OPINIÓN
El INE, efervesencia y claroscuros
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
La lucha del pueblo mexicano y mejor dicho de sus ciudadanos, por hacer que su voto cuente y se cuente bien, ha sido larga y dificultosa.
En la lejana época prehispánica, los indígenas solo recurrían al sufragio cuando de elegir un gobernante se trataba (según el caso, Tlatoani o Huey (gran) Tlatoani), pero participando en ese proceso de votación exclusivamente algunos de los más notables.
La conquista cambiaría aquel elitista sistema, pero lastimosamente su inicio fue anómalo: Hernán Cortés recurrió al voto para constituir el primer Ayuntamiento que hubo en lo que hoy es nuestra patria (Villa Rica de la Vera Cruz, 22 de abril de 1519), pero todo estuvo manipulado por el hombre fuerte de la invasión hispana que era él. El fin era amparar su irregular situación y alentar sus desbocadas ambiciones. El sufragio y por desgracia los ayuntamientos, nacían con vicios y contrahechuras.
La Constitución de Cádiz de 1812 trajo un soplo renovador en lo que atañe a votos, ciudadanos, ayuntamientos y órganos de gobierno. Pero su vigencia fue muy breve, ya que el déspota Fernando VII, monarca ibérico de pésimos recuerdos lo echó abajo. Por fortuna en la vieja Nueva España (y consiguientemente en nuestra Nueva Galicia, entonces ya conocida como Intendencia de Guadalajara y hoy Jalisco) prendió la libertad y germinó la independencia en 1821. Con ello, no obstante la efímera mancha del iturbidismo, el voto de los pueblos se impuso y surgió la República Federal, los Estados libres y soberanos, ambos con su división tripartita de poderes y, como cereza del pastel, los ayuntamientos. La base de elección de unos y otros fue el voto libre y secreto, aunque eso sí, con limitaciones como el domicilio, saber leer y escribir, gozar de buenos antecedentes, poseer determinada edad y a veces, tener cierta capacidad económica.
Durante todo el siglo XIX, con algunas variaciones, ese sistema imperó, implementando los comicios el gobierno y por tanto, dejando mucho que desear: en su limpieza al organizarlos y aún más en su credibilidad al computar resultados. Esto hizo que hubiese inconformidad ciudadana, la cual fue creciendo hasta que estalló la Revolución maderista (1910), con el lema de “Sufragio Efectivo. No reelección” pregonado por el apóstol Francisco I. Madero. El viejo dictador Díaz dimitió y en comicios de genuina democracia, en 1911 el pueblo jubilosamente eligió Presidente de la República el señor Madero.
Pero los votos seguían constreñidos por los principios de la Constitución de 1857, así que urgió se reformara esa Carta Política y en los hechos, se generó nueva Constitución Política por el Congreso Constituyente de Querétaro, que arrancando en 1916, culminó en 1917. El sufragio ahora sí sería universal y secreto, con mínimos cuanto necesarios requisitos de ciudadanía. Sin embargo, la organización de los procesos electorales los siguió tutelando el gobierno, (por medio de Juntas Empadronadoras, Computadoras, Colegios Electorales o Comisiones Federales) por lo que sobrevivieron los negros antecedentes del manoseo de urnas, conteo tramposo, y por tanto, resultados parciales y en consecuencia, ilegítimos.
Tras los episodios de 1946 y 1953 en que la mujer adquirió derechos de sufragio, y entre otros movimientos (estudiantil de 1968 y la Corriente Democrática en 1987), por fin se creó el Instituto Federal Electoral (1990) y tras difícil tránsito, se logró sacudir al poder Ejecutivo (que vía el Secretario de Gobernación, lo presidía) para ser realmente autónomo en 1996.
Ahora sí, siendo organismo ciudadano y libre, podría transparentar las elecciones, recuperar la confianza y credibilidad, promover la participación de los mexicanos en los procesos democráticos y asegurar la equidad y orden en las campañas políticas para elegir legisladores y gobernantes. Los Estados legislarían en sus ámbitos de competencia para lograr esos mismos objetivos en su jurisdicción. Todo parecía que por fin lo político-electoral marcharía como miel sobre hojuelas.
Pero de nueva cuenta el diablo se entrometió: los partidos políticos, que viven alejados de los intereses populares, se adueñaron del IFE y se repartieron como pastel al organismo, otorgándose cuotas y danto al traste con la transparencia, equidad y confianza: el resultado fueron las tramposas elecciones federales de 2006, de pésimo recuerdo y luego, para acabarla de amolar, en 2014, en contundente estacazo centralista, la partidocracia que señoreaba la vida nacional aliada al putrefacto gobierno peñanietista, transformaron al IFE en Instituto Nacional Electoral, que es el hoy INE. Los gobiernos estatales ni pío dijeron ante ese zarpazo antifederalista, con lo que confirmaron su agachonismo desvergonzado.
En el INE actual priva la omnisciencia (ellos interpretan la ley a su gusto y modo, como cuando reeligen al Secretario Ejecutivo, antes de tiempo y en segunda vez, que está prohibida); los grandes sueldos (mayores que el presidente de la república, contraviniendo la Constitución), el derroche administrativo (menospreciando al presupuesto de egresos federal) y hacen gala de insolente alejamiento del pueblo (como cuando el presidente del INE y su Secretario Ejecutivo se mofaron de los indígenas), todo lo cual lo hace aparecer como una ínsula en nuestro sistema jurídico-político.
Ahora está en efervescencia por la elección de cuatro Consejeros que han de iniciar el 4 de abril; al respecto existen muchos claroscuros. Los partidos políticos vencidos avasallantemente en los comicios pasados, exigen lo que en su tiempo no concedieron: que el nombramiento de esos funcionarios sea imparcial, transparente, apartidista, etc., etc., lo cual ellos en su momento lo resolvieron con el sistema impúdico de cuotas: tantos para el PRI, tantos para el PAN y de consolación para los vociferantes perredistas, uno. A los demás ni los veían ni los oían.
Preguntados los ciudadanos, en varias encuestas, manifiestan que muy poco saben del INE y que eso sí, confianza no le tienen. El presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, olvidando el adagio de “dime que presumes y te diré que careces”, pide que quienes resulten nombrados sean los más aptos, a efecto de salvaguardar comicios limpios en condiciones de equidad y certeza. Ojalá así sea, para bien de la democracia y de los mexicanos.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
Sergio Chávez rinde su Cuarto Informe de Gobierno resalta su compromiso moral y ético
Lemus promete respaldo absoluto a Verónica Delgadillo
Guadalajara se reafirma como la ciudad que cuida a su gente: Verónica Delgadillo
Charros vs. Diablos: Viviremos la Serie del Rey soñada
