Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En Babel bíblica se convirtió el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Robles”, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero, desaparecidos la noche del 26 para amanecer el 27 de septiembre de 2014, entre las cercanas localidades de Chilpancingo e Iguala.

Los normalistas tenían proyectado asistir a la concentración que, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, (cuando la matanza de Tlatelolco, siendo presidente del país Gustavo Díaz Ordaz) se implementaba en la ciudad de México. Para trasladarse, habían secuestrado autobuses y plagiado combustible. A partir de esa fecha, se inicia una historia que encubierta por los tres niveles del gobierno (federal, estatal y municipal) significa, en la esfera del derecho, una profunda herida para el pueblo de México y un baldón de ignominia para los gobiernos; en pocas palabras, una Babel (confusión, extravío y desorden) para la nación, su gobierno y la justicia.

Es bueno anotar que ese centro escolar para forjar maestros, fue fundado gracias al esmero del mentor Raúl Isidro Burgos, cuyo ideal educativo se encuentra en una frase de él mismo: “La escuela rural mexicana nace para servir a los grandes y pequeños grupos tradicionalmente marginados, para elevarlos de planos inferiores de vida a niveles cada vez más elevados”.

Esto -la fundación- sucedió en 1926 (2 de marzo, con el nombre de Normal Rural de Ayotzinapa) pero fue hasta 1933 que se puso la primera piedra por el profesor Rodolfo Bonilla; la escuela se concluyó gracias a la tenacidad del educador Robles, por lo que el edificio recibió el nombre de este, que fuera su promotor fundacional.

Para entender la vocación de los que han estudiado en esa institución educativa, cual botón de muestra, mencionaremos que fueron egresados de ella los luchadores sociales Genaro Vázquez Rojas (1930-1972) y Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974), quienes, primero con las ideas y luego, al ver inútiles sus esfuerzos pacíficos, empuñando las armas, buscaron concretizar sus ideales de redención social popular, teniendo como sede de actuaciones la región guerrerense y sus colindancias.

Muchas otras páginas de forcejeos -por la educación y la equidad- llevaron a cabo estudiantes de esta Normal. Pero la que llamó la atención, no solo de la República sino de casi todo el mundo, fue la que aconteció (detención, maltrato, y posible asesinato de los 43 alumnos) una noche fatal de septiembre del mencionado 2014. En tal época gobernaba a nuestra nación el malhadado cuanto mediocre político mexiquense, Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, era el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong; secretario de la Defensa, el Gral. Salvador Cienfuegos y como Procurador de Justicia Federal, fungía el abogado Jesús Murillo Karam, hoy por hoy preso en el reclusorio norte del antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. El gobernador del Estado guerrerense, era el priista y luego perredista, Ángel Aguirre Rivero, “renunciado” de su cargo precisamente como exigencia de los demandantes padres de los desaparecidos, quienes lo señalaron por “no haber hecho lo suficiente -y a tiempo- para investigar lo sucedido con los jóvenes”. (BBC News, 23-X-2014).

El funesto período de Peña Nieto -2012-2018-registra numerosas peripecias nocivas para el pueblo de México, pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fue el acto más pútrido de tan desatinada administración federal. Se intuía que, desde lo más alto del régimen, se había alentado una seudo solución al espinoso caso; para ello, en juntas de las supremas autoridades nacionales, se confeccionó una serie de supuestos advenimientos, que fraguados oficialmente se anunciaron el 27 de enero de 2015, como “verdad histórica” de la fatídica desaparición, la cual consistió en sostener que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula, municipio a poco más de cien kilómetros de Chilpancingo, capital de Guerrero. En esa resolución, se aprovechó para exculpar al ejército, a los máximos dirigentes del país y echar gran culpa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado, revelados como los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, y quienes ordenaron a los policías de su localidad, entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios. Asumió la responsabilidad de la maquinación antedicha, (la verdad histórica) el entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, priista de larga trayectoria en cuya carrera destacan haberse desempeñado como diputado, senador y gobernador del Estado de Hidalgo 1983-1988.

Los padres de los 43 secuestrados, no cejaron en su empeño por exigir se aclarasen los hechos, y desde luego, demandar que fuesen encontrados vivos los jóvenes: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era una las tantas divisas que han reflejado sus perseverantes ánimos. Para ellos, la prefabricada “verdad histórica” es una simulación hiriente. Y los respaldó el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, con resultados muy diferentes a la dizque verdad oficial.

Por ello, cuando el pueblo mexicano dio un triunfo arrollador -el 1 de julio de 2018- al actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se dirigieron a él para pedirle justicia, y a la vez requerir que se integrara una “Comisión de la Verdad”, prometida en su campaña electoral; para septiembre de 2018, siendo ya presidente electo, se verificó la reunión, en el marco del 4° aniversario de los negros acontecimientos de Iguala. Allí se confirmó el plan de crear esa Comisión, y para el 3 de diciembre inmediato, habiendo asumido la presidencia, AMLO firmó el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (COVAJ) Ayotzinapa, el cual se publicó el día siguiente, instruyendo a todas las dependencias gubernamentales a colaborar con la investigación; al nuevo organismo, presidido por Alejandro Encinas -subsecretario de gobernación- se le facultó incluso, “para realizar indagaciones y ordenar búsquedas en nuevos y posibles sitios donde podrían estar los normalistas, o sus restos”. (sitio WEB de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En 2020, el Fiscal de la República (FGR), Alejandro Gertz, fue contundente: «Se acabó la verdad histórica», e informó que se pidieron 46 nuevas órdenes de aprehensión y que se procuraba extraditar -había huido a Israel- a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de las artificiosas pesquisas y torturas que concluyeron en la «verdad histórica». (BBC News, Alberto Nájar, 1 julio 2020).

Las indagatorias realizadas por la COVAJ, dieron fruto, y el 18 de agosto de 2022, rindió importante informe su dirigente, resumido en 16 puntos, de los cuales la conclusión fue trascendente: Ayotzinapa ‘fue un crimen de Estado’. Otro aspecto toral fue que no existían indicios de que los estudiantes estuvieran con vida. Además, quedó claro que hubo colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos en este caso. Las acciones, omisiones y colaboración de esas autoridades y el grupo criminal, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Se precisó que fuerzas militares infiltraron un soldado entre los jóvenes, pero los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del miliciano, de nombre Julio César López Patolzin, también perdido. Culmina la reseña enfatizando proseguir la búsqueda en regiones aledañas, asegurando que existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades. De esa manera, se debe considerar “La llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, como “el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes” (Alejandro Encinas, durante la entrega del primer informe).

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RECUADRO

EL INFORME DE LA COVAJ;

VAN 132 DETENIDOS

(Con pantalla)

Ahora, 9 años después de los fatales sucesos, el 27 reciente, se rindió el II Informe de la COVAJ por voz de su responsable, Alejandro Encinas. Llama la atención que el Poder Judicial de la Federación, otorgó dos amparos que impiden informar sobre Tomás Zerón (con quien se entrevistó el Subsecretario Encinas, y le ofreció ser testigo protegido, pero el prófugo no aceptó) y otro sobre militares, lo cual se calificó como papel absurdo. En las actividades investigatorias, se interrogó 434 sujetos, de los que 109 personas corresponden a grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 12 al gobierno Municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las Fuerzas Armadas y 36 del gobierno federal. Por lo que ve a detenidos, van 132, destacando entre ellos, “el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, el exprocurador Jesús Murillo Karam y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero”.

Los jóvenes se entregaron a los “Guerreros Unidos” y, de acuerdo con testimonios, se indica que los estudiantes fueron separados en tres grupos, llevándolos a diferentes lugares, reiterando que no hay señales de que sobrevivan. Enfatiza Encinas sobre los enormes volúmenes de información que han analizado, el apoyo del GIEI, las nuevas detenciones de presuntos cómplices, los lugares donde se debe buscar pruebas, y algo verdaderamente trascendente: la intervención directa del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la presencia en las reuniones del señor Omar García Harfuch (que este negó, aduciendo que su contribución no fue operativa en ningún momento). Las sesiones “de autoridades se llevaban a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, así como en la zona Militar de Iguala Guerrero y las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República”, aseverando que ahí concurrieron los señores Enrique N (Peña Nieto), Miguel Ángel N (Osorio Chong), Salvador N (Cienfuegos) etc. (El Universal, 27-09-2023).

Los padres de los normalistas, se mostraron reservados con el informe, formaron un grupo de protesta frente al Campo Militar número uno y exigían mas datos, sobre todo provenientes del ramo militar. El presidente declaró que la SEDENA había entregado la información, pero, además, el 27 pasado ordenó que cualquiera otra información que se tuviese, fuera facilitada al COVAJ. Los aludidos progenitores, por sí y a través de su vocero, aceptaron el gesto y remarcaron que tienen como válido interlocutor al subsecretario Encinas, por lo que al día siguiente levantaron su plantón.

De suma repercusión, es el planteamiento firme para que se realicen averiguaciones en relación a la participación que tuvieron Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong, el Gral. Salvador Cienfuegos, y otros coludidos en la farsa de la “verdad histórica”. Amlo al respecto expresó en la Mañanera del 28 septembrino: “vamos a continuar con la investigación, tengo el compromiso que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura, por qué el llamado pacto del silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía, de dónde surgió este”. Ojalá que así sea, porque hasta la fecha, no obstante los avances logrados en este sexenio, Ayotzinapa continúa como Babel de la nación, el gobierno y la justicia mexicana.