OPINIÓN
El bastión ciudadano
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz:
En México existe un problema cultural y medular de convivencia: la corrupción persiste de manera estructural en nuestros sistemas, en todos los ámbitos sociales, gubernamentales y políticos, y en todos los niveles. A pesar de las luchas y los esfuerzos por combatirla, se trata de un problema de raíces profundas, difíciles de erradicar, que muchas veces se entrelaza con la cultura y la idiosincrasia de la propia sociedad mexicana.
Sabemos el daño que provoca la corrupción, las brechas de pobreza, desigualdad y abuso que profundiza, y cómo impide el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. Cuando se es víctima de ella, deja, sin duda, una profunda sensación de impotencia y desilusión, no solo frente a las instituciones, sino también frente a nuestra propia identidad como sociedad. Sin embargo, ahí está: existe y se manifiesta todos los días en distintas acciones y decisiones.
Incluso los recientes señalamientos sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) muestran cómo los cuestionamientos a la integridad pública pueden alcanzar a instituciones fundamentales para la vida democrática del país.
La sistemática destrucción de las instituciones que garantizaban el derecho de acceso a la información pública, que nos brindaban transparencia y, por consecuencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, representó un golpe bajo a la construcción histórica de las luchas sociales en México. Significó un retroceso en materia de transparencia, cuyos verdaderos daños quizá solo podremos dimensionar ante una futura alternancia en el poder político. Solo entonces será posible evaluar el impacto de estas decisiones en una ciudadanía que ya había aprendido a ejercer su derecho a saber y a exigir cuentas frente al ejercicio del poder.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) deja una profunda huella de frustración frente a la pérdida de herramientas ciudadanas y mecanismos jurídicos que permitían a las personas saber qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Hoy, buena parte de estas funciones ha quedado depositada en órganos de control vinculados a las propias estructuras gubernamentales, lo que inevitablemente despierta dudas sobre su imparcialidad e independencia.
En este escenario, dependemos en gran medida de la integridad de quienes encabezan esas instituciones. Por eso, la lucha anticorrupción enfrenta hoy un debilitamiento adicional: ha perdido prácticamente uno de sus principales bastiones y aliados, la transparencia y las instituciones que la garantizaban. Mientras tanto, los sistemas anticorrupción continúan funcionando, pero también permanecen en riesgo, particularmente en uno de sus componentes más importantes: la participación ciudadana.
Los comités de Participación Ciudadana y las comisiones de Selección enfrentan problemas de integración en diversas entidades federativas, además de otras dificultades institucionales y operativas verdaderamente preocupantes para el futuro del modelo anticorrupción en el país.
Sin embargo, en Jalisco todavía existen condiciones institucionales y ciudadanas para preservar la continuidad de nuestro Sistema Estatal Anticorrupción (SEAJAL). La participación ciudadana en el sistema permanece activa y la Comisión de Selección tiene ante sí la responsabilidad de elegir a quien habrá de integrarse al Comité de Participación Social, dando continuidad a uno de sus componentes fundamentales.
Jalisco ha sido históricamente punta de lanza en materia de transparencia y combate a la corrupción; cuenta con una sociedad participativa, preocupada por lo que sucede en la entidad y dispuesta a involucrarse en la construcción de políticas públicas.
La lucha anticorrupción no puede ser la excepción. De ahí la importancia de vincular de manera efectiva al SEAJAL con todos y cada uno de los sectores sociales.
Es fundamental que Jalisco conserve esa esencia de participación ciudadana, porque lo que sucede en nuestro estado es una responsabilidad compartida entre la política, el gobierno y la sociedad. Su correcta articulación, con instituciones sólidas y los debidos contrapesos, nos permitirá construir un estado competitivo, líder y verdaderamente armonizado con su sociedad.
El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco deberá quedar debidamente integrado, pero el reto no termina ahí. Habrá que procurar, desde todos los ámbitos posibles, que su valiosa labor se difunda, que la sociedad conozca y comprenda su función y que, de cara al próximo proceso electoral, la fuerza de la participación ciudadana demuestre que sigue siendo el eje fundamental de nuestro sistema.
A través del Comité de Participación Social existe la responsabilidad de vincular a los distintos sectores sociales, construir puentes entre la ciudadanía y las instituciones, y generar una visión compartida sobre la necesidad de enfrentar frontalmente la corrupción.
La integración de sus órganos es apenas el comienzo; su verdadera fortaleza estará en su capacidad de incidir, generar confianza y mantener vivos los contrapesos ciudadanos. Porque la lucha anticorrupción no puede depender de la voluntad de quienes gobiernan, sino de instituciones sólidas y de una sociedad que no renuncie a su derecho de participar, cuestionar y exigir cuentas.
Resumen editorial:
– Corrupción estructural: La autora advierte que la corrupción continúa arraigada en México y que la desaparición de organismos autónomos de transparencia debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
– Participación ciudadana en riesgo: Los problemas de integración de los órganos ciudadanos de los sistemas anticorrupción representan un desafío para su funcionamiento e independencia.
– Jalisco ante un reto institucional: La renovación del Comité de Participación Social del SEAJAL constituye una oportunidad para fortalecer los contrapesos, recuperar la confianza y ampliar la intervención ciudadana.


