A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Al día de hoy, si algún joven me pidiera mi opinión sobre estudiar derecho para construir una carrera profesional como abogado litigante, probablemente mi consejo para ese joven en este momento sería, tal y como dice el meme: no lo haga, compa.

Según los datos del Observatorio Laboral, en México hay aproximadamente 363 mil 96 alumnos matriculados en la licenciatura de derecho, y aproximadamente 800 mil 160 profesionistas ejerciendo dicha carrera, cifra que puede ser catalogada como «extraoficial» ya que ésta solo considera a aquellos abogados que están inscritos a algún Colegio y/o Barra, pero fuera de estas agrupaciones, hay un sinfín de abogados litigantes y despachos que no son censados, por lo que la cifra real puede ser significativamente más elevada.

De igual forma, los datos reflejan la abogacía es la 24 carrera mejor pagada del país, pero el grueso de los abogados percibe un sueldo promedio mensual de aproximadamente 11 mil 755 pesos, mientras que el 48% de las personas que estudiaron derecho tienen un trabajo acorde con sus estudios.

No obstante, mi postura de no recomendar a los jóvenes ingresar a las aulas de cualquier facultad de derecho no obedece propiamente a estas cifras, ni mucho menos a que ya haya muchos abogados en el mundo profesional, al contrario, creo que una sociedad como la nuestra que está en constante desarrollo y crecimiento nunca tendrá suficientes abogados para atender en su totalidad todos los problemas, controversias y conflictos que derivan de la interacción social.

Realmente la verdadera razón por la que hoy yo no le recomendaría a ningún joven estudiar esta carrera obedece a una serie de factores con un trasfondo un poco más complejo que los salarios y la cantidad de profesionales del derecho que transitan por tribunales o dependencias gubernamentales, y es que aunque no lo parezca, actualmente el gremio, al menos en nuestro estado, atraviesa una crisis que considero debemos de solucionar de fondo, antes de invitar a más personas a aventurarse en una licenciatura.

En primer lugar, debemos de tener presente que el primer problema al que nos enfrentamos como gremio es que el papel y la importancia del abogado en la sociedad ha sido subestimado y relegado, a tal grado que un importante sector de la población no está dispuesta a invertir en su seguridad y certeza jurídica por un par de razones que son igual preocupantes: por un lado el número de personas indispuestas a invertir en servicios legales es proporcional al número de personas que en el pasado han atravesado situaciones desagradables con abogados carentes de profesionalidad, y por el otro lado, se ha comenzado a consolidar a nuestro alrededor una sutil cultura que hace creer a las personas que no necesitan invertir en arreglar problemas que desde su óptica pueden solucionar por su cuenta o por una módica cantidad.

Un claro ejemplo de esto lo viví la semana pasada conversé con una señora que me comentó que a ella le estaban cobrando $10,000 por un amparo, cantidad que a ella le pareció excesiva ya que un conocido suyo le dijo que ese ‘’papel’’ lo podían conseguir por tan solo $100, como si hacer un amparo fuera fácil, cuando realmente no lo es.

Es casi imperceptible, pero situaciones de esta naturaleza se reproducen cotidianamente, y además, dinamitan las bases de una profesión cuyo valor social no se puede equiparar puesto que es de donde nace el proceso de reparación del tejido social, pero cuya reputación dentro del grueso poblacional está casi tan lastimada como la del político tradicional, razón por la cual es momento de replantearnos seriamente nuestra profesión, de tal manera que podamos sentar las bases para un futuro en el que los abogados puedan vuelvan a ser verdaderos factores de cambio social.

Y muy probablemente el primer paso para alcanzar este objetivo lo podremos encontrar en la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero con la que plantea cambios en materia de colegiación y certificación de profesionistas, iniciativa que guardando sus proporciones, podría encender un acalorado debate como lo hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que tocó fibras sensibles.

En su iniciativa, la senadora plantea que la colegiación, como la certificación periódica de determinadas profesiones son los medios aceptados internacionalmente para evitar que se ataquen derechos de terceros ni se ofendan derechos de la sociedad, por lo que la colegiación obligatoria para los abogados se puede traducir en un mecanismo de control en el ejercicio de la profesión en virtud del cual se deberá replantear también el papel de los Colegios o Asociaciones en donde la afiliación es voluntaria y por lo tanto no solo no cuentan con estándares mínimos de calidad, sino que tampoco cuentan con códigos de conducta profesional o mecanismos de sanción por mala práctica, ya que solamente son vistos como hubs de networking.

Seamos puntuales y muy claros: sí, hay abogados corruptos, que abusan de los clientes, que juegan con su estabilidad y sus derechos laborales, que juegan con el patrimonio de las personas, y aún peor, que juegan con la libertad de aquellas personas que se juegan más de lo que tienen, y por supuesto, también hay abogados que sin ser corruptos, pero que por falta de pericia o capacidad, exponen a sus clientes a peores situaciones, y esta realidad, es innegable porque todos y cada uno de nosotros, la conocemos, y al menos yo realmente no necesito más razones para convencerme de que debemos hacer cambios.

En más de una ocasión lo he dicho en este espacio: no hay nada en nuestra sociedad que sea perfecto, todo es susceptible de mejorar y de ser perfeccionado, y nuestra profesión no es la excepción, de hecho, los problemas que rodean al gremio legal nos gritan que uno de los problemas más grandes que nos rodean, es la falta de colegiación y de controles de calidad efectivos respecto a la prestación de un servicio profesional tan importante como el que ofrecen los abogados, pero que actualmente no cuenta con los índices de popularidad más alto en la industria profesional.

Y sí, probablemente replantear las bases de nuestra profesión partiendo de las condiciones bajo las cuales tanto nosotros como nuestros colegas estarán facultados para ofrecer y prestar sus servicios puede que se torne en un debate bastante incómodo y polémico que seguramente calentará los ánimos de algunos, pero son justamente los debates incómodos y polémicos, las primeras señales de que se está dando en el clavo, y mientras haya debate, habrá voluntad de cambio y apertura para reconocer todo aquello en lo que hemos fallado, y en lo que le hemos fallado a la sociedad.