Si los gobernantes fueran santos

Opinión, por Miguel Anaya:

Por allá de 1787, mientras Estados Unidos intentaba decidir cómo organizar el gobierno de la nueva república, un joven político de Virginia se enfrentaba a una pregunta que sigue siendo actual: ¿cómo construir un gobierno suficientemente fuerte para gobernar, pero suficientemente limitado para no convertirse en una amenaza para sus propios ciudadanos?

Su nombre era James Madison (1751-1836). Político, estudioso de la filosofía y uno de los principales arquitectos de la Constitución estadounidense. Terminaría siendo el cuarto presidente de Estados Unidos.

Madison entendía que las instituciones no deben diseñarse suponiendo que quienes gobiernan serán virtuosos; conocía demasiado bien a los seres humanos para creer eso.

En The Federalist No. 51, escrito para defender la nueva Constitución, formuló una idea que se convertiría en uno de los pilares del constitucionalismo estadounidense: «la ambición debe contrarrestar a la ambición». Si quienes gobiernan tienen poder, otros poderes deben ser capaces de limitarlo.

Por eso la Constitución estadounidense distribuyó autoridad entre un Congreso dividido en dos cámaras, una Presidencia con facultades propias, un Poder Judicial independiente y estados con competencias frente al gobierno federal. No se trataba de confiar en la virtud de quienes ocuparan esos cargos, sino de impedir que la voluntad de uno pudiera convertirse fácilmente en la obligación de todos.

Madison entendió algo: si los gobernantes fueran santos, no necesitaríamos instituciones que los limitaran. Como no lo son, hay que diseñar el sistema pensando en esa realidad.

Y aquí comienza nuestra conversación con México.

Porque nuestra discusión política suele girar demasiado alrededor de las personas. Celebramos al presidente que nos gusta, desconfiamos del que no nos gusta, defendemos al gobernador de nuestro partido y sospechamos del alcalde del partido contrario. Esperamos que llegue el bueno y, cuando creemos que llega, estamos tentados a concederle algo peligroso: que su voluntad se confunda con la voluntad del pueblo.

Pero una democracia madura debería plantearse: ¿qué sucede cuando gobierna alguien en quien nosotros no confiamos?

México cuenta con una Constitución que distribuye el poder entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de un sistema que reparte competencias entre la Federación, los estados y los municipios. También existen mecanismos de control constitucional y organismos encargados de fiscalizar y vigilar distintas áreas del poder público.

El problema aparece cuando una mayoría electoral comienza a interpretarse como autorización para eliminar obstáculos. Ganar una elección otorga legitimidad para gobernar. No otorga permiso para gobernar sin límites.

Y aquí conviene recordar algo: una institución que cuestiona al gobierno no necesariamente está bloqueándolo; un tribunal que invalida una decisión no necesariamente está desafiando al pueblo; un organismo que fiscaliza no necesariamente está estorbando.

A veces, simplemente, está haciendo aquello para lo que fue creado.

La reforma constitucional al Poder Judicial de 2024, por ejemplo, modificó su diseño y abrió un debate sobre la elección de jueces, la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes. La pregunta de fondo no debería ser solamente si una reforma nos gusta o no. Debería ser:

¿Hace más difícil o más fácil que el poder de una persona pueda ser controlado cuando se excede?

México tiene una larga tradición de personalismo. Los programas públicos se convierten en marcas. Las obras llevan la firma simbólica del gobernante y entonces, poco a poco, el Estado empieza a confundirse con quien lo administra.

Eso es algo que debería preocuparnos independientemente del partido en el poder. Porque cuando una institución adquiere la marca de un político, deja de parecer una estructura permanente del Estado y empieza a parecer patrimonio de una persona o de un grupo político.

Una institución democrática debe sobrevivir a quienes la ocupan. Debe dar garantías a quien tiene mayoría y también a la oposición. Esa oposición que también está conformada por ciudadanos.

Por eso no basta con defender las instituciones cuando favorecen nuestras causas. Hay que defenderlas cuando nos incomodan.

Porque primero se desacredita al árbitro. Después se cuestiona su legitimidad. Luego se reducen sus facultades, recursos o autonomía. Y finalmente descubrimos que la institución sigue existiendo en el papel, pero ya no tiene fuerza suficiente para cumplir su función.

El Estado no debería tener dueño. Los gobiernos pasan. Las mayorías cambian. Los partidos pierden elecciones. Los políticos se retiran. El Estado permanece.

Y por eso las instituciones deben ser rescatadas de cualquier marca personal o partidista antes de que necesitemos que nos protejan y descubramos que ya no pueden hacerlo.

Porque las instituciones se cuidan cuando todavía funcionan. Después, puede ser demasiado tarde.