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NACIONALES

Los enredos del gobierno de la 4T: Ayotzinapa, Babel de la justicia mexicana

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En Babel bíblica se convirtió el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Robles”, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero, desaparecidos la noche del 26 para amanecer el 27 de septiembre de 2014, entre las cercanas localidades de Chilpancingo e Iguala.

Los normalistas tenían proyectado asistir a la concentración que, con motivo de la conmemoración del 2 de octubre de 1968, (cuando la matanza de Tlatelolco, siendo presidente del país Gustavo Díaz Ordaz) se implementaba en la ciudad de México. Para trasladarse, habían secuestrado autobuses y plagiado combustible. A partir de esa fecha, se inicia una historia que encubierta por los tres niveles del gobierno (federal, estatal y municipal) significa, en la esfera del derecho, una profunda herida para el pueblo de México y un baldón de ignominia para los gobiernos; en pocas palabras, una Babel (confusión, extravío y desorden) para la nación, su gobierno y la justicia.

Es bueno anotar que ese centro escolar para forjar maestros, fue fundado gracias al esmero del mentor Raúl Isidro Burgos, cuyo ideal educativo se encuentra en una frase de él mismo: “La escuela rural mexicana nace para servir a los grandes y pequeños grupos tradicionalmente marginados, para elevarlos de planos inferiores de vida a niveles cada vez más elevados”.

Esto -la fundación- sucedió en 1926 (2 de marzo, con el nombre de Normal Rural de Ayotzinapa) pero fue hasta 1933 que se puso la primera piedra por el profesor Rodolfo Bonilla; la escuela se concluyó gracias a la tenacidad del educador Robles, por lo que el edificio recibió el nombre de este, que fuera su promotor fundacional.

Para entender la vocación de los que han estudiado en esa institución educativa, cual botón de muestra, mencionaremos que fueron egresados de ella los luchadores sociales Genaro Vázquez Rojas (1930-1972) y Lucio Cabañas Barrientos (1938-1974), quienes, primero con las ideas y luego, al ver inútiles sus esfuerzos pacíficos, empuñando las armas, buscaron concretizar sus ideales de redención social popular, teniendo como sede de actuaciones la región guerrerense y sus colindancias.

Muchas otras páginas de forcejeos -por la educación y la equidad- llevaron a cabo estudiantes de esta Normal. Pero la que llamó la atención, no solo de la República sino de casi todo el mundo, fue la que aconteció (detención, maltrato, y posible asesinato de los 43 alumnos) una noche fatal de septiembre del mencionado 2014. En tal época gobernaba a nuestra nación el malhadado cuanto mediocre político mexiquense, Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, era el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong; secretario de la Defensa, el Gral. Salvador Cienfuegos y como Procurador de Justicia Federal, fungía el abogado Jesús Murillo Karam, hoy por hoy preso en el reclusorio norte del antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. El gobernador del Estado guerrerense, era el priista y luego perredista, Ángel Aguirre Rivero, “renunciado” de su cargo precisamente como exigencia de los demandantes padres de los desaparecidos, quienes lo señalaron por “no haber hecho lo suficiente -y a tiempo- para investigar lo sucedido con los jóvenes”. (BBC News, 23-X-2014).

El funesto período de Peña Nieto -2012-2018-registra numerosas peripecias nocivas para el pueblo de México, pero la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fue el acto más pútrido de tan desatinada administración federal. Se intuía que, desde lo más alto del régimen, se había alentado una seudo solución al espinoso caso; para ello, en juntas de las supremas autoridades nacionales, se confeccionó una serie de supuestos advenimientos, que fraguados oficialmente se anunciaron el 27 de enero de 2015, como “verdad histórica” de la fatídica desaparición, la cual consistió en sostener que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula, municipio a poco más de cien kilómetros de Chilpancingo, capital de Guerrero. En esa resolución, se aprovechó para exculpar al ejército, a los máximos dirigentes del país y echar gran culpa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado, revelados como los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, y quienes ordenaron a los policías de su localidad, entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios. Asumió la responsabilidad de la maquinación antedicha, (la verdad histórica) el entonces Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, priista de larga trayectoria en cuya carrera destacan haberse desempeñado como diputado, senador y gobernador del Estado de Hidalgo 1983-1988.

Los padres de los 43 secuestrados, no cejaron en su empeño por exigir se aclarasen los hechos, y desde luego, demandar que fuesen encontrados vivos los jóvenes: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era una las tantas divisas que han reflejado sus perseverantes ánimos. Para ellos, la prefabricada “verdad histórica” es una simulación hiriente. Y los respaldó el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación, con resultados muy diferentes a la dizque verdad oficial.

Por ello, cuando el pueblo mexicano dio un triunfo arrollador -el 1 de julio de 2018- al actual primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, se dirigieron a él para pedirle justicia, y a la vez requerir que se integrara una “Comisión de la Verdad”, prometida en su campaña electoral; para septiembre de 2018, siendo ya presidente electo, se verificó la reunión, en el marco del 4° aniversario de los negros acontecimientos de Iguala. Allí se confirmó el plan de crear esa Comisión, y para el 3 de diciembre inmediato, habiendo asumido la presidencia, AMLO firmó el decreto que crea la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso (COVAJ) Ayotzinapa, el cual se publicó el día siguiente, instruyendo a todas las dependencias gubernamentales a colaborar con la investigación; al nuevo organismo, presidido por Alejandro Encinas -subsecretario de gobernación- se le facultó incluso, “para realizar indagaciones y ordenar búsquedas en nuevos y posibles sitios donde podrían estar los normalistas, o sus restos”. (sitio WEB de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En 2020, el Fiscal de la República (FGR), Alejandro Gertz, fue contundente: «Se acabó la verdad histórica», e informó que se pidieron 46 nuevas órdenes de aprehensión y que se procuraba extraditar -había huido a Israel- a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de las artificiosas pesquisas y torturas que concluyeron en la «verdad histórica». (BBC News, Alberto Nájar, 1 julio 2020).

Las indagatorias realizadas por la COVAJ, dieron fruto, y el 18 de agosto de 2022, rindió importante informe su dirigente, resumido en 16 puntos, de los cuales la conclusión fue trascendente: Ayotzinapa ‘fue un crimen de Estado’. Otro aspecto toral fue que no existían indicios de que los estudiantes estuvieran con vida. Además, quedó claro que hubo colusión y participación de las autoridades de distintos niveles de gobierno con la policía y la organización criminal Guerreros Unidos en este caso. Las acciones, omisiones y colaboración de esas autoridades y el grupo criminal, permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes. Se precisó que fuerzas militares infiltraron un soldado entre los jóvenes, pero los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del miliciano, de nombre Julio César López Patolzin, también perdido. Culmina la reseña enfatizando proseguir la búsqueda en regiones aledañas, asegurando que existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades. De esa manera, se debe considerar “La llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, como “el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes” (Alejandro Encinas, durante la entrega del primer informe).

RECUADRO

EL INFORME DE LA COVAJ;

VAN 132 DETENIDOS

(Con pantalla)

Ahora, 9 años después de los fatales sucesos, el 27 reciente, se rindió el II Informe de la COVAJ por voz de su responsable, Alejandro Encinas. Llama la atención que el Poder Judicial de la Federación, otorgó dos amparos que impiden informar sobre Tomás Zerón (con quien se entrevistó el Subsecretario Encinas, y le ofreció ser testigo protegido, pero el prófugo no aceptó) y otro sobre militares, lo cual se calificó como papel absurdo. En las actividades investigatorias, se interrogó 434 sujetos, de los que 109 personas corresponden a grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 12 al gobierno Municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las Fuerzas Armadas y 36 del gobierno federal. Por lo que ve a detenidos, van 132, destacando entre ellos, “el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, el exprocurador Jesús Murillo Karam y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero”.

Los jóvenes se entregaron a los “Guerreros Unidos” y, de acuerdo con testimonios, se indica que los estudiantes fueron separados en tres grupos, llevándolos a diferentes lugares, reiterando que no hay señales de que sobrevivan. Enfatiza Encinas sobre los enormes volúmenes de información que han analizado, el apoyo del GIEI, las nuevas detenciones de presuntos cómplices, los lugares donde se debe buscar pruebas, y algo verdaderamente trascendente: la intervención directa del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso la presencia en las reuniones del señor Omar García Harfuch (que este negó, aduciendo que su contribución no fue operativa en ningún momento). Las sesiones “de autoridades se llevaban a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, así como en la zona Militar de Iguala Guerrero y las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República”, aseverando que ahí concurrieron los señores Enrique N (Peña Nieto), Miguel Ángel N (Osorio Chong), Salvador N (Cienfuegos) etc. (El Universal, 27-09-2023).

Los padres de los normalistas, se mostraron reservados con el informe, formaron un grupo de protesta frente al Campo Militar número uno y exigían mas datos, sobre todo provenientes del ramo militar. El presidente declaró que la SEDENA había entregado la información, pero, además, el 27 pasado ordenó que cualquiera otra información que se tuviese, fuera facilitada al COVAJ. Los aludidos progenitores, por sí y a través de su vocero, aceptaron el gesto y remarcaron que tienen como válido interlocutor al subsecretario Encinas, por lo que al día siguiente levantaron su plantón.

De suma repercusión, es el planteamiento firme para que se realicen averiguaciones en relación a la participación que tuvieron Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong, el Gral. Salvador Cienfuegos, y otros coludidos en la farsa de la “verdad histórica”. Amlo al respecto expresó en la Mañanera del 28 septembrino: “vamos a continuar con la investigación, tengo el compromiso que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura, por qué el llamado pacto del silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía, de dónde surgió este”. Ojalá que así sea, porque hasta la fecha, no obstante los avances logrados en este sexenio, Ayotzinapa continúa como Babel de la nación, el gobierno y la justicia mexicana.

 

 

 

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ENTREVISTAS

Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.

“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.

Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.

Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.

LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO

P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?

Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.

P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.

P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.

P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.

P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.

P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.

P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.

P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?

Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.

P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.

P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?

La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.

P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?

Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.

¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?

“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.

He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.

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ENTREVISTAS

Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

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Por Francisco Junco //

El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.

“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.

UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA

Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.

Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.

Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.

La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.

UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE

La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.

La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.

Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.

UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE

Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.

Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.

Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.

UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA

Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.

Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.

La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.

UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN

El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.

Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.

Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.

 

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ENTREVISTAS

Joaquín Sandoval, candidato a juez de distrito en materia civil: «Quiero acercar la justicia a la ciudadanía»

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Por Diego Morales Heredia //

En la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, Joaquín Sandoval, candidato a Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 4 Judicial en Jalisco, busca transformar el Poder Judicial con una justicia más pronta, accesible y humana.

Abogado egresado de la Universidad Panamericana, con dos maestrías y una sólida trayectoria en el servicio público, Sandoval apuesta por perfiles independientes y éticos que prioricen a la ciudadanía sobre intereses externos. En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para un Poder Judicial que escuche, resuelva y recupere la confianza de los jaliscienses, en un momento clave para la democracia mexicana.

Experiencia y compromiso al servicio de la justicia

Con experiencia en materia civil y mercantil, Sandoval ha sido testigo de primera mano de las fallas del sistema judicial. “Como litigante, vi malos manejos en los juzgados. La reforma de 2024, que abrió la elección de jueces al voto popular, me motivó a participar para llevar mi conocimiento a un cargo donde pueda dar resultados reales”, afirma.

Su trayectoria en distintos niveles de gobierno y su formación académica lo han preparado para enfrentar los retos de un Poder Judicial percibido como distante. “Ser servidor público implica atender, orientar y resolver las necesidades de la gente, no solo cumplir trámites”, subraya.

Sandoval ha centrado su campaña en recorridos callejeros, llevando su mensaje directamente a los ciudadanos. “Salgo a informar cómo votar y por qué estas elecciones son cruciales. Los cargos duran nueve años, con posibilidad de reelección; la participación ciudadana definirá el futuro de la justicia”, explica.

Su propuesta principal es una justicia abierta, con espacios de diálogo que permitan a los ciudadanos, especialmente aquellos sin conocimientos legales, sentirse escuchados. “El ciudadano común enfrenta barreras para hablar con un juez. Los juzgadores no siempre ofrecen un trato digno. Quiero generar orientación y confianza, manteniendo la imparcialidad”, detalla.

El candidato también aboga por capacitar a los funcionarios judiciales en ética, inclusión y atención a grupos vulnerables. “La inclusión no debería ser un debate; todos merecen dignidad por ser personas. Como juez, impulsaré un trato humano y accesible”, asegura.

Sandoval ve en la elección judicial una oportunidad para cambiar la cultura de los juzgados, donde los expedientes suelen importar más que las historias humanas detrás de ellos.

Independencia judicial: Un compromiso innegociable

La independencia judicial es el pilar de la candidatura de Sandoval. “Nunca me he prestado a corruptelas. Mi historial es limpio, no tengo padrinos ni compromisos con partidos o grupos. Mi único compromiso es con la ciudadanía”, enfatiza.

Para garantizar transparencia, propone un comité de disciplina que supervise su actuación, con sanciones o destitución en caso de irregularidades. “Democratizar el Poder Judicial no es politizarlo, sino legitimarlo. La ciudadanía podrá exigir cuentas y sancionar faltas”, añade, respondiendo a críticas que temen una influencia partidista en la elección.

Sandoval reconoce el desconcierto ciudadano ante este proceso inédito. “La gente siente desconfianza y apatía porque nunca había votado por jueces. Mi tarea es informar y motivar”, dice.

Su campaña, sin grandes recursos, se basa en la convicción de servir. “Siempre he buscado ayudar sin esperar nada a cambio. Esta experiencia me enseña que, con ganas de trabajar, podemos cambiar percepciones”, reflexiona.

Defiende principios constitucionales como la dignidad, la igualdad y el enfoque pro-persona. “Elegiré siempre la norma que proteja a quien más sufre. La justicia debe velar por las personas, no por documentos”, insiste.

La elección judicial, asegura, es más importante que cualquier proceso previo. “Estos cargos definirán la justicia por casi una década. La participación es clave para renovar un sistema que ha perdido credibilidad”, explica.

Sandoval llama a los jaliscienses a informarse y votar, combatiendo la percepción de que el Poder Judicial es inaccesible o manipulable. “Popularizar la justicia no significa politizarla; es darle legitimidad y acercarla a la gente”, subraya.

Una justicia para los vulnerables y un llamado al voto

Sandoval se compromete a acercar la justicia a grupos vulnerables, eliminando las barreras que enfrentan al interactuar con los juzgados. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional, pero hoy está lejos del ciudadano. Cada persona trae una historia, y el Poder Judicial debe entenderlo”, afirma.

Critica la falta de empatía en los tribunales y propone espacios de orientación para que los ciudadanos se sientan defendidos. “Quiero que quien acuda a un juzgado sea atendido con respeto, no intimidado por tecnicismos legales”, añade.

El candidato también aborda las críticas que ven en la elección judicial un riesgo de politización. “Confiemos en la autonomía de los candidatos. Lo que garantizo es un ejercicio digno e independiente. Democratizar es empoderar a la ciudadanía para exigir justicia”, dice.

Su propuesta incluye capacitación constante en ética y perspectiva de género, asegurando que los funcionarios traten a todos con equidad. “No deberíamos discutir si capacitar en inclusión; es una obligación básica”, sentencia.

Para Sandoval, la elección del 1 de junio es una oportunidad histórica. “He trabajado incansablemente, recorriendo las calles para llevar mi mensaje. Estoy en el Distrito 4 Judicial, boleta amarilla, cuadro lila, número 18”, detalla. Su campaña, marcada por la cercanía, le ha dejado un aprendizaje: “La incertidumbre ciudadana es una oportunidad para conectar. Invito a todos a votar y ser parte de esta renovación”. Con un compromiso de justicia humana, Sandoval busca convencer a los jaliscienses de que un Poder Judicial accesible es posible, siempre que la ciudadanía se involucre en este momento decisivo.

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