– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.

La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.

El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.

Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?

El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.

Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.

Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.

En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?

El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.

En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.

Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.

Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.

La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.

Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.

En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.

Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.

Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.

Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.

La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.

La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.

Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.

Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.

La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.

Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.