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¿Qué hacer con Pemex? una empresa financieramente quebrada y deuda de 100 mil millones de dólares

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Por Luis Manuel Robles Naya //

Pemex es una empresa productiva del estado. El dueño es el gobierno de México que ha manifestado a través del director designado, que la intención es fortalecer el papel de PEMEX como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado.

No son conceptos nuevos, son los mismos que dieron origen a la creación de la empresa después de la expropiación petrolera, y que en el contexto de ese tiempo tenían una vigencia indiscutible. Sin el control de los hidrocarburos que tomó el estado mexicano no se hubiera dado la expansión de la economía mexicana, el despegue industrial, la electrificación rural, la ampliación de la red carretera, el incremento de la planta automotriz, la creación de instituciones para atención de la salud y el bienestar y una larga lista de etcéteras.

Durante tres décadas (1940-1970), la función de Pemex fue satisfacer la demanda energética, sostener bajos precios y la producción de insumos para la industria nacional, sus ingresos fueron el sostén del desarrollo. En la década de los 70 -80, la economía se petrolizó, se volvió dependiente de los ingresos petroleros y vulnerable ante los efectos del voluble mercado internacional, eso motivó un cambio en la política económica favoreciendo la diversificación y disminuyendo la dependencia de la renta petrolera.

Ahora el gobierno pretende retomar el papel que la empresa tuvo en el pasado y reclamar independencia energética y soberanía, sin embargo, el contexto es diferente. Ahora no hay empresas que expropiar, ni las que participan están desafiando al gobierno, el dominio de la nación sobre el petróleo es absoluto y la independencia es un absurdo en una economía global y competitiva. Sin duda hay un empeño nacionalista, pero a la luz del orden mundial interdependiente en el cual el petróleo es parte del mercado de comodities, el término de soberanía adquiere otras connotaciones.

Es otro el contexto y Pemex es ahora otra empresa muy diferente. Cierto es que el país necesita recursos para reducir la lacerante desigualdad que ha generado el capitalismo de libre mercado, pero es evidente que no será esta empresa la fuente que los produzca, al menos en la presente administración.

Actualmente más que una palanca de desarrollo es un lastre debido al volumen de su deuda y a la carga financiera que le representan pensiones y pasivos laborales, además de enfrentar altos costos de producción que le restan competitividad. Pongámoslo en cifras:

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total de Pemex ascendía a 105,800 millones de dólares. En enero de 2019, el gobierno federal realizó aportaciones de capital por 6,200 millones de dólares que fueron usados para reducir su endeudamiento, (El Economista- Cartera 21/01/20) mismo que para septiembre de 2019 quedó en 99,600 MDD.

De este monto de deuda, aproximadamente el 30 por ciento 30 mil millones de dólares es de corto plazo pagadera en 2019 – 2021. Para aliviar la presión, en este año la Secretaría de Hacienda emitió dos bonos de deuda por la cantidad de 5 mil millones de dólares; un bono por 2,500 pagadero a 11 años con tasa de interés de 5.95 y otro por la misma cantidad pagadero a 40 años con tasa de 6.95%.

Adicionalmente, en 2019 se le dotó de cuando menos 90 mil millones de pesos; se proyectaron 47 mil millones para 2020 y 91.6 mil millones para 2021. Es decir que en transferencias directas Pemex ha recibido aproximadamente una quinta parte del ingreso nacional y todavía carga una deuda de 99.6 mil millones de dólares.

Sumemos a esto el costo de la rehabilitación de refinerías en busca de la independencia y no importación de gasolina, que ha requerido según declaración de la Secretaria de Energía en septiembre de 2019, la aplicación de 12,500 millones de pesos que se suman al costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, estimado en 8 mil millones de dólares.

No obstante estos apoyos la empresa tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos en 2019 y tan solo en el primer trimestre de 2020 ya registra pérdidas por 562 mil millones. De acuerdo al Plan de Negocios de Pemex, el EBITDA, es decir los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones es de 551 mil millones, y aun así pierde una cantidad similar en un solo trimestre, eso indica que es un hoyo imposible de llenar o es una pérdida muy difícil de explicar.

Con esos números podemos decir que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin precedente para levantar una empresa que ya se reconocía insalvable y realizó inversiones cuya tasa de retorno es impensable, es decir a fondo perdido más del 20 % del ingreso nacional en solo un año.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos estimó las reservas de petróleo crudo hasta el 1 de enero de 2018 en 6,464.2 miles de millones de barriles de reservas probadas (1P); 5,816.5 en reservas probables (2P) y 7,139.1 en reservas posibles (3P).

La Relación Reserva-Producción estimada por la propia CNH indica que las reservas de petróleo crudo equivalente son para 8.5 años, 16.1 años y 25.4 años para las categorías 1P, 2P y 3P, respectivamente. Es decir que estos serían los años en que Pemex puede sostener el ritmo de producción de 2018.

La decisión del gobierno federal es incrementar el ritmo de producción, lo que reduciría esta relación y el aumento de los ingresos por exportaciones no garantiza mejor salud financiera. Asegurar la operación futura requiere invertir en exploración para incrementar las reservas y en tecnología para explotar aquellas reservas que se encuentran en aguas profundas, ya que hasta ahora se enfoca en aguas someras y se niega a nuevas técnicas como el fracking.

Es evidente que con la excesiva carga de la deuda y las pérdidas de operación, la capacidad para nuevas inversiones es virtualmente nula. Perseverar en alcanzar los objetivos enunciados de recobrar la independencia y la soberanía y apoyarse en el petróleo para impulsar el desarrollo es un sueño demasiado caro y no solo eso, es una inspiración patriótica que lleva un riesgo alto para la salud de las finanzas nacionales. La cantidad de dinero que se le ha destinado en un solo año, deteriora fuertemente los presupuestos de Educación Pública y de Salud y ha ocasionado que otros proyectos e instituciones vean disminuidas o imposibilitadas sus funciones.

Entonces, ¿Qué hacer con Pemex? La respuesta no está dentro de la administración de la empresa que debe seguir buscando disminuir costos, aumentar producción y manejar inteligentemente su deuda. Es el gobierno de México el que debe redefinir sus prioridades y dejar que Pemex sea una empresa competitiva cuya recuperación a largo plazo, obedezca a sanas prácticas empresariales. Es una ruta larga que no embona con las aspiraciones políticas del régimen, pero que no compromete las posibilidades de ayudar efectivamente a los que menos tienen,

Pemex debe dejar de drenar las arcas nacionales y para ello se requiere que en el centro de la toma de decisiones se convenzan que la retórica de campaña no es compatible con la realidad y que perseverar en inyectarle recursos públicos afectará enormemente la capacidad del gobierno para proporcionar bienestar a los mexicanos.

La reconfiguración y recuperación de la empresa lleva a un horizonte más largo que el de esta administración y solo será posible si opera con criterios de rentabilidad económica y no de reivindicaciones nacionalistas.

La solución a la que se opone, la administración actual por querer borrar los símbolos de la que llaman era neoliberal, es la apertura a la inversión privada en los términos que se había planteado en la reforma energética anterior, es decir, conservando el Estado la propiedad absoluta de los recursos naturales, compartiendo riesgos y utilidades y cobrando impuestos a las empresas asociadas.

Se reservarán para la explotación exclusiva de Pemex, las áreas y campos que producen con bajos costos y compartir riesgos en las que requieren inversiones mayores. A estas alturas ya deben haberse convencido de que bajar el precio de la gasolina o impedir que suba no está en manos del gobierno sino del mercado y que mantener artificialmente bajos los precios implica subsidios que las finanzas nacionales no pueden soportar.

Reproducir el esquema nacionalista, cerrado, seguido por Pemex en las décadas 40 al 70 es imposible en las condiciones actuales. Los ingresos de Pemex dependen fundamentalmente de la venta de gasolina y diésel y de las exportaciones de crudo, y por más que se incremente la producción no es suficiente para redimir la situación financiera de la empresa en esta administración.

Puede ser difícil para la cuarta transformación claudicar de uno de sus principales postulados políticos, pero no hacerlo gravita adversamente sobre el otro y más importante objetivo trazado que es la atención a los que menos tienen. Haber destinado en solo un año dos billones de pesos a una empresa virtualmente quebrada, impidió que esos recursos fueran destinados a mejorar hospitales, escuelas, hacer caminos rurales, extender la cobertura digital, o seguir creciendo los programas de entrega directa de recursos. El estado de bienestar al que aspira el régimen de la 4T requiere de muchos recursos que Pemex no puede aportar, ni en esta administración ni en otra.

A los empresarios privados se les aconseja que quiebren si no encuentran viabilidad en sus empresas y se les niega apoyo y en cambio a Pemex los recursos fluyen a pesar de los vaticinios negativos de calificadoras y evidencias de perdidas constantes. No hay lógica pero si mucha ideología.

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La carta responsiva que sí existió

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

El Magisterio Nacional padece quizá una de las peores administraciones educativas, por decir lo menos. Actualmente los colectivos docentes en las escuelas de educación básica ya se encuentran en procesos de capacitación y organización para el regreso a clases presenciales del próximo Ciclo Escolar 2021–2022, llevando a cabo un trabajo profesional en cada escuela que dista mucho de lo que esperarían de sus autoridades educativas, a quienes se les ocurrió un regreso a clases sin tener una planeación pertinente para un regreso seguro tanto para alumnos como para docentes.

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano de gobierno académico de la escuela, con facultades para tomar decisiones sobre la operación interna de la misma, actualmente llevan a cabo una capacitación profesional analizando los rezagos educativos y diseñando estrategias para recuperar los aprendizajes que no se dieron a la distancia durante este año y 6 meses que estuvieron cerradas las escuelas por seguridad sanitaria. Así mismo, los docentes y directivos se preparan para hacer eficiente el tiempo en un nuevo ciclo escolar y la organización para que los centros educativos puedan tener lo mínimo indispensable para el regreso a clases seguro, en medios de cambios a los materiales de análisis sin previo aviso.

Esta capacitación para la actualización y superación profesional docente con deficientes documentos, sin bibliografías calificadas y de aplicación autogestiva no es casualidad, sino consecuencia de la poca importancia que se da para el desarrollo profesional del docentes, al que para este 2021 se redujo en más del 40% su presupuesto, un rubro al que ningún gobierno le ha dado importancia, sin embargo la 4T ha destinado uno de los recursos más bajos de las últimas décadas, lo que permite entender todos estos cambios que tratan de enmendar errores que ya parecen sistemáticos y hasta normales en una de las Secretarías con mayor importancia en cualquier país.

Entre los cambios a las guías del CTE está la eliminación de la famosa carta compromiso de responsiva que el miércoles en el tribunal de la verdad llamado “quién es quién en las mentiras” el Gobierno del Presidente López Obrador negó su publicación.

Es importante analizar no sólo la desacreditación y estigmatización de los medios a través de una mentira que por venir de Palacio de Gobierno y ser acreditada por éste tribunal se pretende imponer como verdad absoluta, lastimando la libertad de prensa y el acceso a la información de todos los mexicanos, pero además, esta sección niega la carta que fue enviada como parte de los materiales de trabajo para el magisterio en estas Guías de CTE, donde más de 1 millón de trabajadores de la educación pudimos constatar lo que el miércoles en el “fake show” llamado mañanera, el gobierno federal se atrevió a decretarlo como mentira, pese a que el debate en sí no era el formato de la carta, sino el contenido de la sugerencia carta responsiva, pues el formato lo pueden alterar con permisividad de la autoridad como cualquier otro documento sugerencia para el CTE.

Así lo determinan los propios lineamientos para la organización y el funcionamiento de los CTE, es decir, ninguna carta de las exhibidas por medios fue falsa y sí existió la sugerencia de carta compromiso como anexo 3, de la Sesión 2 de la Fase Intensiva de los CTE, documento oficial que se publicó en la página web de la SEP, mismo que tienen en su poder los docentes en todo el país.

Hoy es necesario manifestar a todos lo medios de comunicación, así como a los profesionales del periodismo que lo publicaron nuestra solidaridad, el respaldo a su trabajo profesional respecto de este asunto, porque de ustedes esperaríamos lo mismo que ustedes a nuestro desempeño profesional. La carta es real, existió, pero ahora para salvar la intransigencia, ocurrencia, irracionalidad y hasta demencia de la Presidencia de este país se eliminó y negó por parte de la SEP, lo que representa otro insulto más al magisterio de este país.

No son los únicos cambios, sino que eliminan otros apartados de las guías, las Sesiones del CTE se podían realizar a distancia, según la sugerencia del anterior documento, lo que supone toda una organización de logística para los colectivos docentes, en los cambios realizados para este fin de semana sin aviso, se deben realizar de manera presencial, es decir, en fin de semana los directivos deberán trabajar en la organización y logística para que comiencen este lunes 23 los CTE en las escuelas, una falta de respeto a la organización y profesionalismo de los trabajadores de la educación, entre otras modificaciones a las ocurrencias por parte de la SEP.

Como estos cambios, así todo lo relacionado con otros procesos para el magisterio como la admisión y promoción, donde sin avisar toman decisiones que impactan en los derechos laborales del magisterio, para muestra el USICAMM. Al magisterio lo están obligando a buscar otras formas de vida, la docencia puede dejar de ser su actividad prioritaria, lo que podría significar una reducción en la calidad de la enseñanza, hoy que las emociones juegan un papel muy importante para el proceso de enseñanza aprendizaje, estamos provocando un magisterio sin motivación, sin incentivos, sin calidad de vida, sin aspiraciones y esperanza de crecimiento, alerta, los educandos pueden ser el reflejo de ese magisterio, aunque para algunos esto les caerá como anillo al dedo, será un ancla que estanque el desarrollo de este país, elemento significativo para un posible estado fallido.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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Va para largo

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

En unos días el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer a los habitantes de esta sufrida nación sus presuntos grandes logros, acciones y dolores de cabeza que se ha padecido en los casi tres años de su mandato.

Con varios problemas que ha tenido y la constante imposición de su voluntad, ha tenido que lidiar el tabasqueño y además con la incapacidad de sus muy cercanos colaboradores que constantemente le fallan o le hacen quedar mal con sus gobernados y así se ha tenido “tomar el toro por el cuerno”, aunque sea en pocos casos ya que parece que no le gusta quedar mal aunque le “agarren los dedos con la puerta”, como dicen.

Así hace casi un año se impuso a rifar el avión presidencial, pero no lo pudo hacer, mejor la Lotería Nacional, recabó el dinero de los “cachitos” vendidos y de los premios parece que no se han repartido todos los ofrecidos.

El avión sigue en manos del Poder Ejecutivo Federal y decenas de millones de pesos se han gastado, ni lo han podido vender ni terminar con el “barril sin fondo” que representa.

Otro de los fallidos intentos del epriista, experredista y ahora guía total de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha sido el rotundo fracaso que tuvo en la formación y operación de un cuerpo de seguridad nacional que inició con cinco mil elementos del ejército y denominó Guardia Nacional, con el que tenía el deseo de combatir la delincuencia y en un futuro cercano regresar a los cuarteles al personal del Ejército y de la Secretaría de Marina, pero parece “que todo fue un sueño” y con el dolor tuvo que regresar a los elementos a las filas que en su mayoría pertenecían.

Tal parece que su hombre fuerte en esa estrategia fallida, ingeniero civil y abogado Francisco Alfonso Durazo Montaño, le hizo creer que su Guardia Nacional sería el inicio de la “pacificación de México”, pero por desgracia se ha demostrado que ha estado muy alejada de la realidad.

Ahora bien otro de los tan “cacareados” proyectos que anunció desde mucho antes de asumir el cargo, fue la descentralización de las principales dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

Según archivos de prensa el 6 de Julio de 2018, se publicó que una de las “principales prioridades de Andrés Manuel López Obrador, a partir del primer día de diciembre de ese años, sería la supuesta descentralización de la mayoría de las Secretarías de Estado y Dependencias Federales.

La idea se dijo durante varias declaraciones de su campaña policía en busca de la Presidencia y que lo dijo desde noviembre de 2017, donde supuestamente se quedarían en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad nacional, la de Defensa, la de Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda.    

Entonces buscaba López Obrador con los cambios de sedes “promover el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios”, entonces se dijo.

El magno proyecto, ya presuntamente fracasado, proponía que la Secretaría de Turismo se instalara en Chetumal, Quintana Roo; la del medio Ambiente en Mérida Yucatán; mientras que Pemex, se iría a Ciudad del Carmen, Campeche y la de Energía a Villahermosa, Tabasco.

Mientras tanto la CFE, que actualmente dirige Manuel Bartlett Díaz, debería de instalarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la Conagua en el puerto de Veracruz; Desarrollo Social a la capital de Oaxaca; la de Educación Pública, a Puebla capital y la de Cultura a Tlaxcala.

Por cierto parece que la que ya se cambió hace unos días fue ésta última de Cultura.

Como todo era de buenas intenciones y cambios a futuro, también quería trasladar a Banobras a Cuernavaca, Morelos; el Infonavit a Toluca, Estado de México; la Secretaría de Salud a Acapulco, Guerrero; el Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, Michoacán; la de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a Guadalajara, Jalisco y el ISSSTE a la capital de Colima.

Hace casi tres años, el actual mandatario se comprometió a cambiar las oficinas de llevarse las oficinas principales de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que dirige la cuestionada Ana Guevara a Aguascalientes; la de la Función Pública a Pachuca, Hidalgo; Diconsa a Zacatecas; la de Comunicaciones y Transportes, a San Luis Potosí; Economía a Monterrey, Nuevo León y Nacional Financiera a Torreón, Coahuila.

El anunciado proyecto planteado entonces quería mandar a la Comisión Forestal a Durango, capital; al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a Bahía de Banderas, Nayarit; la Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, a Mazatlán, Sinaloa; la de Agricultura, a Ciudad Obregón, Sonora; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a La Paz , Baja California Sur, y el Instituto Nacional de Migración (INM), a Tijuana, Baja California.

Para completar dependencias a la Secretaría de Minería, a Chihuahua, Capital y la de Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Pues como ya se ha señalado, tal parece que los deseos del Presidente, dentro de su 4T, quedará como eso, en deseos y todavía no se sabe si intentará cambiar la sede de algunas de las dependencias señaladas, pero eso ya lo veremos. 

 

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Detrás de la revocación

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

¿Porqué un gobernante que llegó al poder con 30 millones de votos y mantiene aceptación mayor al 50% se empeña en promover una acción de revocación de mandato que nadie, salvo una legión menor de exaltados, propone o quiere? Es un caso único en el mundo, en el que el propio gobernante, a mitad de su mandato, no solo propone, insiste, en que se realice la revocación de mandato establecida en el artículo 35 de la Constitución mexicana.

Bien dicen los que aseguran que Kafka sería catalogado como conservador en este país. Lógicamente inexplicable, la intención es políticamente comprensible pero refutable, más propagandísticamente insuperable. Independientemente de que la instrucción gubernamental no se haya cumplido en el poder legislativo, al no haberse aprobado el periodo extraordinario donde se presentaría la ley reglamentaria correspondiente, y de que sea imposible reunir los requisitos que la disposición constitucional impone para que se lleve a cabo, por una oposición dispersa y no dispuesta a seguirle la corriente al presidente; reunir las firmas del 3% del listado nominal y que este corresponda a su vez al 3% de la lista de cuando menos 17 estados es algo que la estructura gubernamental no puede hacer más que violando la ley, que le impide promover esta revocación.

Esto no impedirá que el titular del ejecutivo lance cuanta invectiva le dicte su intelecto en contra del INE y los tribunales electorales y cuanto adversario imagine y por tanto, la imagen de un cruzado democrático cabalgando entre obstáculos será ampliamente difundida para lograr su anhelado pase a las páginas históricas como el gran transformador.

Pudiera entenderse que el afán transformador que guía los actos del presidente, sin embargo, a estas alturas ya debiera haberse dado cuenta que no es con estos ejercicios de autoritarismo con los que ha impuesto consultas irregulares y llevado a cabo la primera oficial, sumamente desairada e intrascendente, como va a transformarse la vida política nacional. El presidente equivoca la dirección de la mira con la que pretende modificar la democracia mexicana, no es atacando a las instituciones, a los árbitros y jueces de las contiendas electorales, ni promoviendo ejercicios insulsos como puede darse paso a la democracia participativa.

Es un hecho que los partidos ya no representan a los ciudadanos y que estos a su vez exigen una mayor participación en las decisiones, pero lo peor que nos puede suceder es que transitemos a una democracia plebiscitaria que solo puede conducir a la paralización o ralentización del desarrollo, a la nulificación de las capacidades ejecutivas del gobierno y en última instancia a la anarquía.

Lo que debe sacudirse es el régimen de partidos. Actualmente se han vuelto membretes al servicio de camarillas de notables, más preocupados por cuidar sus intereses e integridad personal que por representar a la militancia que dicen tener. Han dejado de ser escenario del debate ciudadano para la obtención de propuestas y enriquecimiento de sus plataformas ideológicas, para convertirse en franquicias de siglas a la venta para el usufructo de oportunistas, corruptos y corruptores del ambiente político nacional.

Si el presidente quiere en verdad influir en el enriquecimiento de la vida democrática mexicana, no son las instituciones encargadas de los procesos los que deben transformarse, sino los partidos políticos. El régimen de subsidios y prerrogativas y la vigilancia para evitar que sean, como hoy, estructuras burocráticas para legitimar decisiones de sus cúpulas. Hacer de ellos verdaderas instancias de participación.

Dan pena los membretes partidistas, antes ideológicamente irreconciliables y hoy unidos por la disputa del poder. El papel de los partidos debe cambiar para que su representatividad sea real. Contrasta que en materia laboral, la democracia avance forzando a los sindicatos a ser más representativos de las bases obreras, y no se esté haciendo lo mismo con los partidos políticos. La política clientelar con base en los apoyos gubernamentales que sigue su partido, es antidemocrática y corrompe la voluntad ciudadana, al igual que en otros partidos es censurable el oportunismo y el alejamiento de las bases doctrinarias y principios por conveniencia electoral.

El presidente equivoca el camino, el cambio no debe ser hacia una democracia plebiscitaria, sino al perfeccionamiento de la representativa, pero para ello es necesario empezar por los partidos, incluido el suyo. El tráfico y comercio que se hace actualmente con las posiciones no le es desconocido, como tampoco la manera ilegal y corrupta con la que se mantienen liderazgos y se financian carreras políticas.

Transformar a los partidos, devolverle la dignidad a la política, desterrar la corrupción y la protección de intereses desde las cúpulas partidistas, hacer un trabajo ético y junto a la ciudadanía, esa será la verdadera transformación, no la instauración por capricho de prácticas o modelos de participación ciudadana que nunca han demostrado ser efectivos para la transformación o el desarrollo de un país. No es normalizando lo que debiera ser extraordinario y de excepción, como se habrá de dignificar la vida política nacional, sin embargo, la discusión provocada evita el debate sobre la realmente importante problemática nacional, cada vez más agravada y apremiante, requerida de verdaderas acciones de gobierno alejadas de la agenda electoral.

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