MUNDO
La realidad del Siglo XXI: Enfermedades que nos empobrecen, sistemas de salud arcaicos
Por María Luisa Ramos Urzagaste //
Lo cierto es que el COVID-19 ha expuesto una cruda realidad: no estamos preparados para enfrentar pandemias, epidemias ni nuevas enfermedades. El mundo cruza los dedos para que China logre frenar su expansión. Pues en la mayoría de los países, los sistemas de salud están obsoletos y no son de acceso universal.
El mundo ha cambiado radicalmente en las últimas cuatro décadas. La globalización impulsada por el modelo neoliberal ha provocado un mayor consumismo, una creciente urbanización, un mayor hacinamiento, predominio de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo va en ascenso, nuestra vida diaria no se concibe sin el uso de químicos y el aire que respiramos está contaminado.
Esta situación ha generado nuevas vulnerabilidades. Todo esto lleva a que los sistemas sanitarios actuales estén ingresando a una peligrosa zona de obsolescencia. Peor aún, estos sistemas (pobres) no son de acceso universal.
A pesar de ello, el mundo no toma conciencia de que ha ocurrido una especie de metamorfosis epidemiológica, y cada vez tienen más peso las enfermedades no transmisibles, crónicas, como las cardiovasculares y respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Han surgido nuevos males, contagiosos, a los cuales los humanos somos altamente vulnerables.
Si bien aún no se reportan casos de COVID-19 en Latinoamérica, el Caribe ni en África, no se debe relajar la vigilancia por el peligro de una expansión global.
Lo cierto es que el coronavirus ya es una especie de pandemia mediática que además está afectando a múltiples sectores como al turismo y el comercio. El FMI ha dicho que habrá una afectación económica.
¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS?
Pero mientras los medios y las redes sociales se enfocan primordialmente en el coronavirus, en lo que va del año 2020, se han reportado más de 125 mil casos de dengue en las Américas. En Bolivia, Honduras, México y Paraguay hay más casos de dengue en las primeras cuatro semanas de 2020 que en el mismo periodo de 2019.
El pasado año, más de tres millones de casos de dengue fueron reportados en la región de las Américas, según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A Brasil le corresponde el 70% de afectados, con más de dos millones y más del 50% de las muertes. México reportó más de 268.000, seguido por Nicaragua, Colombia y Honduras con más de 100.000 afectados cada uno.
¿Pero quién asume los costos de los tratamientos? ¿Quién debería garantizar la salubridad del entorno? ¿Quién pierde cuando miles de ciudadanos no pueden ir a trabajar o tienen la salud deteriorada?
No, no es un virus el que mató a 41 millones de personas en 2019 en el mundo: según la OMS, las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y el cáncer, son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en el planeta.
La OMS advierte que, de continuar las tendencias actuales, habrá un aumento del 60% de los casos de cáncer en el mundo en el transcurso de los próximos dos decenios. El aumento mayor (81%) en el número de casos nuevos tendrá lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde las tasas de supervivencia actualmente son las más bajas.
En los países de América Latina, el cáncer es la segunda causa de muerte. En 2018, se diagnosticaron 3,8 millones de casos y 1,4 millones de personas murieron por esta enfermedad. La OMS dijo que «si las personas tienen acceso a la atención primaria y luego a los sistemas de derivación, es posible detectar temprano el cáncer, tratarlo eficazmente y curarlo».
Los pronósticos no son alentadores: se prevé que para el 2030, en esta región, el número de personas diagnosticadas con cáncer aumentará un 32% y ascenderá a más de cinco millones de personas por año, debido a que la población está envejeciendo y a la exposición a factores de riesgo, entre otras razones.
A este lóbrego panorama se suma el VIH/SIDA, que mata a casi un millón de personas por año en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia, 70 millones de personas contrajeron la infección y alrededor de 35 millones murieron. En la actualidad, 37 millones viven con VIH en el mundo.
NO NOS ALIMENTAMOS, SOLO ‘INGERIMOS’
Cada año, 600 mil personas mueren en América Latina y El Caribe debido a enfermedades relacionadas con la obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
La prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que había en 1975 y afecta a casi un cuarto de la población. El aumento más considerable en adultos se observó en el Caribe, donde creció de 6% en 1975 a 25%, un incremento de 760.000 a 6,6 millones de personas.
El ritmo de la vida y los problemas hacen que las personas coman cualquier cosa. Comer no significa necesariamente nutrirse o alimentarse, tiene que ver más bien con el verbo ingerir, y a menudo consumimos productos muy procesados, que conducen al deterior de la salud, como la obesidad.
LA POBLACIÓN MUNDIAL ENVEJECE A MAYOR RITMO
Otro aspecto muy actual en la discusión de nuestros sistemas de salud es el referido a la atención de los adultos mayores.
Según la ONU, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
Los países deben tomar previsiones. Para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años y solo el 5,6% de la población mundial vive en países que, conforme a la legislación nacional, ofrecen una cobertura de los cuidados de larga duración a toda persona que los necesite.
Nuestros países son parte del 94% que no cuenta con esas atenciones y cuidados adecuados.
ENFERMEDADES DE CARÁCTER SOCIAL
En un informe de un relator especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, indicó que los estereotipos y la estigmatización en el marco de la comunidad, la familia, la escuela y en el trabajo socavan las relaciones saludables y desmantelan los entornos de apoyo e inclusión que se requieren para la buena salud mental y el bienestar de todos.
«La xenofobia y la intolerancia generan entornos emocionales y psicosociales hostiles y erosionan la calidad de las relaciones humanas, lo que genera desconfianza y desprecio en el seno de la vida social» y recomienda a los Estados formular políticas encaminadas a reducir o eliminar la toxicidad del entorno físico y psicosocial.
La reducción de las desigualdades es una condición indispensable para promover la salud mental y atenuar los principales factores de riesgo, como la violencia y la exclusión social.
Son tantos los millones de personas que sufren de depresión, ansiedad y otros trastornos que esta área de la salud es una de las mayores fuentes de ingreso de las empresas transnacionales farmacéuticas por ventas de ansiolíticos. Por ejemplo, en España son los medicamentos más vendidos.
Y es que hay un problema serio, de fondo: las políticas actuales de salud mental se han visto afectadas en gran medida por el predominio del modelo biomédico y las intervenciones biomédicas.
Dicho modelo, que rige desde el siglo XVIII, no corresponde a la realidad social, económica y ambiental del mundo actual.
El enfoque biomédico estima que cualquier patología tiene una única causa, de naturaleza estrictamente física, lo que conlleva a que se busca curar la dolencia mediante una manipulación quirúrgica o farmacológica.
Según el relator de la ONU, «ese modelo ha dado lugar no solo al abuso de la coacción en el caso de discapacidades psicosociales, intelectuales y cognitivas, sino también a la medicalización de las reacciones normales a las múltiples presiones de la vida, incluidas las formas moderadas de ansiedad social, tristeza, timidez, absentismo escolar y comportamiento antisocial».
Este es un desafío importante para un modelo de salud pública que aborde nuevos problemas sociales, más allá del modelo biomédico reduccionista.
El relator concluye que «las tendencias mundiales apuntan a una proliferación de políticas y prácticas que socavan activamente los principios universales de derechos humanos o que aplican esos derechos de manera selectiva. (…) La falta de voluntad política para invertir de manera integral en salud mental y bienestar exacerba ese ciclo de discriminación, desigualdad, exclusión social y violencia».
ENFERMEDADES QUE EMPOBRECEN
El siglo pasado, la humanidad logró avances importantes en el combate de enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, la difteria, tos ferina, fiebre amarilla, polio, hepatitis, entre otras, mediante el uso de vacunas.
Pero la pobreza persiste y la insalubridad mata a millones con enfermedades que se pueden prevenir, si los Estados tomaran medidas adecuadas. Pese a los progresos históricos que se han hecho para reducir su carga mundial, las enfermedades transmisibles siguen siendo un importante problema.
La mitad de la población mundial, al menos, está privada de servicios de salud esenciales, según se desprende de un informe del Banco Mundial y la OMS.
Las prioridades han cambiado, hay enfermedades que se atienden como emergencia cuando en realidad se pueden prevenir si se promueve un sistema sanitario vigilado y fuerte.
En el informe quinquenal 2013-2017, la OMS dijo que «resulta totalmente inaceptable que la mitad del mundo aún carezca de cobertura para servicios de salud que son absolutamente esenciales» y propone que para 2017-2021 se priorice una cobertura sanitaria universal.
Asimismo, cada año hay un gran número de familias que se ven sumidas en la pobreza porque no pueden pagar de su propio bolsillo la atención sanitaria. La falta de acceso a los medicamentos es uno de los obstáculos más complejos para mejorar la salud.
LOS DESAFÍOS
Este comprimido panorama muestra lo lejos que estamos de los principios establecidos en la Constitución de la OMS referido a que «la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».
Al ser las actuales enfermedades predominantes producto del mundo globalizado, de un sistema económico altamente consumista y por ende contaminador, los Estados deberían responder a sus ciudadanos con enfoques holísticos, adecuados a esta realidad.
Por esta misma razón, es clave que instituciones internacionales como la OMS y la OPS lideren los nuevos desafíos, desburocratizadas, guardando distancias con las transnacionales que lucran con la salud y defendiendo el bienestar de los más necesitados.
Es imperativo regular el monopolio que poseen las trasnacionales farmacéuticas con patentes sobre medicamentos, a favor de la población.
Hace falta superar no solo la visión reduccionista biomédica, pero también asumir el principio de precaución ante nuevas tecnologías, como la transgénica, que pueden exacerbar más la deteriorada salud de millones.
El involucramiento de las universidades públicas y centros de investigación es clave, pues quienes lideran hoy las investigaciones, el desarrollo de nuevas medicinas y enfermedades son las transnacionales farmacéuticas, en los sectores más lucrativos, buscando solo incrementar sus ganancias.
En algunos países, las movilizaciones sociales piden un incremento en el presupuesto que se destina a la salud, lo cual es justo, pero habría que ir más allá que eso, pues se trata de buscar un enfoque que no solo cure las enfermedades, pero también las prevenga.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
– Análisis, por Victor Hugo Celaya Celaya
El mapa del poder mundial se ha reorganizado. Hoy, la influencia no se mide únicamente en arsenales o acuerdos comerciales, sino en algoritmos y capacidad de procesamiento.
Nos enfrentamos a un nuevo tablero geopolítico y geoeconómico definido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo tecnológico, las finanzas y la seguridad; China, que ha apostado por la manufactura avanzada, la innovación y la inversión masiva en infraestructura; y Rusia, que basa su estrategia en el control de energía, minerales estratégicos y su poder militar.
Esta reconfiguración global plantea preguntas cruciales para el resto del mundo. ¿Cómo coexistir con estos bloques? ¿Cómo aprovechar las corrientes de innovación que emanan de ellos sin sacrificar nuestra soberanía? Y, sobre todo, ¿cómo podemos acompasar nuestras políticas públicas y nuestros esfuerzos nacionales para no quedarnos atrás en esta nueva era de equilibrios de poder?
La visión de una «aldea global» que definimos en los años noventa, unida por la apertura del comercio, ha dado paso a una realidad más compleja. La interconexión actual se teje con redes de inteligencia artificial (IA), investigación científica y ecosistemas digitales.
Aunque las tensiones militares persisten, el verdadero campo de batalla se ha trasladado a la biotecnología, la robótica y, de manera central, a la inteligencia artificial. Esta revolución ya impacta nuestra vida diaria, transformando la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Ninguna sociedad puede sustraerse a ella.
LA CARRERA POR EL FUTURO: ESTRATEGIAS EN COMPETICIÓN
Cada una de las grandes potencias ha trazado una ruta clara para liderar esta era tecnológica, obligando al resto de los países a replantear la cooperación y la competencia.
Estados Unidos ha optado por un modelo que prioriza la innovación impulsada por su dinámico sector privado. En 2023, la inversión privada en IA en este país alcanzó los $67.2 mil millones, una cifra superior a la suma de los siguientes 14 países.
El gobierno actúa como un catalizador estratégico, como lo demuestra la Orden Ejecutiva 14110 para el desarrollo seguro y confiable de la IA, o la Ley CHIPS y de Ciencia, que destina más de $52 mil millones a revitalizar la fabricación de semiconductores, el hardware fundamental sobre el que corre toda la inteligencia artificial.
Esta estrategia se materializa en proyectos monumentales como ‘Stargate’, el centro de datos de $100 mil millones de Microsoft y OpenAI, o la Alpha School en Virginia, que ya personaliza el aprendizaje con IA.
China avanza con un enfoque centralizado y dirigido por el Estado, con la meta clara de alcanzar el liderazgo mundial en IA para 2030. A través de iniciativas como «AI+», integra soluciones de IA en sectores clave. El resultado es un ecosistema robusto: se estima que el valor de la industria de IA en China superará los $220 mil millones para 2026.
Este esfuerzo se refleja en su dominio de la propiedad intelectual, acumulando casi la mitad de todas las solicitudes de patentes de IA en el mundo. Gigantes tecnológicos como Baidu, Alibaba y Tencent no son solo empresas, sino instrumentos de la estrategia nacional para establecer estándares globales.
Rusia, por su parte, enfoca su estrategia de IA en la soberanía digital y la seguridad nacional. A través del proyecto nacional “Economía de Datos”, que se extenderá hasta 2030, busca reducir su dependencia de la tecnología extranjera e integrar la IA en sectores gubernamentales clave.
Más que competir en el mercado de consumo global, su prioridad es aplicar la IA para la optimización de sus industrias estratégicas (energía, defensa) y la administración pública. Su marco regulatorio es estricto y busca asegurar un uso responsable de la tecnología, priorizando el control estatal y el desarrollo de talento local a través de iniciativas educativas supervisadas.
La Unión Europea ha decidido jugar un papel distinto, posicionándose como el gran regulador global. Su enfoque no es competir en una carrera de velocidad, sino establecer las reglas del juego. Con su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), aprobada en 2024, introduce el primer marco legal integral para la IA, basado en niveles de riesgo. Este prohíbe aplicaciones consideradas inaceptables (como el «social scoring» estatal) y regula estrictamente los sistemas de alto riesgo.
Este poder normativo se complementa con fuertes inversiones a través de programas como Horizonte Europa y Europa Digital, que movilizan miles de millones de euros para construir una infraestructura de datos soberana bajo iniciativas como GAIA-X y apoyar a un ecosistema de IA «confiable y centrado en el ser humano».
EL DESPERTAR DE AMÉRICA LATINA: PRIMEROS PASOS
Frente a estas estrategias consolidadas, América Latina no es un simple espectador; la región ha comenzado a mover sus propias piezas. Aunque de manera desigual y con retos importantes, están surgiendo iniciativas notables.
En México, la coalición multisectorial IA2030MX ha impulsado una agenda para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Polos de innovación como Monterrey y Guadalajara concentran talento y startups, mientras que universidades como la UNAM y el Tec de Monterrey lideran la investigación.
Otros países también marcan el paso. Chile fue pionero en la región al lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, centrada en el desarrollo de talento, la ética y la adopción de IA en la industria. Brasil cuenta con una robusta red de centros de investigación en IA y debate activamente un marco legal propio. Por su parte, Colombia ha establecido un marco ético para la IA en el sector público y promueve proyectos de datos abiertos para fomentar la innovación. Estos esfuerzos, aunque incipientes, demuestran una conciencia creciente sobre la urgencia de participar activamente en esta revolución.
DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS
Ante este escenario, la pregunta para nuestros países es ineludible: ¿nos conformaremos con estos primeros pasos o aceleraremos el ritmo para jugar un rol protagónico? Si queremos dejar de ser simples compradores de tecnología para convertirnos en creadores, necesitamos una hoja de ruta clara y acciones inmediatas.
La interconexión de hoy, definida por algoritmos, nos obliga a innovar. Para ello, es fundamental avanzar en tres áreas estratégicas:
- Formar talento e invertir en educación digital. Esto debe empezar desde la educación primaria y extenderse hasta los posgrados.
- Crear alianzas estratégicas entre universidades, gobierno y empresas. Los esfuerzos aislados son insuficientes.
- Diseñar políticas públicas con visión de futuro. Debemos impulsar el uso integral de la IA y desarrollar un marco ético sólido que garantice la equidad y la protección de datos.
Esto implica fomentar centros de inteligencia artificial que apoyen a startups y consoliden proyectos de investigación propios, aprendiendo de las experiencias globales. La tecnología no debe ser vista como algo «importado» o lejano, sino como un campo fértil donde podemos liderar.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del desarrollo económico y social a una velocidad sin precedentes. No podemos permitirnos el lujo de la duda o la postergación. La tarea es clara: debemos alinear nuestros recursos, talentos y voluntades para integrarnos de manera soberana y estratégica a esta nueva era. Lo que hagamos, o dejemos de hacer, durante esta década determinará las oportunidades de las próximas generaciones.
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