OPINIÓN
El INSABI ¿Seguridad para todos?

Políticamente Correcto, por César Iñiguez //
De todos los temas de la administración pública el tema de la salud es donde literalmente, se juega la vida de los ciudadanos.
No hay un tema más sensible y complejo para la población que atender los temas de salud, desde el primer nivel que es una atención en un consultorio, como el segundo nivel que es un parto o una cirugía básica hasta un tercer nivel que son las enfermedades graves o catastróficas como el cáncer, insuficiencia renal u otro padecimiento de esta naturaleza.
De los 110 millones de mexicanos que habemos en nuestro país, 69 millones de ellos cuentan con protección de salud en las instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, los hospitales del Ejército y la Marina, quienes están cubiertos en el primero, segundo y tercer nivel.
Desde el año 2000 en el que se creó el Seguro Popular se fue atendiendo a un número importante de mexicanos, hasta llegar al año 2019 a un total de 57 millones.
La atención en el IMSS, ISSSTE y las demás instituciones públicas el seguro funciona y se financia con una aportación que entrega el gobierno federal y otra que aportan el patrón y el trabajador.
El Seguro Popular, con el fin de darle atención médica a las personas que no contaban con esta seguridad social por ser jornaleros, comerciantes, dedicarse al hogar o no tener un trabajo fijo que le permitiera acceder a los servicios de las entidades públicas, funcionaba con una aportación proveniente de la federación y otra más que daban los estados.
El seguro popular era un instrumento financiero que funcionaba con la aportación de alrededor de 2,800 pesos anuales que contribuía el gobierno federal por cada asegurado y otra parte, un poco menor que daban los estados, quienes atendían a los usuarios en los hospitales de sus entidades bajo su responsabilidad; a unos meses de su operación, reservaron una cantidad equivalente al 80 por ciento del seguro para atender las enfermedades del tercer nivel.
Desde la creación del Seguro Popular, hasta este 2019, la cantidad que se aportaba por este concepto se cuadriplicó, lo que permitió un crecimiento exponencial de la atención a millones de mexicanos en primer, segundo y tercer nivel.
El fundador del Seguro Popular, el reconocido médico Julio Frenk quien previo a su nombramiento fungía como Director Ejecutivo de Investigación e Información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diversas entrevistas ha señalado que el espíritu de este sistema era descentralizar y alcanzar a un mayor número de mexicanos para eventualmente universalizar el sistema de salud.
Julio Frenk mencionó que para poner en marcha el Seguro Popular realizó un sinnúmero de estudios técnicos, tanto de política pública como en materia financiera y de salud para verificar su viabilidad que les llevó dos años, incluyendo una prueba piloto en un par de estados de la República, hasta su lanzamiento a nivel nacional luego de tres años de prueba.
Este sistema que se legisló con el propósito de dotar de un derecho a los ciudadanos para acceder a la salud pública consistía en definir una cantidad económica gradual por cada asegurado y obligaba a los estados a poner su parte y ofrecer el servicio médico y de atención.
Andrés Manuel López Obrador anunció la eliminación del Seguro Popular para dar paso al Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI).
Mediante unas reformas a la Ley General de Salud creó este nuevo Instituto que se define como un nuevo modelo para dar Salud Universal, a todos los mexicanos y a los extranjeros que estén en el país.
A diferencia del Seguro Popular, que funcionaba con la infraestructura y colaboración de los gobiernos estatales, el INSABI pretende ser una institución nacional que dote del servicio con operación, personal, infraestructura y servicios propios.
Y a diferencia del Seguro Popular, el INSABI solo cubre enfermedades catalogadas como de primero y segundo nivel, dejando fuera las enfermedades de tercer nivel o catastróficas.
El Seguro Popular había logrado en 20 años de su funcionamiento, una dinámica de colaboración entre los estados de la República y la federación, que incluía material, infraestructura y personal, todo a cargo de las entidades federativas, actividad que alternaban con sus propias responsabilidades en materia de salud.
El recurso con el que operaba el Seguro Popular, AMLO pretende retenerlo y centralizarlo para construir el INSABI, solo que todo mundo nos preguntamos ¿cómo es que lo va a operar y cómo va lograr una atención universal de salud cuando eliminó la atención del tercer nivel a los pacientes y si no cuenta con la infraestructura propia y recortó el presupuesto en materia de salud?
Está pidiéndoles a los gobernadores de distintas entidades federativas firmar un acuerdo de adhesión, pero no dice para qué.
No se sabe si les pedirá cederles sus hospitales, si se hará cargo de la nómina que atendía el Seguro Popular, si los medicamentos los pagará la federación y quién correrá con los costos de los pacientes que se atiendan en el tercer nivel, cuando les ha recortado el presupuesto.
Lo más grave es que no existen legalmente reglas de operación, solo se conoce la superficialidad de un nuevo sistema que pretende, en el papel, ser universal y que tiene menos recursos de lo que se destinaban particularmente al Seguro Popular y generalmente al tema de la salud.
Si hasta el IMSS y el ISSSTE recibieron menos recursos.
El Seguro Popular funcionaba con recursos estatales y federales, pero los atendían los estados; ahora, hay menos recursos federales y el gobierno de AMLO pretende centralizar la atención médica bajo un formato que incluyen atención en hospitales propios que, hoy por hoy, no tiene.
Y peor, sin reglas de operación, AMLO señaló que la atención universal que incluye el tercer nivel para los pacientes que eran atendidos en el Seguro Popular, que hoy están fuera, se dará hasta el primero de diciembre de este año.
Se avecina un problema enorme en materia de salud, creando un problema donde no lo había y en donde literalmente, está en riesgo la vida de los mexicanos.
Twitter: @CesarIniguezG
Facebook: César Iñiguez
E-mail: cesar_iniguez@hotmail.com
MUNDO
Nominar a Trump, la devaluación del Premio Nobel de la Paz

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Hay similitudes entre Donald Trump, la Madre Teresa y Nelson Mandela?
La pregunta, lanzada con sarcasmo por un colega, apuntaba a la reciente nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz. La respuesta: Trump podría unirse a este selecto grupo.
La idea me dejó atónito. ¿Ha caído tan bajo la credibilidad de este galardón como para premiar a un líder cuya retórica se nutre de confrontación, cuya política persigue a migrantes y carece de un ápice de humanismo?
Hoy martes este debate resuena mientras el mundo observa el conflicto Israel-Irán, donde la autoproclamación de Trump como nominado expone las tensiones geopolíticas y mediáticas.
La nominación, promovida por congresistas republicanos como Buddy Carter y respaldada por Pakistán, parece más un ejercicio de autopromoción que un reconocimiento genuino.
En redes sociales, como X, las reacciones son polarizadas: partidarios de Trump celebran el “logro” con hashtags como #TrumpForPeace, mientras críticos lo tildan de “cínico” y “absurdo”, citando su historial belicista.
Trump prometió evitar “guerras eternas” tras su victoria en 2024, pero autorizó ataques a instalaciones nucleares iraníes el pasado sábado, usando B-2 y misiles Tomahawk. Este acto contradice su discurso, y el supuesto “acuerdo de alto el fuego” con Irán, presentado como mérito, ya muestra fisuras, según posts en X que reportan nuevos enfrentamientos.
La nominación parece un intento de blanquear su imagen tras decisiones controvertidas.
El Nobel de la Paz, históricamente un bastión de humanitarismo, ha perdido brillo. La entrega a Barack Obama en 2009, sin resultados concretos en paz, marcó un precedente de devaluación. Nominar a Trump, conocido por su retórica agresiva y políticas antiinmigrantes, refuerza la idea de que el premio se ha convertido en una herramienta de legitimación política. En X, usuarios ironizan: “¿El Nobel para Trump? ¡Solo falta nominar a Kim Jong-un por sus sonrisas!”.
Esta percepción se agrava por el contexto: el ataque a Irán, justificado por la supuesta inminencia de una bomba nuclear, evoca el engaño de Irak en 2003 bajo Bush, cuestionando la transparencia de EEUU.
Los méritos alegados incluyen el “acuerdo de alto el fuego” y su giro diplomático con Corea del Norte en 2018-2019, aunque este último colapsó. Sin embargo, su intervención en Irán, alineada con Israel, sugiere una agenda de poder más que de paz. En redes, analistas como
@GeoPoliticaMX destaca que la nominación coincide con la presión de Trump para reafirmar la hegemonía estadounidense ante China y Rusia, aliados cautelosos de Irán.
La posibilidad de que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, pese a su retórica de combate y confrontación, plantea un dilema ético y simbólico que erosiona la esencia del galardón. Este escenario no solo reflejaría una devaluación histórica del premio, sino que legitimaría una narrativa donde el poder y la autopromoción prevalecen sobre los principios humanitarios que han definido a figuras como Mandela o la Madre Teresa.
Si el Nobel cae en manos de un líder cuya trayectoria contradice la paz, el desafío será redescubrir su propósito original, promoviendo un diálogo global que priorice la humanidad sobre la hegemonía. Solo así se podrá contrarrestar la ironía de un mundo al revés, donde la confrontación se corona como virtud.
MUNDO
Sensacionalismo mediático: Alimentando el miedo a una Tercera Guerra Mundial

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El sábado pasado, el mundo despertó con la noticia de que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares cerca de Teherán, utilizando bombarderos furtivos B-2, bombas antibúnker GBU-57 y misiles Tomahawk lanzados desde submarinos y destructores.
Este ataque a tres puntos estratégicos intensificó la tensión global en un contexto ya marcado por la incertidumbre del gobierno de Donald Trump. Sus políticas, desde aranceles arbitrarios hasta conflictos comerciales con aliados como México y Canadá, han generado inestabilidad, amplificada por medios sensacionalistas que, a través de redes sociales, alimentan el miedo a una tercera guerra mundial entre audiencias influenciables.
El conflicto comenzó con ataques israelíes contra Irán, basados en la supuesta inminencia de una bomba nuclear iraní. Irán respondió impactando misiles en el complejo militar Kirya en Tel Aviv, exponiendo la vulnerabilidad del sistema defensivo israelí, incluida su Cúpula de Hierro.
Trump, alineándose con Israel, decidió intervenir sin pruebas claras que justifiquen la acción, evocando el precedente de George W. Bush, quien en 2003 invadió Irak con falsas acusaciones sobre armas de destrucción masiva. Esta repetición de tácticas imperiales para preservar la hegemonía estadounidense genera escepticismo global. ¿Quién confía en Trump, cuya facilidad para distorsionar la verdad es bien conocida?
Tras ganar las elecciones en noviembre de 2024, Trump prometió evitar “guerras eternas”, pero su retórica belicosa, incluyendo amenazas contra el líder supremo iraní Ali Khamenei, contradice esa postura. Su decisión arriesga un conflicto de consecuencias impredecibles, especialmente si Irán contraataca bases estadounidenses en la región.
Los medios sensacionalistas, amplificados por plataformas digitales, convierten esta crisis en un espectáculo de paranoia, presentando el conflicto como el preludio de una guerra global. Sin embargo, un análisis racional sugiere que las condiciones para una escalada de esa magnitud son limitadas, particularmente por la postura de China y Rusia, aliados históricos de Irán.
CHINA: CAUTELA ESTRATÉGICA
China ha optado por posicionarse como mediador, proyectando una imagen de actor responsable en la escena global. Los aviones chinos detectados rumbo a Irán probablemente buscaban evacuar personal, no brindar apoyo militar. Una guerra prolongada elevaría los precios del petróleo, afectando la economía china, que depende de la estabilidad energética.
Pekín podría recurrir a presión diplomática o sanciones económicas contra Estados Unidos, pero una intervención militar es improbable, dado el riesgo de desestabilizar sus relaciones con Occidente. Los medios sensacionalistas, sin embargo, exageran el rol de China, generando temor infundado entre quienes consumen titulares alarmistas sin cuestionarlos.
RUSIA: OPORTUNISMO LIMITADO
Rusia, enfrascada en su conflicto con Ucrania, ve en la crisis una oportunidad para distraer a EEUU y debilitar su apoyo a Kiev. Sin embargo, su respaldo a Irán ha sido mínimo, sin evidencia de asistencia militar directa. Moscú podría negociar beneficios, como alivio en sanciones por Ucrania, a cambio de mantenerse al margen. Aunque podría ofrecer inteligencia o logística a Irán si el conflicto escala, una intervención activa es poco probable.
Los titulares que predicen una coalición Rusia-Irán son exageraciones mediáticas que alimentan la paranoia de una guerra global, ignorando los cálculos estratégicos de Moscú.
FACTORES QUE LIMITAN LA ESCALADA
Irán ha advertido que la intervención de EE. UU. podría desencadenar una “guerra total”, pero su capacidad militar está mermada tras los ataques israelíes a sus defensas aéreas y sitios nucleares. China y Rusia priorizan su estabilidad interna y económica, evitando un enfrentamiento directo con EE. UU. e Israel. Ambos países podrían buscar influencia mediante soluciones diplomáticas, no militares. Los medios sensacionalistas, sin embargo, capitalizan el miedo, magnificando la amenaza y omitiendo el contexto geopolítico que desinfla la narrativa de una guerra mundial inminente.
IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Para México, el conflicto tiene repercusiones económicas y políticas significativas. Un aumento en los precios del petróleo por la guerra beneficiaría temporalmente a Pemex, pero elevaría los costos de combustibles, impactando la inflación y el bienestar de los mexicanos. Además, la presión de EEUU para alinear a México en su agenda podría complicar la política de no intervención del país, un principio histórico de su diplomacia.
La intervención de Estados Unidos en Irán es un movimiento arriesgado de Trump para reafirmar la hegemonía estadounidense, sin evidencia sólida que lo respalde. Los medios sensacionalistas, amplificados por redes sociales, convierten esta crisis en un espectáculo de miedo, exagerando las probabilidades de una tercera guerra mundial y generando paranoia entre audiencias poco críticas.
China y Rusia, con posturas cautelosas, difícilmente escalarán militarmente, optando por maniobras diplomáticas para proteger sus intereses. En México, el conflicto amenaza con impactos económicos y diplomáticos, lo que exige un periodismo responsable que desmantele el alarmismo y fomente un análisis racional.
La ciudadanía merece información veraz, no narrativas que lucren con el temor.
NACIONALES
Los juzgadores: Ley, justicia y pluralidad con democracia

Por Pedro Vargas Ávalos //
A partir del cercano uno de septiembre, el Poder Judicial mexicano se renovará, a pesar de las oposiciones, las oligarquías privilegiadas, la mayoría de sus comentócratas y medios tradicionales, es decir, tope en lo que tope. Tendremos pues, juzgadores emergidos del voto popular y no de cúpulas de predominio.
Los enjuiciadores que integren el innovado ramo jurisdiccional (en Jalisco seguiremos en espera, pues nuestros legisladores -y quizás el ejecutivo- no tienen prisa y al parecer ni simpatías para remozar nuestro aparato judicial) tendrán como norte aplicar la ley, siempre procurando imponer la justicia, lo cual les será fundamental porque simbolizan la pluralidad nacional y surgen de la voluntad popular, o sea , de la democracia, lo cual se ajusta a lo que ordena el artículo 39 de la Constitución: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
Ministros, magistrados y jueces siempre deben sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, a la ley o más ampliamente al Derecho, pues aquella es el mandamiento obligatorio escrito (por lo que si no se cumple es sancionable) expedido por la autoridad competente, en tanto que este -el Derecho- implica el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia de las personas, con el fin de que imperen la justicia -saber separar lo justo de lo injusto y que se otorgue a cada quien lo que legal y razonablemente le corresponde- y el orden con armonía social.
El aparato judicial, por tradición, siempre se integró con matices clasistas; de hecho, no encontrábamos en el cuadro de juzgadores, representantes de los pueblos originarios, y solo en exiguo porcentaje miembros del ámbito social más pobre o carentes de apoyos poderosos. En consecuencia, la carrera judicial no cumplía sus objetivos, debido a que ordinariamente se alteraba por influencia de los factores hegemónicos. Todo lo anterior es contrario a la pluralidad de la sociedad mexicana y al mandato constitucional que se funda indiscutiblemente en la soberanía nacional que reside en el pueblo.
Consecuente con lo antedicho, son los juzgadores resultantes de la reforma judicial que ahora es parte de la suprema ley de la república. Y si tales funcionarios no se ciñen al sentido de ley, derecho y justicia, para bien de la población, ahora habrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Sobre el tema, declaró Celia Maya García, virtual presidenta de ese organismo: “se busca crear un nuevo sistema de justicia con juzgadores preparados, pero también con sensibilidad social y que sea cercana a la gente.” Agregando que, nunca serán persecutoras, pero eso sí: “El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución.
Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”. (El Universal, 16/06/2025).
Por lo que ve a la pluralidad étnica de México, esta se reflejará en la Suprema Corte de Justicia luego de la histórica elección del uno de junio pasado, pues quien obtuvo la mayoría de los votos y que por ende será quien presida al más alto tribunal de la nación, es el jurisconsulto de raza mixteca Hugo Aguilar Ortiz; esto además de que fueron electos varios juzgadores de ascendencia indígena en varias entidades federativas.
El citado Aguilar Ortiz, se describe: “soy indígena mixteco del estado de Oaxaca, he dedicado mis conocimientos, ejercicio profesional y experiencia en la promoción y defensa de los derechos indígenas en los últimos 30 años, en los que, en conjunto con otros abogados, hemos sistematizado la realidad y aspiraciones de los pueblos, las hemos transformado en conceptos jurídicos que recientemente fueron incorporados en el artículo 2º de la Constitución Federal”. (Diario Red, 9/05/25).
El senador Antonino Morales Toledo, también de origen autóctono (zapoteco) declaró complacido: “Más de siglo y medio después, un hijo de los pueblos originarios, esta vez de raíz mixteca, asume la más alta responsabilidad del Poder Judicial. Su elección representa un paso firme hacia una justicia más incluyente, cercana al pueblo y con rostro indígena”. En cuanto a su actuación, indicó Aguilar Ortiz, en una entrevista, que él no había llegado con transacciones con alguna agrupación, sindicato, poder político, etcétera, enfatizando: “llego con los votos que la ciudadanía depositó el 1 de junio; no tengo más que compromiso con ellos, con la Constitución, con el marco jurídico, con garantizar certeza para todos, porque este para mí es el objetivo central.” (Público, 2025-06-18).
El experimentado letrado agregó, en el encuentro predicho, que estaba consciente del lugar al que llegaría, y del “reto que tenemos, las dificultades que ha tenido la Corte, por decirlo de manera suave, en los últimos años” así como de la condición que tienen grandes sectores de la ciudadanía en relación a la justicia.
Al respecto expuso: «Hay un sector de la población que cuenta con los recursos suficientes para contratar un abogado calificado y ellos seguirán llegando a la Corte y se les va a administrar justicia siempre que tengan la razón, pero también hay otro sector que no tiene esas condiciones; y para los cuales el sistema de justicia no ha existido, por lo que vamos a equilibrar ahora la condición de estos sectores sociales tradicionalmente excluidos para que accedan a la justicia». Seguidamente enfatizó que defendería la división de poderes, pero invariablemente atendiendo el bien de la República.
Finalmente precisó que será el enlace entre a los nueve ministros para “que tomemos decisiones trascendentes”; el objetivo es “darle un nuevo enfoque y visión a ese órgano y al sistema de justicia del país.” En cuanto al padrón que encontrará en la SCJ, dejó claro que “reconocerán la experiencia del personal que actualmente labora en la Corte y advirtió que a quien se detecte haciendo cosas indebidas, se dará vista al Tribunal de Disciplina Judicial… y tendrá que dejar el espacio, pero quien contribuya a encontrar una justicia real, verdadera, que realmente sirva a la nación, será bienvenido».
No dejaron de haber expresiones racistas sobre el virtual guía de la SCJ, (incluyendo temas anodinos como el uso de la toga) pero contra esas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum lo encomió:” Me da mucho gusto que el próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado, muy buen abogado; tengo el privilegio de conocerlo” y adicionó su comentario al asegurar que domina no solamente “temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general, tiene un amplio conocimiento; es un hombre modesto, sencillo,…con una enorme inteligencia y sensibilidad social, entonces nos da mucho gusto” que sea quien presida la Corte. (Mañanera del pueblo, 04/06/2025).
Y junto a la mandataria de la patria, nosotros y millones de connacionales, nos congratulamos de la renovación democrática del Poder Judicial, lo cual anuncia una etapa en la cual, la justicia por fin estará cerca del pueblo, y será básica para edificar un genuino estado de derecho.
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