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ENTREVISTAS

Iniciativa de la diputada Brenda Carrera: Prohibir celulares en las aulas; una cruzada contra el ciberacoso

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Por Francisco Junco //

La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.

No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.

De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.

El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.

Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.

En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.

La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.

“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.

La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.

Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.

Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.

La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.

En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.

Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.

Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.

Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.

El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.

La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.

Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.

“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.

El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.

El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.

Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.

En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.

EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR

Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.

A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.

El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.

Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.

“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.

La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.

Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.

La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.

Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.

De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.

La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.

“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.

La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.

“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.

La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.

“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.

“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.

La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.

Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.

Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.

La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.

Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.

“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.

La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”

Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.

“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.

Prohibir por prohibir no tiene sentido

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.

“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.

Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.

La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.

Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.

“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.

El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.

Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.

La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.

Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.

Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.

Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.

Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.

“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.

El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.

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ENTREVISTAS

Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»

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La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?

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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/

Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/

Reforma Judicial en Jalisco, alertan de riesgo con proceso acelerado: Plantea Pablo Lemus un parlamento público: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/reforma-judicial-en-jalisco-alertan-de-riesgo-con-proceso-acelerado-plantea-pablo-lemus-un-parlamento-publico/

Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/

La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/

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ENTREVISTAS

Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.

Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.

En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.

Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

LA ENTREVISTA

.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?

R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.

P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?

R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.

P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?

R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.

P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?

R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.

P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?

R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.

P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?

R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.

P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?

R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.

P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?

R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.

P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?

R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.

P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?

R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.

P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?

R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.

P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?

R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.

P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?

R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.

SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA

1- Creación de un solo comité de evaluación.

Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.

2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.

Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.

Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.

3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.

Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.

4- Número de aspirantes.

Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.

5- Vacantes.

En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.

6- Garantizar la paridad de Género.

Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.

 

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ENTREVISTAS

Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia

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– Por Raúl Cantú

El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.

En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.

“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.

En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.

Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.

Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.

En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.

Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.

El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.

Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.

“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.

En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.

Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.

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