Por Mario Ávila // 

En solo dos años y a causa de los nimios resultados que ha dado el Sistema Estatal Anticorrupción, es muy escaso el interés de la ciudadanía por integrarse en particular al Comité de Participación Social del SEA, ya que en la primera convocatoria hace un par de años, se registraron 76 aspirantes y el año pasado la cifra cayó a solo 14 candidatos.

Hoy se lanza una nueva convocatoria para renovar por segunda ocasión, una de las cinco posiciones con las que nació el Comité de Participación Social, el órgano que la sociedad civil tiene para participar en el compromiso de combatir la corrupción en Jalisco y la preocupación porque siga cayendo el interés ciudadano en método de combate a la corrupción, es evidente.

La mejor muestra de que el Sistema Estatal Anticorrupción no ha dejado satisfechas las expectativas de la ciudadanía, no solo se muestran en las estadísticas, sino que queda en evidencia en el informe de actividades 2018-2019, en donde el Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Especial en Combate a la Corrupción reveló que los impactos visibles se darán a largo plazo.

El Comité de Participación Social nació de entre 76 candidatos, con Jorge Alatorre Flores como primer presidente y designado por un año y con Freddy Mariñez Navarro, Lucía Almaraz Cázares, Annel Vázquez Anderson y Jesús Ibarra Cárdenas, como integrantes. Un año después, vencido el año de nombramiento para el primer presidente, se elige con una participación venida a menos de solo 14 aspirantes, a Nancy García Vázquez como nueva integrante, mientras que Freddy Mariñez ascendía a la presidencia.

Hoy los integrantes de la Comisión de Selección del SEA, coordinada por la representante de la Coparmex, Isabel Sepúlveda, detallaron que la persona que elijan a más tardar el 30 de octubre del 2019, durará en el cargo cinco años a partir del primero de noviembre próximo, fecha en la que se le tomará protesta. Y seguramente la gran preocupación es que la cifra de los candidatos siga a la baja.

Entre los requisitos que deberán cumplir los candidatos, destaca el ser mayor de 35 años, mexicano por nacimiento, tener experiencia en materia de transparencia, tener título profesional con una antigüedad mínima de 10 años, no haber desempeñado ningún cargo de dirección partidista, no haber sido candidato, ni tener labores en la función pública.

Pero, además se buscará que todos los aspirantes firmen de manera voluntaria la carta de integridad y no colisión, aunque éste no es un requisito esencial sino una propuesta de los integrantes de la Comisión de Selección, ya que todos buscan formar parte de un sistema que combate la corrupción.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

En el 2011, surgió la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) como una red incluyente y dinámica, capaz de sumar y coordinar las acciones del mayor número posible de organizaciones académicas y sociales, de instituciones públicas y de medios de difusión, comprometidos con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política de rendición de cuentas en México.

Bajo el diagnóstico de que la fragmentación de esfuerzos e ideas proclives a la rendición de cuentas, en México ha sido una de las causas principales que explican la carencia de una política coherente, completa y articulada en la materia, la RRC impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual comenzó a ser discutido desde el 2014.

Jalisco inició su armonización normativa, el 25 de enero de 2017 por medio de la creación de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, siendo ésta un órgano consultivo, de coordinación entre los tres poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos y diversos actores sociales, que tiene como objetivo primordial la realización de un diagnóstico del marco jurídico vigente, así como del impacto actual de planes, programas, lineamientos, manuales de organización y procedimientos, impacto presupuestal, operativo y organizacional para la implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Al igual que otros sistemas nacionales -dice el informe 2018-2019 del Sistema Estatal Anticorrupción-, como el de Transparencia o el de Fiscalización, los Sistemas Anticorrupción de México, requieren varios años para configurarse, consensar decisiones y obtener acuerdos institucionalizados, así como impactos visibles para todos. De ahí que el Comité Coordinador del SEAJAL asume este compromiso de largo plazo pero también decidió actuar desde el primer día de su constitución, como se da cuenta en este primer Informe.

Destaca en el documento del primer informe que, entre otras acciones, se emitieron desde el Comité Coordinador, tres recomendaciones. 1.- Recomendación sobre la Elección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, emitida 5 de junio del 2018 al Congreso del Estado, de la que no se obtuvo respuesta; 2.- Recomendación para el Fortalecimiento Institucional de los Órganos Internos de Control, de Poderes Públicos, sus dependencias y entidades, a los órganos constitucionales autónomos a los Municipios y demás entes públicos estatales y municipales de Jalisco y 3.- Recomendación acerca de la Reforma a la Constitución Política y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, dirigida al Congreso del Estado, de la que tampoco se obtuvo respuesta.

EVALUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para el jefe del Departamento de Derecho Público, del CUCSH de la UdeG, Alfonso Partida Caballero, tras año y medio de una lucha formal contra la corrupción en Jalisco, “el resultado hasta el momento es cero eficacia y 100% de impunidad.

Planteó que en 18 meses que tiene en funcionamiento la Fiscalía Anticorrupción, los resultados son nulos. Ello de acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Seguridad y Justicia, del Centro Investigación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Los integrantes del Observatorio, según lo reveló el académico, concluyeron que del 15 febrero de 2018 al 31 de agosto del año en curso, la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Gerardo de la Cruz Tovar, ha recibido mil 642 denuncias por diversos actos de corrupción, además cuenta con tres carpetas de investigación sobreseídas y ninguna sentencia.

Vale la pena recordar que la Fiscalía Anticorrupción recibió en 2019 un presupuesto de 63 millones 584 mil 465 pesos, sin embargo para Partida Caballero, ese recurso se está yendo en pagar salarios, cuentas y equipos de cómputo.

La Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción cuenta con tan sólo cinco ministerios públicos para atender las mil 642 denuncias, lo que significa 328 carpeta de investigación por cada agente.

PROPUESTA DE COMPROMISO A CANDIDATOS

Sin ser un requisito insalvable, la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, plantea que los aspirantes a integrar el Comité de Participación Social del SAE se comprometan por escrito a:

“Bajo protesta de decir verdad, como aspirante a formar parte del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, me comprometo a sujetar mis actuaciones a un marco de integridad, entendiendo a este último como el cúmulo de principios y valores que aplica una persona en su actuar cotidiano, todos ellos dirigidos a hacer en todo momento lo correcto.

De igual forma, me comprometo a no incitar a las personas servidoras públicas con las que en razón de mis funciones tenga contacto, a incumplir con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, austeridad, integridad, competencia por mérito y capacidad, disciplina, ética y justicia, dignidad, igualdad de género y no discriminación, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas, previstos en el artículo 4° de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y 7° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, manifiesto que me abstendré de adoptar conductas que induzcan a mis compañeros integrantes del Comité de Participación Social a recaer en acciones u omisiones que busquen favorecer a determinada persona en las evaluaciones técnicas que realiza el Comité de Participación Social para cargos públicos.

No obstante, lo anterior, declaro conocer las obligaciones como integrante del Comité de Participación Social, previstas en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y me obligo a excusarme de participar en aquellas actividades o procesos en los que pudiera existir conflicto de interés”.