-Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

¿Cómo nos irá con las modificaciones que México ha sufrido durante este gobierno federal? Hemos experimentado cambios importantes en materia judicial, en el acceso a la información pública y en el ejercicio de los derechos humanos. Hoy se anuncia un posible e inminente cambio de rumbo en el modelo electoral, que busca eliminar barreras y contrapesos.

Nos enfrentamos a un gobierno federal con grandes retos y desafíos, pero enfocado en eliminar los obstáculos que impiden consolidar los proyectos de su movimiento, y sinceramente, no los del país. Habrá que analizar con detenimiento hacia dónde vamos, o si nos están llevando dentro de una corriente política de adecuación a un sistema provocado.

Uno de los cambios más dramáticos que, a mi parecer, enfrenta el país es, sin duda, la desaparición de los órganos garantes que permitían el acceso a la información pública. Estos órganos aseguraban el ejercicio del derecho humano a saber, a pedir información y a generar opinión y criterio sobre las actuaciones de las autoridades y de los gobiernos en turno.

La transparencia y sus modelos de rendición de cuentas permitían al ciudadano mantenerse sistemáticamente informado sobre qué se hacía con los recursos, dónde se aplicaban y cómo se respondían los «porqués» de la sociedad. Esto aseguraba el derecho a saber cómo se actuaba desde el servicio público y a determinar si era necesaria una rendición de cuentas. Ahora, a poco tiempo de que la transparencia sucumbiera en México a los nuevos cambios del gobierno en turno, la opacidad parece ser una nueva normalidad.

Los titulares de los medios de comunicación en el país afirman que la opacidad comienza a instalarse. Aseguran que, desde la creación de «Transparencia para el Pueblo» (organismo que sustituyó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI), se acumulan 2,253 recursos de revisión. De estos, solo 457 han sido resueltos y el 99.6% de ellos han sido desechados.

A esto se refería la preocupación de no caer en un anunciado retroceso en materia del derecho al acceso a la información pública. Es triste ver que lo que se anunció como una «desarticulación conveniente» se está cumpliendo y, en medio de los cambios programados por este gobierno en turno, la transparencia está siendo silenciada.

Ante tal situación, en Jalisco esperamos no caer en las deficiencias que generan la opacidad. Nos encontramos en proceso de una reforma en materia de transparencia. La propuesta del ejecutivo estatal es la creación de un órgano desconcentrado, a diferencia de «Transparencia para el Pueblo».

La idea para mantener el acceso al derecho a la información pública local es tener una dirección colegiada encabezada por tres personas: una autoridad garante con un titular y dos consejeros con figura jurídica. Estos serían elegidos bajo los lineamientos de una convocatoria pública y abierta emitida por la Contraloría del Estado. A través de un esquema de terna, serán nombrados por el titular del Ejecutivo estatal para ocupar los cargos de dirección general y consejerías del órgano desconcentrado.

Este nuevo órgano deberá sustituir todo un sistema de acceso a la información que llevó más de dos décadas en constante formación y que, sin duda, fue un parteaguas para el derecho a saber y para la formación de ciudadanos que exigen información pública.

Esperamos lo mejor para Jalisco en materia de acceso a la información pública, sobre todo hoy que los resultados de los cambios federales no son alentadores y se inclinan más al cumplimiento de predicciones hechas desde la crítica a las modificaciones generadas por este gobierno federal. Jalisco es un fuerte referente en transparencia, un precursor, una entidad federativa con una cultura formada por la transparencia y el acceso a la información pública.

Tenemos una comunidad jalisciense con muchas preguntas, siempre en busca de respuestas precisas y sustentadas. Es por eso que se espera que este proceso de reforma en materia de transparencia sea a la medida de las necesidades de todos los jaliscienses, quienes sin duda aprecian la información y su acceso para ejercer sus derechos, cuestionar, transformar y comunicar.

Esperamos que las voluntades políticas funcionen en dirección a una sociedad informada y a gobiernos responsables de sus administraciones públicas, con la capacidad de erradicar la opacidad y la corrupción, pero sobre todo con el compromiso de construir puentes generacionales de respeto a los derechos humanos y su ejercicio para una sociedad con gobiernos sanos.

Es contundente el retroceso democrático a nivel federal, especialmente en materia de transparencia; existe una esperanza cautelosa en que Jalisco pueda mantener y fortalecer estos derechos fundamentales, sirviendo como un baluarte frente a la opacidad.