¿Y si platicamos… de Jamay, los compadres y la «politiquería»?

Opinión, por Francisco Junco:

La mañana del viernes 9 de octubre, Jamay amaneció con un despliegue inusual en la Ciénega. Elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, llegaron a una finca de la colonia Las Huertas y detuvieron a Juan Luis Aguilar García, el «Tofis». El Registro Nacional de Detenciones ubicó la captura a las 10:20 horas, y fue trasladado a la FGR en Guadalajara.

Para la noche del sábado, el mismo registro ya lo marcaba como «liberado». Sin causa ni explicación: la autoridad no ha dicho ni por qué lo detuvo ni por qué lo dejó ir. Y aquí comienza la historia que vale la pena platicar.

Porque el «Tofis» no es ajeno a la vida pública de Jalisco. Fue alcalde de Jamay durante dos periodos, diputado local por Movimiento Ciudadano y, según los registros periodísticos, ocupa un cargo en el área de Financiamiento Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

Por eso, cuando la columna «Cúpula», de MURAL, publicó el sábado que la detención habría derivado de una denuncia por invasión de terrenos federales, supuestamente presentada por el actual alcalde, César Molina Sahagún, la historia tomó otro rumbo: un pleito entre compadres que habría terminado en operativo federal.

Pero el presidente municipal desmintió esa versión. En un comunicado en sus redes sociales, aseguró que no presentó denuncia alguna contra Aguilar García ni tuvo participación en los operativos federales. «Si no existe, como lo afirmo, que así se aclare», sostuvo al solicitar a MURAL su derecho de réplica.

Seamos precisos: hay una versión en una columna y la negativa expresa del alcalde. No tenemos el documento que demostraría esa denuncia ni una confirmación oficial de que haya originado el procedimiento.

Y luego habló el «Tofis».

Ya en casa, publicó en redes una foto familiar y un mensaje. Habló de la «angustia innecesaria» que les hicieron pasar, de quienes con «una bajeza» pensaron sacarlo «de la jugada», de «politiquería barata» y de «quienes operan en la sombra». Prometió contar «a detalle lo que ocurrió» y cerró con un «ahora vamos por todo».

Nadie le regatea a una familia el alivio de un reencuentro, y su presunción de inocencia sigue intacta. Pero su mensaje es también una acusación política, y las acusaciones deben pasar por preguntas elementales.

Si fue politiquería, ¿de quién? El «Tofis» no nombró a nadie. Y ningún alcalde ni adversario local puede movilizar a la Policía Federal Ministerial, al Ejército y a la Guardia Nacional; eso solo ocurre a partir de una investigación del Ministerio Público de la Federación. Si lo ocurrido fue una bajeza, lo que sugiere, en los hechos, es que una institución federal se prestó a una maniobra política. Es una afirmación seria que exige nombres y pruebas.

Pero la deuda mayor es de la autoridad federal.

Un operativo con ministeriales, militares y Guardia Nacional sobre un exalcalde y funcionario estatal no es un trámite menor. Tampoco lo es liberarlo horas después sin una sola explicación. Si había elementos para detenerlo, ¿qué pasó con ellos? Y si no los había, ¿quién responde por un despliegue de esa magnitud?

Sobre los terrenos federales, la prudencia obliga: la ocupación irregular de bienes nacionales puede derivar en procedimientos administrativos y, según los hechos, también penales. Pero la inmensa mayoría de estos casos se resuelve en el terreno administrativo, y cuesta explicar que un tema de linderos requiera al Ejército.

El silencio, en estos casos, no es neutral. Cuando la autoridad calla, otros llenan el hueco: unos con el cuento de los compadres, otros con la narrativa de la persecución. Ninguna, hasta hoy, está acreditada.

Así que, si vamos a platicar de Jamay, repartamos las preguntas.

A la Fiscalía General de la República: ¿qué investigación motivó la detención, con qué fundamento se intervino el inmueble, por qué fue liberado y en qué situación jurídica queda?

A la Defensa y a la Guardia Nacional: ¿cuál fue su papel y quién lo solicitó?

A «Cúpula»: ¿existe la denuncia que atribuye al alcalde?

Y al «Tofis»: si hubo bajeza, ¿quién está detrás y con qué pruebas?

Mientras no aparezcan las respuestas, el cuento de los compadres seguirá siendo una versión en disputa, y la persecución política, una afirmación sin sustento. Jamay merece algo más que trascendidos y mensajes en redes: merece saber qué ocurrió, sin especulaciones que sustituyan los hechos ni silencios oficiales que alimenten las dudas.