es un fenómeno presente en economías en desarrollo, sino que también afecta a las naciones más industrializadas.
Mientras algunos defienden el valor de la meritocracia y la libre empresa, argumentando que el éxito económico debería ser el resultado del esfuerzo y el talento individual, otros señalan la creciente brecha entre ricos y pobres como una injusticia fundamental que requiere atención urgente.
La idea de que cada individuo debe tener la oportunidad de prosperar según su mérito es una piedra angular de muchas sociedades modernas, pero en la práctica, esta promesa de igualdad de oportunidades puede ser inalcanzable para muchos debido a barreras estructurales y desigualdades sistémicas.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Cuál es el papel del gobierno en la reducción de la desigualdad económica? Si bien algunos abogan por una intervención mínima del Estado en los asuntos económicos, argumentando que el mercado libre eventualmente corregirá cualquier desequilibrio, la realidad es que la desigualdad económica persiste y se profundiza en muchas sociedades.
Esto plantea la necesidad de una evaluación cuidadosa del papel que el gobierno puede y debe desempeñar en la promoción de la equidad económica y la justicia social. La cuestión no es solo una de moralidad, sino también de estabilidad social y cohesión comunitaria. Una sociedad profundamente dividida por la desigualdad económica corre el riesgo de enfrentar tensiones sociales y políticas que pueden socavar la estabilidad y el progreso a largo plazo
En este contexto, el papel del gobierno en la reducción de la desigualdad económica es crucial, ya que a través de ella, y con debida perspectiva social, se pueden implementar políticas de redistribución que promuevan una distribución más equitativa contribuyendo así a una sociedad más justa y próspera.
Lo anterior cobra relevancia ya que en un sistema económico basado en la libre empresa, a menudo se promueve la idea de que el gobierno debe tener una mínima intervención en la economía, dejando que el mercado se autorregule.
Sin embargo, esta perspectiva puede pasar por alto el importante papel que el gobierno puede desempeñar en la reducción de la desigualdad económica a través de políticas de redistribución las cuales no necesariamente implican una intervención directa en la economía, sino más bien un enfoque en la redistribución equitativa de la riqueza y los recursos para garantizar un mayor equilibrio social y económico.
Por otro lado, en esta tesitura, el gobierno puede adoptar medidas para fortalecer la seguridad social, proporcionando una red de seguridad para los ciudadanos más vulnerables lo que puede incluir programas de asistencia social, como seguro de desempleo, subsidios alimentarios y programas de vivienda asequible, que ayudan a proteger a los individuos y familias de caer en la pobreza extrema debido a circunstancias adversas.
Asimismo, es fundamental invertir en infraestructuras sociales, como educación pública de calidad y acceso equitativo a oportunidades de desarrollo profesional. Al proporcionar a todos los ciudadanos las herramientas y habilidades necesarias para tener éxito en la economía moderna, se puede reducir significativamente la desigualdad económica y promover una mayor movilidad social.
No podemos perder de vista que, si bien la libre empresa puede ser un motor importante para el crecimiento económico, el gobierno tiene un papel vital que desempeñar en la reducción de la desigualdad a través de políticas de redistribución equitativa de la riqueza y los recursos. Estas políticas no solo promueven la justicia social, sino que también pueden contribuir a un mayor crecimiento económico y estabilidad social a largo plazo.
A pesar de ello, la realidad es que un enfoque equilibrado es necesario. Mientras que el exceso de intervención del gobierno puede tener efectos negativos en la innovación y la eficiencia económica, la falta de intervención puede exacerbar la desigualdad y crear tensiones sociales insostenibles. Por lo tanto, es importante que el gobierno encuentre el equilibrio adecuado, implementando políticas de redistribución que sean efectivas y eficientes sin socavar el espíritu emprendedor y la vitalidad económica.
Es evidente que la desigualdad económica es un desafío significativo que enfrentan muchas sociedades modernas, tanto que este desafío constantemente nos genera la necesidad de plantear preguntas difíciles, pero cuyas respuestas son necesarias.
Si bien la libre empresa puede ser un motor importante para el crecimiento económico, no puede garantizar por sí sola una distribución justa y equitativa de la riqueza y los recursos. En este sentido, el gobierno puede desempeñar un papel crucial en la reducción de la desigualdad a través de políticas de redistribución que promuevan un mayor equilibrio social y económico.
Al considerar estas políticas de redistribución, es importante tener en algunas de las ideas planteadas por Michael Sandel en su libro «La tiranía del mérito».
Sandel argumenta que la meritocracia, la idea de que el éxito se debe exclusivamente al mérito individual, ha contribuido a la creciente desigualdad económica al glorificar el éxito personal mientras denigra a aquellos que no tienen éxito. Esta narrativa del mérito puede llevar a la creencia de que aquellos que están en la parte inferior de la escala económica merecen su situación, lo que socava la solidaridad social y perpetúa la desigualdad.
Por lo tanto, las políticas de redistribución deben ir más allá de simplemente corregir las desigualdades económicas y también abordar las injusticias subyacentes en el sistema. Esto puede implicar cambiar la forma en que valoramos el éxito y reconocer que el mérito individual no es el único determinante del éxito económico. En su lugar, debemos adoptar un enfoque más colectivista que reconozca la contribución de todos los miembros de la sociedad y garantice que todos tengan acceso a oportunidades y recursos básicos para prosperar.
La lucha contra la desigualdad económica requiere un enfoque integral que combine políticas de redistribución efectivas con un cambio en nuestra concepción del mérito y el éxito. Al hacerlo, podemos trabajar hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial independientemente de su origen socioeconómico.
– Por Mario Ávila
El Ballet Folclórico de Guadalajara se presentó en el Rosemont Theatre de Chicago, en el evento estelar de la Segunda Ruta de la Gira Internacional 2025, México en el Corazón.
Los bailarines tapatíos compartieron escenario con el Mariachi Estelar de México en el Corazón y la Banda Orquesta Colores, y presentaron estampas, música y canciones de Guanajuato, Yucatán y Jalisco ante los más de 4 mil 400 asistentes.
Este espectáculo se realiza anualmente e incluye al Mariachi Estelar como uno de sus principales artistas, junto con el Ballet Folclórico Guadalajara y la Banda Orquesta Colores.
Participaron en el evento Sergio Suárez, presidente de NAIMA (North American Institute for Mexican Advancement); Ron Serpico, alcalde de Melrose Park; Susana Mendoza de Illinois Comptroller; Reyna Torres, cónsul general de México en Chicago; Andrea Blanco, coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco; y Manuel Romo, secretario de Gobierno del Gobierno de Guadalajara.
Esta es la segunda parada de la ruta de México en el corazón, la primera fue en la Ciudad de Sioux City, en Iowa en donde se presentó por primera vez, y más de mil personas asistieron a disfrutar de este espectáculo.
La gira continuará por el Medio Oeste, Sur y la Costa Este de los Estados Unidos.
Para fechas y ciudades entrar en este sitio web: http://www.mexicoenelcorazon.org
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
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