JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras
Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
-Por Francisco Junco
Por primera vez, Guadalajara es sede de la Clinic de Fútbol Fundación Real Madrid, una experiencia deportiva y formativa que beneficiará a 243 niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 14 años de la metrópoli de Guadalajara y otros municipios del estado.
Durante cinco días, del 14 al 18 de julio en el Polideportivo CODE Jalisco, entrenadores oficiales del club merengue compartirán su metodología, que combina técnica futbolística con valores humanos.
Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, encabezó la inauguración de este proyecto, que es resultado de las gestiones hechas en España desde enero, durante la gira de trabajo que realizó a este país europeo.
“Platiqué con Emilio (Butragueño), y lo que decidimos fue una fórmula muy sencilla, tenemos que llevarles a las niñas y niños de Jalisco lo mejor del mundo. Las niñas y niños de Jalisco se merecen lo mejor del mundo”, señaló el mandatario.
Adelantó que, como siguiente paso, se trabajará como meta abrir una Escuela de Fútbol del Real Madrid en el estado, durante este año.
Más allá de la táctica, el objetivo de la Fundación es claro: formar campeones en la cancha y en la vida, enseñando trabajo en equipo, disciplina, respeto y resiliencia. Así lo destacó también Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Desarrollo Social, al explicar que los beneficiarios provienen de municipios como Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Amatitán, Colotlán y programas del DIF y CODE Jalisco.
“El balón es solo una excusa para tratar de sumar a la educación y principios que vuestros padres, en el colegio, los profesores, que este fantástico gobierno y esta coordinación de empresas públicas y privadas, se unen alrededor nuestro, para que seáis mejores personas y que eso quede para el resto de nuestras vidas”, explicó Albert García, responsable técnico de la fundación, al subrayar el enfoque educativo de estas clínicas que ya han llegado a más de 1.3 millones de personas en más de 100 países.
Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno estatal por acercar oportunidades reales a la niñez, preparándolos no solo para competir, sino para soñar en grande y vivir con valores. Una camiseta firmada por el primer equipo blanco, entregada a Pablo Lemus, marcó simbólicamente el inicio de una alianza que apenas comienza.
-Por Mario Ávila
La camioneta utilizada por el feminicida de Karla, la noche del pasado sábado 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos, al oriente de Guadalajara, cuando le disparó a quemarropa con arma de fuego, fue encontrada en la colonia Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga.
El vehículo utilizado por el agresor es tipo SUV de la marca Chevrolet, Equinox, modelo 2010 en color blanco, con placas de Chihuahua. Fue encontrado por elementos de la Vice Fiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios.
El hecho se registró la madrugada del pasado 12 de julio, alrededor de las 1:34 horas, cuando la mujer fue agredida con disparos de arma de fuego en el tórax y el abdomen, luego de discutir y pelear con el hombre que llegó a bordo de la camioneta a las inmediaciones de las calles Hacienda de Los Cedros y Hacienda de Calderón, en el conjunto residencial Plutarco Elías Calles.
El hecho cobró relevancia luego de que en redes sociales circuló el video del pleito verbal y físico entre ambas personas y particularmente cuando la mujer reta a su agresor a que saque el arma que portaba en el vehículo, lo que el hoy presunto feminicida realizó para cometer el crimen.
-Por Mario Ávila
La Fiscalía del Estado logró la captura de los presuntos responsables del multihomicidio de la familia (dos adultos y dos menores de edad), cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada en un barranco próximo al kilómetro 23 de la carretera federal, en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca.
Mediante una orden de aprehensión, esta madrugada se logró capturar en un operativo a tres presuntos involucrados en estos hechos: Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Leonel Alfredo “N”, quienes habrían participado la noche del pasado 9 de julio en la agresión a una familia donde resultaron fallecidas cuatro personas: un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que uno de los detenidos es pariente del padre de familia asesinado y el otro es elemento de la Policía de Zapopan; así mismo, hay más elementos de esa corporación implicados con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
De acuerdo con las investigaciones, la noche del 9 de julio los presuntos agresores llegaron al domicilio de las víctimas donde las habrían agredido, en la Colonia La Magdalena, en Zapopan. Acompañados de un grupo de hombres, se habrían llevado a las víctimas hasta el municipio de San Cristóbal de La Barranca; en ese lugar habrían agredido con armas de fuego a las víctimas, para luego arrojar los cuerpos hacia un barranco.
El procesamiento del hallazgo se realizó inicialmente por personal de la Agencia del Ministerio Público de Tequila, perteneciente al Distrito X, pero por la gravedad del caso, este fue atraído por la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada de la Fiscalía del Estado, a través de su Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales, la cual indaga las evidencias y circunstancias en torno al hecho.
Real Madrid entrena con alma blanca a la niñez de Jalisco
Localizan en Tlajomulco la camioneta del asesino de Karla
Policías municipales de Zapopan implicados en el multihomicidio de familia
Más de mil ciclistas tomarán la ciudad en el Gran Giro Guadalajara Electrolit 2025
