Del festejo al quiebre

Opinión, por Gerardo Rico:

Todo cambió el domingo 11 de octubre. No hace mucho, apenas cuatro meses atrás, en plena efervescencia por la Copa Mundial de Fútbol, durante más de 20 días se hicieron costumbre las manifestaciones de los habitantes de esta ciudad, que salían por cualquier pretexto a celebrar los partidos de la selección mexicana. A caminar desde el centro de Guadalajara hacia la glorieta de la Minerva, con bandera en mano, o simplemente a brincar, gritar, cantar “Cielito lindo” y mojarse en las fuentes de la ciudad por el simple gusto.

En las grandes concentraciones registradas precisamente en la glorieta de la Minerva, con motivo de los conciertos de Maná, Alejandro Fernández y sus invitados, las autoridades estatales presumieron asistencias récord con tomas aéreas de drones. Todo era felicidad, alarde de cifras de asistencia y jactancia por ser la “sede más mexicana”.

Pero vino el despertar, volver a la realidad y darnos cuenta de que, terminado el sueño mundialista, los problemas seguían ahí y cada día se agravaba el problema del agua sucia que salía de las llaves de miles o millones de hogares en el área conurbada de nuestra ciudad.

Con el término de la luna de miel entre la ciudadanía y las autoridades estatales, después de miles de millones de pesos invertidos en los festejos mundialistas y con un dejo de frivolidad, la situación se salió de control.

Y sí, a partir del domingo 11 de octubre, la percepción de los habitantes de esta ciudad hacia el Gobierno de Jalisco cambió, y de qué manera. Mucho se ha escrito y hablado de la represión hacia quienes se manifestaron en los alrededores de Casa Jalisco, de los detalles de las detenciones y de cómo la residencia oficial del gobernador sirvió como centro de detención de decenas de manifestantes; de los abusos policiales y del intento de disuadir la manifestación a manguerazos de agua, sí, del líquido que sale sucio en miles y miles de hogares de la ciudad, y con gases lacrimógenos.

Un operativo con un error tras otro, de acuerdo con especialistas en el tema, que llevó a una crisis política de la cual aún no sabemos las consecuencias reales y a un enfrentamiento con la Presidencia de la República debido a la propuesta de inversión económica para construir el segundo acueducto de Chapala, donde, desde la perspectiva de agrupaciones ciudadanas y legisladores de oposición a Movimiento Ciudadano, se pretende privatizar el servicio de agua potable en nuestra ciudad.

El quiebre…

Y, como siempre, vino el deslinde de los acontecimientos, al hablar el gobernador Pablo Lemus de cuando menos 400 infiltrados en la manifestación para armar desmanes y, hasta el momento, culpar a 17 policías acusados de excesos y de sobrepasar sus funciones ante los manifestantes, además de la consignación de cuatro jóvenes que participaron en la marcha de protesta, apenas el pasado viernes. Esto, luego de que, en una de sus múltiples apariciones en redes sociales, el mandatario estatal presumió que todos los detenidos habían sido liberados.

Sin embargo, aún no conocemos quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables del operativo y qué sanciones podrían tener. Efectivamente, como siempre, se rompe el hilo por lo más delgado y, con chivos expiatorios, buscan la salida fácil al embrollo en que están metidos.

El gobernador tiene varios problemas por resolver luego de los acontecimientos dominicales. Para comenzar, el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia en su contra, así como contra funcionarios y policías, tras la actuación de su gobierno frente a las manifestaciones por el agua contaminada en nuestra ciudad.

Logró que la presidenta Claudia Sheinbaum cambiara de opinión tras el fallido operativo. Inicialmente, la mandataria afirmó que fue el exgobernador Enrique Alfaro quien incumplió con las acciones pactadas tras la inauguración de la presa El Zapotillo y, en su momento, dijo que ayudaría al Gobierno de Jalisco a resolver el problema de abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es decir, los damnificados del problema eran ella y el mandatario jalisciense.

Tras los acontecimientos de la manifestación, el Gobierno federal rechazó la propuesta jalisciense de establecer un esquema de financiamiento tipo asociación público-privada, mediante el modelo CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), para el sistema hídrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La mandataria mexicana señaló que el modelo planteado por el Gobierno estatal podría derivar en la operación privada del servicio de agua.

Desde mi punto de vista, el gobernador Pablo Lemus debe encabezar las investigaciones de manera directa y no enviar a los jefes policiacos que estuvieron al frente del operativo el día de la manifestación. La necedad de consignar a cuatro jóvenes acusados de presuntas lesiones y delitos contra la autoridad le originará más diferencias con sectores sociales. De hecho, la Universidad de Guadalajara, el ITESO y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya exigieron la apertura de una investigación luego de que fueron consignados.

Lo dicho: pasamos del festejo al quiebre en la percepción de los ciudadanos hacia las autoridades estatales. El final de esta novela aún no lo conocemos.