Por Mario Ávila //

Hoy día, el narco-rancho Izaguirre, descubierto el pasado 5 de marzo como un campo de adiestramiento y señalado como un supuesto campo de exterminio, ya no es lo que parece, luego que ha sido intervenido de último momento y a toda prisa, por la Fiscalía del Estado de Jalisco, previo a ser entregado oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR).

Son ya casi tres semanas en las que la noticia principal a nivel estatal, nacional e internacional, ha sido el hallazgo por parte de la agrupación Guerreros Buscadores de Jalisco, liderados por Indira Navarro, de esta finca de 11 mil metros cuadrados en la comunidad La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco, tres pozos en los que se encontraron huesos humanos, una nave principal en la que había hasta 200 pares de zapatos, ropa, credenciales, cartas, cuadernos, mochilas, fotografías, listas de personas reclutadas y muchas evidencias que podrían pertenecer a personas que perdieron la vida en el lugar.

Tras los hallazgos que se compartieron mediante transmisiones en vivo a través de las redes sociales, la conciencia social se sacudió en todo el país y la noticia retumbó en el extranjero, particularmente luego de darse a conocer algunas revelaciones de testimonios de sobrevivientes que aseguraron que ahí desde el año 2012 se cometieron delitos de lesa humanidad como asesinato, tortura, esclavitud, violación, desaparición forzada, exterminio, tráfico de órganos y otras formas de violencia sexual (incluyendo a niños).

Ante ello, la reacción en lo social fue la constante movilización de la ciudadanía en más de 24 entidades de la República, en una evidente recriminación de los hechos y alarmados por el grado de impunidad que ha alcanzado el crimen organizado, ya que este rancho había quedado en resguardo de la Fiscalía de Jalisco, luego de que el 18 de septiembre del 2024 se había asegurado esta finca tras una intervención de la autoridad, donde se detuvieron a 10 criminales, dos personas secuestradas y el hallazgo de un cadáver, por lo que el nombre del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por acción o por omisión, fue señalado como responsable en todas las manifestaciones sociales y no solo por el hecho de que Jalisco sea líder nacional de desaparecidos con más de 15 mil 200 personas en esta condición, sino porque en su administración, se negó repetidamente a entregar cifras de desaparición a la estadística nacional y negó de manera rotunda que la Central Camionera fuera un centro de desapariciones y por lo tanto se negó a investigar esa zona.

En forma paralela, se dio una reacción política y legal en la que participaron todas las instancias de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en donde destacó la declaración del gobernador, Jesús Pablo Lemus Navarro, en el sentido de que en este asunto nadie se lavaría las manos y no se solaparía la responsabilidad de ningún funcionario público involucrado.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió de inmediato al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, analizar la posibilidad de hacer valer la facultad de la atracción del caso, para que la investigación se siguiera desde la FGR.

José Asunción Murguía, presidente municipal de Teuchitlán en el período 2021-2024 y reelecto para el 2024-2027, se limitó a decir que por la lejanía del rancho con la cabecera municipal, desconocía las actividades que ahí se llevaban a cabo; mientras que en el caso del municipio de Tala se admitió que tres elementos de la Policía Municipal, tuvieron participación en estos delitos y hoy está detenido el ex director de seguridad y dos policías son prófugos de la justicia.

Un debate que también se dio con este motivo en los medios de comunicación y que evidencia las divisiones que hay entre los grupos de buscadores de desaparecidos, fueron las posturas de Indira Navarro, líder de Guarreros Buscadores de Jalisco, quien recibió la llamada con la información de que deberían buscar en ese sitio y Cecy Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, quien dijo tener testimonios de personas que estuvieron en las acciones de búsqueda en el Izaguirre Ranch y que aseguraban que los datos que se habían dado a los medios de comunicación, eran exagerados y eso ponía en riesgo a las madres buscadoras.

Las intervenciones con tinte político se han dado al por mayor en este lapso y a ellas no fue ajeno el propio CJNG, quien a través de un video se eximen de responsabilidad en el caso de Teuchitlán y aseguran que en Jalisco hay paz; al tiempo que lo mismo en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, las confrontaciones por el tema han sido el pan de cada día, al grado de que Morena en el Senado rompió el quórum para evitar que se votara la propuesta del PAN en el sentido de hacer una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que interviniera en el caso de Teuchitlán.

En el caso del Congreso del Estado de Jalisco, extrañamente por unanimidad y con el voto a favor de la bancada de Movimiento Ciudadano, se aprobó un punto de acuerdo para citar a comparecer al gabinete de seguridad y al Fiscal, Salvador González de los Santos, para que dieran cuenta del polémico caso. Sin embargo, la comparecencia se canceló, porque se había programado para el mismo día y a la misma en el que el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, tenía también la convocatoria a su rueda de prensa para hablar sobre el mismo tema.

CREAR UNA “COMISIÓN DE LA VERDAD” PROPONEN EL GOBERNADOR Y EL FISCAL

En un mensaje dirigido a través de sus redes sociales, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos hizo, suya la propuesta del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en el sentido de que “en conjunto con el gobierno federal, se instale una ‘Comisión de la Verdad’, a fin de dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de derechos humanos y observadores, en el caso del Rancho Izaguirre. Porque nadie se lava las manos en Jalisco y queremos que se conozca la verdad”.

El funcionario estatal dijo haber escuchado con atención el informe presentado ante los medios de comunicación por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y aseguró que ese mismo día estaría entregando oficialmente todo el expediente del caso del Rancho Izaguirre, a la delegación de la FGR, a fin de que atraiga la investigación.

Aseguró que en dicho expediente, consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación, para avanzar en este caso “por lo que hay 10 personas en prisión y estamos coordinando con la Fiscalía General de la República, la visita del fiscal Alejandro Gertz Manero, que será de suma importancia y contará con todo nuestro apoyo para que el recorrido que encabezará, se realice siguiendo los protocolos que la dependencia federal señale, garantizando la máxima apertura y transparencia”.