Jalisco busca blindar el patrimonio ante fraudes inmobiliarios

– Alerta Registral avisa a propietarios sobre movimientos en sus inmuebles

Por Redacción Conciencia Pública 

El patrimonio inmobiliario también puede quedar expuesto a fraudes, documentos falsos, suplantaciones de identidad y operaciones realizadas sin conocimiento de sus propietarios. Frente a este escenario, el Gobierno de Jalisco busca ampliar el uso de la Alerta Registral, una herramienta diseñada para avisar a los ciudadanos cuando se registra algún movimiento relacionado con sus propiedades.

La dimensión del problema quedó reflejada en las cifras dadas a conocer por las autoridades estatales. Entre el año 2019 y el 10 de agosto de 2026 se presentaron ante la Fiscalía mil 197 denuncias por posibles fraudes e irregularidades vinculadas con inmuebles, de las cuales 865 fueron por fraude inmobiliario, 264 por intentos de falsificación de documentos y 68 por suplantación de identidad.

A este panorama se agregan más de 5 mil 760 casos de despojo registrados en Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga. El fenómeno ha encendido las alertas debido a que una propiedad puede representar no solamente una inversión económica, sino el patrimonio construido durante décadas por una familia.

Para enfrentar preventivamente este tipo de situaciones, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio presentaron ante autoridades, especialistas, colegios profesionales, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil el funcionamiento y los alcances de la Alerta Registral.

El mecanismo opera como una especie de vigilancia electrónica sobre el inmueble. Una vez contratado, el propietario o la persona que acredite interés jurídico recibe mediante correo electrónico información sobre los actos registrales que pretendan realizarse respecto de la propiedad protegida, entre ellos compraventas, hipotecas, transmisiones de propiedad, gravámenes y otros movimientos.

La herramienta adquiere relevancia porque algunos fraudes inmobiliarios pueden comenzar con la presentación de un documento presuntamente falso, la utilización indebida de una identidad o una operación desconocida por el legítimo propietario. La alerta busca reducir el tiempo que puede transcurrir entre el inicio de una operación irregular y el momento en que el afectado se entera.

“La tecnología es un medio, no un fin. El verdadero propósito de la Alerta Registral es proteger a las personas, a las familias, a los ciudadanos que han depositado su confianza en el patrimonio que construyeron con esfuerzo y trabajo”, expuso Tatiana Anaya Zúñiga, consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

Sin embargo, la activación de la alerta no significa que cualquier trámite sospechoso quede detenido automáticamente. El mecanismo tiene un carácter preventivo e informativo: permite al propietario conocer que existe un movimiento y reaccionar, pero no sustituye los procedimientos jurídicos ni las acciones legales necesarias para frenar o combatir una posible irregularidad.

Patricia Ortega Híjar, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, explicó que precisamente uno de los objetivos es que los ciudadanos conozcan qué actos generan las notificaciones y qué pueden hacer cuando reciben información sobre una operación que no reconocen.

“Para nosotros es muy importante dar a conocer esta herramienta de prevención, ya que estamos hablando de nuestro patrimonio, del patrimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos”, señaló la funcionaria, quien destacó que el servicio proporciona información registral oportuna sobre los actos que pretendan efectuarse sobre el inmueble protegido.

Desde 2023 se han activado alrededor de 2 mil alertas registrales en Jalisco y, de acuerdo con las cifras oficiales, mediante ellas se han identificado 40 posibles irregularidades. La proporción equivale aproximadamente a un caso detectado por cada 50 servicios contratados.

El alcance, sin embargo, todavía resulta reducido frente al tamaño del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Las autoridades estiman un universo cercano a los 4 millones de registros, por lo que uno de los principales retos será extender el conocimiento y utilización del sistema entre un número mucho mayor de propietarios.

Durante 2026, la Alerta Registral tiene un costo anual de mil 66 pesos por cada inmueble protegido. Para las viviendas clasificadas legalmente como populares y unifamiliares se contempla un descuento de 50 por ciento sobre el costo total del servicio.

La solicitud se realiza de manera presencial en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y puede presentarla el titular, un copropietario o una persona que demuestre un interés jurídico legítimo.

Para incorporarse al sistema, el inmueble debe contar con folio registral y la autoridad establece un plazo máximo de tres días hábiles para resolver la solicitud.

Cuando la persona recibe una notificación sobre un movimiento que desconoce, puede reportarlo para que sea revisado y, dependiendo del caso, promover las acciones legales correspondientes. El valor de la alerta radica precisamente en ganar tiempo frente a operaciones que podrían comprometer la propiedad antes de que sus legítimos titulares tengan conocimiento de ellas.

Con miles de denuncias y casos de despojo acumulados durante los últimos años, el desafío para el Gobierno de Jalisco será convertir la Alerta Registral en una herramienta de uso mucho más extendido. De poco servirá contar con tecnología capaz de advertir movimientos sospechosos si, frente a millones de registros inmobiliarios existentes en el estado, solamente una pequeña proporción de propietarios mantiene actualmente sus bienes bajo este esquema de vigilancia preventiva.

Para saber más:

Se presentaron mil 197 denuncias por posibles fraudes e irregularidades, ante la Fiscalía de 2019 al 10 de agosto de 2026: 865 por fraude inmobiliario, 264 por intentos de falsificación de documentos y 68 por suplantación de identidad.

Además, se suscitaron más de 5 mil 760 casos de despojo en la Zona Metropolitana, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga.

Se activaron 2 mil alertas registrales desde 2023 y han permitido identificar 40 posibles irregularidades, aproximadamente una por cada 50 servicios activados.

Frente a un universo cercano a 4 millones de registros, el reto es ampliar el alcance de esta herramienta preventiva.

El costo anual de cada alerta registral por inmueble durante 2026 es de mil 066 pesos.

Se dará el 50 por ciento de descuento en el costo total para viviendas clasificadas legalmente como populares y unifamiliares.