Opinión, por Gerardo Rico //

Y aún faltan 46 meses para seguir lidiando con el inquilino de la Casa Blanca en Washington D.C., que con sus acciones y amenazas lo único que está logrando, hasta el momento, es encaminar a su país a una recesión económica.

En las primeras semanas de su nuevo gobierno, Trump ha lanzado la que el Wall Street Journal ya califica como “la guerra comercial más estúpida de la historia”, que amenaza con terminar con décadas de integración económica global.

Poco a poco va pasando de moda la estridencia del presidente de la Unión Americana, Donald Trump, para dar paso a la incertidumbre y preocupación de inversionistas y de los mercados mundiales, ante las acciones que toma en materia económica y donde lo único que está logrando es la preocupación dentro y fuera de su país.

Los primeros avisos vinieron ya de la Reserva Federal (Fed) y de su presidente Jerome Powell a quien, por cierto, y para no perder la costumbre, el inquilino de la Casa Blanca se le fue con todo tipo de descalificaciones. Uno de los veredictos iniciales concluye sobre los potenciales efectos de posibles cambios en la política comercial y de inmigración: “Los contactos empresariales en varios distritos de la Fed indican que las empresas intentarán trasladar a los consumidores los mayores costos de los insumos a posibles aranceles”.

Por si esto no fuera poco, el índice S&P cayó ya en 4.3% respecto al nivel previo a la toma de posesión de Trump. Por su parte, el Nasdaq acumula ya una pérdida del 7.9% desde entonces.

Argumentando que todo el mundo se ha aprovechado de la prosperidad estadounidense, advirtió que impondrá aranceles a las importaciones de la Unión Europea. De inmediato, los representantes de las 27 naciones del viejo continente respondieron que, en el momento en que se anuncien, los aranceles, activarán duras contramedidas contra industrias emblemáticas de Estados Unidos.

Con China ordenó el incremento del 10 al 20% en aranceles a las importaciones del país asiático, a pesar de que es el principal mercado de exportación para los productos agropecuarios estadounidenses, que representaron más de 29 mil millones de dólares durante 2024. En el inicio de este año, la caída va en 14%.

También intentó ridiculizar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ante el anuncio de aranceles del 25% para su país y México, de inmediato respondió con medidas similares en materia arancelaria: los gobernadores de varias provincias de la nación norteamericana advirtieron boicot total a productos importados de Estados Unidos. El ministro de Ontario, Doug Ford amenazó con cortar el suministro de electricidad a varios estados de la Unión Americana.

En su incontrolable mesianismo, el mandatario americano salió a decir que su determinación de diferir los aranceles comerciales no está relacionada con los últimos recortes de las acciones de Wall Street, pues confía en que siga fuerte a largo plazo. Sin embargo, el índice bursátil Dow Jones cayó durante dos días consecutivos tras la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México y Canadá, el pasado 4 de marzo, que posteriormente suspendió.

México ante su mayor reto

Apenas el 6 de marzo y tras una llamada telefónica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que será hasta el 2 de abril cuando el multicitado Trump determine el futuro de los aranceles con México y otras naciones del mundo.

En los hechos, esto se traduce en un mes más de incertidumbre para la economía mexicana, situación que ya repercutió en un pronóstico de Banamex: crecimiento económico cero para este 2025. Cuando la economía mexicana creció en 1.3% en 2024 y 3.3% en 2023, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos durante 2024 y por segundo año consecutivo, de acuerdo a la Oficina de Censos de Estados Unidos, que depende del Departamento de Comercio. Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones e importaciones entre ambos países sumaron un total que representó el 15.9% del comercio internacional de Estados Unidos, superando ampliamente a Canadá (14,4%) y China (10,9%).

Y como para agregarle más emoción al momento de incertidumbre económica que vive el país, el pasado viernes se anunció la dimisión del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. En un mensaje en redes, la presidenta de la República anunció al economista Edgar Amador Zamora como nuevo titular de la dependencia.

No cabe duda de que con el amago mensual para la imposición de aranceles la economía mexicana se ve mermada en su competitividad y confianza. No camina ni va a ningún lado. El reto es mayúsculo y muy preocupante a la vez. No es exagerado afirmar que México se encuentra ante la mayor encrucijada de su historia reciente y el final de la historia puede resultar muy doloroso para todos quienes vivimos en este país.

Por Juan Huerta Peres //

La realización de un foro sobre “El futuro de la vivienda social en México” es un gran espacio deliberativo, de reflexión y propuesta que se convoca en un momento oportuno, en un momento histórico y político donde se requiere establecer definiciones, rutas y compromisos para la transformación a fondo del país.

A nombre de los trabajadores de la CTM y de la FTJ agradezco a los organizadores del evento, a la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la LXVI (Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados), la invitación para participar en tan significativo evento.

Como representante sindical, estoy convencido de que solo a través del diálogo y del consenso entre todos los sectores involucrados en el tema de la vivienda podemos dar cauce a una política pública con un andamiaje institucional, viable y con sentido económico y social.

El movimiento obrero tiene toda la autoridad y legitimidad política para que su visión y propuestas sean parte sustancial de la política de vivienda del Estado mexicano y poder hacer realidad lo que señala el artículo 4 constitucional en materia de vivienda y muy particularmente la fracción XII del artículo 123 Constitucional, que manda que “toda empresa… estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas”.

Para el movimiento obrero, el derecho a la vivienda es un derecho consustancial a sus conquistas sociales, junto al derecho a la salud, son dos pilares del estado de bienestar mexicano y que permiten a millones de trabajadores y a sus familias dar un salto cualitativo de mejora en sus condiciones de vida. Para el sindicalismo, la política de vivienda es un tema prioritario de su agenda política, de demanda, de reclamo y de compromiso permanente con sus trabajadores.

Me permito compartirles que actualmente el mapa laboral de Jalisco registra más de 2 millones 100 mil trabajadores agrupados formalmente y registrados en 110 mil empresas. Más de la mitad de esos trabajadores cuentan con ingresos promedio por debajo de los 12 mil 614 pesos, ingresos con los que tienen que cumplir con su manutención y la de su familia, a la vez de poder intentar consolidar un patrimonio por medio de la propiedad de una vivienda.

Es dato es crudo, pero muy preciso en torno a los alcances de un trabajador para cumplir con ese derecho constitucional, humano y laboral y poder acceder a una vivienda digna e integrada a una urbanidad con servicios educativos, servicios de salud, centros de abasto, fuentes de trabajo y vías de comunicación.

SE REQUIERE VIVIENDA DE BAJO COSTO

Con una membresía de 839 mil trabajadores afiliados al Infonavit en condiciones de solicitar un crédito para vivienda, 500 mil de ellos requieren una oferta de vivienda de bajo costo porque el monto de crédito al que pueden acceder está entre los 450 y 550 mil pesos.

El drama social y el desafío para una política de vivienda social es que estos compañeros no tienen donde comprar, no existe una oferta suficiente en este rango de precio. Así no se puede cumplir a cabalidad con los imperativos marcados en nuestra Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en las recomendaciones sobre Derechos Humanos.

Esta demanda de vivienda por parte de los trabajadores de Jalisco, y así debe integrarse en las propuesta de política pública, adquiere una magnitud de carácter estatal porque, aunque la mayoría de las empresas se concentran en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara albergando a más de 445 mil trabajadores con bajos ingresos, otros 55 mil de ellos se localizan en los municipios del interior del estado, quienes también requieren ser atendidos y es justo que alcancen la oportunidad de acceso a una vivienda.

Todos conocemos que la oferta de vivienda de precio accesible ha venido reduciendo en los últimos años, las razones que hemos encontrado son varias y presentan problemáticas muy particulares. La mayoría coincide en que no hay tierra donde construir y la que hay está lejos y cara; se señala que los trámites y permisos para los conjuntos habitacionales son tardados y difíciles. La inflación ha pegado mucho sobre el precio de los materiales de construcción, lo que, junto a otros factores, hace que los precios de la vivienda se alejan de las posibilidades de miles de trabajadores.

EL LUCRO Y LA ESPECULACIÓN EN VIVIENDA

En este Foro, y en otros, hemos planteado la urgente necesidad, porque es un reclamo constante de la base trabajadora y de sus representantes sindicales, que desde el Estado en sus tres niveles de gobierno se elaboren y articulen políticas activas de intervención y regulación para que el mercado de vivienda no se abandone al lucro y a la especulación, sino que también ese mercado sea capaz de atender las demandas de vivienda social. Sin la decidida participación pública, el mercado será omiso a la vivienda social y el costo será sobre la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias.

LA PROPUESTA DE VIVIENDA

Proponemos y nos sumamos a un gran proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social en un gran esfuerzo colectivo de participación del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales con sus áreas especializadas y responsables en materia de vivienda, promoviendo la participación del sector privado, desde la industria de la construcción hasta el bancario-financiero y el sector social.

Un proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social bajo los siguientes pilares:

1-Planeación urbana con sentido social, con sus componentes fundamentales en materia de disponibilidad de terreno, seguridad jurídica, suficiencia de infraestructura física y calidad de servicios públicos. El papel del Estado es determinante para realizar las provisiones necesarias en materia de disponibilidad de suelo, inversión en infraestructura de cabecera para abastecimiento de agua, disposición de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica, equipamientos y redes viales necesarias para futuras áreas de crecimiento. Es importante que se hagan Planes Estatales de Vivienda para responder a las necesidades habitacionales actuales y futuras.

2-Cooperación y sinergia entre los sectores público, privado y social para alinear instituciones, objetivos, metas y acciones hacia la promoción y generación de vivienda social. Proponemos que se activen alianzas, acuerdos entre los gobiernos estatales y municipales con los actores de la industria de la construcción y de la economía social para trabajar concertadamente en habilitar suelo urbano bien calificado, libre de riesgos y jurídicamente seguro, a precio accesible para desarrollar vivienda económica, metiéndole inversión a la infraestructura y equipamiento, bajando los costos a los trámites y permisos para incentivar la participación de constructores de vivienda, que deben ofrecer casas a bajo costo.

3-Para el sindicalismo mexicano la viabilidad y mejora del INFONAVIT es fundamental para atender el problema de vivienda. El sentido de las reformas aprobadas recientemente en el INFONAVIT las debemos materializar en un acceso real, cuantificable y medible de los trabajadores a la vivienda. Sosteniendo y defendiendo su gobernanza tripartita el INFONAVIT debe ser muy eficiente y la vez transparente en su nueva responsabilidad como constructor y arrendador de vivienda, trabajando desde sus órganos de gobierno para que este nuevo quehacer que le otorga la Ley ofrezca soluciones a los trabajadores y evitar complicaciones operativas futuras.

Modificaciones adicionales para ampliar la edad límite de a 70 y 75 años para hombres y mujeres respectivamente o los montos máximos de crédito deben reflejarse en mejoras reglamentarias y administrativas para su eficiente operación. Actualmente existen muchas casas abandonadas en la zona metropolitana de Guadalajara, son viviendas recuperadas por el Infonavit, y resulta evidente que la mezcla de viviendas abandonadas con viviendas ocupadas legalmente o invadidas, viviendas vandalizadas, hace extremadamente difícil el desarrollo de la vida comunitaria, propiciando problemas de inseguridad, se ha convertido en un grave problema social, con fuerte impacto en las materias de violencia intrafamiliar, salud y otros.

Por lo que hemos solicitado a Infonavit la implementación de un plan de acción para que se regularicen legalmente y se arreglen para ponerlas a la disposición de los trabajadores para que puedan solucionar su necesidad de vivienda. Esta opción puede ser muy viable para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda al alcance de su capacidad de crédito ya que las colonias, fraccionamientos o desarrollos en que se ubican son zonas ya consolidadas con equipamiento y servicios.

4-Impulso a modelos de financiamiento de vivienda social que promuevan un virtuoso y eficiente proceso de ahorro/ inversión entre los actores e instituciones involucradas, tasas de mercado preferenciales y subsidios gubernamentales focalizados, integración y complementación de créditos hipotecarios como el que existe entre INFONAVIT e IPEJAL en Jalisco.

5-Impulso a los proyectos de innovación en la construcción y de apoyo técnico para la reducción de costos de vivienda, sin afectar su calidad y habitabilidad.

6-Desarrollo de normativas y regulaciones a favor de la vivienda social, con especial énfasis en los ámbitos de responsabilidad de Estados y Municipios y la supervisión bajo un catálogo de buenas prácticas y así destrabar los impedimentos para lograr la construcción de miles de casas baratas, lo que necesitamos aquí es que la autoridad gubernamental le entre al reto e implemente políticas locales para habilitación de reservas urbanas en donación o aportación que puedan facilitar la construcción de vivienda barata.

La construcción de vivienda es el motor más importante de crecimiento económico porque genera derrama económica y propicia la creación de al menos 5 empleos formales por cada vivienda que se construya, además garantiza la atracción de inversiones, mejora la productividad, el arraigo laboral, la convivencia social, la seguridad económica y emocional de la familia.

Un Estado que no garantice la habilitación de opciones de vivienda, mina sus oportunidades de atraer inversión económica, y por lo tanto se dejan de generar empleos.

En consonancia con el PLAN MÉXICO que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y con la estrategia del nearshoring recordemos que esos proyectos de inversión generan nuevos requerimientos de vivienda, por lo que todo lo que hagamos en esta materia serán incentivos para alcanzar las metas del PLAN MÉXICO.

Por nuestra parte, hemos incorporado en la agenda sindical el tema de la vivienda como prioritario y apoyaremos las diversas medidas que busquen el impulso a la vivienda económica y social en Jalisco y así se promueva una sociedad más equitativa donde la voz de los trabajadores no solo se escuche, sino principalmente se atienda y se resuelva a su favor.

Por Francisco Junco //

Jonathan Mendoza Juárez es egresado del ITESO, es uno de los más jóvenes aspirantes a un cargo de elección para ser juez, para el proceso de elección en junio próximo. Se inscribió en el proceso electoral para este 2025 por el puesto de juez de distrito en materia de Trabajo en el Poder Judicial Federal.

A su corta edad, 24 años, cuenta con cinco años de trabajo en el Poder Judicial del Estado, donde ha laborado en áreas de lo civil, laboral, mercantil y familiar. Actualmente, cursa una maestría en juicios orales, enfocados en la materia penal, en la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia.

Cuenta, además, con un diplomado en juicio de amparo, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha dictado diversas conferencias. Y es que a los 19 años, ya había definido que se quería dedicar a la abogacía, cuando aún cursaba el quinto semestre en la facultad, comenzó a hacer sus prácticas como meritorio en la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Y fue ahí que comenzó, a su corta edad, a escalar rápidamente peldaños, que lo llevaron de meritorio auxiliar, secretario auxiliar de acuerdos a proyectista.

LA ENTREVISTA

Jonathan, ¿en qué momento decidiste que el tema de leyes y la abogacía sería a lo que te dedicarías en la vida? ¿Cuándo detectaste que era tu pasión?

Desde siempre. Yo recuerdo que me preguntaba la gente, cuando estás en la preparatoria, ya por salir. Oye, y ¿qué vas a estudiar? Yo siempre decía Derecho, quiero estudiar Derecho, quiero ayudar a la gente. Porque entendí, desde muy joven, que es una ciencia que ayuda a la gente en todos los sentidos. Porque estás resolviendo siempre los problemas, ya sean familiares, laborales, civiles. Nunca vi otra opción. Yo siempre dije «quiero Derecho», y eso fue.

¿Cómo ves desde tu perspectiva juvenil, con esa frescura, la justicia en Jalisco y hacia dónde va esta llamada modernización?

Así es, como tú lo mencionas, la juventud precisamente es lo que nos da esa visión que a lo mejor algunos ya no ven o que no quieren darse cuenta. Actualmente, la justicia en Jalisco está muy sobrepasada. Los tribunales tienen mucha carga de trabajo. Con la reforma o esta intención de digitalizar la justicia, se va a desahogar una mayor cantidad de juicios, de audiencias.

Es necesario, porque la digitalización nos va a ayudar a tener notificaciones digitales, a poder digitalizar los expedientes, que las partes lo puedan visualizar, desde una computadora y no tengan la necesidad de ir al juzgado, que son tan tardíos y que desgastan mucho a las partes y el procedimiento. Las audiencias también, que estén en línea, aunque, muchos de los juzgados a raíz de la pandemia que se tuvo que modernizar en este sentido, pero aún nos falta mucho.

La idea es que todos los juzgados tengan todos sus expedientes digitalizados, para que las partes, como te menciono, puedan tener un mayor acceso a la justicia, justicia pronta y expedita, que nos marca la Constitución.

LA CORRUPCIÓN, EL GRAN DESAFÍO

Uno de los grandes problemas que se ve dentro del mundo de la justicia es la corrupción. ¿Tú cómo ves este tema?

Considero que sí, realmente la corrupción es un tema que ha estado presente en ambos ámbitos, en el estatal y en el federal. Normalmente, la gente dice que en el estado es más fácil llegar a este tipo de acuerdos. Las reformas que pretenden acabar con la corrupción, con el nepotismo, son urgentes, porque la corrupción es un obstáculo para garantizar una verdadera justicia. Dicen que en Jalisco la justicia es de quien puede pagarla, esto es verdad, las partes que se ven más desfavorecidas son los que no tienen los recursos para poder llegar a una justicia, considero que tiene que cambiar.

Se tiene que erradicar la corrupción en el Poder Judicial, por eso estamos, a raíz de esta reforma, los jóvenes intentando llegar para poder erradicar desde fondo esa corrupción.

Esta modernización, ¿contempla esa parte?

Sí. Porque vienen ligados, la modernización va a ayudar mucho a que las partes puedan tener un mejor manejo de su expediente y lo conozcan bien. Porque a veces las partes ni siquiera lo conocen, solo contratan a un abogado y no saben de su proceso hasta la sentencia definitiva.

Sin embargo, si ellos pudieran tener a la mano su expediente, en forma digital, para revisarlo, se darían cuenta de las prácticas que están sucediendo y así podrían tener un mejor acercamiento a esta justicia que queremos que tengan todos los ciudadanos.

Dentro del contexto este de la modernización de la justicia, el asunto de la inteligencia artificial, ¿cómo la vez?

La inteligencia artificial es un tema que ha venido hablándose, sobre todo jóvenes, lo hemos empezado a utilizar. Yo te puedo decir que en el Poder Judicial ya está empezando a ser aplicada esa modalidad de inteligencia artificial, porque incluso en algunos proyectos del Poder Judicial de la Federación ya se ha implementado la ayuda de la inteligencia artificial, con programas como Julia, que ofrecen mejoras y te dan un pie a no empezar con una hoja en blanco, es decir, te da una base, para que tú puedas, sobre esa base, ir construyendo.

Pero desde luego es una modalidad que ofrece muchas mejoras y tiene una experiencia excelente, pero también tiene retos, también tenemos que utilizarlo de manera responsable y ética, porque si bien la inteligencia artificial te da la entrada, también tienes como servidor público, como impartidor de justicia, revisar que precisamente la inteligencia artificial no contenga sesgos o algunas palabras, corroborar que lo que te diga efectivamente esté escrito en la ley.

Además de que en las sentencias también tenemos que aplicar mecanismos como la jurisprudencia, la doctrina, que a lo mejor la inteligencia artificial todavía no te da porque todavía no está al 100 por ciento enfocada en una labor de justicia. Pero desde luego la inteligencia artificial va a venir a revolucionar también esta era de digitalización de la que venimos hablando.

¿Cómo te gustaría ver la justicia en Jalisco, como joven que eres?

A mí me gustaría ver una justicia en donde el más rico y el más pobre reciban la misma justicia, la misma calidad, que todos puedan acceder a la justicia mediante los mecanismos o todas las políticas públicas que se tienen y que así garantizar la justicia para todos. Desde siempre he querido que la justicia llegue a todos los rincones del Estado.

¿Cómo te sientes en este proceso que iniciará en unos días?

Estoy muy feliz, muy emocionado, por este proceso. Soy el más joven de la elección, eso no me quita alguna posibilidad o es una desventaja. Al contrario, creo que impartir justicia viene del conocimiento, de la vocación de servicio. Entonces estamos listos para enfrentar lo que venga.