JALISCO
La oportunidad de limpiar al Poder Judicial de Jalisco
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
En política forma es fondo, se le adjudica al ideólogo priista Jesús Reyes Heroles. Y en ese contexto debemos de ver al gobernador Pablo Lemus a propósito del anuncio que hizo el pasado viernes al dar a conocer la designación del abogado y jurista Arturo Zamora para que encabece el proceso de armonización de la reforma judicial federal con las leyes locales.
Pablo Lemus envía un mensaje muy claro a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: Jalisco es su aliado y a diferencia de lo que anunció su antecesor de que impugnarían la reforma judicial impulsada en el Plan C de López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión, esto no sucederá.
El realismo político, diríamos, está presente en las decisiones de Pablo Lemus, al tener claridad de lo que es y significa el sistema político mexicano. ¿Para qué pelear con el poder central? Jalisco pierde más cuando su gobernador se sube al ring, como sucedió en el pasado sexenio cuando el narcisismo y la egolatría del gobernante fue alimentada por la corte de aduladores, haciéndole sentir que podía ser el gran César de este país.
“Nosotros no vamos, en el Ejecutivo estatal durante este sexenio, por la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa no es la ruta que vamos a seguir, es una ruta que no tiene futuro, y no solamente no vamos a presentar ninguna controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial sino que vamos a hacer el proceso de armonización”, subrayó el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.
EL NOMBRAMIENTO DE ARTURO ZAMORA
Un acierto del gobernador fue designar al político, abogado y jurista Arturo Zamora para que coordine el proceso de armonización del marco jurídico de Jalisco con la reforma judicial federal. A muy pocos les gustó la decisión, cuando querían que se siguiera la línea ruda que protagonizó el personaje que hoy vive en Madrid.
Es tiempo de conciliación, de curar heridas. Y el perfil de Zamora es una atinada decisión que ayudará a ello. Se le invita a participar en un momento de su vida que está más allá del bien y del mal, sin exceso de equipaje, con plena madurez y el soporte del conocimiento jurídico y la práxis política, con puentes con las diversas organizaciones de abogados, con las universidades y organizaciones empresariales.
CERTIDUMBRE A LA INVERSIÓN
En la transición que vive el país con la reforma de fondo al Poder Judicial Federal, el pasado año se vivió una intensa agitación social, como sucede cuando se dan este tipo de movimientos al tocarse las estructuras de la justicia, un campo tan cuestionado por la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencia que ha prevalecido al paso de los gobiernos.
Dicha reforma fue cuestionada por los dos socios comerciales más importantes que tiene México, como son Estados Unidos y Canadá. Contra viento y marea se logró sacar. Ahora toca su instrumentación en un escenario de incertidumbre con el temor de que los nuevos ministros, magistrados y jueces obedezcan a un interés de grupo político-partidista, aunque habría que señalar que el nivel de la justicia en el país que teníamos estaba reprobado.
¿Qué impacto tendrá la reforma judicial en la inversión externa y en la interna? El grado de inversión ha disminuido, ya que los empresarios están temerosos y en ese escenario en Jalisco, Lemus envía un mensaje de que aquí habrá una reforma de fondo porque también se cambiará en su totalidad al Poder Judicial, que hoy por hoy, tiene dueño, se sabe quién o quiénes mandan y hasta las cuotas que existen para arreglar ciertos temas.
Para ello invitó a Arturo Zamora dirigir este proceso que es una oportunidad de hacer un cambio de fondo en el poder judicial de Jalisco, cosa que no hubiera sido posible por los amarres que hizo su antecesor. Lemus ha precisado que la reforma judicial en Jalisco no se hará desde su oficina de Palacio de Gobierno, sino que será con la participación de la sociedad jurídica con la participación de los expertos en derecho y profesionistas, a las universidades en la elaboración de la misma.
Serán electos los magistrados y jueces locales, pero aún no se ha definido si las elecciones serán este año o hasta el 2027, conforme lo permite el Congreso de la Unión. Y eso le corresponderá definirlo al Congreso de Jalisco, así como la aprobación de la partida que implique el costo de dicho proceso que ejecutará el IEPC Jalisco.
La intención es que lleguen las mejores mujeres y hombres con experiencia y honestidad probada, sin los acuerdos y cuotas con los partidos políticos como se ha hecho hasta hoy desde el Congreso del Estado. No se trata que lleguen personajes ligados a un partido político, no deudores alimentarios, no violentadores dentro de la familia o en el campo laboral y para ello habrá el filtro ciudadano y para esta tarea se tendrá el filtro del Consejo de evaluación legal que estarán integrados por representantes sociales, académicos, abogados y profesionistas, principalmente.
De entrada, podemos concluir que se ve bien el planteamiento y la forma como se ha visualizado de llevar adelante este proceso que permita mejorar la justicia a nivel local. Es una oportunidad de un cambio de fondo.
Pablo Lemus tiene muy claro el valor del respeto a la ley que es la base de que el capitalismo funcione. Certidumbre a la inversión con la vigencia del estado de derecho.
La Reforma Judicial al Estilo Jalisco queremos que sea la renovación de fondo al Poder Judicial del Estado que actualmente tiene dueño político con una justicia tiene un precio que lo puede pagar el poder económico. Esta circunstancia de armonizar la reforma judicial federal con las leyes de Jalisco, representa la oportunidad de limpia y renovación al sistema de justicia en Jalisco, que hoy no es independiente.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
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Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
