OPINIÓN
El Zapotillo, ¿fin del negocio?

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
Las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador cayeron como un baldazo de agua fría a los interesados en proseguir con la construcción de la presa El Zapotillo. Y es que esta obra, llena de dudas y sospechas, se ha caracterizado por la opacidad, controversia y su evidente ilegalidad.
Quienes conocen del asunto, me cuentan que la posición del gobierno federal será inflexible: si los pobladores de Palmarejo, Temacapulín y Acacijo, no están de acuerdo con mudarse a otro sitio, no habrá dinero para la conclusión del polémico embalse.
Sobre el particular, hay señales muy obvias que confirman lo anterior. Tan sólo recordemos que el pasado martes 30 de julio el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, acudió a Temacapulín para participar en un foro con distintos actores de la sociedad, en el que manifestó que todo apuntaba a que el proyecto es inviable.
Ahí, frente a los pobladores, el funcionario lanzó una interrogante al aire: “Reconozco que una presa es un mastodonte pesado, es una técnica obsoleta (…) la única forma de convencer al presidente es que tienen que demostrarnos que esto va a funcionar, ¿Hay pruebas de que funcionará un plan integral del agua?”
Aunado a lo anterior, apenas este viernes, al ser consultado sobre el tema, López Obrador fue más allá y declaró: “Es una obra que se inició desde el gobierno del presidente (Vicente) Fox y está inconclusa, ya hay una inversión pública y va a llevar también recursos adicionales, entonces tenemos que buscar la manera de llegar a un acuerdo, pero escuchando a los pobladores, porque podemos ponernos de acuerdo nosotros arriba, es decir los gobiernos ¿Y luego? ¿Y la gente? Ahora ya no se actúa de esa manera”.
Así pues, el mensaje es tan claro como el agua embotellada. La federación no piensa despojar de su historia y sus sueños a quienes desean morir en la tierra que los vio nacer. Y más aún, está determinada a cancelarla si se demuestra que uno de los propósitos que se oculta detrás de las enormes cortinas de la represa, es la complicidad gubernamental en el gigantesco negocio que le ha significado a unos cuantos.
Al respecto, aunque aún no se ha hecho del conocimiento público –pronto se hará- es que el gobierno de Andrés Manuel descubrió que brotan más dudas que respuestas de los archivos relativos a los recursos financieros que se destinaron para este rebalse. Dicho de otro modo, hoy se sabe que un buen porcentaje de los miles de millones de pesos que debieron usarse para tal efecto, carece de justificación y evidencia documental, lo que sugiere corrupción del más repugnante descaro.
A todo esto hay que agregar un dato demoledor: cuando se inició con su edificación, el presupuesto aprobado en el 2006 fue de 7 mil 960 millones, pero a la fecha se han gastado más de 35 mil 300 millones de pesos, lo que significa un sobreprecio del 350 por ciento; sin embargo, para su finalización se requiere de 35 mil millones extra, es decir, hablamos de un mazacote de cuando menos 71 mil millones de pesos.
Ahora bien, otra variable que Toledo Manzur ya puso sobre el escritorio presidencial, es que las necesidades de millones de personas no están por encima del derecho de los habitantes y productores de la precitada región. Desde la óptica y el sentir de la llamada Cuarta Transformación, no deben vulnerarse las garantías individuales en aras de satisfacer los intereses de la mayoría. En la visión del presidente, una familia de pueblo no vale menos que la de una cosmopolita.
Al final de cuentas, todo apunta a que la discrecionalidad con se manejaron los dineros para su realización, así como las aberraciones jurídicas que le acompañan desde el comienzo, provocarán que la presa El Zapotillo -se concrete o no- pase a la historia como uno de los monumentos más emblemáticos del México oscuro.
JALISCO
Pereza cívica y hartazgo político: Jalisco, el silencio como voto

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Por más que se adornen los discursos, la Reforma Judicial en Jalisco no fue derrotada por la oposición, ni por la lucidez crítica del electorado. Fue derrotada por el silencio, por la pereza cívica y el hartazgo político. Lo que hubo este 2 de junio fue un mensaje con letras grandes y mayúsculas: el pueblo no se molestó ni en votar.
Siete de cada cien jaliscienses acudieron a las urnas. El resto decidió que valía más la pena el pozole del domingo -el de “Las Titas” en Santa Anita es espectacular- que participar en una elección que desde el inicio olía a simulacro. Así, Jalisco no solo quedó debajo de la media nacional, sino que se coronó como campeón del abstencionismo, un récord que ningún partido quiere presumir. En otros tiempos, al menos se fingía entusiasmo. Hoy ni eso.
Y que nadie se engañe: esto no es una victoria para nadie. Ni para los promotores de la Reforma, ni para sus opositores. Pero, si hay un perdedor claro, ese es Morena. La Cuarta Transformación ha sido, desde el inicio, recibida en Jalisco con frialdad glacial. Y ahora ni con toda la artillería institucional lograron calentar el ánimo. De poco sirvió la promoción desde Palacio o las arengas de los diputados. La gente, simplemente, no les creyó.
Hubo distritos —el 9 y el 11 en Guadalajara— donde la votación fue “menos vergonzosa”. Se movieron operadores, sí. La diputada Merilyn Gómez Pozos, el ex emecista Salvador Caro y el omnipresente grupo de La Luz del Mundo intentaron mostrar el poderío de sus huestes. Pero la realidad fue otra: los líderes jalaban cada uno por su lado y los votos no jalaban con nadie. Los resultados fueron tan escasos que ni siquiera alcanzaron para presumir estructura.
¿Y los que debieron jalar y no lo hicieron? Ahí están los nombres: Claudia Delgadillo, Eduardo Almaguer y dicen que, en este combo también entró el cada vez más desdibujado Alberto Lamas. Todos ausentes, ineficaces o ambas cosas. Políticos con credenciales de operadores del sexenio de Aristóteles Sandoval, autoproclamados liderazgos morenistas que a la hora buena ni operan ni aparecen. A algunos ya no los buscan ni los suyos.
Baste como ejemplo un claro intento fallido: Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata morenista Claudia Delgadillo. Con todo y que su nombre fue agregado en los acordeones de operadores, quedó fuera de las magistraturas laborales. Ni el apellido ni la hermana le alcanzaron. Y con ello, se confirma: en Jalisco, Morena ni gana en los tribunales ni en las urnas. Pierde con apellido, con estructura o sin ella. La derrota ya no es noticia, es costumbre.
Paradójicamente, uno que no vive en Jalisco sí logró su cometido: Ricardo Monreal, quien ya va perfilando a su incondicional Sergio Arturo Guerrero Olvera como próximo magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral federal. La maniobra es discreta, pero contundente. No es poca cosa: en esa sala se deciden elecciones de medio país, incluyendo esta tierra brava.
Si alguna figura quedó retratada en esta elección judicial, fue Verónica Ucaranza. La jalisciense terminó en el último lugar de 32 candidatas para ministra de la Corte. La anécdota sería chusca si no hablara tan claro del tipo de política judicial que se intenta construir.
Dicen que dejó su campaña en manos de su esposo, que la UdeG le dio la espalda por decir lo menos, pues por parte de los Leones Negros no hubo músculo, ni red, ni estrategia, ni responsable que diera la cara por el fracaso universitario… Solo el nombre puesto en la lista, esperando que el milagro llegara solo. Y los milagros, en estos tiempos, no los hacen ni los obispos caídos.
Entre los que celebraron discretamente están los miembros de La Luz del Mundo, cuyo respaldo a ciertos candidatos rindió frutos: Madián Sinaí Menchaca Sierra será jueza administrativa y Eluzai Rafael Aguilar, juez penal. Pero la celebración vino acompañada del escándalo. Madián es hija del obispo Nicolás Menchaca, heredero del trono tras la caída de Naasón Joaquín. Tiene en su expediente un accidente vial en 2024 y sobre su familia pesan denuncias por corrupción y encubrimiento… Que hoy ocupe un asiento en el Poder Judicial es una señal inequívoca del país que se está construyendo.
Y mientras sus detractores impugnan su nombramiento en redes y ante el INE, el resto del país parece resignado. O peor: ni siquiera se entera. En la política judicial mexicana, lo que no se ve, no indigna. Y así, el aparato avanza.
La elección judicial en Jalisco no mostró músculo político, ni estrategia institucional, ni siquiera simulación efectiva. Mostró lo que ya sabíamos: el voto no siempre decide el poder. A veces lo decide la inercia, otras la abstención.
Y en ocasiones, como esta, lo deciden los cabildeos de alcoba, las órdenes desde el centro y los pactos inconfesables. Jalisco votó en silencio, pero los jueces ya tienen nombre. Los grupos ya cobraron su cuota. Y el sistema se sigue reformando, pero para los mismos de siempre.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
La integración del nuevo Poder Juidcial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Desde siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en México es el único país con esa denominación; en el resto del mundo es la Corte Suprema) ha sido un blanco político, aunado a su innegable vocación jurídica. Los ires y venires jurídico-políticos del Poder Judicial en México van desde antes de declarar la independencia del país hasta nuestros días.
Antaño, debates entre «conservadores» y «liberales» definieron poderes y alcances de legislativos, ejecutivos y jurídicos, marcando responsabilidades y límites.
Actualmente, se ha revelado al abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz como presunto presidente del Supremo Tribunal de Justicia al obtener la mayor cantidad de votos para su designación como magistrado en la elección del 1º de junio de este año.
Antaño, cuando el entonces presidente de la república, Juan Álvarez nombró a Benito Pablo Juárez García como ministro de justicia (1855) se llevó al cabo dicha designación como lo ordenaba la Constitución: el presidente de la república tenía esa facultad.
Es hasta el 15 de junio de 1861 que don Benito asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia que, entonces, significaba ser vicepresidente de la república.
Comonfort, presidente que fue destituido y que había encarcelado a Juárez por no “comulgar” con sus ideas conservadoras, dio paso a la primera presidencia de Benito Pablo Juárez García, pues ocupaba la presidencia del STJN. Surgen entonces las Leyes de Reforma y la guerra intestina que trajo a Maximiliano de Habsburgo como emperador.
A los 12, Juárez dejó Guelatao por Oaxaca, sin hablar español, pero su inteligencia brilló en el seminario de Santa Cruz, aprendiendo filosofía y latín. Estudió abogacía, se casó con Margarita Maza, tuvieron 12 hijos, la mayoría fallecidos.
Juárez fue regidor, diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca. Santa Anna lo desterró a New Orleans; al caer Santa Anna, regresó para ocupar una magistratura en la SCJN.
La biografía de Juárez da para escribir una enciclopedia, pero esta parte sirve para entender que don Benito no era un ingenuo juez o magistrado. Aprendió a nadar entre tiburones de la política decimonónica que era feroz e implacable hacia los cambios, sobre todo los relativos a los fueros, posesiones e injerencias sociales de la Iglesia.
Como jurista fue parte de la creación de las Leyes de Reforma (independencia del Estado respecto a la Iglesia, ley sobre matrimonio civil, del Registro Civil, de Panteones y Cementerios y el paso de los bienes eclesiásticos a la nación); también promulgó la llamada Ley Juárez, que atendía a situaciones administrativas.
Las presidencias de Juárez son otros capítulos de su historia personal y de México.
¿Cómo entonces comparar la trayectoria de Benito Pablo Juárez García con la del flamante electo presidente del nuevo Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mixteco Hugo Aguilar Ortiz?
Por cierto, “polvos de aquellos lodos”, Juárez no “masticaba” a Porfirio Díaz no sólo por ser enemigos políticos, sino por pertenecer a etnias oaxaqueñas diferentes: la zapoteca y la mixteca, respectivamente. Igual correspondía Porfirio Díaz Mori a su rival, al que intentó destituir mediante un golpe militar.
Según se ha dicho, la mayoría de los votos (cuatro millones 883 mil 3897) se dieron para Aguilar Ortiz por lo que será presidente de la SCJN dos años y será ministro 12 años. La presidencia será rotativa y, según los votos obtenidos la irán ocupando. los nuevos magistrados durarán en el cargo entre ocho y 12 años.
Los otros ministros serán: Lenia Batres; Yasmin Esquivel; Loretta Ortiz; Sara Irene Herrerías; María Estela Ríos González; Giovanni Figueroa Mejía; Arístides Guerrero e Irving Espinoza Betanza.
Como es lógico, los dimes y diretes en torno a la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, han circulado profusamente. Se ha acusado a Aguilar Ortiz de ser un incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, por consecuencia de la 4T.
Sobre la mayoría de los magistrados y magistradas pesa también la sombra de estar bajo la batuta del partido Morena, o lo que es lo mismo, del gobierno que encabeza la presidente Sheinbaum y que se extiende a las cámaras legislativas.
Los mexicanos (que votaron o no lo hicieron) estaremos a la expectativa para observar si en verdad se cumplen las expectativas en las que basaron la integración del nuevo Poder Judicial. Por lo pronto, será determinante la posición personal de cada uno de los ministros, en especial de quien habrá de presidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muy importante tarea que tendrán a su cargo desde sus magistraturas.
NACIONALES
La elección que nadie entendió

Opinión, por Miguel Anaya //
El pasado 1 de junio de 2025, México escribió un capítulo inédito en su historia electoral: por primera vez se votó de manera directa a jueces, magistrados y ministros, una reforma promovida bajo la bandera de la “democratización del Poder Judicial”. Una jornada que prometía ser histórica, pero que terminó pasando de noche para la mayoría de los ciudadanos.
La participación fue baja, los votos nulos, muchos, y el desconcierto, generalizado. ¿Por qué? Porque cuando se convoca a votar sin contexto, sin información y sin conexión real con la ciudadanía, lo que se obtiene no es democracia participativa, sino un teatro cívico.
Para entender lo ocurrido, hay que remontarse a los orígenes de esta elección. Tras años de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el discurso presidencial encontró terreno fértil: el Poder Judicial era elitista, lejano e inamovible. Y es verdad que, por años, la justicia en México se administró alejada de las necesidades ciudadanas. Sin embargo, el remedio propuesto fue igual de drástico que riesgoso: abrir la elección de jueces y magistrados a voto popular, sin construir antes las condiciones necesarias para que la ciudadanía supiera qué estaba votando.
El resultado: millones de mexicanos se enfrentaron a boletas con nombres que no reconocían, cargos que no entendían y funciones que nadie les explicó. Lo anterior ahuyentó a muchos y a otros tantos los llevó a votar sin las herramientas mínimas de información, terminando en millones de votos nulos.
La elección del 1 de junio fue como entrar a una librería, cerrar los ojos y elegir un libro al azar esperando que sea un buen texto de derecho constitucional. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Cuál era su trayectoria judicial? ¿A qué corriente respondían? ¿Quién los propuso? La mayoría de los votantes no lo sabía.
Y no es que el mexicano promedio no quiera participar. Lo que ocurre es que el mexicano no vota por lo que no entiende. Y en esta ocasión, no hubo campañas de información claras, ni debates, ni biografías públicas, ni nada que acercara el proceso judicial al lenguaje ciudadano, solo listas extensas, boletas complejas y la promesa de que “ahora tú eliges a tus jueces”, y eso no basta para una ciudadanía escéptica de las elecciones y de las instituciones políticas.
En redes sociales circularon cientos de memes con frases como: “Yo fui a votar por mi juez favorito, pero no me atendieron en la oficializa de partes”, “Había más gente en la fila de las tortillas qué en la casilla” o, “¿Y si mejor echamos un volado?” La sátira popular reflejó un sentimiento auténtico: la elección fue tan abstracta, que parecía más un ejercicio electoral entre amigos que de democracia real.
El voto informado es la base de cualquier sistema democrático. Pero este ejercicio fue una anomalía: Fue como invitar a toda la nación a elegir al nuevo director del Instituto Nacional de Física Cuántica sin siquiera explicar qué es un bosón. Un ejercicio tan enredoso y técnico que no acercó al Poder Judicial a la ciudadanía, sino lo contrario.
En fin. Lo que sigue es un reacomodo de piezas. ¿Podrán ser independientes jueces que llegaron al cargo por campaña electoral, con estructuras políticas establecidas? El tiempo dirá.
¿Qué sigue? El futuro inmediato está marcado por una alineación creciente entre los poderes del Estado. Un Poder Judicial renovado bajo una lógica electoral, un Poder Legislativo acomodado mayoritariamente con el Ejecutivo y una sociedad que observa, por un lado, con escepticismo los procesos y, por otro, con un bono de credibilidad hacia la presidenta.
Es evidente remarcar que, si no se invierte en educación cívica profunda, en información clara, en candidaturas transparentes y en participación genuina, lo que nos espera no es una democracia fortalecida, sino una coreografía de legitimidad vacía, y en la vida social de cualquier entidad, cuando hay vacíos de legitimidad, hay movimientos reaccionarios.
Aún es tiempo de corregir, de mejorar y de construir verdadera democracia para nuestra nación, con ejercicios auténticos, transparentes e incluyentes. Que lo sucedido sirva como lección, no como justificación ni como cacería.
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