OPINIÓN
UAG, la sucesión que abrió la disputa
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac:
La discreción con que se anunció el relevo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara terminó por convertirse en una disputa pública. El nombramiento de Juan Carlos Leaño del Castillo, dado a conocer el 2 de noviembre, fue desconocido mediante un comunicado firmado por su hermano José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, vicerrector general y financiero.
Las preguntas que planteamos en esta columna el pasado 9 de noviembre empiezan a encontrar respuesta.
Entonces advertimos que algo llamaba la atención. Una institución con más de nueve décadas de historia cambiaba de rector en una ceremonia que, de acuerdo con la información que recibimos, reunió apenas a una veintena de personas en el Aula Magna.
La prensa conoció la noticia mediante un boletín. ¿Por qué tanta reserva alrededor de una decisión de semejante importancia?
El relevo también sorprendía porque las expectativas apuntaban hacia José Antonio Rodolfo Leaño del Castillo, quien había acumulado experiencia en la administración universitaria. Su responsabilidad financiera y su cercanía con el rector saliente, Antonio Leaño Reyes, alimentaban esa lectura.
Finalmente, el nombramiento recayó en Juan Carlos, su hermano, mientras el padre pasaría a ser rector emérito. El desplegado difundido este jueves por la tarde sitúa la controversia en el terreno estatutario. Según el documento, en una sesión celebrada el 6 de noviembre se resolvió desconocer la designación por considerar que el procedimiento incumplió las disposiciones que regulan el gobierno universitario.
Es la posición de quienes suscriben el pronunciamiento y corresponde conocer la respuesta de la autoridad cuestionada.
Entre las irregularidades señaladas aparecen la falta de convocatoria y participación del Consejo Universitario, así como la ausencia de aprobaciones que, conforme a la interpretación expuesta en el comunicado, correspondían al Consejo Directivo y a la Asamblea de Asociados. El señalamiento coloca una exigencia sobre la mesa. Mostrar las convocatorias, las actas, las votaciones y las facultades ejercidas para hacer el nombramiento.
Ahí deberá aclararse la disputa. ¿Qué órgano tiene atribuciones para designar al rector? ¿Quién convocó? ¿Se reunió el cuórum? ¿Qué acuerdos se aprobaron y quiénes los firmaron? Son preguntas que requieren documentos. La comunidad universitaria necesita saber quién conduce la institución y con qué respaldo jurídico, particularmente cuando dos integrantes de la familia que históricamente la ha dirigido sostienen posiciones encontradas.
Después del anuncio, Juan Carlos Leaño del Castillo, acompañado de su padre, comenzó encuentros con autoridades civiles y universitarias para presentar la transición. Esas reuniones dieron visibilidad al relevo. Ahora, frente al desconocimiento, la atención vuelve hacia los órganos internos y sus reglas. La validación del procedimiento tendrá que sostenerse en los estatutos y en los acuerdos correspondientes.
La trayectoria de Juan Carlos merece examinarse completa. Durante años fue conocido como «El Cheto», capitán de los Tecos en Primera División. Después de su carrera futbolística asumió responsabilidades directivas en la universidad. Es licenciado en Dirección de Empresas por la UAG y cuenta con formación de posgrado y programas ejecutivos. Su experiencia académica y administrativa forma parte de la discusión, junto con el procedimiento utilizado para nombrarlo.
El conflicto también deja ver las dificultades de una sucesión familiar dentro de una institución educativa. Los desacuerdos alcanzan a estudiantes, profesores, trabajadores y egresados, quienes tienen intereses que deben ser atendidos durante la controversia. Para ellos, la certeza sobre las autoridades importa en la operación cotidiana, en los proyectos académicos y en la continuidad de los compromisos universitarios.
Si el diferendo llega a tribunales, habrá que seguir los argumentos de ambas partes y las resoluciones que se emitan. Mientras tanto, hace falta una explicación institucional que permita conocer el alcance de los acuerdos invocados. También corresponde precisar si existe alguna afectación a las actividades universitarias y cómo se garantizará su continuidad.
La Autónoma tiene frente a sí un mercado educativo exigente, con instituciones que han ampliado su oferta y presencia en Jalisco. Recuperar dinamismo, atraer estudiantes y fortalecer su prestigio académico demanda una conducción estable. La UAG llegará a su centenario en 2035. Antes necesita resolver esta sucesión con claridad y ofrecer a su comunidad una ruta compartida.
El desenlace mostrará cuánto pesan sus órganos de gobierno y qué capacidad tiene la familia
Leaño para procesar sus diferencias sin comprometer el futuro universitario. Las cosas en la UAG parece que tienden a complicarse.
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