JALISCO
Crisis del agua en Guadalajara
Opinión, por Miguel Anaya //
El sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) fue planeado en los años 50 con el objetivo de coordinar de manera eficiente el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Tras un largo proceso que abarcó varias administraciones locales, este ambicioso proyecto finalmente se concretó en 1978.
La creación del SIAPA surgió de la necesidad de una gestión conjunta entre municipios metropolitanos que permitiera una planificación y distribución más efectiva de este vital recurso en constante expansión. La visión inicial del arquitecto Matute Remus, una figura emblemática del desarrollo urbano de Guadalajara, contrasta con la falta de líderes actuales que presenten enfoques integrales, ordenados y sostenibles a largo plazo.
En sus primeras décadas, el SIAPA se erigió como un modelo nacional de colaboración intermunicipal. Sin embargo, con el tiempo, su capacidad de respuesta y su forma de gestión han quedado rezagadas. El deterioro de la infraestructura y la escasez de inversión en tecnologías hidráulicas innovadoras han sido la constante de los últimos gobiernos.
Hace pocos meses, la administración estatal anterior, aseguró que el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara estaba garantizado para los próximos 50 años. Sin embargo, esta promesa se desvanece ante la realidad de cortes constantes, agua de mala calidad y un servicio deficiente que ha generado indignación en la ciudadanía. La crisis oculta problemas financieros, infraestructura obsoleta y una alarmante contaminación industrial que exige soluciones inmediatas.
El SIAPA enfrenta una deuda monumental. Hasta mediados de 2023, los usuarios debían aproximadamente 14,939 millones de pesos, incluyendo tarifas impagas y recargos, para darnos una idea, esta cantidad es mayor al presupuesto anual de Guadalajara. Esta crisis financiera limita la capacidad del SIAPA, perpetuando un ciclo de deterioro del servicio.
La infraestructura hidráulica de Guadalajara también se encuentra en una situación crítica. Se estima que entre el 36% y el 50% del agua se pierde debido a fugas en la red y conexiones clandestinas. Las tuberías, muchas de ellas con más de 50 años de antigüedad y con escasa inversión en mantenimiento, agravan esta problemática.
En 2022, el SIAPA destinó apenas 17 millones de pesos a la renovación de tuberías, mientras que invirtió 235 millones en la operación de seis plantas de tratamiento, cuyas aguas tratadas, en su mayoría, regresan contaminadas al Río Santiago. Esta desproporción evidencia una falta de visión estratégica.
A esta crisis se suma la contaminación del Río Lerma-Santiago. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el 90% de la contaminación en esta cuenca proviene de descargas industriales en Jalisco y estados vecinos. Aunque la PROFEPA ha clausurado empresas por verter residuos tóxicos, estas acciones resultan insuficientes ante la magnitud del problema. La falta de sanciones efectivas y una permisividad hacia las industrias contaminantes perpetúan un ecocidio que afecta directamente la salud de las comunidades que dependen de esta agua.
La crisis hídrica de Guadalajara es el resultado de años de negligencia, falta de inversión y ausencia de políticas ambientales efectivas.
Es imperativo que las autoridades implementen un plan integral que contemple:
1. La reestructuración financiera del SIAPA: Abordar la deuda y mejorar la eficiencia en la recaudación para liberar recursos destinados a la mejora del servicio. No es necesario aumentar la tarifa, cobrando lo que se adeuda, debería ser más que suficiente.
2. Renovación de infraestructura: Invertir significativamente en la modernización de la red hidráulica para reducir las pérdidas por fugas. Si esto se logra se podrá abastecer a cientos de colonias adicionales.
3. Control estricto de descargas industriales: Aplicar sanciones ejemplares a las empresas contaminantes y fortalecer la vigilancia ambiental en la cuenca del Río Lerma-Santiago.
El acceso al agua potable no es un lujo; es un derecho humano reconocido en la Constitución Mexicana. Este derecho implica que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para todos.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho han fallado en su compromiso. La ciudadanía está pagando las consecuencias de años de mala planificación, omisiones y negligencia. Es momento de exigir rendición de cuentas y replantear, desde una visión integral y participativa, la gestión de nuestro recurso más invaluable: el agua.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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