– Por Mario Ávila

Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido. 

Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad. 

El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”. 

Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró. 

Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades. 

Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores. 

«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».

«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo. 

De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados. 

Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”. 

Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”. 

Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala. 

Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación. 

Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».

«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó. 

“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.

– Por Gabriel Ibarra Bourjac

La doctora Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica de Jalisco, lidera una dependencia clave que trasciende la resolución de litigios para consolidar la defensa del interés público y el patrimonio estatal, según reveló en entrevista para Conciencia Pública.

Con experiencia en el Consejo de la Judicatura, Anaya impulsa una transformación del ejercicio del derecho en el estado, integrando sustentabilidad, perspectiva de género y apoyo a grupos vulnerables, alineada con el Plan Estatal 2024-2030, mediante una coordinación interinstitucional que fortalece proyectos como la Línea 4 del Tren Ligero.

Tiene un compromiso importante con la sustentabilidad y los derechos de tercera generación, como la preservación ambiental, cuidando que el desarrollo económico respete el equilibrio entre intereses individuales y grupales, parte de la filosofía que envuelve el trabajo de la doctora Anaya Zúñiga.

La perspectiva de género, un eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, también ocupa un lugar prioritario en la Consejería Jurídica. La estrecha colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, liderada por Fabiola Loya, permite integrar este enfoque en procedimientos administrativos y laborales, combatiendo desigualdades y promoviendo políticas públicas inclusivas, resalta la doctora Anaya Zúñiga.

En esta entrevista la consejera ofrece una radiografía de las funciones de la Consejería Jurídica, revelando su papel como pilar en la defensa del interés público y la protección del patrimonio estatal.

Además, la consejería fomenta la participación ciudadana, actuando como un puente entre la población y el gobierno, canalizando propuestas y apoyando consultas públicas para fortalecer la gobernanza participativa.

La Consejería Jurídica se estructura en cuatro direcciones que abarcan desde la supervisión de procedimientos notariales hasta la representación en litigios civiles, penales y laborales.

Su enfoque trasciende la mera gestión de casos legales, apostando por una coordinación interinstitucional que alinee a las secretarías y organismos descentralizados en proyectos complejos, como la Línea 4 del Tren Ligero.

Esta visión integral, respaldada por lineamientos administrativos, busca evitar respuestas desarticuladas en los tribunales y garantizar una defensa jurídica sólida, alineada con los objetivos del Plan Estatal.

La consejera jurídica del Estado detalla cómo, a través de diplomados certificados y colaboraciones con tribunales de otros estados, la Consejería capacita a sus abogados para enfrentar los retos del derecho ambiental, incorporando criterios de la Suprema Corte y acuerdos internacionales como Escazú.

Esta profesionalización no solo fortalece las defensas jurídicas, sino que responde a la prioridad del Plan Estatal de promover un desarrollo sostenible que respete el entorno y las comunidades.

La atención a grupos vulnerables, como comunidades indígenas y asociaciones de invidentes, es otro pilar destacado. Anaya relata casos emblemáticos, como la recuperación de una casa para invidentes mediante un amparo, evidenciando la sensibilidad de la Consejería hacia quienes carecen de recursos para acceder a la justicia.

En el caso de comunidades indígenas, como la de Mezquitán, la consejería promueve acuerdos para evitar dilaciones institucionales, asegurando que las resoluciones judiciales se cumplan de manera efectiva y respetando las particularidades de estos grupos.

Finalmente, Anaya destaca iniciativas sociales que trascienden las responsabilidades jurídicas, como el apoyo a albergues para niños institucionalizados mediante donaciones y actividades permanentes coordinadas con empresarios y ciudadanos.

Esta labor, amplificada a través de redes sociales, refleja el compromiso de la Consejería con un gobierno cercano y humano.

LAS TAREAS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuáles son las principales tareas de la Consejería Jurídica del gobierno de Jalisco?

Tatiana Anaya Zúñiga (TAZ). La Consejería Jurídica garantiza el cumplimiento legal y la defensa del interés público a través de cuatro direcciones. La Dirección General supervisa procedimientos notariales, sanciones por irregularidades detectadas por la Secretaría General de Gobierno y gestiona licencias y convenios con el Colegio de Notarios.

La Dirección Consultiva revisa convenios firmados por el gobernador o el secretario general, ofreciendo asesoría jurídica. La Dirección Contenciosa aborda litigios en materias civil, administrativa, penal y mercantil, protegiendo el patrimonio estatal.

La Dirección Laboral representa al gobierno en demandas laborales, revisa laudos y colabora con Hacienda para pagos, notificando a la Contraloría por defensas deficientes.

Coordinamos con todas las secretarías y organismos descentralizados mediante lineamientos administrativos, asegurando una gestión integral en proyectos como la Línea 4 del Tren Ligero, donde la comunicación fluida fortalece las defensas jurídicas y alinea con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030.

EL DERECHO AMBIENTAL Y EL DE LA TERCERA GENERACIÓN

GIB ¿Cómo alinea la Consejería los objetivos de sustentabilidad y derecho ambiental del Plan Estatal 2024-2030?

TAZ. La Consejería integra el derecho ambiental y los derechos de tercera generación, reconociendo su enfoque distinto al administrativo tradicional. Incorporamos jurisprudencias de la Suprema Corte y acuerdos como Escazú mediante un programa de capacitación para directores jurídicos, con diplomados certificados por la Secretaría de Innovación. El primero, iniciado en agosto y culminando en octubre, aborda materia administrativa con participación de magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Administrativo.

Un segundo diplomado en materia civil, en colaboración con el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y tribunales de Quintana Roo, Baja California Norte, Estado de México, Nayarit y Yucatán, enriquecerá criterios jurídicos. Capacitaciones específicas en derecho ambiental, con expertos de la Corte, permiten a nuestros abogados abordar casos con un enfoque actualizado, respondiendo a las metas de sustentabilidad del Plan Estatal.

GIB: ¿Cómo asume esta responsabilidad tras su experiencia en el Consejo de la Judicatura?

TAZ: Asumo esta responsabilidad con compromiso, cautela y humildad, aplicando mi experiencia en el Consejo de la Judicatura para entender las dinámicas del Poder Judicial. Realizamos una radiografía de casos pendientes, algunos con seis años, y definimos estrategias para asuntos nuevos y heredados.

Fomentamos la retroalimentación constante con las direcciones jurídicas de las dependencias, identificando casos relevantes desde el inicio para evitar que escalen solo al momento de pagar. Esta coordinación integral adapta prácticas previas a nuevos retos, manteniendo lo que funciona bien.

LOS PRINCIPALES RETOS

GIB: ¿Cuáles son los principales retos de la Consejería Jurídica?

TAZ: Los retos son tres: obtener sentencias favorables que beneficien a Jalisco y protejan su patrimonio; lograr una coordinación efectiva entre dependencias, involucrando a secretarios en temas jurídicos para superar la idea de que son exclusivos de abogados; y consolidar un programa de capacitación inspirado en la Escuela de Capacitación del Consejo de la Judicatura. Este programa equipa a los abogados con herramientas prácticas y criterios innovadores de otros estados, preparándolos para los cambios en los poderes judiciales federal y estatal.

GIB: ¿Cómo apoya la Consejería a grupos vulnerables, como comunidades indígenas, en temas jurídicos?

TAZ: Priorizamos la atención a grupos vulnerables, coordinándonos con la Comisión de Derechos Humanos y el DIF. Recuperamos, por ejemplo, la posesión de una casa para invidentes mediante un amparo, atendiendo su vulnerabilidad por falta de recursos legales. En comunidades indígenas como Mezquitán, afectadas por expropiaciones no cumplidas, promovemos acuerdos de pago para evitar dilaciones, asegurando el cumplimiento de resoluciones judiciales. Capacitamos a nuestros abogados para tratar a los desiguales de forma diferenciada, garantizando el acceso a la justicia.

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

GIB: ¿Cómo integra la perspectiva de género en las políticas de la Consejería?

TAZ: Colaboramos con Fabiola Loya, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para integrar la perspectiva de género en procedimientos administrativos y laborales, especialmente en despidos injustificados de mujeres. Creamos una unidad de equidad de género en la Consejería, en línea con el Plan Estatal, y trabajamos con la Procuraduría Social para generar criterios que eviten vulneraciones a los derechos de las mujeres. Nuestro equipo, mayoritariamente femenino, refleja un compromiso práctico con la equidad, promoviendo políticas que fomentan igualdad sin confrontar géneros.

GIB: ¿Cómo fomenta la Consejería la participación ciudadana en decisiones legales?

TAZ: Somos una Consejería de puertas abiertas, actuando como puente entre ciudadanos y secretarías. Aunque no representamos directamente a la ciudadanía, canalizamos propuestas al Poder Legislativo y otras dependencias, apoyando consultas públicas de la Secretaría de Planeación. Esta coordinación asegura que las políticas legales reflejen las prioridades ciudadanas, fortaleciendo la gobernanza participativa del Plan Estatal.

EL CASO DE VALLE DE LOS MOLINOS

GIB: ¿Cómo aborda casos complejos como los de Valle de los Molinos?

TAZ: En Valle de los Molinos, donde desarrolladores buscan construir sin infraestructura adecuada, coordinamos una estrategia jurídica con el gobierno de Zapopan y su sindicatura. Priorizamos amparos colectivos con personalidad jurídica sólida, evitando conflictos y asegurando defensas efectivas que protejan a la ciudadanía y el medio ambiente, alineándonos con la sustentabilidad del Plan Estatal.

LITIGIOS HEREDADOS

GIB: ¿Cómo gestiona el rezago de casos con los recursos disponibles?

TAZ: Fortalecimos el equipo con profesionales experimentados del Poder Judicial, contratados por honorarios, liderados por una directora de contencioso con amplia experiencia. Este equipo técnico aborda casos complejos como expropiaciones y litigios históricos como Colomos, priorizando la competencia profesional sobre compromisos políticos. A pesar de algunas renuncias por la carga de trabajo, este enfoque, respaldado por el gobernador, garantiza una gestión eficiente.

GIB. ¿Qué más quisiera añadir?

TAZ. Destaco nuestro apoyo a albergues para niños institucionalizados, iniciado en el Consejo de la Judicatura. Coordinamos donaciones de empresarios y ciudadanos, como alimentos y colchones, y organizamos actividades permanentes a través de redes sociales. Esta labor conecta a la ciudadanía con los albergues, generando un impacto significativo y reflejando un gobierno cercano que trasciende lo jurídico para apoyar a los más vulnerables.

– Por Francisco Junco

José Miguel Mendoza abre la puerta de su historia personal para hablar de política. Con 32 años de matrimonio y una familia unida, asegura que su vida se rige por principios sólidos y por la convicción de que el bien común debe estar siempre por encima de intereses individuales. Su mirada se ilumina cuando habla de México y de Guadalajara, de la oportunidad de reconstruir un partido que se ha alejado de su gente.

Para él, su compromiso con Acción Nacional no es sólo partidista, sino social. «Soy un hombre de decisión, de fortaleza, que cree en el bien común», dice Mendoza. Cada paso en su carrera política está motivado por la idea de que las decisiones individuales deben impactar positivamente en la comunidad.

Y es que el próximo domingo 7 de septiembre los panistas realizarán la elección para la presidencia del Comité Municipal de Guadalajara y entre los que buscan este cargo está José Miguel Mendoza, de Alternativa Democrática; además Jorge Reynaldo Miranda Chávez, conocido como “Naye”, respaldado por el grupo de Fabiola Martínez (hermana del morenista “Chema” Martínez) y Rodolfo Campo, que busca la reelección para este cargo y quien es respaldado por la actual dirigencia del Comité Estatal del PAN.

Desde 2001, José Miguel forma parte activa del PAN y, desde 2002, es capacitador nacional. Durante más de dos décadas, ha trabajado en distintos niveles, desde director de capacitación hasta secretario general adjunto del Comité Municipal de Guadalajara. Su recorrido le ha permitido conocer de cerca las necesidades y las dificultades de la militancia local.

Ha coordinado campañas internas y externas, y ha representado al partido ante el Instituto Nacional Electoral en múltiples procesos. Su experiencia le da perspectiva para proponer cambios profundos que fortalezcan al partido desde sus cimientos y que acerquen al PAN a los ciudadanos.

Mendoza recuerda con claridad los valores que lo motivaron a unirse a Acción Nacional. Solidaridad, mística y principios universales. Para él, el partido es un espacio donde se puede trabajar por el bien común y por una sociedad más justa. «Entré al PAN buscando el bien de la sociedad, de mi familia y de todos», afirmó en entrevista para Conciencia Pública.

Su diagnóstico sobre el estado actual del PAN es crítico, pero esperanzador. Considera que el partido necesita un líder que represente causas sociales, que sea un opositor firme ante los abusos de la autoridad y que promueva la unidad entre los panistas.

«Necesitamos un piso parejo para todos, donde la militancia participe activamente en la elección de sus representantes», señaló Mendoza, ya que para él, la democracia interna es esencial para que el partido recupere legitimidad y fuerza.

Denuncia la exclusión de militantes valiosos que han sido eliminados del padrón sin razón aparente. «Gente que prácticamente fundó Acción Nacional en Jalisco nos puede ayudar a muchas cosas», subrayó, enfatizando la importancia de rescatar la experiencia y memoria histórica del partido.

Durante sus visitas a casas de panistas en Guadalajara, Mendoza ha percibido la apatía y la desconexión. Muchos no sabían que habría asamblea y llevaban más de una década sin recibir atención del partido. Su labor es reavivar esa conexión, recordarles que su voz sigue siendo valiosa.

Actualmente, Guadalajara cuenta con cerca de 2,970 miembros activos de PAN, pero en la última elección sólo participaron alrededor de 1,200. Mendoza interpreta esto como un llamado urgente a reactivar la militancia y a hacer que cada panista se sienta escuchado.

«No queremos un PAN que sólo comparta valores; queremos un PAN que actúe en la sociedad, que haga cosas concretas que ayuden a la ciudad y a sus habitantes», recalcó, con la convicción de quien sabe que la política debe estar cerca de la gente.

La Alternativa Democrática, corriente que lidera junto con figuras como los exgobernadores Alberto Cárdenas y Emilio González Márquez, busca, precisamente eso, unir a los panistas y simpatizantes del partido en Guadalajara para generar un cambio profundo, con enfoque social y comunitario.

«Somos un grupo que levanta la voz sin miedo para defender a México de un gobierno autoritario», explicó José Miguel Mendoza. Para él, la política no se limita a discursos, sino a acciones concretas que beneficien a la ciudadanía y a quienes más lo necesitan.

Su llamado a la militancia es claro, porque es tiempo de trascender, de levantar la mano y de oponerse a las injusticias. «No vengo a señalar a nadie, vengo a buscar la unidad, a dejar de lado ambiciones personales y a enfocarnos en el bien común», afirmó.

A decir del propio Mendoza, se distingue de otros candidatos por su experiencia, su fortaleza y su voluntad de actuar con transparencia. Su objetivo es rescatar la institucionalidad del PAN y fortalecerla desde sus bases, con un enfoque social que llegue a cada rincón de la ciudad.

Entre sus planes está rescatar los edificios abandonados del PAN en Guadalajara y convertirlos en espacios de encuentro comunitario. «Queremos que sean lugares donde se compartan ideas, se generen estrategias de cambio y se acerque a la gente a la política», explicó Mendoza, mostrando su visión de un partido que funcione como motor social.

Durante sus recorridos, ha escuchado historias que revelan la desconexión del partido con sus bases. Se ha encontrado con militantes desilusionados, pero también con entusiasmo por retomar su participación y por sentirse valorados nuevamente.

Una de esas historias es la de una panista con más de 30 años de militancia, cuya casa servía como subcomité hasta que fue cerrado por la autoridad interna del partido. «Ver cómo fueron desplazados por intereses particulares es muy triste», contó.

Para revertir este tipo de situaciones, propone formar un grupo de 100 panistas con experiencia que actúe como conciencia del partido, combinando sabiduría con la energía de jóvenes comprometidos, generando un puente entre historia y renovación.

Frente a las críticas que señalan que la Alternativa Democrática solo aparece en elecciones, Mendoza responde con hechos, su grupo Alternativa Democrática ha estado activo en apoyo a comunidades, asociaciones civiles y causas sociales, sin buscar reflectores ni protagonismo.

A pesar de la apatía de algunos, Mendoza ha encontrado entusiasmo y ganas de participar. Su mensaje es inclusivo, donde todos los panistas son importantes, sin importar si fueron eliminados del padrón, y su participación es clave para fortalecer al partido.

Alternativa Democrática también busca abrirse a otros municipios y al estado, asegurando procesos internos, transparentes y democráticos. «Si la militancia participa en la elección de sus candidatos, habrá participación real en las elecciones constitucionales», afirmó.

Además, planea formar un «ejército electoral» para vigilar que las elecciones sean limpias y que los procesos internos reflejen la voluntad de los panistas, evitando que la autoridad aproveche vacíos para manipular resultados.

Su visión es clara: un PAN presente en las calles, cercano a la gente, que escuche, proponga soluciones y no tema señalar errores. «Soy hombre de fortaleza, voluntad y convicción, y quiero un PAN que trabaje de verdad para Guadalajara», concluyó.

Con entusiasmo y cercanía, Mendoza lanza su llamado a la militancia: «Espero contar con el apoyo de todos los panistas, que acudan a votar y que salga el mejor. Solo unidos podremos lograr un cambio real y significativo para nuestra ciudad».