OPINIÓN
Alberto Uribe: Jalisco requiere una visión de estadista
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Parafraseando a Winston Churchill, Alberto Uribe, el político jalisciense mejor ubicado en el gobierno federal, advierte que en Jalisco le falta visión a los gobernantes para atender los problemas a fondo, ya que son cortoplacistas, privilegian el interés electoral sobre el de la comunidad.
El mensaje lleva dedicatoria, va directo al gobernador Enrique Alfaro a quien se le ha echado en cara utilizar la epidemia del coronavirus para sacar raja política, queriendo lucir con una agenda mediática a la que le ha invertido recursos económicos que le permiten estar en los espacios nacionales de comunicación, al venderse como como un político con aire de rebelde que se confronta con el poder central en defensa de la justicia de distribución fiscal a los gobernadores de los estados.
¿Cómo ve Uribe a Jalisco desde la capital del país? Lo entrevistamos en Tela de juicio Becky Reynoso y su servidor, a lo que el director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió:
“Creo que el gobernador Alfaro está haciendo un esfuerzo a su peculiar estilo que le caracteriza, que no a muchos nos gusta, pero me parece que están haciendo el esfuerzo, pero es más por las cámaras, que por la realidad que la gente se pueda morir o no, eso me parece”.
Quien fuera alcalde de Tlajomulco y que había sido invitado por Enrique Alfaro a que le coordinara su campaña a gobernador, a la cual le renunció por no estar de acuerdo con su estilo autoritario, expresa lo que considera debe hacer un político que tiene sentido de responsabilidad:
«En estos tiempos, la prioridad debe ser exclusivamente el tema de la salud y no la cuestión política (…) En Jalisco, las decisiones se han tomado con inexperiencia, con egos y vanidad, sin tratar las problemáticas de fondo que tiene el estado”.
“Las elecciones de 2021 tienen que esperar, si me dicen que tengo que ser candidato el día de hoy, me descarto, punto, no voy a jugar un juego de irresponsabilidad, insensibilidad social, humana y solidaria”, precisa.
Sobre el manejo que le ha dado el gobernador Enrique Alfaro al tema del COVID19 y la confrontación que ha tenido con el Gobierno Federal, Alberto Uribe expresa:
“Tendríamos que estar pensando en la siguiente generación, se generaría una mesa en Jalisco donde hagan un llamado a todo el sector de salud, para cuál sería la visión de cada uno de los temas donde se está muriendo nuestro pueblo, a partir de ahí, debe estar sentado el secretario de educación de Jalisco, la iniciativa privada, el sector salud de Jalisco, hacer un planteamiento a 15 años, pero si hay este planteamiento y llega otro gobernador después de Alfaro y dice no, y luego llega otro y hace lo mismo, entonces la voluntad no sirve de nada si no hay visión”.
Tiene toda la razón Uribe, pero es mucho pedir. Si analizamos los daños que genera el coronavirus a los seres humanos, veremos que los más vulnerables son los que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, enfermedades renales, que muchas de ellas se derivan de una mala alimentación y que mejor se plasma en la obesidad. México se ha convertido en una fábrica de obesos y de allí tenemos cada año más de 100 mil muertes por diabetes, lo que colapsa al sistema de salud nacional y le chupa un porcentaje muy alto de su presupuesto para atender estas enfermedades al IMSS e ISSSTE.
¿Cuántos morirán en Jalisco y en el país contagiados por coronavirus y que sufren estas enfermedades? A lo que hemos visto, cuando menos el 70 por ciento de las personas fallecidas tienen esos padecimientos.
Y si en Jalisco realmente se fuera disruptivo, con políticas que impactaran de fondo a la población obesa y enferma, pues como bien lo señala Uribe, se podrían armar mesas de trabajo con los diversos sectores involucrados para revisar a fondo las políticas equivocadas en materia den salud, pero no creo que lo hagan, porque son temas trascendentes, que requieren políticas y acciones de gobierno con visión y acciones de corto, mediano y largo plazo, cuando lo fundamental de quienes nos gobiernan es cómo ganar los reflectores nacionales para tener un posicionamiento político y poder aspirar a la Presidencia de México. Ese es la obsesión que aquí se tiene con un grupo que ha mostrado un mesianismo y que están dispuestos a lanzarse hasta al abismo con tal de lograr ese sueño.
Los señalamientos críticos que hace Alberto Uribe vale reflexionarlos. Es un personaje muy cercano al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien por cierto, se le ha acercado el Gobernador de Jalisco, tratando de utilizarlo como su interlocutor con el Gobierno Federal después que prácticamente ha dinamitado la relación con el Presidente, cuando se dedicó a desacreditar la estrategia de la Secretaría de Salud para enfrentar la pandemia, atacando en forma sistemática al vocero Hugo López Gatell.
En fin, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, pero hay que ponerle atención a Alberto Uribe Camacho, un activo político que tiene Jalisco y que la Cuarta Te lo puede utilizar cuando lo considere conveniente.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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