NACIONALES
Los enredos del gobierno de la 4T: Ayotzinapa, Babel de la justicia mexicana
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En Babel bíblica se convirtió el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Robles”, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero, desaparecidos la noche del 26 para amanecer el 27 de septiembre de 2014, entre las cercanas localidades de Chilpancingo e Iguala.
Los normalistas tenían proyectado asistir a la concentración que, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, (cuando la matanza de Tlatelolco, siendo presidente del país Gustavo Díaz Ordaz) se implementaba en la ciudad de México. Para trasladarse, habían secuestrado autobuses y plagiado combustible. A partir de esa fecha, se inicia una historia que encubierta por los tres niveles del gobierno (federal, estatal y municipal) significa, en la esfera del derecho, una profunda herida para el pueblo de México y un baldón de ignominia para los gobiernos; en pocas palabras, una Babel (confusión, extravío y desorden) para la nación, su gobierno y la justicia.
Es bueno anotar que ese centro escolar para forjar maestros, fue fundado gracias al esmero del mentor Raúl Isidro Burgos, cuyo ideal educativo se encuentra en una frase de él mismo: “La escuela rural mexicana nace para servir a los grandes y pequeños grupos tradicionalmente marginados, para elevarlos de planos inferiores de vida a niveles cada vez más elevados”.
Esto -la fundación- sucedió en 1926 (2 de marzo, con el nombre de Normal Rural de Ayotzinapa) pero fue hasta 1933 que se puso la primera piedra por el profesor Rodolfo Bonilla; la escuela se concluyó gracias a la tenacidad del educador Robles, por lo que el edificio recibió el nombre de este, que fuera su promotor fundacional.
Para entender la vocación de los que han estudiado en esa institución educativa, cual botón de muestra, mencionaremos que fueron egresados de ella los luchadores sociales Genaro Vázquez Rojas (1930-1972) y Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974), quienes, primero con las ideas y luego, al ver inútiles sus esfuerzos pacíficos, empuñando las armas, buscaron concretizar sus ideales de redención social popular, teniendo como sede de actuaciones la región guerrerense y sus colindancias.
Muchas otras páginas de forcejeos -por la educación y la equidad- llevaron a cabo estudiantes de esta Normal. Pero la que llamó la atención, no solo de la República sino de casi todo el mundo, fue la que aconteció (detención, maltrato, y posible asesinato de los 43 alumnos) una noche fatal de septiembre del mencionado 2014. En tal época gobernaba a nuestra nación el malhadado cuanto mediocre político mexiquense, Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, era el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong; secretario de la Defensa, el Gral. Salvador Cienfuegos y como Procurador de Justicia Federal, fungía el abogado Jesús Murillo Karam, hoy por hoy preso en el reclusorio norte del antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. El gobernador del Estado guerrerense, era el priista y luego perredista, Ángel Aguirre Rivero, “renunciado” de su cargo precisamente como exigencia de los demandantes padres de los desaparecidos, quienes lo señalaron por “no haber hecho lo suficiente -y a tiempo- para investigar lo sucedido con los jóvenes”. (BBC News, 23-X-2014).
El funesto período de Peña Nieto -2012-2018-registra numerosas peripecias nocivas para el pueblo de México, pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fue el acto más pútrido de tan desatinada administración federal. Se intuía que, desde lo más alto del régimen, se había alentado una seudo solución al espinoso caso; para ello, en juntas de las supremas autoridades nacionales, se confeccionó una serie de supuestos advenimientos, que fraguados oficialmente se anunciaron el 27 de enero de 2015, como “verdad histórica” de la fatídica desaparición, la cual consistió en sostener que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula, municipio a poco más de cien kilómetros de Chilpancingo, capital de Guerrero. En esa resolución, se aprovechó para exculpar al ejército, a los máximos dirigentes del país y echar gran culpa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado, revelados como los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, y quienes ordenaron a los policías de su localidad, entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios. Asumió la responsabilidad de la maquinación antedicha, (la verdad histórica) el entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, priista de larga trayectoria en cuya carrera destacan haberse desempeñado como diputado, senador y gobernador del Estado de Hidalgo 1983-1988.
Los padres de los 43 secuestrados, no cejaron en su empeño por exigir se aclarasen los hechos, y desde luego, demandar que fuesen encontrados vivos los jóvenes: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era una las tantas divisas que han reflejado sus perseverantes ánimos. Para ellos, la prefabricada “verdad histórica” es una simulación hiriente. Y los respaldó el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, con resultados muy diferentes a la dizque verdad oficial.
Por ello, cuando el pueblo mexicano dio un triunfo arrollador -el 1 de julio de 2018- al actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se dirigieron a él para pedirle justicia, y a la vez requerir que se integrara una “Comisión de la Verdad”, prometida en su campaña electoral; para septiembre de 2018, siendo ya presidente electo, se verificó la reunión, en el marco del 4° aniversario de los negros acontecimientos de Iguala. Allí se confirmó el plan de crear esa Comisión, y para el 3 de diciembre inmediato, habiendo asumido la presidencia, AMLO firmó el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (COVAJ) Ayotzinapa, el cual se publicó el día siguiente, instruyendo a todas las dependencias gubernamentales a colaborar con la investigación; al nuevo organismo, presidido por Alejandro Encinas -subsecretario de gobernación- se le facultó incluso, “para realizar indagaciones y ordenar búsquedas en nuevos y posibles sitios donde podrían estar los normalistas, o sus restos”. (sitio WEB de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En 2020, el Fiscal de la República (FGR), Alejandro Gertz, fue contundente: «Se acabó la verdad histórica», e informó que se pidieron 46 nuevas órdenes de aprehensión y que se procuraba extraditar -había huido a Israel- a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de las artificiosas pesquisas y torturas que concluyeron en la «verdad histórica». (BBC News, Alberto Nájar, 1 julio 2020).
Las indagatorias realizadas por la COVAJ, dieron fruto, y el 18 de agosto de 2022, rindió importante informe su dirigente, resumido en 16 puntos, de los cuales la conclusión fue trascendente: Ayotzinapa ‘fue un crimen de Estado’. Otro aspecto toral fue que no existían indicios de que los estudiantes estuvieran con vida. Además, quedó claro que hubo colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos en este caso. Las acciones, omisiones y colaboración de esas autoridades y el grupo criminal, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Se precisó que fuerzas militares infiltraron un soldado entre los jóvenes, pero los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del miliciano, de nombre Julio César López Patolzin, también perdido. Culmina la reseña enfatizando proseguir la búsqueda en regiones aledañas, asegurando que existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades. De esa manera, se debe considerar “La llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, como “el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes” (Alejandro Encinas, durante la entrega del primer informe).
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RECUADRO
EL INFORME DE LA COVAJ;
VAN 132 DETENIDOS
(Con pantalla)
Ahora, 9 años después de los fatales sucesos, el 27 reciente, se rindió el II Informe de la COVAJ por voz de su responsable, Alejandro Encinas. Llama la atención que el Poder Judicial de la Federación, otorgó dos amparos que impiden informar sobre Tomás Zerón (con quien se entrevistó el Subsecretario Encinas, y le ofreció ser testigo protegido, pero el prófugo no aceptó) y otro sobre militares, lo cual se calificó como papel absurdo. En las actividades investigatorias, se interrogó 434 sujetos, de los que 109 personas corresponden a grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 12 al gobierno Municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las Fuerzas Armadas y 36 del gobierno federal. Por lo que ve a detenidos, van 132, destacando entre ellos, “el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, el exprocurador Jesús Murillo Karam y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero”.
Los jóvenes se entregaron a los “Guerreros Unidos” y, de acuerdo con testimonios, se indica que los estudiantes fueron separados en tres grupos, llevándolos a diferentes lugares, reiterando que no hay señales de que sobrevivan. Enfatiza Encinas sobre los enormes volúmenes de información que han analizado, el apoyo del GIEI, las nuevas detenciones de presuntos cómplices, los lugares donde se debe buscar pruebas, y algo verdaderamente trascendente: la intervención directa del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la presencia en las reuniones del señor Omar García Harfuch (que este negó, aduciendo que su contribución no fue operativa en ningún momento). Las sesiones “de autoridades se llevaban a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, así como en la zona Militar de Iguala Guerrero y las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República”, aseverando que ahí concurrieron los señores Enrique N (Peña Nieto), Miguel Ángel N (Osorio Chong), Salvador N (Cienfuegos) etc. (El Universal, 27-09-2023).
Los padres de los normalistas, se mostraron reservados con el informe, formaron un grupo de protesta frente al Campo Militar número uno y exigían mas datos, sobre todo provenientes del ramo militar. El presidente declaró que la SEDENA había entregado la información, pero, además, el 27 pasado ordenó que cualquiera otra información que se tuviese, fuera facilitada al COVAJ. Los aludidos progenitores, por sí y a través de su vocero, aceptaron el gesto y remarcaron que tienen como válido interlocutor al subsecretario Encinas, por lo que al día siguiente levantaron su plantón.
De suma repercusión, es el planteamiento firme para que se realicen averiguaciones en relación a la participación que tuvieron Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong, el Gral. Salvador Cienfuegos, y otros coludidos en la farsa de la “verdad histórica”. Amlo al respecto expresó en la Mañanera del 28 septembrino: “vamos a continuar con la investigación, tengo el compromiso que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura, por qué el llamado pacto del silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía, de dónde surgió este”. Ojalá que así sea, porque hasta la fecha, no obstante los avances logrados en este sexenio, Ayotzinapa continúa como Babel de la nación, el gobierno y la justicia mexicana.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión
Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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