La semana más difícil de Lemus

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac:

Ha sido una semana especialmente difícil para el gobernador Pablo Lemus. La peor semana en este casi primer tercio de su gobierno sexenal.

Primero tomó la decisión más complicada de sus cerca de dos años como gobernador. En medio de la crisis hídrica que golpea a la Zona Metropolitana de Guadalajara, decidió cerrar la Presa de Las Pintas para cortar de raíz la llegada de agua sucia y pestilente a los hogares a través de las tuberías del SIAPA.

Fue una medida drástica, que el propio gobernador se había resistido, pero que la magnitud del problema terminó por imponer. Después de un censo que registró más de 300 colonias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se discutía aplicar descuentos de hasta el 80 por ciento en el cobro del servicio a estas o a más colonias, Lemus optó por una decisión de fondo, acorde al tamaño del colapso que se vive.

Ahora el escenario se traslada al Congreso del Estado, que deberá analizar, discutir y, en su caso, aprobar la solicitud de autorizar la firma de un convenio entre el Gobierno de Jalisco y una empresa privada por 11 mil 922 millones de pesos para el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que el propio gobernador Lemus se resiste a llamar deuda.

El esquema propuesto se conoce como Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO): no se trata de un crédito bancario tradicional, sino de un contrato multianual con una empresa privada —se menciona incluso la posibilidad de una firma israelí— que construiría, operaría y mantendría la infraestructura a cambio de pagos anuales durante 20 o 25 años.

El gobernador ha asegurado que este costo no se le cobrará a las familias en el recibo del SIAPA.

El gobernador ha insistido en que “no es endeudamiento”. Sin embargo, en los hechos sí representa un compromiso de largo plazo que las siguientes administraciones deberán honrar. No es gratuito: la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizará pagos anuales que, a precios actuales, parten de esos casi 12 mil millones de pesos, cifra a la que habrá que sumar intereses, actualizaciones y otros conceptos que aún no se conocen con precisión.

La prisa por iniciar las obras es comprensible. La calidad del agua se ha deteriorado de manera visible en zonas céntricas: la colonia Americana, avenidas como López Mateos, el Centro Histórico y los alrededores de El Santuario registran malos olores y turbiedad creciente en estos días, al igual que sucede en cientos de colonias de la metrópoli.

Cerrar Las Pintas implica que prácticamente cerca de la mitad del agua que llega a la metrópoli —la más contaminada— dejará de circular, al menos mientras se avanza en la nueva infraestructura y en la planta de Miravalle.

El reconocimiento al gobernador es justo por haber aceptado la dimensión del problema y por actuar en consecuencia. Gobiernos anteriores, cuando menos tres, dejaron de lado inversiones urgentes en tuberías, drenaje profundo, abastecimiento y saneamiento. La crisis actual no nació en esta administración, pero le toca gestionarla.

Con todo, la urgencia no se puede dejar de lado la transparencia. Es indispensable que el Congreso y la ciudadanía conozcan con detalle el calendario completo de pagos, el costo total real del proyecto, las condiciones de cumplimiento, las cláusulas de incumplimiento y las contingencias.

Recordemos lo ocurrido con El Zapotillo: el entonces gobernador Enrique Alfaro, al lado del presidente López Obrador, la inauguraron con la promesa de resolver el abastecimiento por 50 años, y hoy se habla de la necesidad de invertir cerca de 8 mil millones de pesos adicionales para conectar esa agua a la zona metropolitana, sin claridad siquiera sobre el volumen real disponible.

Las declaraciones oficiales y la realidad de la obra no siempre han coincidido. Por eso resulta fundamental que, esta vez, no se repita la opacidad y el engaño.

PROTESTAS Y VIOLENCIA

El malestar social es genuino. El agua es un bien esencial y la gente tiene razón en exigir soluciones. Las movilizaciones de este domingo alrededor de La Minerva y hacia Casa Jalisco reflejan una demanda real.

Lamentablemente, la jornada terminó en confrontación cuando personas encapuchadas, que se cubrían el rostro y recogían piedras en las inmediaciones, atacaron a los elementos de seguridad. Los videos lo muestran con claridad.

Casa Jalisco estaba amurallada con vallas, y la respuesta incluyó chorros de agua. Infiltrar una protesta legítima para generar violencia desvía la atención del fondo del problema y da argumentos a quienes buscan descalificar toda expresión de inconformidad.

El tema del agua no debe convertirse en instrumento de golpeo político, pero tampoco puede manejarse con opacidad ni con promesas que luego se diluyen.

La crisis hídrica de Jalisco tiene múltiples aristas: calidad, cantidad, inundaciones, redes obsoletas y falta de inversión sostenida. El acueducto sustituto y la planta de Miravalle atienden una parte —la calidad del agua que llega a los hogares—, pero no resuelven por sí solos el conjunto.

Corresponde al Congreso revisar el esquema CMRO con rigor, exigir toda la información financiera y contractual, y garantizar que la decisión que se tome sea informada, transparente y sostenible. La prisa es real; la responsabilidad de no hipotecar el futuro sin claridad también lo es.

El gobernador ha dado un paso al reconocer la gravedad del problema e ir a la acción. Ahora toca al Poder Legislativo y a la sociedad exigir que ese paso se dé con las cartas sobre la mesa.