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NACIONALES

El nuevo Poder Judicial: La reforma plantea reducir de 11 a 9 ministros

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Opinión, por Cayetano Frías //

La histeria ha invadido al colectivo nepotista que controla el Poder Judicial Federal. Difunden verdades a medias y completas falsedades para manipular a los empleados y utilizarlos para movilizarse en las calles e instalaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Una revisión a detalle de la Constitución en sus artículos reformados recientemente, dan pistas sobre los privilegios que perderán ministros, consejeros, magistrados, jueces y funcionarios. Pero también, en el artículo décimo transitorio del decreto, se especifica: “Los derechos laborales de los trabajadores el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

Ni más, ni menos. Es un mandato constitucional para que nadie toque en sus derechos a los trabajadores de esa institución.

Ahora revisemos lo aprobado en relación a la alta burocracia judicial. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la opción de renunciar antes del 31 de agosto de 2025 para tener derecho al haber de retiro o seguir en el cargo hasta el primero de septiembre el año próximo y aparecer en la boleta electoral para ver si son reelegidos o reelegidas.

El año próximo se elegirá en su totalidad a los integrantes de la SCJN, donde reducirán la cantidad actual de once a nueve ministros; a los magistrados de la Sala Superior de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como a los del Tribunal de Disciplina Fiscal. En cuanto a los magistrados de circuito y jueces de distrito, el Segundo Transitorio establece que en 2025 se elija a la mitad y en 2027 se renovará a los restantes.

Es oportuno aclarar que los actuales, ministros, magistrados, consejeros y jueces que están en activo, serán incluidos en las listas por pase automático, para someterse a la valoración del voto en sus respectivos ámbitos de influencia.

Pero hay condicionantes: Si los ministros de la SCJN no ganan la elección y su nombramiento vence en 2025, permanecen hasta concluir su nombramiento. Si su periodo vence después de 2025 y son reelectos, estarán en el cargo solo hasta que asuman quienes serán elegidos en 2027.

De los nuevos ministros, cinco permanecerán hasta 2036 y cuatro hasta 2033. Las posiciones se las darán de mayor a menor cantidad de votos que reciban. Quienes integrarán el pleno de la nueva SCJN, serán electos con el que se emitirá en todo el país.

La Constitución mandata en el Artículo Quinto Transitorio, que sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, los cuales suplirán las funciones del Consejo de la Judicatura, éste que se extinguirá el primero de septiembre de 2025, cuando se le tome protesta los magistrados del nuevo tribunal y a los responsables del órgano administrativo. Reglas similares se aplican en el proceso de elección del TEPJF, Tribunal de Disciplina y responsables del órgano de administración judicial.

Los actuales magistrados y magistradas, además de los y las jueces, pueden tener millones de razones para protestar, pero los que van a llegar con el voto de los ciudadanos, quedarán en situación envidiable, como refleja el Artículo 97 de la Constitución:

“Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo”. Es decir, un buen desempeño les abrirá la puerta al privilegio de la inamovilidad.

Y otro beneficio será, que cuando por cualquier motivo un ministro, magistrado o juez se ausente más de un mes, se le tomará protesta al aspirante que haya conseguido el segundo lugar en la votación por ese cargo, según establece el Artículo 98.

Se advierte que las renuncias de ministros o magistrados solo serán por causas graves y tendrán que ser aprobadas por mayoría en una sesión del Senado de la República, o de la Comisión Permanente.

LA PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS

Para quienes nunca se tomaron la molestia de leer el texto de la reforma, no les es posible digerir un cambio tan drástico. La burocracia dorada del Poder Judicial sabe bien lo que le espera y por eso lastra los avances que le ordenan en la Constitución.

En el Artículo 17 se precisa que, desde la SCJN, pasando por las Salas de la Corte, los magistrados y jueces, todos deberán resolver sus asuntos en un plazo máximo de seis meses. Si no cumplen, deberán informar a sus superiores sobre las causas de la demora y demostrar que no es su responsabilidad. Tienen un Tribunal de Disciplina en su futuro, cuyas resoluciones serán inatacables por mandato constitucional.

El Decreto fue publicado el 15 de septiembre y al día siguiente entró en vigor. En el Séptimo Transitorio, ordena al Poder Judicial Federal y a los propios de las entidades federativas, a que, a partir de esa fecha, “deberán ajustar sus cobros para que no superen lo que gana el titular del Ejecutivo Federal, conforme al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y en el Décimo Transitorio, se ordena: “Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”.

Al final de 2023, el Poder Judicial reportaba más de 21 mil 500 millones de pesos en fideicomisos y parte de esos recursos los había comprometido la presidenta Norma Piña para los damnificados y Acapulco, pero después se retractó. A la fecha se desconoce el saldo que tienen en la SCJN, Consejo de la Judicatura y TEPJF, pero antes del plazo tendrán que entregarlo a la Secretaría de Hacienda.

Es importante resaltar que el Poder Judicial de Jalisco también está obligado a transparentar si existen estos instrumentos, pues es un mandato constitucional obligatorio. Otra obligación es adecuar las leyes secundarias, donde el Congreso General tiene hasta el 15 de diciembre y las entidades federativas tienen un margen de 180 días a partir del 15 de septiembre para aprobar esas reformas.

Y en el Artículo 97 se amplían los derechos del ciudadano, ya que cualquiera puede presentar denuncia ante el Tribunal de Disciplina por hechos que pudieran ser de responsabilidad administrativa o penal, haya sido desde un ministro, magistrado o juez.

EL MITO DE LA TÓMBOLA

Para postularse para aspirar a ocupar alguno de los cargos en el Poder Judicial, no basta con platicar de tómbolas. De entrada, los aspirantes deben presentar su título de abogado, constancia de práctica en la profesión mayor a cinco años, promedio general mínimo de 8 y de 9 en las materias relacionadas con la disciplina que pretende ocupar, así como haber residido en el país durante los dos años anteriores.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conformarán tres equipos de evaluación de cinco personas, reconocidas por su experiencia en la materia jurídica. Esos comités van a evaluar a los aspirantes hasta elaborar una lista con las diez personas que consideren más idóneas para ocupar las vacantes.

Cada uno de los Poderes postulará hasta a dos personas para cada cargo, por lo cual se depurará la lista, para enviarla al Senado, donde le agregarán los nombres de los ministros, magistrados y jueces que están en funciones, ya que tienen pases directo a la candidatura. El Senado la Cámara de Diputados postularán un aspirante por cada cargo, los cuales serán electos por las dos terceras partes de los legisladores respectivamente.

El Poder Ejecutivo hará sus propuestas directamente, en tanto la SCJN elegirá a sus aspirantes con mayoría de seis votos. Elaboradas las listas, el Senado las enviará al INE a más tardar el 15 de febrero. Los ministros y magistrados de la SCJN, del TEPJF y del Tribunal de Disciplinas se elegirán por voto en todo el país; los magistrados de circuito y jueces de distrito serán electos en cada Distrito.

En la boleta se incluirá el nombre completo, el cargo, la materia de su especialidad, el Circuito Judicial y la autoridad que lo postula. En la elección no se admitirán representantes ni militantes de partido.

Los cargos que estarán en competencia son cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del TEPJF; dos magistradas y dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF y, cinco magistradas y cinco magistrados de Circuito.

Así de facilita está la tómbola judicial.

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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