ENTREVISTAS
Las conquistas de una larga lucha: ITEI pasa de la transparencia a la revisión de cuentas públicas
Por Diego Morales //
En quince años de existencia, el ITEI pasó de ser un organismo que atiende la transparencia para pasar a la constante revisión de cuentas en los asuntos públicos, es el balance que hace su titular, Cynthia Cantero, quien a la vez precisa, Jalisco ha sido punta de lanza a nivel nacional y en la entidad ya permeó la cultura del acceso a la información en funcionarios, empresarios, académicos y sociedad civil en general.
El cambio más sustancial que se ha dado desde la creación del ITEI, es que la información se manejaba de manera discrecional al interior de las dependencias, ahora el acceso a la información es pública, lo cual abona en el combate a la corrupción y el mejor desempeño de las instituciones.
“En realidad, el Instituto de Transparencia como organismo autónomo en Jalisco, nace de forma disruptiva, se marca un parteaguas en el sentido que antes de que existiera el ITEI prácticamente se manejaba la información público o lo que se generaba al interior de las instituciones de forma discrecional, conocíamos algunos de los hechos que ocurrían gracias a los medios de comunicación, pero los ciudadanos estábamos mayormente sin tener acceso a lo que ocurría, a la verdad, a poder exigir que nos rindieran alguna explicación de las decisiones que toman los funcionarios públicos”.
EL NACIMIENTO
Cynthia Cantero recordó los orígenes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública a finales del año 2005, cuando el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña se negó a entregar una copia simple de su comprobante de nómina, aun cuando ya se había avanzado en materia legislativa a nivel nacional en el tema de transparencia.
“Surge esta institución justo cuando se le solicita la copia del recibo de nómina al gobernador Francisco Ramírez Acuña y se niega, que fue un caso emblemático a nivel nacional, tener información sobre datos públicos, cuando teníamos años que empezaron a surgir las leyes de transparencia en el país, por tanto ya teníamos historia de algunos años donde en México ya se señalaba que esos datos sobre cuánto ganaban los funcionarios públicos, la función que tenía cada institución, los presupuestos, el gasto público, etcétera. Eran aspectos que las leyes ya obligaban que se hicieran públicos y se le diera acceso a cualquier persona que lo pidiera”.
Agrega: “Así nace el ITEI, rompiendo esquemas, hábitos y costumbres de las instituciones públicas en Jalisco. Prácticamente la obligación fue transparentar algunas funciones o actividades administrativas para las instituciones que en aquél entonces eran alrededor de setenta las que fueron clasificadas para rendir cuentas y transparentar su función y entregar la información pública”.
QUINCE AÑOS DESPUES…
Con orgullo, es concisa: a 15 años de distancia, el derecho a la información, así como la transparencia y rendición de cuentas se ha expandido sustantivamente en Jalisco, en donde ningún documento puede ser negado no solo a las autoridades, sino a la sociedad en general.
“Ha existido una evolución normativa muy importante en todo el país para garantizar fuertemente estos derechos y estas herramientas para ahora estar en un contexto completamente distinto al de hace 15 años, en el cual tenemos un catálogo de alrededor de 500 autoridades a quienes se les puede pedir información pública vía electrónica, sin necesidad de que se identifique ningún ciudadano. Al día de hoy, ningún documento público en formato electrónico o digital en poder de las autoridades puede ser negado. Sí se podrá reservar algunos textos con datos confidenciales, pero no negarse el acceso al documento, así ha sido el cambio y la evolución de la transparencia y el acceso a la información”.
Subraya: “Adicional a esto, se incrementaron como sujetos a rendir cuentas, transparentar información y entregarla, el sector privado, aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actos de autoridad o bien que reciban gasto público, tenemos los concesionarios de líneas de transporte público, de recolección de basura, luminarias, que antes no se conocía qué era lo que hacían. Tenemos a los sindicatos que ejercen recursos públicos, al colegio de notarios, a la Cruz Roja, un universo de sujetos obligados alrededor de 200. Por lo tanto esto se ha fortalecido el derecho a conocer la verdad de lo que ocurre tanto en las instituciones públicas, en su toma de decisiones, así como a aquellos particulares que tienen delegados a la autoridad”.
En la actualidad, Cynthia Cantero resalta que han superado la barrera de pedir un recibo de nómina a un funcionario, ahora se brinda información que puede ser útil en diversos temas, de los cuales ejemplifica:
“Ahora se pide información donde tiene que ver, por ejemplo, estadísticas de homicidios dolosos por mujeres, cuáles han sido los tipos de violencia que se ha sufrido, se ha ordenado también por parte del ITEI entregar información al Colegio de la Judicatura sobre el uso de la figura de arraigo, la extensión de dominio, o la intervención de llamadas telefónicas de parte de las autoridades. También se ha ordenado el acceso a ciudadanos a carpetas de investigación o averiguaciones previas para ver los casos de desaparición forzosa de personas o se ha pedido información sobre los parentescos por afinidad en el poder judicial, por brindar algunos casos”.
A la vez, la titular del ITEI aseveró que la evolución al acceso de la información ha sido sustantiva en todo el país, sin embargo, en Jalisco los funcionarios públicos ya tienen claro que deben atender las solicitudes de información que se les hagan en el corto plazo.
“Jalisco es el segundo estado a nivel nacional donde más se pide información pública por parte de los ciudadanos, es algo que finalmente nos ha dejado en un contexto que en Jalisco los funcionarios públicos saben que tienen que atender las solicitudes de información, que existe un órgano garante que les va a exigir que lo entreguen en caso de que no lo hagan y es donde se ha jugado un poco, saben los funcionarios públicos que ya no pueden negar un documento, pero le juegan al tiempo, en Jalisco tenemos un plazo de acceder a esa información de 8 días, sin embargo, hay quienes niegan los documentos y esperan a que el ITEI requiera esa información, por lo tanto el ciudadano va obteniendo la información un mes después que la solicitó”.
QUE SE APROPIEN DE SU DERECHO
Con el camino que se ha recorrido en materia de cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, la invitación que hace Cynthia Cantero a la sociedad es que se apropien este instrumento institucional que se creó para garantizar el derecho que todos conozcan la verdad de las decisiones públicas.
“Queremos orientar la utilidad de la información para que la sociedad pueda identificar, que la utilice para incidir en las políticas públicas que nos atañen a todos, tenemos el caso de la corrupción, el abuso del poder, donde también podemos combatirlo a través de los ciudadanos que se adueñen de la información pública y a través de documentos y archivos puedan denunciar estos actos de autoridad. Por tanto, tenemos una institución que cuando nació era su responsabilidad atender la transparencia, fomentar la cultura en las instituciones públicas y el día de hoy tiene agenda de fomentar la constante revisión de cuentas, así como el de garantizar el derecho a la protección de datos personales en manos de las autoridades”.
Añade: “Es una agenda que se ha sumado, como formar parte del sistema estatal anticorrupción y construir en el estado una política que fomente y lleve a cabo el establecimiento de nuevas prácticas para transformar la administración pública, evitar los actos de corrupción, también tenemos agenda nueva como gestión documental de archivos”.
A pesar de que pareciera que la utilidad práctica del ITEI ha sido más utilizada por académicos, investigadores, funcionarios públicos y medios de comunicación, ya se ha podido cortar la brecha y que los ciudadanos de a pie puedan tener acceso a la información.
“Antes, estaba dirigido el acceso a la información, quien mayormente lo utilizaban eran los medios de comunicación, los académicos e investigadores, incluso organizaciones colectivas de la sociedad civil. Ya hemos logrado pasar esa línea, actualmente los datos que nos arroja la plataforma nacional de transparencia, identificamos que ya ha trascendido al sector empresarial, profesionistas y ciudadanos de a pie. Nosotros como ITEI, hemos resuelto casos en materia de acceso a información”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los ColomosLAS NOTICIAS PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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