ENTREVISTAS
Programa de verificación responsable: Más que un programa de gobierno, es un modelo de negocio

Por Mario Ávila //
Sin el ánimo de caer en la sugerencia de incurrir en la desobediencia civil, la recomendación de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC), es no verificar, sino ampararse, ya que, si acude a verificar y no aprueba el procedimiento en dos años consecutivos, su vehículo saldría de la circulación.
La recomendación la hace Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la ATERVAC, quien ofrece de manera gratuita el formato para la tramitación de un amparo, con el argumento de que el programa de verificación no impacta favorablemente a mejorar las condiciones de contaminación del ambiente, ya que solo tiene como objetivo la medición supuesta de los índices de contaminación y no la afinación o la reparación de los vehículos.
Incluso asegura que la estrategia del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, es decir el Programa de Verificación Responsable, es más que un programa de gobierno, “un evidente modelo de negocio a través de franquicias, en donde los únicos que salen ganando son los proveedores que suministran la tecnología, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc., que tiene su sede en California”.
Denuncia el experto en mecánica automotriz, que incluso entre el 45 y el 55% de los autos que están siendo rechazados y no pasan la verificación, es por causas que tienen que ver con el Centro de Verificación Responsable y con el personal en donde les realizan las pruebas, que con las condiciones propias de su vehículo.
SOLO MEDIR, NO SANEAR, ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA
P.- ¿En tu opinión, con este programa de Verificación Responsable se sanea el medio ambiente?
R.- Para nada, los programas de verificación a nivel nacional nunca han servido para mitigar la contaminación, nunca han cumplido con ese objetivo e incluso el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, desde su conformación está muy desapegada a la realidad, ya que se centraliza solamente a los programas de medición y el tener la medición para lo único que sirve es para tener un diagnóstico y hasta ahí. Esta normatividad legal no funciona justamente porque únicamente se enfoca en la medición y con ello se crea todo un escenario de verificentro y de negocios de medición, donde los únicos que salen beneficiados, son los empresarios.
P.- ¿Es el caso de Jalisco?
R.- Jalisco no es la excepción, estamos ya bien sabidos que el programa más que recaudatorio, es un negocio multimillonario para el proveedor de suministro de la tecnología, que es quien se está llevando todo el paquete, es decir todo el negocio. Ahora bien, tampoco se ha podido establecer una política enfocada a realmente mitigar la contaminación, es decir bajar los índices. Por cierto, habré de presentar a algunos diputados federales, una propuesta de reforma de ley y a su vez un proyecto de Norma, porque necesitamos además de medir, se requiere que nos enfoquemos en la mitigación, es decir a bajar la contaminación. Este artículo dice: “En los estados de la República deberán existir programas de verificación para reducir la contaminación”, pero no nos da la pauta para que una vez que detectamos, qué hay que hacer, yo lo que creo es que hay que atender las fuentes móviles de contaminación, es lo que vamos a proponer, incluyendo la normativa.
P.- ¿Qué fallas ves en el modelo implementado por Enrique Alfaro?
R.- Con respecto a lo que está pasando aquí en Jalisco y por qué no funciona, es muy sencillo, el gobierno del Estado estableció no un programa, sino un modelo de negocio franquiciado, todos los centros de verificación tienen que estar homologados en su imagen, no nada más en la tecnología. Además, deberán de cumplir con contratos de suministro franquicia, entonces aquí se empodera al proveedor de suministros, porque yo tengo que invertir 30 millones de pesos para poner un establecimiento y de los 500 pesos que cuesta la verificación tengo que compartir 200 pesos para la empresa de suministro, 100 para el gobierno que es lo que supuestamente entra al fideicomiso y 200 para el particular.
Cifras más, cifras menos, porque es un porcentaje que se acaba de modificar apenas el año pasado. Aquí el que queda un poco en desventaja es el centro de verificación, es por eso que no tenemos las 284 líneas que están legisladas, mal distribuidas geográficamente, sino que solo tenemos 100 que son las que se han vendido y de esas 100 hay solo 88 en operación.
P.- ¿Tu opinión del inicio de las medidas coercitivas, es decir, de la aplicación de las multas?
R.- Nuestra opinión como ATERVAC, es que las multas precipitadas obedecen a que el Gobierno del Estado está calmando con ello a los empresarios que ya invirtieron en los centros de verificación, porque con 30 millones no se les paraban ni las moscas, solo podían ocurrir dos cosas, o iban a quebrar o iban a demandar al gobierno por incumplimiento de contrato. De ahí que el gobernador lo que hizo fue ordenar operativos ilegales e inconstitucionales, porque no existe un mandato judicial en contra de cada ciudadano al que van a intervenir; además, levantarles una multa de manera selectiva, está violando también la ley porque no puedes eximir ni seleccionar a la población, la ley es de aplicación generalizada y pareja.
P.- ¿En la práctica, hay condiciones para que todos verifiquen?
R.- Aunque todos los automovilistas con placas terminación 1 quisieran cumplir, no hubieran alcanzado a verificar, es evidente. Mira estamos hablando de casi 250 mil vehículos terminación placa 1, cerca de 270 mil, terminación placa 2 porque ya también tendrían que estar verificando hoy, y yo quisiera saben en dónde se podrían verificar a medio millón de vehículos, particulares y de uso intensivo que son las pick ups, utilitarios y los autos de plataformas.
No alcanzan los pocos centros de verificación que hay en la ZMG y en alguna que otra ciudad media como Puerto Vallarta y Tepatitlán, entre otras. Por otro lado, qué van a hacer los de Hostotipaquillo, los de Tomatlán, los de Tequila cuando pasen por las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿los van a multar?, eso sería totalmente ilegal. Por eso nosotros estamos recomendando y ofreciendo los amparos para la ciudadanía de manera gratuita porque se trata de una aberración jurídica.
P.- ¿Quién gana o quién pierde con el éxito o el fracaso del Programa de Verificación Responsable?
R.- Las inversiones ya están hechas. El sector privado, estos centro de verificación hicieron una inversión de 30 millones de pesos para poder establecer el centro; el proveedor de suministros de tecnología, que por cierto no ha cumplido con el compromiso de tener todas las 284 líneas almacenadas con dinamómetro y con equipos analizadores de gas y no las tienen, ellos van surtiendo conforme le van pidiendo.
Y finalmente el Gobierno del Estado ha invertido para pagarle al proveedor de suministros, al que ya le estamos pagando un contrato, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc. de California, ya está recibiendo las ganancias que tienen pactadas en el contrato formalizado entre el gobierno y el proveedor.
En este contrato el gobierno se compromete con un porcentaje mínimo de verificación anualmente y si no llegamos a ese porcentaje le vamos a estar pagando de todas maneras el porcentaje que ya se pactó.
El contrato por los 15 años es de 3 mil 800 millones de pesos, pero recientemente el Congreso del Estado les amplio a 19 años el contrato precisamente porque no ha sido atractivo para los empresarios y conforme pasen los años menos atractivo sería para los inversionistas particulares, entonces el gobernador lo que hizo para tratar de ocultar el fracaso de su programa de verificación, fue ampliar a 19 años el contrato y por eso se le van a pagar 4 mil 200 millones de pesos a la empresa proveedora.
Y para ejemplificar la realidad del fracaso del programa, es que ni siquiera el Gobierno del Estado ha sido capaz de establecer las 24 líneas que ya tenían licitadas, solo tiene 2 líneas en las instalaciones del centro de verificación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en Magisterio y Tamaulipas y 2 líneas más en el módulo de Enrique Díaz de León. Apenas se anunció que se abrirán 5 más en el Centro Aire de Zapopan. Esto significa que ni siquiera el Gobierno ha podido cumplir con sus centros de verificación.
P.- ¿Tiene usted información de quién pasa la verificación y quien no y por qué?
R.- La norma oficial mexicana y sus protocolos no dice que tu vehículo tiene que estar lavado, que no deba estar chocado, que las llantas deban estar como de Fórmula 1, no; el protocolo de medición dice que en la prueba visual sí entra el tema de los tapones del combustible y el del depósito de aceite y de las llantas que estén en buen estado para que no vayan a tener un accidente, pero hasta ahí.
Lamentablemente los que están mal son los centros de verificación, porque quienes deben hacer ese tipo de revisiones deben de ser mecánicos y los operarios que están ahí no son mecánicos, por lo tanto, no pueden determinar si hay fuga de aceite, por ejemplo.
El 60% de los vehículos que son rechazados, es por culpa del verificentro, porque no sabe introducir correctamente la sonda de inducción, ellos no saben acelerar en una de las pruebas, no saben meter las revoluciones y el caballaje necesario para llegar a los límites máximos establecidos que permite la norma y en la prueba crucero, que hoy le llaman prueba dinámica (por el uso de los dinamómetros), tampoco saben acelerar el vehículo a las revoluciones correspondientes inyectándole el caballaje necesario para obtener las mediciones.
Esto lo digo porque las pruebas las están elaborando en tres o cuatro segundos por etapa, lo que hace imposible detectar las mediciones en ese período ya que lo que se necesita es al menos 30 segundos por prueba y estar acelerando como corresponde. De entrada, ahí ya no podemos tener un porcentaje certero, para saber qué vehículos no y que vehículos sí cumplen.
Además, de los vehículos que están rechazando, entre 45 y 55% de los vehículos es porque están mal en su mantenimiento, pero eso es entendible porque el gobierno del Estado se ha dedicado únicamente a meterle recursos financieros a las campañas de verificación y no a campañas de afinación o reparación. Así las cosas, es evidente que la gente prefiere ir a verificar que ir a afinar los vehículos; si las campañas estuvieran destinadas a afinar y reparar los vehículos, ya sería otra cosa.
P.- ¿Cuál es tu recomendación, verificar o no, ampararse o no?
R.- Mi recomendación sería que afinen y reparen sus vehículos, eso sería lo idóneo y por lo consiguiente, sin que se trate de un tema de desobediencia civil, yo veo que sería un daño que fueran a verificar, porque si sus vehículos son rechazados en un par de ocasiones, al tener acumulado un segundo año en las mismas condiciones, es decir con un segundo año consecutivo de rechazo, les van a retirar los vehículos, y yendo hoy, se están poniendo la soga al cuello ellos mismos. Mejor no vayan a verificar, impugnen la multa o ampárense, y con ello el Gobierno del Estado podrá ver que el rechazo a la verificación es masivo, que la población no lo quiere salvo uno que otro incauto que no sabe lo que hay detrás de esto.
P.- ¿A dónde recurrir en el tema del amparo?
R.- Lo primero es que el ciudadano se acerque a un abogado de confianza, no necesariamente porque nosotros los vamos a regalar, pero nosotros ya tenemos los amparos listos para la gente que quiera defenderse de esas arbitrariedades. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales: Messenger: @AlejandroGobel Tuitter: @Abraham_Gobel.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo

-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
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Alberto Maldonado: Diputados de Morena apoyarían a Lemus en proyecto de drenaje profundo para la ZMG

-Por Gabriel Ibarra Bourjac
La bancada federal de Morena de Jalisco le brinda el apoyo al gobernador Pablo Lemus para impulsar el drenaje profundo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un a obra clave para mitigar las inundaciones crónicas que sufre la urbe cada temporal de lluvias y que además se traduce en pérdida de vidas, lo que todos unidos debemos evitar, expresó el legislador Alberto Maldonado Chavarín.
En un gesto de unidad, los diputados de Morena se suman a esta iniciativa, exigiendo que la Cámara de Diputados contemple esta inversión en el próximo presupuesto, a discutirse entre noviembre y diciembre de 2025, con el objetivo de iniciar los trabajos en 2026, destacó Maldonado Chavarín, quien es coordinador de los legisladores federales de Morena de Jalisco y miembro de la Comisión de Asuntos Hidráulicos en San Lázaro.
La propuesta surge en medio de la crítica situación hídrica y de infraestructura en la región que está completamente rebasada por el crecimiento registrado y la falta de inversión para su mantenimiento y renovación, donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) enfrenta cuestionamientos por su manejo.
Maldonado, quien trabajó años atrás en el área jurídica del SIAPA y conoce sus entrañas, destacó la urgencia de abordar el problema del agua, que supera incluso la inseguridad como principal preocupación en Jalisco, según estudios de opinión.
“El agua que no llega o que llega sucia y hedionda es el núcleo del problema”, afirmó en entrevista con Conciencia Pública. La reciente aprobación de un aumento del 9% a las tarifas del SIAPA, decidido por la Cámara de Diputados local, generó indignación social al carecer de un diagnóstico previo sobre la deuda, el rezago de cobranza, el número de empleados y las necesidades reales del organismo.
“Antes de subir tarifas, debimos saber dónde estamos parados”, señaló, proponiendo un observatorio plural con expertos de universidades como la UdeG, la UAG, la UNIVA, el ITESO y el TEC de Monterrey, junto a legisladores federales y locales.
El legislador abogó por regresar al modelo original del SIAPA, cuando los ayuntamientos de la ZMG tenían voz y voto en su junta de gobierno, un derecho perdido durante el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval por presiones políticas y económicas del estado.
“Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá aportan el dinero de sus ciudadanos, pero los recursos se concentran en zonas privilegiadas, dejando atrás comunidades pobres del oriente”, criticó.
Además, urgió revisar el área de saneamiento, abandonada en los últimos años, lo que ha permitido que los tanques de almacenamiento queden sin limpieza ni químicos, agravando la calidad del agua.
El tema de las inundaciones, agravado por la infraestructura hidráulica obsoleta, cobró relevancia tras las recientes lluvias que dejaron seis muertos y un historial de 10 a 12 fallecidos por temporal. Maldonado respaldó la propuesta de la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco de impulsar un drenaje profundo, una obra costosa pero esencial para evitar colapsos y los cerca de 2,000 hundimientos anuales en la ZMG.
“Le propongo al gobernador Pablo Lemus convocar a todos los sectores para discutir esto y gestionar recursos extraordinarios en el presupuesto de 2026”, anunció, ofreciendo la solidaridad de los legisladores federales para cerrar filas por Jalisco.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la inversión en temas hidráulicos como prioridad nacional para 2025, destinando partidas amplias a la Conagua y urgiendo a gobernadores y alcaldes a priorizar obras subterráneas, a pesar de su baja visibilidad política.
Maldonado coincidió en que la mala gestión del agua, más que su escasez, es el problema central. Criticó proyectos como el acueducto de Zapotillo, que tras dos décadas de debate solo aportará tres metros cúbicos —sin un litro entregado aún— y propuso aprovechar cuerpos de agua subutilizados como el canal de Atequiza y la presa de Tamazula de Gordiano.
“Estudios muestran que estos podrían ahorrar hasta un 70% del agua extraída de Chapala, usada mayormente por el campo e industria, pero han sido ignorados”, reveló, prometiendo enviar datos detallados.
Maldonado también abogó por un diagnóstico objetivo con tecnología satelital y drones para detectar fugas en tuberías viejas, sugiriendo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco le ponga atención especial a este problema.
“Hay agua, pero está mal manejada”, insistió, proponiendo que el SIAPA contrate personal técnico especializado en saneamiento y distribución, recuperando el modelo de contratación basado en expertise.
Con esta visión integral, los diputados de Morena buscan transformar la crisis hídrica de la ZMG en una oportunidad de desarrollo, siempre que el gobernador Lemus acepte el reto y la Cámara de Diputados respalde el drenaje profundo en el presupuesto venidero.
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Drenaje profundo no es solución: Guadalajara está asentada en una «bomba de tiempo», Arturo Gleason

-Por Mario Ávila Campos
A causa de muchas omisiones en la supervisión y en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica de la ciudad, de lo viejo de los colectores y de la cada vez mayor cantidad de agua que en tiempos de lluvia saturan los drenajes, Guadalajara podría estar asentada en una ‘bomba de tiempo’, según alertó el doctor en Urbanismo, José Arturo Gleason Espíndola.
A través de un plano en donde se abarcan más de 35 mil hectáreas de la mancha urbana, el académico realizó un estudio juicioso, en el que se plantean al menos 20 puntos con riesgo potencial de hundimientos y del surgimiento de socavones en el temporal de lluvias, tan o más peligrosos que los que ya han ocurrido en días pasados en la avenida Malecón, en la colonia El Bethel, en el límite entre Guadalajara y Tonalá y en la colonia La Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque.
Planteó al mismo tiempo la necesidad de delinear prioridades, definir obras y acciones, así como gestionar recursos presupuestales para empezar a atender el problema que lleva más de 30 años de retraso, “porque si para nosotros no es una prioridad atender el rezago hidráulico, la situación crítica nos va a cobrar factura posteriormente y eso implicará una grave irresponsabilidad de la clase gobernante”, estableció el investigador de la UdeG.
UN RIESGO INMINENTE Y OLVIDADO
Gleason presentó un plano detallado que mapea zonas vulnerables, destacando colectores antiguos como el de San Juan de Dios, construido en 1902 (123 años), que abarca 1,280 metros entre Calzada Independencia y Parque Morelos.
Otros puntos críticos incluyen la Avenida López Mateos (1971-1977), el colector Oriente (Parque San Rafael a Oblatos), Lázaro Cárdenas y Avenida Patria, todos con más de 50 años de antigüedad. Estos sistemas, diseñados para cargas menores, colapsan bajo la presión de lluvias intensas, como los 180 mm/hora registrados en años pasados, superando con creces los 80-100 mm/hora que deberían soportar.
“No son lluvias atípicas; es falta de estudios y cálculos”, criticó Gleason, desmontando la excusa oficial y exigiendo evidencia científica.
LA FALTA DE MANTENIMIENTO AGRAVA EL PROBLEMA
Con más de 500 kilómetros de colectores obsoletos, la ciudad carece de un plan integral. Gleason lamentó que no exista en la agenda pública la rehabilitación de estas redes, proponiendo un análisis riguroso para priorizar intervenciones.
La cuenca del Osorio, por ejemplo, abarca más de 3,000 hectáreas impermeabilizadas, acumulando agua que debería infiltrarse. En el caso del socavón de El Bethel, sugirió un peritaje para evaluar si modificaciones en el Parque Luis Quintanar alteraron los escurrimientos, acelerando el colapso.
“Es como retener agua y luego liberarla con fuerza; podría haber contribuido”, especuló, destacando la necesidad de estudios detallados.
MÁS ALLÁ DEL DRENAJE PROFUNDO: UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE
Gleason se pronunció contra el drenaje profundo, aprobado recientemente por el Congreso estatal con una inversión estimada de 30 mil millones de pesos, como la solución mágica propuesta por el diputado César Madrigal, el gobernador Pablo Lemus y el Colegio de Ingenieros.
“No hay estudios que sustenten esa cifra ni garantías de éxito”, afirmó, recordando que él mismo lo consideró viable en el pasado, pero ahora prioriza la sustentabilidad.
Su alternativa es un Plan de Gestión Sustentable de Aguas, enfocado en retener agua en edificios, parques y techos verdes, reverdeciendo la ciudad para reducir el volumen que llega a los colectores.
Según parámetros internacionales, el 60% de la lluvia en áreas urbanas totalmente impermeabilizadas (90-100%) se drena, pero Gleason estima que hasta un 30-40% podría retenerse con trincheras filtrantes, pozos de absorción y sistemas de infiltración. “Guadalajara debe volver a ser una esponja”, propuso, sugiriendo que el excedente se canalice a corredores verdes o ríos restaurados a cielo abierto, dejando un drenaje profundo de menor capacidad como última opción.
Criticó obras como el Parque San Rafael y el Dean, que cubren solo 2,400 hectáreas desde el Cerro del Cuatro a la Zona Industrial, insuficientes para una cuenca tan amplia. “Es como meter una cubeta en un vaso; el agua se derrama”, ilustró, recordando que propuso captaciones progresivas al exgobernador Enrique Alfaro, sin éxito.
UN LLAMADO A LA CIENCIA Y LA RESPONSABILIDAD
Gleason urgió dejar de construir por construir y formar un equipo con científicos para resolver el rezago hidráulico. “Si no es prioridad, la factura será grave e irresponsable”, advirtió, señalando que los más de tres meses restantes del temporal de 2025 podrían agravar los 20 puntos de riesgo.
Propuso medir lluvias, escurrimientos e infiltración con equipos de alta precisión, descartando soluciones aisladas como tanques o vasos reguladores. La restauración parcial de ríos y la recaptación son innovaciones que, combinadas con un enfoque integral, podrían mitigar el peligro.
DESACTIVAR LA BOMBA
Guadalajara enfrenta una crisis hidráulica que amenaza vidas y patrimonio, agravada por la falta de mantenimiento y planificación. El diagnóstico de Gleason, respaldado por datos y experiencia, exige un cambio de paradigma: de obras reactivas a una gestión sustentable. El Drenaje Profundo, aunque apoyado políticamente, no basta sin un plan previo. La clase gobernante debe actuar con ciencia y urgencia para desactivar esta ‘bomba de tiempo’, antes de que los socavones y las inundaciones cobren un costo irreparable.