NACIONALES
El nuevo Poder Judicial: La reforma plantea reducir de 11 a 9 ministros
Opinión, por Cayetano Frías //
La histeria ha invadido al colectivo nepotista que controla el Poder Judicial Federal. Difunden verdades a medias y completas falsedades para manipular a los empleados y utilizarlos para movilizarse en las calles e instalaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Una revisión a detalle de la Constitución en sus artículos reformados recientemente, dan pistas sobre los privilegios que perderán ministros, consejeros, magistrados, jueces y funcionarios. Pero también, en el artículo décimo transitorio del decreto, se especifica: “Los derechos laborales de los trabajadores el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.
Ni más, ni menos. Es un mandato constitucional para que nadie toque en sus derechos a los trabajadores de esa institución.
Ahora revisemos lo aprobado en relación a la alta burocracia judicial. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la opción de renunciar antes del 31 de agosto de 2025 para tener derecho al haber de retiro o seguir en el cargo hasta el primero de septiembre el año próximo y aparecer en la boleta electoral para ver si son reelegidos o reelegidas.
El año próximo se elegirá en su totalidad a los integrantes de la SCJN, donde reducirán la cantidad actual de once a nueve ministros; a los magistrados de la Sala Superior de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como a los del Tribunal de Disciplina Fiscal. En cuanto a los magistrados de circuito y jueces de distrito, el Segundo Transitorio establece que en 2025 se elija a la mitad y en 2027 se renovará a los restantes.
Es oportuno aclarar que los actuales, ministros, magistrados, consejeros y jueces que están en activo, serán incluidos en las listas por pase automático, para someterse a la valoración del voto en sus respectivos ámbitos de influencia.
Pero hay condicionantes: Si los ministros de la SCJN no ganan la elección y su nombramiento vence en 2025, permanecen hasta concluir su nombramiento. Si su periodo vence después de 2025 y son reelectos, estarán en el cargo solo hasta que asuman quienes serán elegidos en 2027.
De los nuevos ministros, cinco permanecerán hasta 2036 y cuatro hasta 2033. Las posiciones se las darán de mayor a menor cantidad de votos que reciban. Quienes integrarán el pleno de la nueva SCJN, serán electos con el que se emitirá en todo el país.
La Constitución mandata en el Artículo Quinto Transitorio, que sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, los cuales suplirán las funciones del Consejo de la Judicatura, éste que se extinguirá el primero de septiembre de 2025, cuando se le tome protesta los magistrados del nuevo tribunal y a los responsables del órgano administrativo. Reglas similares se aplican en el proceso de elección del TEPJF, Tribunal de Disciplina y responsables del órgano de administración judicial.
Los actuales magistrados y magistradas, además de los y las jueces, pueden tener millones de razones para protestar, pero los que van a llegar con el voto de los ciudadanos, quedarán en situación envidiable, como refleja el Artículo 97 de la Constitución:
“Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo”. Es decir, un buen desempeño les abrirá la puerta al privilegio de la inamovilidad.
Y otro beneficio será, que cuando por cualquier motivo un ministro, magistrado o juez se ausente más de un mes, se le tomará protesta al aspirante que haya conseguido el segundo lugar en la votación por ese cargo, según establece el Artículo 98.
Se advierte que las renuncias de ministros o magistrados solo serán por causas graves y tendrán que ser aprobadas por mayoría en una sesión del Senado de la República, o de la Comisión Permanente.
LA PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS
Para quienes nunca se tomaron la molestia de leer el texto de la reforma, no les es posible digerir un cambio tan drástico. La burocracia dorada del Poder Judicial sabe bien lo que le espera y por eso lastra los avances que le ordenan en la Constitución.
En el Artículo 17 se precisa que, desde la SCJN, pasando por las Salas de la Corte, los magistrados y jueces, todos deberán resolver sus asuntos en un plazo máximo de seis meses. Si no cumplen, deberán informar a sus superiores sobre las causas de la demora y demostrar que no es su responsabilidad. Tienen un Tribunal de Disciplina en su futuro, cuyas resoluciones serán inatacables por mandato constitucional.
El Decreto fue publicado el 15 de septiembre y al día siguiente entró en vigor. En el Séptimo Transitorio, ordena al Poder Judicial Federal y a los propios de las entidades federativas, a que, a partir de esa fecha, “deberán ajustar sus cobros para que no superen lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, conforme al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Y en el Décimo Transitorio, se ordena: “Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”.
Al final de 2023, el Poder Judicial reportaba más de 21 mil 500 millones de pesos en fideicomisos y parte de esos recursos los había comprometido la presidenta Norma Piña para los damnificados y Acapulco, pero después se retractó. A la fecha se desconoce el saldo que tienen en la SCJN, Consejo de la Judicatura y TEPJF, pero antes del plazo tendrán que entregarlo a la Secretaría de Hacienda.
Es importante resaltar que el Poder Judicial de Jalisco también está obligado a transparentar si existen estos instrumentos, pues es un mandato constitucional obligatorio. Otra obligación es adecuar las leyes secundarias, donde el Congreso General tiene hasta el 15 de diciembre y las entidades federativas tienen un margen de 180 días a partir del 15 de septiembre para aprobar esas reformas.
Y en el Artículo 97 se amplían los derechos del ciudadano, ya que cualquiera puede presentar denuncia ante el Tribunal de Disciplina por hechos que pudieran ser de responsabilidad administrativa o penal, haya sido desde un ministro, magistrado o juez.
EL MITO DE LA TÓMBOLA
Para postularse para aspirar a ocupar alguno de los cargos en el Poder Judicial, no basta con platicar de tómbolas. De entrada, los aspirantes deben presentar su título de abogado, constancia de práctica en la profesión mayor a cinco años, promedio general mínimo de 8 y de 9 en las materias relacionadas con la disciplina que pretende ocupar, así como haber residido en el país durante los dos años anteriores.
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conformarán tres equipos de evaluación de cinco personas, reconocidas por su experiencia en la materia jurídica. Esos comités van a evaluar a los aspirantes hasta elaborar una lista con las diez personas que consideren más idóneas para ocupar las vacantes.
Cada uno de los Poderes postulará hasta a dos personas para cada cargo, por lo cual se depurará la lista, para enviarla al Senado, donde le agregarán los nombres de los ministros, magistrados y jueces que están en funciones, ya que tienen pases directo a la candidatura. El Senado la Cámara de Diputados postularán un aspirante por cada cargo, los cuales serán electos por las dos terceras partes de los legisladores respectivamente.
El Poder Ejecutivo hará sus propuestas directamente, en tanto la SCJN elegirá a sus aspirantes con mayoría de seis votos. Elaboradas las listas, el Senado las enviará al INE a más tardar el 15 de febrero. Los ministros y magistrados de la SCJN, del TEPJF y del Tribunal de Disciplinas se elegirán por voto en todo el país; los magistrados de circuito y jueces de distrito serán electos en cada Distrito.
En la boleta se incluirá el nombre completo, el cargo, la materia de su especialidad, el Circuito Judicial y la autoridad que lo postula. En la elección no se admitirán representantes ni militantes de partido.
Los cargos que estarán en competencia son cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del TEPJF; dos magistradas y dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF y, cinco magistradas y cinco magistrados de Circuito.
Así de facilita está la tómbola judicial.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
