ENTREVISTAS
Iniciativa de la diputada Brenda Carrera: Prohibir celulares en las aulas; una cruzada contra el ciberacoso
Por Francisco Junco //
La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.
No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.
De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.
El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.
Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.
En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.
La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.
“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.
La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.
Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.
Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.
La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.
En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.
Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.
Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.
El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.
Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.
El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.
La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.
Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.
“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.
El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.
El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.
Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.
En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.
EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR
Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.
A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.
El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.
Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.
“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.
La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.
Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.
La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.
Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.
“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.
De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.
La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.
“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.
La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.
“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.
La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.
“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.
“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.
La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.
Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.
Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.
La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.
Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.
“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.
La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”
Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.
“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.
Prohibir por prohibir no tiene sentido
El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.
“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.
Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.
La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.
Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.
“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.
El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.
Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.
La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.
Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.
Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.
Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.
Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.
“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.
El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.
-Por Francisco Junco
El doctor Alejandro Molina habla con la serenidad de quien lleva décadas en la medicina y con la energía de alguien que aún sueña proyectos nuevos. Sus manos, siempre activas al relatar, se mueven como si dibujaran en el aire la estructura del nuevo hospital que pronto abrirá sus puertas en Tonalá.
Al sentarse frente a su escritorio, sus ojos transmiten el orgullo de quien ha dedicado su vida al servicio público y la docencia. Médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en bariatría clínica por el IPN y con estudios en ozonoterapia en la Universidad de La Habana, Alejandro Molina no se limita a enumerar títulos; cada dato biográfico lo entrelaza con una anécdota que muestra su vocación de servicio.
“Llevo 36 años dando clases en la Universidad de Guadalajara”, señaló en entrevista con Conciencia Pública, con una sonrisa, como si reviviera los rostros de miles de estudiantes. Ha pasado por aulas de enfermería, áreas médico-biológicas y preparatorias, siempre con la convicción de formar a profesionales con ética y compromiso.
En los últimos años, y en la actualidad el doctor Molina se ha desempeñado como asesor del presidente municipal tonalteca, en materia de salud, lo ha acompañado en todos esos proyectos que tienen la mira de dignificar la salud.
“Hacer medicina más humana, ser más humanistas en la medicina, atender mejor a los pacientes con más profesionalismo, con más ética, con más calor humano, con más vocación de servicio”, señaló.
Mientras habla, se inclina ligeramente hacia adelante, enfatizando las palabras cuando recuerda su paso como director médico-psicosocial del DIF Guadalajara en tiempos de Aristóteles Sandoval. Posteriormente, fue director del Programa “Primero tu salud”, dentro del ayuntamiento tapatío, donde realizó el primer censo en escuelas primarias públicas sobre obesidad infantil, un diagnóstico que marcó agenda nacional.
En su voz hay un tono más grave cuando menciona su experiencia como director de Servicios Médicos Municipales en Tonalá, en la administración 2015-2018, primer periodo presidencial municipal de Sergio Armando Chávez Dávalos, el primer político en acumular tres periodos como alcalde tonalteca.
Desde entonces lo que ha buscado es conocer bien las carencias del municipio, porque “queremos que se trate a las personas con respeto, profesionalismo y ética”, recalcó, como si fueran las bases de una receta médica para toda la comunidad.
El nuevo Hospital Tonalá Centro, “presbítero Rafael González González”, es la joya de esta etapa. El doctor Molina describe cada área como si estuviera guiando un recorrido: la clínica de hemodiálisis con nueve máquinas, la maternidad para atender partos cerca de casa, las clínicas de diabetes e hipertensión, y un área de urgencias equipada con tomógrafo, rayos X, laboratorio, sala de choque y 12 camas censables.
Al hablar de capacidad, es honesto y aseguró que “en salud nunca es suficiente nada”. Sus cejas se fruncen al recordar casos en que la falta de atención oportuna costó vidas, como aquel joven con fractura que no logró ser operado a tiempo. Con el nuevo hospital, dijo, esas historias podrán tener otro final.
El doctor recuerda con nitidez una anécdota del presidente municipal, cuando en una de sus campañas, para una diputación federal, en plena contienda electoral, se suscitó la muerte de un niño por picadura de alacrán, en hechos ocurridos en la Jauja, esto ocurrió por no haber un puesto de socorro cercano. “Eso marcó su visión”, afirmó, reconociendo que desde entonces Sergio Armando Chávez ha apostado fuerte por la salud, construyendo cuatro Cruz Verdes antes de dar el paso al hospital.
Su tono se suaviza cuando explica que la maternidad evitará que mujeres embarazadas de Tonalá tengan que peregrinar a Guadalajara o Zapopan. “La salud es un derecho universal; con salud hay todo y sin salud no hay nada”, repitió, como un mantra aprendido en la práctica diaria.
El plan de apertura del nuevo hospital en Tonalá será por etapas: primero, área de estabilización de urgencias y consulta externa (atención primaria); después las clínicas especializadas (hipertensión y diabetes); para pasar al área de maternidad; posteriormente a la clínica de hemodiálisis y hospital, para finalmente la operación completa del hospital. Aunque ya está casi terminado, el escalonamiento responde a la realidad económica y al reto de equipar y sostener la operación.
El doctor Molina no evade el tema de los costos y señaló que sí habrá una cuota de recuperación, baja, pero necesaria para mantener servicios de calidad. “La gente debe ser parte del proyecto, ayudando a que se sostenga”, comentó, consciente de que la salud gratuita absoluta es un ideal difícil de mantener con recursos municipales.
Su mirada se endurece un momento al defender que la atención será para todos, sin importar si vienen de Tonalá o de otro municipio. “La salud no tiene fronteras”, sentenció.
En cuanto a la dirección del hospital, detalló que será el Organismo Público Descentralizado (OPD) del propio nosocomio, con un consejo en el que participan universidades, iniciativa privada y asociaciones civiles. “El presidente quiere transparencia, no compadrazgos”, puntualizó.
A lo largo de la charla, hay un concepto que repite con pasión, ese humanismo, donde “desgraciadamente la medicina actual ha perdido el trato humano; aquí queremos rescatarlo”, dijo, mientras se lleva la mano al pecho. Para él, un médico debe mirar a los ojos, escuchar y acompañar, no sólo recetar.
La filosofía que impulsa este hospital se resume en una idea sencilla y poderosa. Salvar vidas. Esa frase, que el doctor Alejandro Molina pronuncia con énfasis, parece flotar sobre cada detalle técnico del proyecto.
Recordó que la convocatoria para personal médico y de enfermería ha tenido una gran respuesta.
“Ha habido muy buena respuesta. Tenemos, ahora sí, mucho de dónde escoger. Queremos que se seleccionen los perfiles más idóneos, más aptos, tanto profesionales como éticos, como vocación de servicio. Porque acá lo que el presidente nos ha encargado mucho es de que ese hospital y ese núcleo de salud tiene que operar de la mejor manera”, dijo con orgullo.
En el contexto nacional, donde se habla de desabasto de medicamentos y crisis hospitalaria, Tonalá busca ser una excepción. “Claro que se pueden hacer bien las cosas”, afirmó con convicción, y subrayó que el presidente ha preferido esperar y hacerlo bien antes que inaugurar a medias.
El doctor Molina no deja ir la oportunidad de remarcar que este hospital no es sólo ladrillos y equipo médico, es la materialización de una visión que combina técnica, planeación y un profundo sentido humano.
“Pero, esto es gracias al presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez, por su visión de estadista, porque gracias a él se pudo hacer este complejo de salud médico, que tuvo la visión y la vocación de servicio para ayudar a la comunidad tonalteca-doliente”, enfatizó.
“Aquí lo que queremos es salvar vidas y tratar a cada paciente como ser humano, no como número”. En Tonalá, esa promesa está a punto de convertirse en realidad.
ENTREVISTAS
Diálogo, inclusión y consenso, lo que necesita la reforma electoral en México: Mario Ramos
-Por Mario Ávila
“Como se han cocinado las reformas electorales en México, al menos es necesario que tengan cinco ingredientes: diálogo, inclusión, consenso, altura de miras y deben responder a las exigencias actuales. Si se reúnen estos ingredientes y si se cocinan de la manera correcta, podemos tener una buena reforma electoral”.
Así lo vaticinó el doctor Mario Ramos González, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, que, siguiendo una analogía culinaria, continuó: “La presidenta, Claudia Sheinbaum, armó su equipo MasterChef, que tiene la difícil tarea de reunir estos ingredientes y cocinarlos adecuadamente, para lograr tener una receta bien hecha y bien adecuada”.
El Dr. Mario Ramos, a la vez director de la empresa Alternativa Consultores, expuso que mucho tendrá que aportar la experiencia de nuestro estado, para el proceso de consulta sobre la Reforma Electoral a la que se convocó desde el Poder Ejecutivo, particularmente desde Jalisco se podrían aportar las experiencias que se han tenido con el repechaje y la propuesta de “Sin Voto no hay Dinero”.
En el caso del repechaje, recordó que desde el siglo pasado Jalisco implementó une medida para que también llegaran al Congreso del Estado, los diputados que pese a perder en la elección, hubieran obtenido la mejor votación en su distrito con relación a otros perdedores de su mismo partido. De tal suerte que, en la distribución de las posiciones plurinominales en la Cámara de Diputados, entra uno de los mejores perdedores y dos de la lista del partido y así sucesivamente.
Indicó el entrevistado que es más digno llegar a la Cámara Diputados participando en una elección y perdiendo, que a través de la lista que elabora tu partido y que normalmente la encabezan los dirigentes del propio partido político.
Aunque hay otros sistemas en el mundo -dijo-, en donde la lista no está bloqueada, la lista la arman los propios electores, es decir, tienes dos boletas y se vota por mayoría relativa y en la otra, pones el nombre de tus candidatos. En el caso de nuestro país, la lista ya la hicieron los partidos y en donde siempre los primeros lugares, que son seguros, son para los dirigentes, su familia, los amigos y sus cuates, que llegan a la Cámara sin hacer campaña y sin que la gente los conozca.
Otra aportación sería la que planteó en su momento el diputado independiente, Pedro Kumamoto, denominada “Sin Voto no hay Dinero” y que consiste en que en lugar de que la bolsa presupuestal para los partidos político se asigne con relación al Padrón Electoral, se haga con base en los votos válidos logrados en la elección inmediata anterior, con lo que se reduciría sustancialmente el presupuesto para los partidos políticos, en función directa con el porcentaje de abstencionismo que se registre.
Este es uno de los aspectos que sí se podría mejorar en una reforma, dijo, “porque tenemos un modelo muy costoso; probablemente se puede hacer más económico, pero sin perder procesos imparciales, con legalidad, con independencia y con equidad en la distribución de los recursos”.
Gastar menos —precisó— es buena propuesta, porque la bolsa de financiamiento para los partidos políticos se calcula con base en el padrón electoral, por eso siempre sigue creciendo, aunque la distribución, que ahorita es de acuerdo al porcentaje de votos, y así se divide el 70% y el 30% solamente por tener el registro.
Claro que la bolsa se reduciría sustancialmente o al menos obligaría o presionaría los partidos políticos a que se incrementara la participación electoral, para que la bolsa creciera, repartiendo el dinero no por el Listado Nominal, sino a la cantidad de votos válidos en la elección inmediata anterior.
URGE CLARIFICAR EL REPARTO DE PLURIS
Un tema que en opinión del maestro Mario Ramos deberá abordarse con precisión en la Reforma Política, son los criterios para la distribución de las posiciones plurinominales, para con ello evitar malas interpretaciones y acusaciones de la conformación de mayorías artificiales.
“Sí, definitivamente se debe clarificar, para que no exista esta interpretación; efectivamente esta legislación no la aprobó Morena, ya venía de tiempo atrás y ya se había utilizado beneficiando en su momento al PRI y al PAN, que en esta ocasión se quejaban porque con esa interpretación se le daba una sobre representación a Morena, que con 50 y tantos por ciento de los votos, obtuvo más del 70% de los espacios, en virtud de la interpretación de una ley ambigua”, expuso el consultor y experto en el análisis político.
DESDE EL PODER, NO DESDE LA OPOSICIÓN
El académico Mario Ramos recordó que, a lo largo de la historia de nuestro país, la transición de un régimen autoritario a uno democrático se ha dado a partir de las reformas electorales y éstas han surgido casi siempre después de procesos electorales, en los que se denuncia fraude, inequidad y la oposición es la que reclama.
Incluso la creación del IFE -dijo-, no la podríamos entender sin este llamado del fraude que hizo en el 1988 el Frente Democrático Nacional que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y en donde andaba también ahí Andrés Manuel López Obrador, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, entre muchos otros líderes de izquierda. En aquel momento se creó el IFE todavía dirigido por la Secretaría de Gobernación, y ya hasta la reforma de 1997 se le da la autonomía al IFE.
En esta ocasión es distinta —abundó—, porque no hay un reclamo que haya habido en estas elecciones, ni en 2024, ni en 2021, ni en 2018, es más, ni en el 2015, que fue el primer proceso electoral en el que Morena participó, dado que alcanzó el registro en 2014 y participó al año siguiente, para después ganar la elección de manera contundente en el 2018.
Hizo saber que, en su opinión, pareciera que el interés del partido en el poder es modificar las reglas del juego en el ámbito electoral y también modificar la manera de designar al árbitro electoral; ello sin que desde la oposición se haya propuesto.
Esto —planteó—, no quiere decir que el sistema esté perfecto, si hay muchos aspectos que sería bueno modificar, pero esta ocasión es distinta, hoy no hay un reclamo de fraude, de falta de piso parejo, de inequidad; en todo caso, se empieza a observar detalles en algunas elecciones, pero a partir de lo que ha ocurrido desde el gobierno, por ejemplo, con el proceso interno a la elección de la candidatura a la presidencia de la República del propio Morena, con las denominadas corcholatas, en donde fue evidente que hubo violaciones a la ley.
CUIDAR LA REPRESENTACIÓN
Uno de los temas que a juicio del Dr. Mario Ramos se debe de cuidar, es el caso de las minorías, para que puedan seguir obteniendo espacios de representación, aunque no ganen distritos de mayoría relativa, sino solo por el porcentaje de votos; “si no, no entenderíamos cómo entró el PRD y muchos otros partidos pequeños que han tenido presencia en las cámaras y que han crecido su fuerza política poco a poco”.
Y como de todos modos va la reforma -sentenció-, la presidenta lo anuncia, ya conformó la comisión, tienen mayoría en ambas cámaras, lo que significa que es un hecho que habrá reforma electoral, ahí lo que a mí me gustaría hacer hincapié es que, como en otras reformas sí incluían las distintas voces, como en la reforma de 1977 con López Portillo, había un control total desde el gobierno pero les daba apertura que la oposición incluyendo algunos de sus reclamos, sus exigencias, para hacer elecciones más imparciales y competidas.
Incluso la reforma del 2008 -recordó-, después de la elección de 2006 cuando López Obrador reclamó un fraude, ahí es donde se prohibió que los partidos pudieran contratar tiempo en radio y televisión, por el bombardeo que surgió de los spots pagados por la inicial privada. En conclusión, ojalá que estos foros, estas mesas, estas consultas, que sí permiten dialogar, incluir opiniones distintas y que se le pueda mover al menos alguna coma a la propuesta original que nazca de Morena.
-Por Gabriel Ibarra Bourjac
Como desafortunada calificó el titular de la Comisión de Búsqueda de personas en Jalisco (COBUPEJ), Víctor Hugo Ávila Barrientos la afirmación del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero de que Jalisco podría estar ocultando desaparecidos para no dañar la imagen del Mundial de Futbol.
Al rechazar en forma categórica este señalamiento, expresó que “cuando una persona reporta una desaparición, recibe una constancia de registro. Con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) ocurre lo mismo. Es un documento oficial que no se puede deshacer. Todo está en nuestra página, accesible y público”, argumenta Víctor Hugo Ávila Barrientos.
“La transparencia de los registros, disponibles para consulta, desmiente cualquier intento de ocultar datos”, remarcó Víctor Hugo Ávila al solicitar derecho de réplica a Conciencia Pública para hacer precisiones en torno a lo señalado por el académico Víctor Manuel González Romero en la edición anterior (Número 800 de Conciencia Públicas).
Firmada por el reportero Mario Ávila la nota publicada el pasado 27 de julio en Conciencia, se esaltó: “Ahora, la mayor preocupación del ex rector de la UdeG, González Romero, es que con la cercanía de la Copa del Mundo 2026, en la que Jalisco será anfitrión, “van a desaparecer más aún a los desaparecidos, me preocupa que con este evento internacional las autoridades consideran que la cédula se ven feas y cuando peguen los colectivos cédulas las van a desaparecer cuando lo que deberían hacer es otra cosa”.
En la entrevista Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, responde a las afirmaciones del investigador Víctor Manuel González Romero, quien señaló a Jalisco como líder nacional en desaparecidos e impunidad.
Víctor Hugo Ávila aborda estas críticas con datos, transparencia y un enfoque humanitario, destacando los esfuerzos de la Comisión para localizar personas, prevenir violencias y garantizar información pública.
En un contexto de dolor y complejidad, la Comisión se posiciona como un pilar de confianza para las familias, dijo.
JALISCO Y EL LIDERAZGO EN DESAPARECIDOS
Víctor Manuel González Romero afirmó que Jalisco lidera en número de desaparecidos e impunidad, con un promedio de 3,000 casos anuales. Ávila no refuta la cifra, confirmando que, con ligeras variaciones, el estado registra alrededor de 3,000 desapariciones por año.
Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, al 30 de junio de 2025, se reportan 19,063 personas localizadas y 15,728 aún desaparecidas desde diciembre de 2018. Sin embargo, Ávila enfatiza que la Comisión trabaja intensamente para reducir estas cifras, con estrategias que combinan tecnología, análisis contextual y colaboración con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD).
“Los números son claros y están disponibles en nuestra página. No negamos la magnitud del problema, pero estamos actuando con transparencia y compromiso”, asegura.
El Registro Estatal, a diferencia del nacional, cruza datos con la (FEPD) y usa algoritmos para evitar duplicaciones, ofreciendo una imagen más precisa de la realidad en Jalisco.
Ávila reconoce que el Registro Nacional presenta fallas técnicas, como duplicaciones (ejemplo el caso de un italiano registrado ocho veces), y la Comisión trabaja con la Comisión Nacional para corregirlas antes de cargar datos previos a marzo de 2025.
DIFUSIÓN DE CÉDULAS DE BÚSQUEDA
El investigador criticó la falta de difusión de las cédulas de búsqueda, sugiriendo que solo se publican en la página de Facebook de la Comisión. Ávila Barrientos desmiente esto, detallando que las cédulas se exhiben en pantallas de estaciones de Mi Tren, Mi Macro y paradas de camiones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en recaudadoras de varios ayuntamientos.
Además, la página web de la Comisión (abierta y pública) permite buscar personas por nombre, municipio, sexo o edad, con un código QR en cada cédula que dirige a un formulario para reportar información, incluso de forma anónima. “Esto protege a las familias de extorsiones, ya que antes modificaban cédulas con números personales, lo que generaba riesgos”, explica.
La plataforma también ofrece un archivo Excel descargable con el registro completo de 34,000 casos (localizados y no localizados), actualizado mensualmente. “Ni la Comisión Nacional hace esto. Cualquier periodista, académico o familia puede dar seguimiento a los folios, que son irrepetibles. Solo borramos un caso si la desaparición ocurrió en otro estado y se remite el expediente”, subraya Ávila, destacando la transparencia total de Jalisco.
RETRASOS EN REPORTES
González Romero señaló que los reportes de desaparición tardan siete meses en registrarse, lo que implica que los casos de 2025 se conocerían hasta 2026. Ávila aclara que este retraso no es institucional, sino que depende de las familias, quienes a veces reportan desapariciones semanas, meses o incluso años después.
Por ejemplo, en junio de 2025 se registraron 274 casos, pero solo 242 ocurrieron en 2025; el resto data de 2010 a 2024, incluyendo un caso de 1975. Esto se debe a que las familias buscan acceder al juicio de declaración especial de ausencia para resolver temas legales, como créditos o custodias, lo que requiere un reporte oficial. “De 1,857 registros en esta administración hasta junio, 1,394 son de 2025. Solo un 15% son de temporalidades previas”, precisa.
TENDENCIAS Y PREVENCIÓN
González Romero afirmó que las desapariciones no muestran cambios, mientras los homicidios han disminuido un 30% en Jalisco, superando la baja nacional del 17%. Ávila presenta datos que contradicen esta percepción: entre diciembre de 2018 y junio de 2025, se reportaron 1,874 desapariciones, frente a 2,819 en el mismo periodo de 2019, lo que indica una baja significativa.
La tasa diaria de desapariciones es de 9 (no 12, como afirmó el investigador), con un 55% de localizaciones (5 de cada 9). “Nuestros datos, disponibles públicamente, muestran una disminución. Trabajamos con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) en campañas de prevención, especialmente para jóvenes de 15 a 29 años, el grupo más afectado, donde uno de cada cuatro es mujer”, detalla.
La comisión y la FEPD han identificado que el 74% de las desapariciones no involucran un “levantón” típico, sino violencias previas como abuso doméstico o sexual. Solo el 24% está ligado a un delito inicial, y de este, solo el 11% corresponde a desaparición forzada o por particulares; el 13% restante incluye feminicidios o secuestros.
“Prevenir desapariciones significa prevenir violencias. Es un camino largo y complejo”, explica Ávila. Para abordar los enganches de jóvenes, la FEPD lanzó campañas enfocadas en redes sociales y ofertas de trabajo falsas, socializadas con la Secretaría de Educación.
Los puntos de encuentro han cambiado de centrales camioneras a tiendas de conveniencia (como OXXO y Seven Eleven), lo que ha llevado a ajustar estrategias. Además, la comisión evita publicar ciertos detalles (como el uso de huellas para identificar cuerpos) para no alertar a los perpetradores, quienes han comenzado a mutilar cuerpos para dificultar identificaciones.
UN LLAMADO A LA SOCIEDAD
Ávila concluye con un mensaje claro: la solución requiere la participación de todos. “La sociedad debe estar atenta a nuestras publicaciones y reportar cualquier error o duda. La transparencia es nuestro pilar. Este problema no lo resolverá un solo gobierno o estado; es un proyecto nacional de largo plazo”, insiste.
Reconoce que el crimen organizado, más allá de las drogas, incluye trata, extorsión y otros delitos, lo que complica las estrategias. Sin embargo, destaca el compromiso de Jalisco, con un registro robusto, tecnologías innovadoras y un enfoque humanitario que da esperanza a las familias.
UN ENFOQUE HUMANITARIO Y TECNOLÓGICO ANTE LA CRISIS DE DESAPARECIDOS EN JALISCO
La desaparición de personas es una de las crisis más dolorosas de México, y Jalisco enfrenta este desafío con humanidad y tecnología.
En entrevista, Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ) desde julio de 2022, detalla los avances para localizar a las personas desaparecidas, prevenir las violencias que las generan y acompañar a las familias.
Con un enfoque innovador y el respaldo del Gobierno del Estado, la comisión se posiciona como un referente en estos menesteres de búsqueda de personas desaparecidas.
CRECIMIENTO DE LA COMISIÓN
Creada en 2018 bajo el modelo de la comisión nacional, la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco ha crecido notablemente. En el inicio de la administración de Enrique Alfaro, tenía tres empleados; en 2022, cuando Ávila asumió, eran 57, y hoy son 180, con 50 más en contratación y 12 para una nueva oficina en Puerto Vallarta, que se suma a la de Lagos de Moreno.
Este fortalecimiento, respaldado por reuniones mensuales del gobernador con colectivos de familias, refleja el compromiso para abordar una “pesadilla diaria” para quienes buscan a sus seres queridos.
ENFOQUE HUMANITARIO
La Comisión se define como humanitaria, enfocada en buscar y localizar personas, dejando la persecución de delitos a la Fiscalía. “Nuestro propósito es acompañar a las familias”, asegura Ávila.
Este enfoque genera confianza mediante una atención integral que incluye transporte, apoyo médico y psicológico durante las búsquedas. La colaboración diaria con la con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD), permite reportar localizaciones en tiempo real.
“Nos distingue que llevamos a las familias en nuestros vehículos y les brindamos apoyo completo”, destaca Ávila, marcando una diferencia con otros estados.
TECNOLOGÍA PARA FOSAS CLANDESTINAS
Desde 2023, la Comisión impulsa un proyecto pionero para detectar fosas clandestinas, con espacios experimentales en El Salto y Cajititlán, cada uno con 16 fosas simuladas. Usa drones con cámaras multiespectrales, adaptadas de la agricultura, y cámaras térmicas que detectan suelos removidos por su enfriamiento en la madrugada.
En un predio, la resistividad eléctrica halló 24 bolsas con restos y tres cuerpos en tres horas, frente a semanas que tomaba antes. Otro caso identificó tres cuerpos adicionales con cámaras térmicas. Hasta ahora, se han recuperado más de 40 cuerpos, optimizando búsquedas al priorizar áreas clave.
El proyecto, con la Universidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la UNAM, Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, A.C., de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, universidades de Oxford y Leicester, produjo un libro con 21 artículos científicos en 2024.
Una tercera etapa opera en el CU-Valles en Zapopan. “Adaptamos tecnologías para localizar fosas con precisión, y ya las aplicamos”, afirma Ávila.
IDENTIFICACIÓN DE CASOS ANTIGUOS
La Comisión desarrolló una metodología de análisis contextual para identificar restos en fosas, especialmente casos de larga data. En colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses, han restituido 12 cuerpos y tienen 150 en espera de pruebas genéticas. “Extraemos datos del contexto para dar posibles identidades, atendiendo una demanda clave de las familias”, explica Ávila, cuya metodología será publicada en el Periódico Oficial.
REGISTRO DE DESAPARECIDOS
El Registro Estatal, con 19,063 personas localizadas y 15,728 desaparecidas al 31 de julio de 2025, es la base más precisa de Jalisco. A diferencia del Registro Nacional, con solo 9,000 localizados y duplicaciones, Jalisco usa algoritmos para corregir inconsistencias.
Desde marzo de 2025, Jalisco alimenta el Registro Nacional, pero enfrenta retos para cargar datos previos al 2022 por fallas técnicas. “Queremos un registro útil para la búsqueda, no un archivo con errores”, subraya Ávila.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
Aunque no es su atribución directa, la Comisión genera datos para prevenir violencias. Mapas de calor vinculan desapariciones con violencia intrafamiliar, abuso doméstico y precariedad laboral. “La desaparición es un subproducto de cadenas de violencias. Proveemos datos a Educación, Salud y ayuntamientos”, dice Ávila.
Reconoce al crimen organizado como un factor clave, pero su enfoque es la búsqueda, no la persecución del delito.
UN DESAFÍO GENERACIONAL
Ávila compara el problema con la estabilización de la sobrepoblación, que tomó décadas. “Es un esfuerzo transexenal. Ningún estado lo resolverá solo; requiere un proyecto nacional de una década”, sentencia. Elogia el programa de fortalecimiento del carácter de la Secretaría de Educación, pero insiste en que los padres y la sociedad deben asumir su rol frente a un crimen organizado que permea todo. La adicción a redes sociales, similar a un síndrome de abstinencia, agrava el panorama. “La educación ayuda, pero no sustituye a los padres”, agrega.
COMPROMISO Y ESPERANZA
El respaldo del gobierno, con recursos para personal y oficinas, muestra una voluntad política que Ávila valora. Las reuniones con colectivos fortalecen la confianza. La Comisión no solo busca cuerpos, sino que da esperanza, capacitando a la Fiscalía de Zacatecas y colaborando con universidades extranjeras. “Nuestros resultados trascienden Jalisco”, asegura Ávila.
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