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Iniciativa de la diputada Brenda Carrera: Prohibir celulares en las aulas; una cruzada contra el ciberacoso

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Por Francisco Junco //

La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.

No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.

De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.

El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.

Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.

En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.

La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.

“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.

La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.

Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.

Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.

La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.

En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.

Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.

Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.

Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.

El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.

La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.

Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.

“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.

El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.

El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.

Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.

En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.

EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR

Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.

A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.

El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.

Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.

“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.

La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.

Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.

La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.

Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.

De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.

La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.

“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.

La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.

“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.

La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.

“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.

“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.

La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.

Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.

Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.

La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.

Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.

“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.

La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”

Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.

“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.

Prohibir por prohibir no tiene sentido

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.

“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.

Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.

La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.

Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.

“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.

El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.

Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.

La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.

Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.

Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.

Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.

Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.

“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.

El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.

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Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo

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-Por Mario Ávila 

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En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.

Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.

Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.

UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN

César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.

“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.

A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.

Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.

Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.

La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.

En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.

Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.

SALVAGUARDAR VIDAS

Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.

Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.

“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.

En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.

El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.

La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.

Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.

El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”

VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.

“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.

“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.

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Alberto Maldonado: Diputados de Morena apoyarían a Lemus en proyecto de drenaje profundo para la ZMG

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-Por Gabriel Ibarra Bourjac

La bancada federal de Morena de Jalisco le brinda el apoyo al gobernador Pablo Lemus para impulsar el drenaje profundo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un a obra clave para mitigar las inundaciones crónicas que sufre la urbe cada temporal de lluvias y que además se traduce en pérdida de vidas, lo que todos unidos debemos evitar, expresó el legislador Alberto Maldonado Chavarín.

En un gesto de unidad, los diputados de Morena se suman a esta iniciativa, exigiendo que la Cámara de Diputados contemple esta inversión en el próximo presupuesto, a discutirse entre noviembre y diciembre de 2025, con el objetivo de iniciar los trabajos en 2026, destacó Maldonado Chavarín, quien es coordinador de los legisladores federales de Morena de Jalisco y miembro de la Comisión de Asuntos Hidráulicos en San Lázaro.

La propuesta surge en medio de la crítica situación hídrica y de infraestructura en la región que está completamente rebasada por el crecimiento registrado y la falta de inversión para su mantenimiento y renovación, donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) enfrenta cuestionamientos por su manejo.

Maldonado, quien trabajó años atrás en el área jurídica del SIAPA y conoce sus entrañas, destacó la urgencia de abordar el problema del agua, que supera incluso la inseguridad como principal preocupación en Jalisco, según estudios de opinión.

“El agua que no llega o que llega sucia y hedionda es el núcleo del problema”, afirmó en entrevista con Conciencia Pública. La reciente aprobación de un aumento del 9% a las tarifas del SIAPA, decidido por la Cámara de Diputados local, generó indignación social al carecer de un diagnóstico previo sobre la deuda, el rezago de cobranza, el número de empleados y las necesidades reales del organismo.

“Antes de subir tarifas, debimos saber dónde estamos parados”, señaló, proponiendo un observatorio plural con expertos de universidades como la UdeG, la UAG, la UNIVA, el ITESO y el TEC de Monterrey, junto a legisladores federales y locales.

El legislador abogó por regresar al modelo original del SIAPA, cuando los ayuntamientos de la ZMG tenían voz y voto en su junta de gobierno, un derecho perdido durante el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval por presiones políticas y económicas del estado.

“Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá aportan el dinero de sus ciudadanos, pero los recursos se concentran en zonas privilegiadas, dejando atrás comunidades pobres del oriente”, criticó.

Además, urgió revisar el área de saneamiento, abandonada en los últimos años, lo que ha permitido que los tanques de almacenamiento queden sin limpieza ni químicos, agravando la calidad del agua.

El tema de las inundaciones, agravado por la infraestructura hidráulica obsoleta, cobró relevancia tras las recientes lluvias que dejaron seis muertos y un historial de 10 a 12 fallecidos por temporal. Maldonado respaldó la propuesta de la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco de impulsar un drenaje profundo, una obra costosa pero esencial para evitar colapsos y los cerca de 2,000 hundimientos anuales en la ZMG.

“Le propongo al gobernador Pablo Lemus convocar a todos los sectores para discutir esto y gestionar recursos extraordinarios en el presupuesto de 2026”, anunció, ofreciendo la solidaridad de los legisladores federales para cerrar filas por Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la inversión en temas hidráulicos como prioridad nacional para 2025, destinando partidas amplias a la Conagua y urgiendo a gobernadores y alcaldes a priorizar obras subterráneas, a pesar de su baja visibilidad política.

Maldonado coincidió en que la mala gestión del agua, más que su escasez, es el problema central. Criticó proyectos como el acueducto de Zapotillo, que tras dos décadas de debate solo aportará tres metros cúbicos —sin un litro entregado aún— y propuso aprovechar cuerpos de agua subutilizados como el canal de Atequiza y la presa de Tamazula de Gordiano.

“Estudios muestran que estos podrían ahorrar hasta un 70% del agua extraída de Chapala, usada mayormente por el campo e industria, pero han sido ignorados”, reveló, prometiendo enviar datos detallados.

Maldonado también abogó por un diagnóstico objetivo con tecnología satelital y drones para detectar fugas en tuberías viejas, sugiriendo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco le ponga atención especial a este problema.

“Hay agua, pero está mal manejada”, insistió, proponiendo que el SIAPA contrate personal técnico especializado en saneamiento y distribución, recuperando el modelo de contratación basado en expertise.

Con esta visión integral, los diputados de Morena buscan transformar la crisis hídrica de la ZMG en una oportunidad de desarrollo, siempre que el gobernador Lemus acepte el reto y la Cámara de Diputados respalde el drenaje profundo en el presupuesto venidero.

 

 

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Drenaje profundo no es solución: Guadalajara está asentada en una «bomba de tiempo», Arturo Gleason

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-Por Mario Ávila Campos 

A causa de muchas omisiones en la supervisión y en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica de la ciudad, de lo viejo de los colectores y de la cada vez mayor cantidad de agua que en tiempos de lluvia saturan los drenajes, Guadalajara podría estar asentada en una ‘bomba de tiempo’, según alertó el doctor en Urbanismo, José Arturo Gleason Espíndola.

A través de un plano en donde se abarcan más de 35 mil hectáreas de la mancha urbana, el académico realizó un estudio juicioso, en el que se plantean al menos 20 puntos con riesgo potencial de hundimientos y del surgimiento de socavones en el temporal de lluvias, tan o más peligrosos que los que ya han ocurrido en días pasados en la avenida Malecón, en la colonia El Bethel, en el límite entre Guadalajara y Tonalá y en la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque.

Planteó al mismo tiempo la necesidad de delinear prioridades, definir obras y acciones, así como gestionar recursos presupuestales para empezar a atender el problema que lleva más de 30 años de retraso, “porque si para nosotros no es una prioridad atender el rezago hidráulico, la situación crítica nos va a cobrar factura posteriormente y eso implicará una grave irresponsabilidad de la clase gobernante”, estableció el investigador de la UdeG.

UN RIESGO INMINENTE Y OLVIDADO

Gleason presentó un plano detallado que mapea zonas vulnerables, destacando colectores antiguos como el de San Juan de Dios, construido en 1902 (123 años), que abarca 1,280 metros entre Calzada Independencia y Parque Morelos.

Otros puntos críticos incluyen la Avenida López Mateos (1971-1977), el colector Oriente (Parque San Rafael a Oblatos), Lázaro Cárdenas y Avenida Patria, todos con más de 50 años de antigüedad. Estos sistemas, diseñados para cargas menores, colapsan bajo la presión de lluvias intensas, como los 180 mm/hora registrados en años pasados, superando con creces los 80-100 mm/hora que deberían soportar.

“No son lluvias atípicas; es falta de estudios y cálculos”, criticó Gleason, desmontando la excusa oficial y exigiendo evidencia científica.

LA FALTA DE MANTENIMIENTO AGRAVA EL PROBLEMA

Con más de 500 kilómetros de colectores obsoletos, la ciudad carece de un plan integral. Gleason lamentó que no exista en la agenda pública la rehabilitación de estas redes, proponiendo un análisis riguroso para priorizar intervenciones.

La cuenca del Osorio, por ejemplo, abarca más de 3,000 hectáreas impermeabilizadas, acumulando agua que debería infiltrarse. En el caso del socavón de El Bethel, sugirió un peritaje para evaluar si modificaciones en el Parque Luis Quintanar alteraron los escurrimientos, acelerando el colapso.

“Es como retener agua y luego liberarla con fuerza; podría haber contribuido”, especuló, destacando la necesidad de estudios detallados.

MÁS ALLÁ DEL DRENAJE PROFUNDO: UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE

Gleason se pronunció contra el drenaje profundo, aprobado recientemente por el Congreso estatal con una inversión estimada de 30 mil millones de pesos, como la solución mágica propuesta por el diputado César Madrigal, el gobernador Pablo Lemus y el Colegio de Ingenieros.

“No hay estudios que sustenten esa cifra ni garantías de éxito”, afirmó, recordando que él mismo lo consideró viable en el pasado, pero ahora prioriza la sustentabilidad.

Su alternativa es un Plan de Gestión Sustentable de Aguas, enfocado en retener agua en edificios, parques y techos verdes, reverdeciendo la ciudad para reducir el volumen que llega a los colectores.

Según parámetros internacionales, el 60% de la lluvia en áreas urbanas totalmente impermeabilizadas (90-100%) se drena, pero Gleason estima que hasta un 30-40% podría retenerse con trincheras filtrantes, pozos de absorción y sistemas de infiltración. “Guadalajara debe volver a ser una esponja”, propuso, sugiriendo que el excedente se canalice a corredores verdes o ríos restaurados a cielo abierto, dejando un drenaje profundo de menor capacidad como última opción.

Criticó obras como el Parque San Rafael y el Dean, que cubren solo 2,400 hectáreas desde el Cerro del Cuatro a la Zona Industrial, insuficientes para una cuenca tan amplia. “Es como meter una cubeta en un vaso; el agua se derrama”, ilustró, recordando que propuso captaciones progresivas al exgobernador Enrique Alfaro, sin éxito.

UN LLAMADO A LA CIENCIA Y LA RESPONSABILIDAD

Gleason urgió dejar de construir por construir y formar un equipo con científicos para resolver el rezago hidráulico. “Si no es prioridad, la factura será grave e irresponsable”, advirtió, señalando que los más de tres meses restantes del temporal de 2025 podrían agravar los 20 puntos de riesgo.

Propuso medir lluvias, escurrimientos e infiltración con equipos de alta precisión, descartando soluciones aisladas como tanques o vasos reguladores. La restauración parcial de ríos y la recaptación son innovaciones que, combinadas con un enfoque integral, podrían mitigar el peligro.

DESACTIVAR LA BOMBA

Guadalajara enfrenta una crisis hidráulica que amenaza vidas y patrimonio, agravada por la falta de mantenimiento y planificación. El diagnóstico de Gleason, respaldado por datos y experiencia, exige un cambio de paradigma: de obras reactivas a una gestión sustentable. El Drenaje Profundo, aunque apoyado políticamente, no basta sin un plan previo. La clase gobernante debe actuar con ciencia y urgencia para desactivar esta ‘bomba de tiempo’, antes de que los socavones y las inundaciones cobren un costo irreparable.

 

 

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