Rocha regresa, pero Morena toma distancia

Opinión, por Violeta Moreno Haro

El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de 112 días de licencia, tiene una peculiaridad que quizá dice más que el propio regreso: prácticamente nadie importante dentro de Morena quiso hacerse responsable políticamente de la decisión.

Rocha volvió asegurando que lo hacía con la frente limpia y en alto, y sostuvo que, durante el tiempo que permaneció separado del cargo, no se encontraron elementos que acreditaran las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

Sin embargo, hay una diferencia relevante entre no haber sido declarado responsable y que una investigación haya concluido. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República continúan abiertas y ese dato modifica por completo la lectura política de su reincorporación.

La Secretaría de Gobernación calificó su regreso como una decisión personal. Morena, por su parte, dejó claro que su dirigencia ni siquiera había sido informada previamente.

Es difícil encontrar una manera más institucional y, al mismo tiempo, más evidente de marcar distancia frente a un gobernador surgido del propio movimiento.

Después vino Ricardo Monreal.

El coordinador de los diputados federales de Morena reiteró el respaldo de la mayoría legislativa a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió públicamente a Rocha reconsiderar su decisión y solicitar nuevamente licencia mientras concluyen las investigaciones.

Pero quizá el mensaje político más contundente llegó de los propios gobernadores de la Cuarta Transformación.

Veintitrés mandatarias y mandatarios expresaron conjuntamente su respaldo a Claudia Sheinbaum y llamaron a Rocha a conducirse con madurez y responsabilidad. En el pronunciamiento también cuestionaron los personalismos, las decisiones unilaterales y cualquier proyecto individual que pretenda colocarse por encima del proyecto colectivo.

Traducido al lenguaje de la política: Rocha regresó al gobierno, pero regresó prácticamente solo.

Eso no significa que una acusación deba considerarse cierta simplemente porque provenga de Estados Unidos. México tiene instituciones, existe la presunción de inocencia y cualquier señalamiento debe acreditarse con pruebas suficientes.

Defender el debido proceso y la soberanía nacional es correcto.

Pero una cosa es la responsabilidad jurídica y otra, muy distinta, la responsabilidad política.

Sinaloa atraviesa desde hace tiempo una situación extraordinariamente delicada en materia de seguridad. En ese contexto, un gobernador investigado no puede suponer que regresar al despacho constituye solamente una decisión jurídica o personal.

Tiene consecuencias para la gobernabilidad de Sinaloa, para Morena, para la relación bilateral con Estados Unidos y, principalmente, para la presidenta de México.

Y ahí está, probablemente, la parte más importante de todo este episodio.

Morena parece haber decidido que acompañar políticamente a Rocha no puede significar trasladarle a Claudia Sheinbaum el costo de su regreso.

La presidenta necesita gobernabilidad, autoridad política y margen frente a Washington. El movimiento parece haber entendido que convertir la defensa de Rocha en una defensa de toda la Cuarta Transformación sería un error.

Rocha tiene derecho a defenderse y a exigir que cualquier acusación sea probada.

Pero también tendrá que explicar por qué consideró oportuno regresar cuando buena parte de la estructura política de su propio movimiento le está diciendo exactamente lo contrario.

Porque en política no basta con tener facultades legales para hacer algo.

También hay que saber medir sus consecuencias.