Anuncian seis nuevos penales para combatir la sobrepoblación y reforzar la seguridad

Resumen editorial:

• México construirá seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para mantener a 18 mil 480 personas recluidas.
• Sinaloa, un estado que en los últimos meses ha tenido fuertes problemas de seguridad, tendrá prioridad con un centro para 2 mil 640 internos, financiado con recursos federales.
• Los establecimientos tendrán operación pública, vigilancia tecnológica y espacios para la reinserción social.

Por Redacción Conciencia Pública:

El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta proyectada de 18 mil 480 espacios, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El programa busca atender la sobrepoblación y fortalecer el control de los establecimientos.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Federación apoyará a las entidades que enfrentan un incremento de su población penitenciaria. Señaló que el hacinamiento representa un problema tanto para los derechos humanos de las personas recluidas como para la seguridad de los centros.

Sinaloa tendrá prioridad dentro del programa, con un nuevo penal para 2 mil 640 personas, financiado con recursos federales. García Harfuch vinculó esta decisión con los recientes enfrentamientos en el centro penitenciario de Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas y evidenciaron la necesidad de reforzar la seguridad carcelaria.

Mientras se desarrolla ese proyecto, el establecimiento de Mazatlán mantiene el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y personal federal de prevención y reinserción social. El secretario explicó que la nueva infraestructura forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las instituciones de seguridad en Sinaloa.

Los seis centros contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, equipos de inspección y sistemas para inhibir señales de comunicación. También se prevén módulos diferenciados que permitan separar a las personas privadas de la libertad según su perfil y nivel de riesgo.

El proyecto contempla, además, espacios educativos, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas. De acuerdo con Harfuch, estas instalaciones buscan fortalecer la reinserción social y ofrecer herramientas para que las personas puedan incorporarse a la vida comunitaria cuando recuperen su libertad.

La construcción estará acompañada por un nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria Nacional, orientado a mejorar los protocolos de seguridad y profesionalizar al personal. La propuesta también contempla modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.

Sheinbaum descartó que los nuevos establecimientos sean operados por empresas privadas. Su administración, explicó, corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal o a las secretarías de Seguridad de las entidades, por lo que el anuncio contempla distintas posibilidades de responsabilidad pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja en el esquema de financiamiento, aunque todavía no se ha informado el monto total de inversión. Tampoco se ha difundido un calendario detallado por obra ni las capacidades individuales de los cinco establecimientos adicionales al previsto para Sinaloa.

Como parte del fortalecimiento operativo, Harfuch informó de la incorporación de mil 192 elementos al sistema penitenciario federal y anunció una Unidad de Reacción Penitenciaria. Esta tendrá la función de responder ante situaciones de riesgo y brindar apoyo a las entidades federativas cuando sea necesario.

El funcionario también presentó un balance de 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026. Estas acciones forman parte de las medidas utilizadas por las autoridades para reforzar el control y atender riesgos en los establecimientos penitenciarios.

En paralelo, el Gobierno federal analiza alternativas legales para reducir la saturación, particularmente en el Estado de México, mediante la revisión de casos de personas procesadas por delitos menores. Las autoridades plantearon estudiar posibles liberaciones conforme a las condiciones de cada expediente, sin anunciar una medida general ni salidas automáticas.