– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

La historia, madre de la vida, nos recuerda por qué y cómo han sucumbido regímenes otrora invencibles, que parecían sempiternos, pero que hoy solo son un recuerdo. Algunos ni eso. Si “la perdición de los hombres son las benditas mujeres”, para los países, la perdición que los colapsó son los que se creyeron más que benditos, incluso… “dioses”.

Algunos factores que, indudablemente, llevan a una nación a la ruina: la ingobernabilidad: La falta de estabilidad política, por conflictos internos, por la ausencia de un Estado de derecho justo y fuerte, generan incertidumbre entre los ciudadanos y los empresarios, nacionales e internacionales. Esto deriva en anarquía, caos jurídico; suspensión de inversiones locales e internacionales. La economía puede deteriorarse y paralizar al país.

La exclusión de varios y variados grupos de participación política y económica genera desigualdades y conflictos sociales, así como impunidad, lo que facilita la corrupción y un Estado Fallido. La democracia es en estos países un mito.

La corrupción: la descomposición de una nación inicia con prácticas de corrupción de toda índole y en todos los sectores. La corrupción socava los cimientos de un país. La corrupción se ha tornado en un eslogan de todos los políticos. Sea para condenarla, para atribuirla a los malos, que siempre son los otros, nunca los que la condenan.

Desviar fondos y recursos públicos que deberían emplearse en obras sociales, ayudas por desastres, educación popular, servicios públicos de calidad, son muestras de la degradación de las instituciones, tanto las públicas como las privadas. La opacidad de los gobernantes o de dependencias enteras, motiva a “pensar mal” cada vez que se adquiere, por parte de los gobiernos, insumos, vehículos, materiales, etc.

Los fraudes al erario son también motivo de desestabilización. Sean de los empleados comunes y corrientes, así como de funcionarios de alto rango, indican que los políticos han propiciado el saqueo y los asaltos porque un gobierno involucrado en este fraude, que lo solapa o lo cubre, pierde credibilidad y don de mando.

Las políticas económicas gubernamentales deficientes o erradas pueden provocar crisis y desestabilizar; por ejemplo, tener inflación incontrolable y desequilibrio en la producción, distribución y comercialización, que afectan al consumo y la devaluación de la moneda, reduciendo el poder adquisitivo de la sociedad.

Los malos acuerdos comerciales con otros países desestabilizan la balanza; la distribución de la riqueza debe fomentarse de acuerdo con parámetros de productividad, trabajo y recaudación impositiva que, a su vez, cubra las necesidades de servicios, estímulos, y aún protección a las empresas nacionales, para no crear conflictos o descontento social.

El endeudamiento oficial debe ser mesurado; la exageración de recurrir a este recurso económico puede llevar a la ruina a cualquier Estado. La austeridad debe ser política constante, so pena de caer en dilapidación, despilfarro y el pago de intereses muy elevados.

Otro factor importante es la debilidad institucional. Cuando no hay Estado de derecho, cuando la impunidad campea en todos los ámbitos y la violencia es incontrolable, el Estado merma en su gestión rectora y en su prestigio interno y externo.

La inseguridad pública propiciada por la corrupción de los cuerpos policiacos, el ejército o las fuerzas del orden en general, y el poderío del crimen organizado derivan en un estado anárquico, sin ley, con grandes afectaciones a la sociedad civil, a la que se relega a un segundo término, cuando debe de ser el motivo principal del gobierno.

Los valores en decadencia son también un factor de deterioro. La ética ausente genera arbitrariedades, discriminación, iniquidad, desigualdad, corrupción y termina con la integración de la sociedad. La falta de accesos a la salud o servicios públicos deficientes o inexistentes impacta directamente en la pérdida de capital humano y la productividad. También en un descontento social grave.

El “dejar hacer, dejar pasar”, muy de emperadores romanos o déspotas históricos, puede ser una moda en lo referente a las decenas de miles de desaparecidos, sin que haya respuestas a las personas que, desesperadas, buscan y encuentran restos de personas sacrificadas al más estilo bárbaro.

La inestabilidad global por crisis económica, por los conflictos bélicos o por malas prácticas diplomáticas contribuye también a crisis sociales, económicas y políticas que pueden tener consecuencias de inestabilidad del gobierno.

Los cambios geopolíticos, que incluyen decisiones de gobiernos extranjeros, afectan al entorno de la gobernanza y los negocios, tales como la imposición de nuevos aranceles a los productos nacionales.

Los requisitos para que las divisas entren al país, los cobros por enviarlas o cobrarlas, tienen también repercusión en países como México, cuyo monto de ingreso es uno de los más importantes para la estabilidad económica nacional. Las exportaciones de bienes que dan al país un ingreso muy significativo deben ser estimuladas, motivadas y no tener tantas regulaciones oficiales porque desalientan esta actividad que nutre de recursos a las empresas asentadas en territorios nacionales.

Los gobernantes de todos los países conocen todos los factores mencionados. En algunos casos, “juegan” con el destino de personas que creen o que les tienen confianza, por haber llegado al poder por los métodos convencionales democráticos.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Ronald Reagan solía decir, con su característico humor político, que “la visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases: «Si se mueve, póngasele un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese, y si no se mueve más, otórguesele un subsidio».

Sin embargo, más allá del tono irónico, esta frase encierra una verdad profunda: el Estado, para sostenerse, necesita recursos, y esos recursos provienen de la actividad económica, y cuando la recaudación se ve mermada por la litigiosidad de los contribuyentes, el gobierno busca ajustar las reglas del juego.

Por eso, las nuevas reformas en materia administrativa y fiscal deben entenderse justamente desde esa perspectiva: el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. Se trata de una reforma con enfoque pragmático —no ideológico— que busca reducir la enorme cantidad de litigios fiscales que, durante años, han terminado por retrasar o impedir el cobro efectivo de créditos fiscales. Pero detrás de ese propósito se esconden grandes transformaciones que modificarán la forma en que los abogados deberán concebir su trabajo.

Hasta ahora, el sistema ofrecía un amplio margen para impugnar actos administrativos y fiscales, incluso en etapas donde la deuda ya había sido determinada o estaba en vías de ejecución. Muchos litigantes aprovecharon ese espacio para prolongar procedimientos y ganar tiempo, a veces de manera legítima, a veces con fines dilatorios.

Las nuevas disposiciones buscan cerrar esas puertas. De acuerdo con las modificaciones, será improcedente el recurso administrativo cuando se interponga contra actos que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias ya impugnadas, y que hayan quedado firmes por resolución de una autoridad competente.

Esto, en la práctica, implica que una vez que un crédito fiscal ha quedado firme, no habrá posibilidad de reabrir el debate mediante nuevas vías o recursos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también ve limitada su competencia en este sentido: conocerá los juicios promovidos contra resoluciones definitivas o actos administrativos en los que se determine una obligación fiscal o se establezcan bases para su liquidación, pero no podrá hacerlo tratándose de créditos fiscales ya determinados, firmes o prescritos bajo resolución de autoridad competente. En otras palabras, lo decidido, decidido está.

A simple vista, esta medida parece técnica, casi burocrática. Pero su efecto será profundo, ya que significa que el litigio ya no podrá usarse como una herramienta para “ganar tiempo” o renegociar la deuda, y que las estrategias defensivas deberán concentrarse en etapas mucho más tempranas. En consecuencia, la abogacía administrativa y fiscal entrará en una nueva era, una donde la prevención y la técnica serán los ejes fundamentales.

El abogado del siglo XXI —al menos el que quiera sobrevivir en el nuevo contexto— tendrá que dejar de ser un simple “apagafuegos” y convertirse en un verdadero estratega. Ya no bastará con presentar un recurso o una demanda una vez que la autoridad ha actuado: el trabajo deberá comenzar antes, desde la asesoría preventiva, la planeación de las operaciones, la revisión del cumplimiento normativo y la detección de posibles contingencias.

Esta transformación no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para profesionalizar la práctica jurídica. Durante años, el litigio administrativo se convirtió en una especie de zona gris donde las estrategias procesales se mezclaban con la improvisación, y donde el exceso de facilidades terminó por generar incentivos perversos: autoridades lentas, procesos interminables y créditos que, aunque válidos, quedaban sin cobrarse.

Desde luego, todo cambio genera resistencias. Habrá quienes argumenten que estas reformas restringen derechos o limitan el acceso a la justicia. Pero conviene recordar que el acceso a la justicia no es sinónimo de litigios eternos. La justicia también requiere certeza, y esa certeza solo puede existir cuando las resoluciones se respetan.

En ese sentido, lo que las reformas proponen no es cerrar puertas, sino delimitar los caminos. Si el procedimiento se agota y la resolución queda firme, el Estado debe tener la capacidad de cobrar, y el contribuyente, la certeza de que el proceso ha concluido.

Además, estas medidas podrían tener un efecto saludable en el propio ecosistema jurídico. Se elevará la exigencia técnica de los procedimientos, y se elevará también la calidad del trabajo profesional. El abogado que no se actualice quedará fuera de juego. La litigiosidad artificial, basada en formularios o impugnaciones genéricas, ya no tendrá cabida.

En cambio, habrá espacio para quienes sepan construir argumentos sólidos, detectar errores sustantivos en los actos de autoridad, de tal forma que la diferencia entre ganar y perder estará en los detalles, en la precisión jurídica y en la capacidad de anticipar escenarios.

En el fondo, este cambio refleja algo más grande: la evolución del Estado mexicano hacia un modelo más moderno de gestión fiscal. Un Estado que no puede cobrar lo que le corresponde es un Estado débil. Pero un Estado que cobra sin respetar el debido proceso es un Estado injusto. El equilibrio entre eficiencia recaudatoria y garantía de derechos será la clave de este nuevo periodo. Y ese equilibrio dependerá, en gran medida, de la preparación de los profesionales del derecho y de su compromiso con la técnica.

La realidad es que estamos entrando en una etapa en la que el abogado ya no puede limitarse a reaccionar. Su papel será, cada vez más, el de un asesor integral que combine conocimiento jurídico, visión económica y comprensión de la lógica institucional. Lo que se mueve —como diría Reagan— será gravado o regulado, pero lo que no se mueva, quedará fuera del mapa. Y en ese nuevo orden, solo sobrevivirán quienes sepan adaptarse.

Las reformas al procedimiento administrativo no son solo una modificación de artículos: son una declaración de intenciones. El Estado busca fortalecer su recaudación, pero también enviar un mensaje claro: los litigios deben ser excepcionales, no la regla. Quienes sepan entender esto, encontrarán oportunidades donde otros verán restricciones. Pero, al final, el derecho no se trata solo de oponerse, sino de comprender el cambio, anticiparse a él y convertirlo en una ventaja.

México está redefiniendo la relación entre el contribuyente, la autoridad y el abogado. Lo que viene exigirá más conocimiento, más estrategia y, sobre todo, más responsabilidad. No es el fin del litigio; es el principio de una nueva forma de ejercerlo. Y en ese terreno, el abogado que entienda que la prevención es la nueva defensa, será el que marque el rumbo.

– Opinión, por Ramiro Escoto Ratkovich

La tragedia de las inundaciones no ha hecho más que beneficiar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, cuando estaba en la palestra el tema de los señalamientos de enriquecimiento ilícito del José Ramiro López Obrador por sus ranchos en Tabasco, así como el ganado del aficionado número uno del futbol en el senado, Adán Augusto López, los viajes en jet privado y la casa de 12 millones de Gerardo Fernández Noroña, entre otros, con una gran cortina de humo suficiente también para cubrir mientras la distracción continúa, la votación a favor de los nuevos impuestos, así como el endeudamiento para el próximo año, concedido por la mayoría en el Congreso.

La tormenta perfecta tiene además a la zacatecana, gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ha evadido su responsabilidad en las afectaciones y víctimas en ese estado, junto al presidente municipal de Poza Rica quien se evidenció con su omisión en la construcción de un dique, pero para ambos lo que ha ecistido es protección y ausencia de comentarios de parte del Gobierno de México, aunque para la titular del ejecutivo veracruzano, el pasado jueves hubo desaire, luego de que la presidenta recorriera varias zonas afectadas sin su presencia.

No hay dinero, y el país tiene suficientes pistas de circo como para que la gente se distraiga: en Michoacán agricultores tiran limones, mientras que en Jalisco los que siembran el maíz no han encontrado respuestas ni cumplimiento de la palabra al pago de sus cultivos; incluso volverían a tomar carreteras y accesos a grandes ciudades si las cosas no toman un curso justo para los campesinos.

La presidenta habla del incremento al IEPS en las bebidas azucaradas argumentando que es por salud, palabra que ha usado una y otra vez, a sabiendas de que ese dinero va a los compromisos no cumplidos, menos justo a la salud, donde no hay medicinas, producto de que no pagan las deudas con el sector farmacéutico, y el discurso se cae así nuevamente por falta de congruencia.

Escándalos como el de la titular de CONACYT, por su enriquecimiento y gasto millonario en trabajos y proyectos fantasma, como la vacuna patria, por ejemplo, o el del huachicol fiscal que sigue consumiendo fondos de un Pemex que mantiene México con gasolinas por arriba de los 25 pesos y Dos Bocas que gasta más delo que produce y vale.

Y qué decir de quien dirigía el FONDEN que ni los morenistas sabían que estaba con ellos tras su salida del PRI, y que ahora, en la narrativa lo ponen de ejemplo para que el partido revise los perfiles de quienes están en Direcciones y responsabilidades, con el fin de que cumplan con los requerimientos, conocimientos, pero sobre todo transparencia y honestidad.

El fracaso de Mexicana de Aviación que dejó de ser tema de presunción, porque la verdadera prensa ha develado el alto costo de un capricho del sexenio pasado que no deja de sorprender en deudas y pérdidas.

Los diputados ahora quieren gravar hasta los video juegos violentos, bajo un pretexto que sólo busca justificar la recaudación de impuestos, al más puro estilo de “Varguitas” en la ley de Herodes.

Bien decía el expresidente López Obrador, esta situación en el país le va como anillo al dedo en el tema de los distractores, mientras el plan C se desarrolla al amparo de una línea que advierte la manera en la que no saben de administración pública, atención a desastres y manejo de crisis.

Queda claro también que la improvisación tampoco ha sido su fuerte, cuando negaron que nadie les advirtió sobre las lluvias en 5 estados, mientras que CONAGUA lo informó el 9 de octubre en su reporte del tiempo, mismo que fue borrado de la memoria digital.

Así como la transparencia que fingen y luego silencian, como cuando la presidenta calló al secretario de Salud —como lo hizo con damnificados y afectados en Veracruz—, pero lo peor es que no hay oposición que pueda competir con la realidad que vivimos políticamente, y ese es justo el anillo que mejor le viene al dedo.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

El reporte de perspectivas económicas del Banco Mundial señala que existen importantes vientos en contra del crecimiento en nuestro país y en el mundo, derivados de tensiones comerciales y mayor incertidumbre política. Nos dice que, las débiles perspectivas limitan la capacidad para crear empleos y reducir la pobreza extrema. Contempla, además, una reducción de la inversión extranjera directa en las economías emergentes y en desarrollo, que agravan estas condiciones adversas.

La sugerencia: Para desbloquear la creación de empleo formal y el crecimiento a largo plazo, las reformas deben centrarse en aumentar la calidad institucional, atraer inversión privada, fortalecer el capital humano y los mercados laborales. Nada de eso se está haciendo.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha elevado su pronóstico de crecimiento para México a 1% en 2025, sobre la predicción de abril de este año que fijó en 0.3% debido a que las presiones arancelarias han sido menores de lo previsto y a que espera una recuperación de la economía estadounidense, esto desde el punto de vista macroeconómico. Sin embargo, este jueves, el mismo FMI señala que México registrará el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de al menos 4 sexenios y la deuda neta gubernamental será la más alta desde el año 2006.

Para las calificadoras internacionales, la observación sobre el comportamiento de la deuda nacional es un punto de mayor importancia, pues muestra una tendencia creciente amenazando su grado de confianza. Las autoridades hacendarias mexicanas han hecho énfasis en que la deuda es perfectamente manejable y que no representa riesgos; sin embargo, el conjunto de la economía nos indica que puede llegar a niveles inmanejables.

El presupuesto de ingresos presentado al Congreso muestra claramente que el Estado necesita más recursos para superar el déficit que arrastra, estimado por el FMI en 4.9%, un punto porcentual por arriba de la estimación oficial mexicana, y denota que el ingreso dependerá del comportamiento fiscal y al parecer en el siguiente año será el consumo el que sostenga la dinámica económica y el ingreso fiscal.

Para que el gobierno recaude más, debe necesariamente que haber crecimiento y este solo será posible si aumenta la inversión, pero para que esta llegue el capital debe tener confianza y los últimos indicadores publicados por el INEGI demuestran que esta va a la baja tanto en el ámbito empresarial como en el consumidor.

En el noveno mes de este año, el indicador de confianza del consumidor sufrió un revés de 0.53 puntos respecto a septiembre de 2024, nueve caídas en su comparación anual. Por su parte el indicador de confianza empresarial, en términos anuales lleva también nueve caídas, pese a que en septiembre tuvo un avance de 0.11.

Hay reservas para que la inversión fluya y, además, el crédito privado también va a la baja ante la incertidumbre que representa un Poder Judicial más inclinado a la protección social que a la aplicación estricta de la ley.

La recomendación del Banco Mundial no debiera desecharse a la ligera ni desestimarse, el gobierno requiere consolidar sus avances políticos y mantener sus políticas distributivas, pero necesita a la par, incrementar sus ingresos fiscales y esos solo llegan con crecimiento, el cual se inhibe por las reformas que desnivelan el equilibrio entre los factores económicos y el Estado.

Es momento de darse cuenta de que la velocidad con que se implementaron las reformas sociales y políticas necesita una pausa para ordenar el concierto del Estado Mexicano, que no es sólo el gobierno. Con lo hecho, no hay nada que impida la presencia dominante del gobierno en la vida económica nacional y es tiempo de pensar en los límites necesarios para no ahogar a los actores y factores subordinados, sin los cuales las políticas sociales y redistributivas del ingreso no serán posibles.

El crecimiento permanecerá bajo también, si las restricciones al comercio internacional persisten por las barreras arancelarias impuestas en el sexenio anterior, y la incertidumbre política resulta como consecuencia de elecciones poco confiables por el dominio gubernamental de las instituciones electorales. Aunemos a lo anterior, que la inseguridad preocupa a las actividades económicas que requieren algo más que una baja en la tasa de homicidios.

El déficit gubernamental, el pago del servicio de la deuda y la creciente demanda de los programas sociales significan mayor estrés para las finanzas públicas, impedidas hoy de financiar el desarrollo. De no darse las expectativas de recaudación, la deuda seguirá creciendo sin que esos recursos tengan un fin productivo sino asistencial.

Las últimas disposiciones fiscales incrementan los impuestos al consumo y esto eleva los precios y dificulta el control de la inflación. No son buenas señales, pero el gobierno necesita dinero y de algún lado lo habrá de obtener, al menos ahora que no es año electoral.