OPINIÓN
El precio de la inocencia
Opinión, por Miguel Anaya:
En 1629, Carlos I de Inglaterra tomó una decisión que parecía demostrar la fortaleza de su autoridad: disolvió el Parlamento y decidió gobernar sin él. Durante once años evitó convocarlo, convencido de que la Corona no necesitaba compartir el poder ni someterse a demasiadas restricciones. El problema llegó cuando necesitó dinero para financiar sus políticas y tuvo que recurrir nuevamente a los parlamentarios. Pero encontró una institución distinta: sus integrantes ya no estaban dispuestos a entregarle recursos sin exigir explicaciones. El conflicto terminó en una guerra civil, la ejecución del monarca y la abolición temporal de la monarquía.
Cuatro siglos después, los escenarios han cambiado, pero algunas lecciones siguen vigentes. Los gobernantes pueden imponer decisiones, construir discursos y presumir sus principios; lo que no pueden exigir es que la realidad se comporte de acuerdo con sus narrativas. Vivimos una época en la que la coherencia parece haberse convertido en un accesorio de campaña.
En México, la llamada Cuarta Transformación presume colocar primero a los más necesitados, pero hay una pregunta que debería incomodar mucho más que cualquier consigna: ¿qué está haciendo realmente el gobierno para que quienes nacen en condiciones desfavorables tengan oportunidades de construir una vida distinta?
La respuesta comienza por la educación. Si de verdad queremos combatir la desigualdad, difícilmente encontraremos una herramienta más poderosa que garantizar una educación de calidad. Los apoyos económicos pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituyen el conocimiento, las habilidades ni las oportunidades que permiten a una persona mejorar sus condiciones de vida. Una beca puede ayudar a permanecer en la escuela; una buena educación puede cambiar el destino de una familia. Sin embargo, los resultados siguen mostrando una deuda importante.
La prueba PISA 2025 reveló que México se encuentra por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias. ¿De qué sirve presumir que más jóvenes llegan a las aulas si no garantizamos que salgan de ellas con mejores herramientas para enfrentar la vida? La verdadera justicia social no consiste solamente en repartir apoyos, sino en conseguir que el origen de una persona no determine hasta dónde puede llegar.
En seguridad, el discurso oficial convive con una realidad que sigue lastimando a las familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que, durante 2025, 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito; además, el 93.4 % de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Detrás de esas cifras hay comerciantes extorsionados, familias desplazadas, personas desaparecidas y ciudadanos que han aprendido a modificar sus rutinas por miedo. La transformación que no consigue garantizar condiciones básicas de tranquilidad tiene todavía mucho que explicar.
En Jalisco, la contradicción adquiere acento local. Movimiento Ciudadano llegó al poder con una promesa que hizo de la defensa del estado una de sus principales banderas. Sin embargo, defender Jalisco no consiste en repetir que somos distintos, presumir obras o convertir la identidad naranja en una explicación para todo.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta problemas que difícilmente pueden resolverse con campañas de comunicación. El agua sucia o insuficiente, las dificultades de movilidad y la inseguridad forman parte de las preocupaciones cotidianas de miles de habitantes. A ello se suma una vivienda cada vez más cara: la Sociedad Hipotecaria Federal reportó un incremento del 10.1 % en los precios de la vivienda en la zona metropolitana durante los primeros nueve meses de 2026. ¿Dónde está, entonces, aquello que se prometió defender?
Gobernar no significa acertar siempre. Las circunstancias cambian, las decisiones deben corregirse y ningún proyecto político tiene respuestas infalibles. Pero reconocer errores exige más carácter que repetir consignas. Rectificar no debilita a un gobernante; fingir que todo marcha bien puede terminar debilitándolo mucho más.
Carlos I creyó que podía gobernar sin escuchar a las instituciones hasta que necesitó de ellas. Los gobernantes contemporáneos deberían recordar que la ciudadanía también tiene límites, memoria y capacidad de retirar su confianza.
La verdadera tragedia de la incoherencia política no es que un gobernante termine desmintiendo sus propias palabras. Es que, mientras intenta sostener su relato, una generación entera puede quedarse esperando el futuro que le prometieron. Y ese tiempo, a diferencia del poder, no se recupera.
Resumen editorial:
– La incoherencia entre el discurso político y los resultados de gobierno erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad del poder.
-;Los rezagos educativos y la inseguridad en México exhiben las dificultades para convertir las promesas de transformación social en oportunidades reales.
– En Jalisco, los problemas de abastecimiento de agua, movilidad, seguridad y vivienda ponen a prueba el discurso de Movimiento Ciudadano sobre la defensa del estado.


