JALISCO
Un comienzo con luces y sombras de Lemus en tragedia de desaparecidos
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La crisis de desapariciones en México, y particularmente en Jalisco, es una herida abierta que refleja la descomposición del tejido social y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia con gobernantes que han evadido su responsabilidad, minimizando el grave problema.
La llegada de Pablo Lemus al Gobierno de Jalisco despierta una mezcla de esperanza y escepticismo en un estado que carga con la vergüenza de ser líder nacional en desapariciones, con más de 15,000 personas perdidas en las sombras.
Lemus ha dado pasos iniciales que, al menos en el discurso, reconocen la gravedad del problema, algo que su predecesor, Enrique Alfaro, evitó con frases desafortunadas que culpaban a las víctimas, culpando a los medios de magnificar el problema.
La creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en octubre de 2024 y jefaturada por Edna Montoya Sánchez, es una señal de intenciones. Promete centralizar esfuerzos, integrar tecnología forense y coordinarse con colectivos de buscadores, como Guerreros Buscadores de Jalisco. Reuniones con líderes como Indira Navarro, quien ha encontrado más fosas que muchas fiscalías, muestran una apertura que contrasta con el cerco de la administración anterior.
Sin embargo, las promesas no son nuevas. En 2018, Alfaro también anunció una “estrategia integral” que nunca llegó a puerto. La secretaría de Lemus, aunque bien intencionada, nace con dudas: el presupuesto de 65 millones 200 mil pesos se ve muy bajo si se trata de enfrentar y buscar solución al principal problema de Jalisco.
¿Evitará la burocracia que asfixia a la Comisión de Búsqueda? El anuncio de mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara y la FEU es positivo, pero suena a eco de iniciativas pasadas que se diluyeron en foros sin impacto.
Más preocupante es la falta de claridad sobre cómo enfrentará a la criminalidad tan poderosa en la entidad. Su respaldo a la investigación federal sobre el campo de entrenamiento y supuesto crematorio en el Izaguirre Ranch de Teuchitlán en marzo de 2025 sugiere disposición a colaborar con la Federación, pero delegar responsabilidades no basta en un estado donde la complicidad local es un secreto a voces.
Recursos, pero con condiciones
Jalisco no es cualquier estado. Con un presupuesto de 174 mil millones de pesos en 2024 y una economía pujante, Lemus tiene los medios para marcar una diferencia, pero solo si los usa con audacia. Puede transformar la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, hoy un elefante blanco, con investigadores capacitados y libres de nexos con el crimen.
Puede invertir en un Centro Regional de Identificación Humana, como el de Coahuila, para procesar los restos de las más de 1,000 fosas clandestinas halladas en el estado desde 2018. Puede, también, liderar un esfuerzo legislativo que garantice derechos a las familias de los desaparecidos, desde permisos laborales hasta fondos de reparación, algo que estados como Chihuahua han implementado con éxito.
Un plan sin excusas
Si Pablo quiere ser recordado como el gobernador que enfrentó la crisis de desaparecidos, debe actuar con medidas concretas y medibles, no con discursos. Primero, dotar a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de al menos 500 millones de pesos anuales, suficientes para contratar forenses, analistas de inteligencia y equipo de geolocalización. Esta secretaría debe rendir cuentas trimestrales, con metas claras: localizar 1,000 personas vivas o restos identificados en dos años. Los colectivos, que han hecho el trabajo del Estado, deben tener un asiento permanente en su consejo asesor, no solo reuniones protocolarias.
Auditar la Fiscalía Estatal y la Comisión de Búsqueda. Casos como el de Teuchitlán, donde colectivos hallaron restos ignorados por las autoridades, son una bofetada a la confianza ciudadana. Depurar a funcionarios corruptos o negligentes es impostergable.
Crear un fondo estatal de 100 millones de pesos para las familias de los desaparecidos, cubriendo asistencia psicológica, legal y económica, como lo pidió Blanca Yolanda, cuyo caso sigue sin respuesta desde 2024.
Las buscadoras, como Indira Navarro, necesitan escoltas en zonas de riesgo, tras episodios como la emboscada de Tlajomulco en 2023 que dejó seis policías muertos. Quinto, impulsar una campaña estatal que use estadios, escuelas y medios para educar y movilizar. Los Charros de Jalisco podrían dedicar juegos a las víctimas, y los artistas locales, como Alejandro Fernández, podrían sumarse a un mensaje de unidad.
El papel de la sociedad
La sociedad también tiene un rol. He visto cómo la indiferencia ciudadana perpetúa estas tragedias. Lemus debe convocar a los jaliscienses a romper el silencio, denunciando anónimamente fosas o apoyando a colectivos. Pero no puede cargar solo con la responsabilidad: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dirige Luz del Carmen Godínez, designada en los tiempos del gobernador Enrique Alfaro, que ha sido tibia en el tema de los desaparecidos, debe asumir una actitud responsable y comprometida con las víctimas y un rol más protagónico, ya que se requiere su voz a favor de la justicia y poner un alto a esta tragedia que tanto dolor ha ocasionado entre las familias jaliscienses.
Pablo tiene mucho por hacer y sin duda este tema de los desaparecidos es su principal desafío: si logra resolverlo pasará a la historia como el mejor gobernador de los nuevos tiempos, un gobernador comprometido y responsable. Eso es lo que anhelan los jaliscienses, que hable menos y actúe con más determinación, con metas y resultados tangibles y medibles.
– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz
La corrupción es un mal que aqueja a nuestro país. Se posiciona en un estatus de privilegio y poder, y se crea y crece mediante la simulación política. Los escándalos alrededor de personajes con privilegios no merecidos, que viven de lo heredado y que lideran grupos políticos para agrupar a su gente en lugares clave, nunca han traído ni traerán ningún beneficio a la sociedad. Por el contrario, son grupos poderosos que por años mantienen su dominio sin buscar el beneficio de la comunidad.
En México, la corrupción de la clase política es un tema grave. Aunque la solución existe bajo el concepto de la ética e integridad en el servicio público, que dan como resultado buenas prácticas y transparencia, erradicar las malas prácticas y simulaciones de los gobiernos y de la clase política es una labor conjunta de la sociedad y una cuestión de conciencia individual.
Actualmente, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y enfrenta dos situaciones de pago de nómina y contratación opaca, temas de corrupción que deben ser tratados por su nombre y con sus consecuencias. El combate a los actos de corrupción es un deber y una obligación de la sociedad y de los gobiernos en turno.
Ahora, se expone en redes sociales y medios de comunicación el caso de la exalcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien cobra en la nómina del Gobierno del Estado la cantidad de setenta y ocho mil pesos mensuales. Además de ser un acto de corrupción, estos son salarios que en este país superan por mucho el promedio, que es de doce a quince mil pesos para la clase trabajadora.
Mientras un gran sector marginado de la clase trabajadora gana un salario mínimo de 278 pesos diarios e intenta vivir con él en un Jalisco caro en impuestos y servicios, la exalcaldesa gana 2 mil 600 pesos diarios. Este personaje político, con liderazgo en el municipio, goza del privilegio de ganar casi diez salarios mínimos al día, quizás porque en etapa electoral puede aportar votos y por su posición política dentro del partido Movimiento Ciudadano.
Habría que sumarle a este caso el de la exconductora de televisión Elizabeth Castro, quien también en esta administración cobraba en el SIAPA sin perfil técnico ni asistencia. En este caso reciente, falta observar su proceso de jubilación en Pensiones del Estado para transparentar y constatar que, si bien ya no puede figurar en nómina gubernamental, su ventaja política no se mantenga con una pensión dorada.
Sin duda, estos son dos casos de corrupción e impunidad que deben salir a la luz pública. Erradicar políticas como estas y ser gobiernos congruentes con la realidad y con el combate a la corrupción es la única manera de mantener una percepción social sana.
La sociedad ha cambiado en las últimas tres décadas; ya no idolatra a los políticos, ahora exige gobiernos abiertos y transparentes. Por lo tanto, debe ser decisivo que los gobiernos y partidos actuales erradiquen viejas y nefastas prácticas. Intentar perpetuar liderazgos con favores políticos, nombramientos por amistad o estrategia, y permitir que personajes cobren salarios absurdos sin trabajar, son actos de corrupción y sin defensa. Esta política gubernamental opaca y contradictoria demuestra que los privilegios son producto de la corrupción, no del mérito.
Pero esto no para aquí, estimado lector. Mientras existan escándalos y señalamientos de estas prácticas que desvirtúan la política jalisciense y a los gobiernos en turno, deberemos poner especial atención en la lista de personas que cobran nóminas jugosas del erario público a cambio de situaciones opacas o estatutos incomprensibles para la sociedad. Estos son, además, actos de abuso y corrupción.
Demandar que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho. Evaluar si un acto que genera opacidad es un aviso de una administración corrupta debe darnos la capacidad de analizar las próximas campañas electorales. Es nuestro deber premiar o castigar a los partidos y grupos políticos, ya que ellos no tienen el verdadero poder del cambio, sino el votante.
Es importante que todo lo que tenga tinte de corrupción salga a la luz y que quienes se benefician de ella no tengan regreso a los gobiernos de nuestro Jalisco. La exigencia social es lo que debe encarrilar a los gobiernos que pretenden simular y gastar el presupuesto público para mantener favores.
Jalisco tiene un cúmulo de necesidades, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental que los gobiernos y la clase política comprendan que están en esos puestos por el favor del voto, no para atender favores de terceros.
EL ORADOR
Gabriel Ibarra Bourjac el orador en el evento de conmemoración del 95 aniversario del natalicio de Porfirio Cortés Silva, de quien fue su gran amigo, destacó su vida trascendente, un hombre clave en la vida pública, con una visión social de largo plazo. En su intervención, resaltó cómo Cortés entendía y abordaba las problemáticas ciudadanas, dejando un legado perdurable de compromiso comunitario.
JOSÉ ALBERTO CORTÉS
Gabriel Ibarra Bourjac con José Alberto Cortés, quien organizó el evento de conmemoración del 95 aniversario del natalicio de su señor padre Porfirio Cortés Silva; PALMAC le rindió homenaje al destacado político y líder sindical, recordando su legado, en donde dejó huella en educación, deporte, convivencia y unión social.
KARINA CORTÉS
Karina Cortés entrega el premio al ganador del Concurso de Conocimientos que PALMAC organizó entre estudiantes de primaria, como parte de los eventos culturales para conmemorar el 95 aniversario del natalicio de Porfirio Cortés Silva, destacado benefactor de la educación, en un emotivo acto que resalta su legado en la comunidad.
DIANA GONZÁLEZ
De izquierda a derecha, el líder obrero Antonio Álvarez Esparza, el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, la regidora de Guadalajara Diana González y el diputado federal Alberto Maldonado, coordinador de los legisladores federales de Morena en San Lázaro.
CON ALMITA SALAS
La maestra Almita Salas con sus queridos amigos José I. López y Ramiro Hernández García.
CON GILBERTO OROZCO
Gabriel Ibarra Bourjac con su amigo Gilberto Orozco, de los asesores jurídicos de la CROC
LINDA INNÉS DÁVILA
De izquierda a derecha, Rossana Aguirre, Linda Innés Dávila y Paola Ramírez, en el evento en el que se formalizó la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
JUAN JOSÉ FRANGIE
Juan José Frangie y Cynthia Cantero Pacheco al estampar el alcalde de Zapopan su firma de compromiso para apoyar al Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, un espacio diseñado para articular esfuerzos entre gobierno y ciudadanía.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
