Javier Hurtado cuestiona a Lemus por 21 decretos pendientes; acusa represión a vecinos y tolerancia con industriales

Por Mario Ávila:

Para Javier Hurtado González, académico de la Universidad de Guadalajara, la paradoja de la crisis del agua está en la respuesta del gobierno de Jalisco. A los vecinos que salieron a protestar por el agua sucia que recibían en sus casas, sostiene, se les respondió con represión. En cambio, a los industriales a quienes atribuye parte de la contaminación, dice, el gobierno «no los toca ni con el pétalo de una rosa».

El expresidente de El Colegio de Jalisco cuestiona que, después de años, las autoridades apenas hayan identificado descargas industriales en el cauce que conduce agua hacia el sistema de abastecimiento de Guadalajara. Contrasta esa tardanza con la actuación policial del 11 de octubre, cuando vecinos se manifestaron para exigir agua limpia.

Desde ese episodio, Hurtado hace un balance de los primeros dos años de Pablo Lemus Navarro al frente del gobierno estatal. «Definitivamente, yo creo que estamos ante uno de los episodios de un gobierno más caótico, con menor profesionalismo, con menor oficio político y con una enorme insensibilidad para atender los reclamos sociales de que tenga memoria».

El académico vincula también el malestar por la crisis hídrica con la decisión de prescindir de un mensaje público por el Segundo Informe de Gobierno, que se entregó por escrito al Congreso. A juicio de Hurtado, Lemus evitó el acto para no exponerse a una reacción ciudadana.

Este análisis lo hace el investigador y maestro de la UdeG quien se refirió al hecho de que el mandatario en esta ocasión solo enviara el informe por escrito al Congreso del Estado, pero dejara de hacer un recuento del año con algunos invitados, como se acostumbra.

Y dijo: “El gobernador lo sabe perfectamente que la sociedad está muy molesta y enojada y por eso evitó dar un mensaje político de su informe, porque no quería correr el riesgo de alguna reacción que pudiera presentarse”.

Como experto en políticas públicas, Hurtado González lamentó que en estos dos años haya crecido la inseguridad, se haya perdido competitividad del estado, se haya acrecentado el número de desaparecido y sigue incrementándose la impunidad de manera alarmante en Jalisco.

A la par, aseguró que el Estado de derecho cada vez se debilita más y la insensibilidad para resolver también otros problemas que no sean susceptibles de hacer un negocio, no son tratados, no llegan a la agenda pública, a la agenda gubernamental.

“VETO DE BOLSILLO AL ESTILO JALISCO”

El doctor Javier Hurtado se refirió a los casos de Jalisco y Nuevo León, las dos únicas entidades en donde no se ha acatado la reforma constitucional que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Además de que aquí en Jalisco Pablo Lemus se ha negado a publicar 21 Minutas de Ley aprobadas por el Congreso y 5 reformas a la Constitución Federal que el Congreso del Estado no ha realizado, a pesar de que ya ha vencido su plazo.

Esta conducta —dijo—, de no publicar los decretos que aprueba el Poder Legislativo, es una conducta recurrente de aplicar el veto, pero no alguna de las tres formas tradicionales en las que existen, para que el Ejecutivo legalmente se pueda negar a su publicación.

Pero el caso de México —explicó—, tenemos el que yo les decía a mis alumnos, un cuarto tipo de veto, que es el “veto de bolsillo a la mexicana”, y ese yo lo describía como aquel en el cual El Ejecutivo, ni regresa el decreto con sus observaciones, pero tampoco lo publica.

“Y hoy, a este veto se le podría poner incluso el nombre del ‘Veto de Bolsillo al Estilo Jalisco’, ya que son 21 decretos que ha aprobado el Congreso del Estado, que se los ha enviado al gobernador y ni los regresa, ni los publica, y algunos tienen casi dos años en el bolsillo del saco de Pablo Lemus”, advirtió Javier Hurtado.

IMPUNIDAD NO ACATAR REFORMAS CONSTITUCIONALES

Al hacer eco de la que fue una denuncia presentada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, el doctor Javie Hurtado se refirió también al hecho de que en Jalisco no se han realizado las enmiendas a la Constitución, para adaptarlas a la ley federal.

Recordó que están pendientes por supuesto la reforma al Poder Judicial, la reforma para la protección contra la tortura y la salud mental, la reforma en materia de transparencia y protección de datos personales y reformas a leyes secundarias derivadas de las reformas electoral.

Lo de la anulación de la elección por intervención extranjera, venció el plazo desde el pasado 5 de junio y la fecha límite para adaptar la ley en Jalisco a la nacionalidad única para las candidaturas a titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, vence el 5 de enero del 2027 “y aunque todavía está vigente el plazo, seguramente no habrá nada”, vaticinó el académico.

Como una de las soluciones a esta problemática legal ocasionada por el gobernador y la facción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, para el doctor Javier Hurtado estaría en recurrir al artículo 118 de la Constitución de Jalisco, en el que dice que las reformas a la Constitución Federal que afecten a la de Jalisco serán adoptadas inmediatamente y publicadas sin mayor trámite.

Otra opción para el Congreso sería interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Controversia Constitucional en contra del gobernador Pablo Lemus por omisión legislativa, para que, de pasada, la Corte aclare qué se quiere decir con el 118 constitucional que dice que deben ser “adoptadas”, no “aprobadas”.

LA OPCIÓN DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO

El análisis del doctor en Ciencias Sociales, Javier Hurtado González, explica que la única opción que les quedaría a los jaliscienses que se inconforman con el desempeño del gobernador Pablo Lemus sería recurrir a la figura de la democracia participativa, conocida como la revocación de Mandato.

Admite que ya hay grupos sociales que la quieren impulsar, pero la sugerencia del experto en políticas públicas es que no se vayan por lo que dice la Ley de Participación Ciudadana y Gobernanza del Estado de Jalisco, porque el camino es casi imposible, ya que el procedimiento se admite con el 3% de las firmas, que deben ser recabadas en las dos terceras partes de los municipios o de los distritos.

En cambio, la opción que recomienda es recurrir a lo que dice el transitorio de la reforma constitucional, que en su artículo 35 de año 2019 estableció la Revocación de Mandato para el presidente de la República y gobernadores, donde metieron un transitorio que dice que para las entidades federativas, el porcentaje de firmas que se requiere para proceder a la Revocación de Mandato de un gobernador debe ser del 10% del Listado Nominal, que se debe reunir en el 50% de los municipios, que debe participar el 40% de los electores y de ese 40% la mitad más uno vota porque se vaya; el gobernador se va.