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NACIONALES

Desaparecer organismos autónomos

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Bajo el pretexto de la pobreza franciscana, Manuel Andrés López Obrador (MALO), informó que este año su equipo revisará los organismos constitucionales autónomos y la conveniencia de su continuidad.

En su show de stand-up “La Mañanera” del pasado 4 de enero afirmó: Hay organismos supuestamente autónomos, independientes, que fueron creados durante el periodo neoliberal. Vamos este año a llevar a cabo una revisión de los institutos, sin afectar a los trabajadores, pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas y en viáticos, el mismo Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos”. 

Inmediatamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se posicionó justificando claramente la importante necesidad de que existan dependencias especializadas en transparencia y rendición de cuentas, tal y como existen en todo el mundo.

Debemos recordarle a MALO que los órganos reguladores y su autonomía no siempre ha existido, sino que su justificación radica precisamente en la falta de confianza de la sociedad en el Poder Ejecutivo y la necesidad de maniatar al poderosísimo presidencialismo mexicano, ante lo cual se ha incorporado en la constitución.

Particularmente la transparencia se incorpora en la carta magna a raíz de una reforma impulsada por Reyes Heroles, como un pilar de la democracia y que se ha instrumentado como mecanismo que coadyuva en el combate a la corrupción que la 4T tanto dice combatir. Asimismo, el INAI es el órgano garante que vigila el correcto uso de los datos personales; materia que cobra cada día más relevancia frente al fenómeno de la globalización y el cada día más frecuente uso de sistemas de procesamiento por los gigantes de la tecnología.

Pretender que la Secretaría de la Función Pública o la FGR absorban sus funciones es una aberración, desnaturalizando su misión y distrayendo sus esfuerzos de su objetivo prioritario.

Con el ánimo de mitigar las críticas a su propuesta, el Presidente se comprometió a que las respuestas de transparencia se cumplirán “fas tras”, en 72 horas. Aquí hay que decirlo claro, si la administración pública federal quiere hacer esto puede hacerlo, sin que sea necesario desaparecer organismos autónomos.

El INAI no responde solicitudes, sino que verifica la legalidad y, en su caso, prontitud de las respuestas de las dependencias públicas, evitando que estas sean juez y parte.

Ya decía Madison en el Federalista n° 51 que “si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno”.

Ante la ausencia de entes vigilantes como los organismos constitucionales el gobierno tendría el monopolio del poder y la tentación de abusar de él. ¿Qué podríamos esperar de la SFP en caso de que presidencia indebidamente hubiera determinado reservar información pública?

Solo como ejemplo, ya alguien solicitó la informacion de los acuerdos y contratos de adquisiciones de vacunas para el COVID con diversos laboratorios y la respuesta de MALO por conducto de Ebrard (SER) y Alcocer de la (SSA) fue “reservar” dicha informacion durante 5 años, por lo que no podremos, como en el caso de las famosas “pipas” conocer los detalles de esas operaciones hasta pasado ese plazo, sin embargo el solicitante tiene expedito su derecho a interponer un Recurso ante el INAI y, de ser procedente, se obligaría al gobierno federal a proporcionar la información.

A un gobierno opaco no le gusta la existencia del INAI. Ello, con independencia de la imposibilidad de cumplir los requerimientos de transparencia en las 72 horas prometidas en todos los casos.

La incongruencia de MALO es alarmante. Un día pregona la desaparición de las reservas y asegura “transparencia completa”; pero en la práctica demuestra la contrario. Sí, como fue el caso de el segundo piso del periférico del entonces Distrito Federal, los gastos del tour turístico de Evo Morales, el Informe de la Refinería Dos Bocas o las obras de la Central Avionera de Santa Lucía o el Tren Maya, que al involucrar al ejercito en su construcción se niega a proporcionar informacion con la excusa de que ésta es vital para la seguridad nacional. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Qué esconden?

En donde más opacidad existe es en el ramo de adquisiciones, una investigación de conocido periódico nacional señalo que 171 compañías surgieron en este sexenio (MALO) y han logrado contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales y del total de contratos asignados a esas empresas el 71% fueron asignados por adjudicación directa, pero si un ciudadano solicita información acerca de ello se procura a toda costa la reserva, apostando las unidades de transparencia a que el solicitante desista y no acuda al INAI.

Si la justificación es la necesidad de ahorro debería realizarse un trabajo minucioso y técnico, derivado de evaluaciones y auditorías de desempeño de los programas y políticas de la administración pública federal. Ejemplo de ello es el reclutamiento desordenado de voceros y comentócratas del régimen obradorista en Canal 11. Cuando es necesario un bisturí el gobierno parece optar por el hacha.

En otro tema, en Jalisco imperó la soberbia de Alfaro y M.C., al impedir la gran alianza electoral que permita la mayoría en la cámara de diputados federal impulsada por “Va por México”. Lo curioso es que son quienes más resentirán la ausencia de coaliciones en la zona metropolitana de Guadalajara, arriesgándose a perder importantes municipios que en este momento gobiernan. En Zapopan solo podrán ganar si optan por un candidato del equipo de Pablo Lemus que dé continuidad al excelente trabajo desempeñado en por él.

JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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Tendencias

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