Por Mario Ávila //

En un santiamén, lo que durante 10 años se consideraba como una realidad, cambió drásticamente. Aquel empresario de Grupo Corey considerado por la opinión pública como el villano de la película, acusado por tráfico de influencias al haber construido las Villas Panamericanas sin permisos y en un sitio prohibido, hoy es la víctima; mientras que aquellos que durante una década exhibieron el abuso de autoridad y las ilegalidades que se cometieron para construir arbitrariamente las Villas Panamericanas en la zona de El Bajío, de la noche a la mañana pasaron de ser los denunciantes, a los denunciados.

La historia la cambió de un plumazo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al acordar la venta “para uso habitacional” de las Villas Panamericanas, lo que durante 10 años las tuvo entrampadas y solo se otorgó un permiso provisional para ser habitadas durante la celebración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Durante una década supimos que las Villas Panamericanas no tenían permiso de habitabilidad por rebasar con mucho, los parámetros que exigen los reglamentos para esa zona de amortiguamiento, cercana al bosque de La Primavera.

Hoy, según expone el mandatario estatal, no hay ningún impedimento legal para ser vendidas y habitadas, y así se hará con el pretexto de recuperar los 340 millones de pesos que se invirtieron del fondo de pensiones del IPEJAL y los 630 millones del Iprovipe, el organismo del Estado para velar por la construcción de vivienda popular para los más necesitados.

Pero hay mucho más que eso, el debate ante la opinión pública lo piensa ganar el mandatario estatal con el simple hecho de emitir un decreto en donde admite que ya violaron la habitabilidad de El Bajío, pero no lo volverán a violar.

Ante los ambientalistas el gobernador pretende despojarlos de argumentos, con el hecho de emitir un decreto en el que se designa como “Zona de Recuperación Ambiental”, las 980 hectáreas de la zona y emite la obligatoriedad de ejecutar cuatro ejes de trabajo para su recuperación, durante su gobierno.

Y a los opositores de la Villa Panamericana, no solamente los combate, sino que los destroza, con la presentación de 7 denuncias penales en contra de una presunta mafia de extorsionadores, que defendían causas ambientales, presentaban juicios o algún recurso legal y luego se desistía a cambio de una cantidad de dinero, según lo informa el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Con esta estrategia, Alfaro Ramírez parece que ve un panorama limpio para poder ejecutar sus intereses en la Villa Panamericana, tal como lo aplicó durante su llegada a la alcaldía de Guadalajara, cuando detectó que 200 torres de más de 20 pisos habían sido construidas fuera de norma y la solución que encontró fue cobrarles un impuesto inventado por él, para enderezar las chuecuras.

EL DECRETO DE PROTECCIÓN AL BAJÍO

Con las atribuciones le confiere la ley respecto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y ordenamiento territorial, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro emitió un decreto para garantizar que no se vuelva a construir un metro cuadrado en la zona de El Bajío, pero a la vez para poder vender y habitar las Villas Panamericanas.

Este decreto de recuperación ambiental nos ayudará primero a garantizar la viabilidad de los acuíferos, a evitar más cambios de uso de suelo, a armonizar los usos de suelo ya existentes con el mantenimiento de los servicios ambientales y a conservar los esquemas de infiltración de agua evitando modificaciones en la topografía del lugar.

De esta manera -dijo-, contribuiremos a la protección de los bosques de pino y encino del área natural protegida del bosque de La Primavera y a dar sustento jurídico a la protección de los servicios ambientales proporcionados por la zona.

Como una justificación para sus determinaciones, Alfaro Ramírez aseguró que El Bajío ya es una zona urbanizada que cuenta con licencias de construcción expedidas desde hace por lo menos 10 años. “El decreto que hoy estamos firmando no puede borrar lo que ya se hizo, pero sí puede evitar que se siga haciendo tanto daño; ésta ya no es un área natural, sino una zona urbana de alta fragilidad ambiental que ya tiene escuelas, viviendas, comercios, servicios y hasta un estadio de futbol. Y para entenderlo mejor, de las 980 hectáreas que compone el polígono del El Bajío, un total de 315 hectáreas están ya totalmente urbanizadas, de las cuales solamente 16 corresponden a las Villas Panamericanas”.

“De hecho, entre 2012 y 2013 la urbanización aumentó en un 400% pasando de 58 a 237 hectáreas y desde entonces se han urbanizado un promedio de 13 hectáreas, esto sucedió por cierto para refrescar la memoria de todos, antes de que yo fuera gobernador del Estado”.

“Precisamente por la realidad en la que se encuentra El Bajío, aquí no procede decretar a esta zona como área natural protegida, pero la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sí establece una figura legal con la que podemos declararla una zona de recuperación ambiental, pues circunda a la Primavera, como una medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contar el impacto que reciba del exterior, así como para asegurar su conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad”, expuso el mandatario estatal.

Sobre el programa de recuperación ambiental, Alfaro Ramírez detalló que tiene cuatro ejes estratégicos: 1. Manejo sustentable del agua, 2. Restauración y conservación del suelo, 3. Conservación de la biodiversidad y 4. Sustentabilidad.

En ambos documentos se establece que en esta zona solo podrán realizarse obras y acciones para la infiltración de agua, el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales, la conservación de suelos para evitar erosión, para la restauración y reforestación con especies nativas y protección de flora y fauna silvestre.

Además, se prohíbe expresamente verter o descargar aguas residuales sin ser tratadas, se prohíben nuevas construcciones o edificaciones, se prohíbe alterar o destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre, remover o extraer material geológico, rellenar con cualquier tipo de residuos y realizar quemas agrícolas.

«AL BAJÍO, LO VAMOS A CUIDAR ENTRE TODOS»

En resumen, según lo expuso el gobernador Enrique Alfaro: “Se asegurará la protección y recuperación de las condiciones naturales que permiten la recarga de los acuíferos; se establecerán las medidas de amortiguamiento y sustentabilidad ambiental, así como acciones que garanticen la infiltración de agua, la conservación y protección de la flora y fauna silvestre y algo muy importante, en este decreto queda expresamente prohibido urbanizar superficies no urbanizadas con anterioridad”.

“En El Bajío -sentenció- no habrá un solo permiso de construcción nuevo, El Bajío se va a conservar como lo que es, una zona estratégica en materia medioambiental, nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permitan que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara. Al Bajío lo vamos a cuidar entre todos”.

Sobre el caso de las Villas Panamericanas, aseguró que se le quiere achacar a él cuando fue “una decisión absurda e irresponsable del Gobierno del Estado y del Gobierno de Zapopan en el año 2009, no solo fue un crimen ambiental, sino una traición a los intereses de los trabajadores al servicio del Estado”.

“Lo digo de otra manera para que quede claro, la Villa Panamericana, no la autoricé ni la construí yo, se construyó entre el 2009 y el 2011 con una parte de dinero privado, con 340 millones de pesos del dinero de los trabajadores al servicio del Estado y con 587 millones de pesos del dinero público”.

“También dicen nuestros adversarios que nosotros queremos darle uso habitacional a este proyecto. Para que lo sepan, las Villas Panamericanas ya tienen uso habitacional desde hace muchos años y por supuesto no se los di yo, este uso se los dieron dos veces dos administraciones distintas, una a finales del 2009 y otra en 2011, ambas con un dictamen de impacto ambiental aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente”.

“Hoy las Villas panamericanas no solo tiene uso habitacional de baja densidad, sino que se agregaron el uso comercial y servicios turístico, hotelero y de equipamiento institucional. ‘¿Cómo la ven?’ – Se preguntó el mandatario estatal al presentar documentos que supuestamente avalaban desde hace 10 años lo que estaba diciendo”- planteó.

Y reveló parte del contenido de los documentos, uno de los cuales a la letra decía: “Una vez concluidos los Juegos Panamericanos, la infraestructura panamericana se adecuará como conjunto residencial de nivel socioeconómico medio-alto, respetuoso del ambiente”.

Es decir, en el dictamen de impacto ambiental se establece que las Villas Panamericanas van a ser utilizadas para fines habitacionales, y no queda ahí la cosa, lo que tenemos también para demostrar lo que decimos, es que hay incluso licencia para llevar a cabo obras de urbanización y edificación simultáneas, según autorizaciones dadas por el Gobierno de Zapopan.

“Aquí están incluso las licencias de edificación con el uso habitacional mínima plurifamiliar-vertical, con lo que se demuestra que nosotros no estamos autorizando el uso habitacional, ni el gobierno ni Pensiones están pidiendo al municipio cambio de uso de suelo ni un cambio de densidad”, estableció el mandatario.

Finalmente apuntó, “dicen que el gobierno quiere torcer la ley y desacatar mandatos judiciales para resolver el problema de la villa, lo que es otra vil mentira, no hay ya impedimento legal de ningún tipo, porque así lo decidieron los jueces que atendieron cada uno de los tres juicios que fueron presentados y que fueron desechados por distintas razones, la única suspensión vigente es sobre un contrato de compra-venta que nada tiene que ver con el proceso que está siguiendo Pensiones del Estado”.

LA JUSTIFICACIÓN DEL GOBERNADOR

Mediante un comunicado oficial presentado vía su página de facebook, Alfaro Ramírez, sentencia: “Hoy después de 7 meses y una profunda revisión técnica y jurídica para encontrar la mejor figura de protección para la zona de El Bajío, acabo de firmar el decreto que estable a El Bajío como Zona de Recuperación Ambiental y al mismo tiempo estoy presentando el Programa de Recuperación Ambiental, para esta importante zona de transición y amortiguamiento entre la ciudad y el área natural protegida, Bosque de La Primavera. Con estos dos instrumentos, el gobierno de Jalisco garantiza que no se va a construir ni una casa más en esta zona de la ciudad.

“Incluso desde el pasado 8 de febrero iniciamos las reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Zapopan, nada de lo que hemos hecho en ese sentido se ha hecho a espaldas de la autoridad que tiene la responsabilidad constitucional en materia de ordenamiento territorial.

“Ahora le toca al municipio actualizar sus instrumentos de planeación y alinearlos a este decreto, ahora sí vamos a poner a prueba el compromiso de cada una de las partes involucradas.

“Este decreto esta sustentado en base a los programas de ordenamiento ecológico local 2012-2019 del municipio de Zapopan, en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 2016, así como en la legislación estatal y federal en materia medio ambiental”, estableció.

Sin embargo, también Enrique Alfaro en su mensaje a través de su medio de comunicación oficial, que en este sexenio han sido las redes sociales, asumió la posición de víctima y enlistó una serie de determinaciones que han inconformado a la ciudadanía y han sido consideradas por él, como una oportunidad de atacarlo políticamente.

“La agenda de los asuntos medioambientales -dijo-, ha sido manipulada, han desorientado a la gente y han inventado historias para hacerme ver como un depredador de los recursos naturales. Iniciaron hace años diciendo que yo era el responsable del caótico crecimiento urbano en Tlajomulco; siguieron diciendo que yo era el responsable de la contaminación de la laguna de Cajititlán; luego siendo ya presidente de Guadalajara mis adversarios dijeron que quería vender el bosque de Los Colomos; le siguieron con el mismo cuento en el caso del parque natural de Huentitán; luego vino el parque El Deán; luego el parque Morelos; después el parque Arboledas del Sur y después el parque San Rafael y así muchas historias más”.

“El final siempre es el mismo -advirtió-, yo me mantengo del lado correcto y dejo que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Hoy una vez más nuestros adversarios, los mismos de siempre, nos quieren inventar una nueva historia entorno a la zona de El Bajío y las Villas Panamericanas”.

EMBESTIDA CONTRA DETRACTORES

Durante los 8 minutos que duró el mensaje sobre la promulgación del decreto para El Bajío, Alfaro Ramírez tuvo espacio para anticipar el golpe que ya se avecinaba en contra de sus detractores, en particular sobre el notario público y excandidato a gobernador por el PVEM, Salvador Cosío Gaona.

En su mensaje en Facebook, Alfaro Ramírez amenazó: “Los pillos que usan este tema para atacarnos, simplemente son cobardes, que escondidos tras complejas redes de intereses intentan que nada pase, que todo siga igual, que Jalisco siga sin poder resolver sus problemas; pues a ellos una vez más les digo, no pierdan su tiempo porque no nos van a doblar, a ellos les espera impaciente el basurero de la historia”.

Dos días después, el abogado del Grupo Corey, Alejandro Quezada, asociado al consorcio de despachos de abogados, como Bravo Corporativo especializado en materia penal, informó que su representado Francisco Cornejo Reynoso, que llevó a cabo la edificación de las Villas Panamericanas, presentó 5 denuncias penales, dos ante la Fiscalía General de la República, 1 ante la Fiscalía Anticorrupción y 2 ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por delitos como la extorsión.

Refirió que Cornejo Reynoso recibió en su teléfono celular un mensaje reclamando el pago de 40 millones de pesos a cambio de que se presentara el desistimiento de las denuncias presentadas por Salvador Cosío Gaona y el Parlamento de Colonias que preside Alejandro Cárdenas Enríquez.

Las denuncias tienen que ver con violación a la Ley de Amparo, simulación de actos jurídicos, fraude procesal, extorsión y amenazas.